Desarrollo económico y medio ambiente |
Esta
publicación se realizó gracias al apoyo financiero de la Oficina de Desarrollo
Regional y Sostenible, América Latina y el Caribe (LAC) de la Agencia para el
Desarrollo Internacional de los Estados Unidos según Disposición No.
LAG-G-00-98-00048-00 y de la Unión Europea. El trabajo refleja exclusivamente
las opiniones del autor/ de la autora y por tanto no representa en ningún caso
la opinión de las instituciones involucradas.
CA 2020: Documento de trabajo #
7
Claudia Schatán
desarrollo económico
y medio ambiente
Claudia Schatán
Desarrollo económico y medio ambiente
Hamburg: Institut für
Iberoamerika-Kunde 2000
(CA 2020: Documento de trabajo # 7)
ISBN 3-926446-68-4
Claudia Schatán; M.A. en Economía, Universidad
de Cambridge. Desde 1989 trabaja como Economic Affairs Officer en CEPAL;
Investigadora y docente en el CIDE (Centro de Investigación y Docencia
Económica), México (1980-1989); Investigadora visitante en diferentes
Universidades estadounidenses: Harvard Institute for International Development,
1997; Center for Latin America Studies, Brown University (1988-89); Center for
US-Mexican Studies, University of California (1987-88). Se especializó
principalmente en comercio exterior y políticas de comercio exterior en México
y otros países latinoamericanos. Recientemente ha trabajado sobre temas de
comercio y medio ambiente.
Resumen ejecutivo
1
Executive summary
5
1.
Introducción
9
2. Marco legal e institucional y de cooperación regional para proteger el medio ambiente: Legado incompleto para las próximas décadas 14
2.1.
Marco
legal e institucional
14
2.2.
Cooperación
regional 16
3. Sector agropecuario y silvícola: Resultados económicos y ambientales del uso del suelo 19
3.2.
Los
productos agrícolas de exportación y el medio ambiente 24
3.2.1.
Productos agrícolas tradicionales de exportación 24
3.2.2.
Productos agrícolas no tradicionales 28
3.3.
La
ganadería
29
3.4.
Silvicultura
31
4. El medio ambiente urbano y el modelo de desarrollo basado en la apertura económica y el
estímulo a las
exportaciones
33
4.1.
El desarrollo de las ciudades
33
4.2. La industria de exportación en Centroamérica y la contaminación: Perspectivas 36
5.
El legado de las prácticas
agropecuarias, el desarrollo urbano y la pobreza: Deforestación,
degradación de cuencas hidrográficas y vulnerabilidad 40
6. Algunos mecanismos para compatibilizar el desarrollo económico y la protección del
medio ambiente 45
6.1.
Valorización
de los servicios ambientales
45
6.2.
Canje
de deuda por naturaleza (CDN)
48
6.3.
Nuevos
y viejos métodos de producción para proteger el ambiente 49
7.
Perspectivas hacia el año 2020
52
7.1.
Escenario
base
54
7.2.
Escenario
pesimista
57
7.3.
Escenario
optimista
59
8.
Conclusiones 62
Bibliografía
66
Los problemas ambientales de Centroamérica son múltiples y han tendido a
agravarse en forma acelerada en el período reciente. Uno de los mayores retos
para la región durante los próximos veinte años será desarrollar sinergias
entre el desarrollo económico y la protección ambiental. Un requisito para
lograr este fin es frenar el uso intensivo e insostenible de los recursos
naturales y revertir la marginación de amplios sectores de la población. De
hecho, la contraposición entre el modelo económico seguido y el medio ambiente
fue responsable de que tan solo entre 1980 y 1996 desapareciera el 25% de los
bosques de la región centroamericana, con consecuencias muy negativas sobre
otros recursos naturales, especialmente el suelo, las cuencas hídricas y la
biodiversidad. Dada la topografía de la región centroamericana (70% del
territorio se halla sobre laderas) y sus condiciones climáticas (lluvioso
tropical), la velocidad de deterioro es acelerada y la necesidad de cambiar
rumbo del desarrollo, por tanto, urgente.
Durante los últimos quince o veinte años el impulso a la economía ha
provenido del sector exportador, tanto en el agro, como en la industria y el
sector servicios. Pero esta actividad no ha logrado tener un efecto positivo
significativo sobre el medio ambiente tanto debido a su limitado alcance en términos de los
sectores involucrados, como a su especialización. Si bien es cierto que la
necesidad de conservar y conquistar nuevos mercados a nivel internacional ha
inducido a algunos productores a introducir innovaciones tecnológicas para
lograr un proceso de producción más limpio y/o utilizar una menor cantidad de
insumos en la producción agrícola e industrial, ello no parece permear
mayormente el resto del sector productivo.
En el sector agropecuario, donde se presentan los problemas ambientales
más graves – deforestación, deterioro de las cuencas hídricas y el suelo - a
fines de la década de los noventa, la actividad exportadora no había alterado
la especialización en el uso del suelo ni los métodos de producción empleados,
excepto en forma mínima. Así, a fines de dicha década, el sector productor de
granos básicos abarcaba más de la mitad de la tierra arable, y no se
observaban avances significativos en la productividad. El sector pecuario, que
se ha desligado progresivamente del mercado internacional, y la demanda
interna de carne no compensaba completamente la caída en exportaciones,
enfrentaba un retroceso en su productividad. Este sector junto con los
productores de granos básico de subsistencia continuaban avanzando sobre la frontera
agrícola. Las aun vastas extensiones de bosques –que ocupaban alrededor de la
tercera parte del territorio – no tenían aun una expresión económica relevante
en la producción de bienes o servicios y, por tanto, no había estímulo para su
preservación o su uso sostenible. En síntesis, las condiciones para mejorar el
desempeño ambiental no prevalecían, mientras la baja productividad en esas
zonas mantenían a la población en un círculo vicioso de estancamiento
económico-pobreza-destrucción ambiental.
La contaminación industrial y los problemas ambientales urbanos a fines
de los años noventa eran incipientes en comparación con los presentados por
países industrializados, pero la rápida expansión de las ciudades, la industria
y el parque vehicular obliga a poner atención en la evolución de estos factores
al hacer un análisis de largo plazo. Actualmente, los principales centros
urbanos de la región ya padecen de contaminación del aire y el agua, con
consecuencias adversas para la salud de sus habitantes. Adicionalmente, la
proporción de la población ocupada en sectores de baja productividad del
mercado de trabajo llega a ser de más del 50% en varios países. Este fenómeno,
que incluye también al sector informal, crea una situación de marginación y
pobreza (hasta del 70% de la población urbana en Guatemala y Honduras) con
consecuencias ambientales adversas. Más aun, la proliferación de asentamientos
humanos irregulares en zonas poco aptas para ese fin, causan una creciente
vulnerabilidad de las urbes y sus habitantes ante fenómenos climáticos
adversos.
En el sector industrial y urbano, al igual que en el sector agrícola, se
aprecia una dualidad entre el sector exportador más moderno - con mayores
posibilidades de desarrollar procesos de producción amigables - y otro sector
(pequeñas y medianas empresas) que produce sobre todo para el mercado interno,
desconoce las reglas ambientales, no está sometidos a fiscalización y tiene
pocos recursos para hacer cualquier innovación tecnológica.
A pesar de lo pronosticado por algunos, ciertas condiciones de deterioro
ambiental industrial no se han
materializado. La liberalización económica que permitió la apertura del
comercio y los flujos ilimitados de capitales externos, no han provocado un
giro en la especialización industrial hacia sectores particularmente
contaminantes. Así, la región no parece estarse convirtiendo en un “paraíso de
contaminación”. El problema ambiental es más bien que, si se hace abstracción
de la maquila, se ha mantenido o incluso acentuado la especialización de las
exportaciones manufactureras en aquellas intensivas en recursos naturales
utilizados en forma no sostenible.
No obstante la confluencia de problemas ambientales mencionados que
hereda el siglo veintiuno, éste también recibe algunas experiencias e
instrumentos muy prometedores para compatibilizar el desarrollo económico y la
protección ambiental. Entre éstos pueden mencionarse, primero, la incipiente
valoración de los servicios ambientales especialmente de los bosques, tales
como la captación de CO2; la potencial comercialización de algunos
recursos biológicos que existen en los bosques tropicales; y el desarrollo del
ecoturismo, cuyo atractivo en gran parte es el valor escénico de la selva
tropical. Segundo, existen nuevos mecanismos de financiamiento de proyectos
ambientales que a su vez proveen beneficios económicos, entre los cuales destacan
los canjes de “deuda por naturaleza”, especialmente en la versión más reciente
que puede aplicarse a la deuda oficial. Tercero, la introducción exitosa de
métodos de conservación de los recursos naturales, por ejemplo de conservación
de suelos y laderas, así como el desarrollo de métodos orgánicos de cultivo de
productos agrícolas, que abren una oportunidad de mejorar el desempeño
productivo y ambiental incluso de productores agrícolas de autosubsistencia.
Finalmente, la práctica de certificación ambiental que es aun incipiente en la
región tiene un gran potencial para impulsar los bienes centroamericanos
producidos con métodos ambientalmente amigables en el mercado internacional.
Hasta qué punto pueda aprovecharse las posibilidades mencionadas
anteriormente para mejorar las condiciones ambientales conjuntamente con un
desarrollo económico depende de múltiples factores. Algunos de éstos son
previsibles para los próximos años, como son la relativamente alta tasa de
crecimiento de la población (lo cual continuirá ejerciendo presión sobre los
recursos naturales) y la continuidad del modelo económico con estrecho vínculo
al mercado internacional.
Sin embargo, otras variables menos pronosticables definirán cuan exitosa
será la empresa del desarrollo sostenible en Centroamérica. Entre éstas hay que
mencionar, primero, el mayor o menor acceso de los países estudiados a mercados
regionales e internacionales y la dinámica de dichos mercados, pues ello
determinará en gran medida el desempeño del sector exportador. En este sentido,
cobran gran importancia el grado en que se seguirán abriendo las economías de
los países industrializados, la creación o no del Tratado de Libre Comercio de
las Américas, la mantención del trato preferencial a diversos productos
centroamericanos por parte de Estados Unidos y la continuación o no del régimen
de maquila.
El grado de éxito de las economías de América Central en los próximos
años definirá la tendencia del ingreso per cápita de sus habitantes y las
posibilidades de que la pobreza se vea aliviada o no. Una mejor distribución de
la riqueza y del ingreso, a su vez, puede ser crucial para influir sobre la
capacidad de mejorar el nivel educativo y de salud de la población y el
desarrollo de una mayor conciencia ambiental. El que la dinámica del PIB tenga
beneficios o perjuicios sobre el medio ambiente dependerá también de la
capacidad de los países de aprovechar las oportunidades que se presenten para
diversificar sus exportaciones, para generalizar la certificación ambiental,
para atraer inversiones en proyectos ecológicamente amigables, y para ser competitivos
en los mercados de bienes ambientalmente aceptables. También las condiciones
financieras, de incentivos fiscales o de otro tipo, la difusión de información,
la capacitación técnica, entre otros, jugarán un rol esencial en la potencial
reorientación de la producción hacia productos compatibles con el desarrollo
sustentable. Otros aspectos, como el avance o retroceso en el ordenamiento
territorial y transparencia en la propiedad de la tierra, así como el
establecimiento de normas y leyes ambientales racionalizarán en mayor o menor
medida el uso de recursos y las emisiones que se hagan en el proceso de
desarrollo económico. Finalmente, la capacidad de los sectores de punta de
absorber mano de obra de sectores de baja productividad y ambientalmente
vulnerables puede también determinar si se rompe o no el círculo vicioso de
pobreza y destrucción de recursos naturales en sectores alejados de los
mercados o poco sensibles a otras señales económicas, como es la frontera
agrícola o los sectores informales y marginales urbanos.
Environmental
problems in Central America are numerous and have tended to worsen very
quickly. Over the next twenty years one of the greatest challenges for the
region will be to develop synergies between economic development and
environmental protection. To this aim, it will be necessary to halt the
intensive and unsustainable use of natural resources and revert the
backwardness of large sectors of the population. In fact, the incongruity
between the economic model followed in Central America and its environment was
responsible for the disappearance of 25% of the region’s forests only between
1980 and 1996, with very negative consequences for other natural resources,
especially the soil, water basins and biodiversity. Taking into account Central
American’s topography (70% of its territory is located on hillsides) and its
climate characteristics (rainy tropics), a high speed of erosion can be
expected, hence the need for an urgent change of direction of development.
During the
last fifteen to twenty years the greatest thrust to the economy has come from the exporting sector, both in
agriculture as well as in industrial and services sectors. Nevertheless, such
activity has not had a significant positive effect on environmental protection
due to its specialization in primary goods or natural resources intensive
goods. Additionally,
although the need to keep foreign markets and gain new ones has induced some
producers to introduce cleaner production processes and/or to rationalize the
amount of inputs used in the transformation process, such practices have not
permeated the rest of the economy.
In the
countryside, where the greatest environmental problems exist – deforestation,
soil and water basins deterioration – the export drive has not altered land
specialization nor the production methods being used, except in a minimal way.
Consequently, at the end of the nineties, the basic grain producers still
occupied more than half of the arable land, without much change in their
productivity. Ranchers, whose ties with the international market were weakening
and domestic demand was not compensating for such phenomenon, faced a falling
yield and, together with the subsistence basic grain producers, continued
exerting pressure on the agricultural frontier. The still vast forested area -
around one third of the territory –had not much economic expression either in
terms of goods or services and, hence, not much stimulus existed for their
preservation or their sustainable use. In short, at the end of the nineties the
conditions for environmental performance improvement in most of the region’s
territory did not prevail, while low productivity in those areas kept great
part of the population in a vicious circle of economic
stagnation-poverty-environment erosion.
Industrial
pollution and urban environmental problems at the end of the nineties were
still incipient as compared to those experienced by the industrialized
countries, but the rapid growth of the cities, industry and transport requires
the attention of any long run environmental and development analysis. At present, the main
urban areas already suffer from air and water pollution, with adverse
consequences for their inhabitants’ health. Additionally, the proportion of the
population occupied in low productivity sectors of the labor market has
climbed to more than 50% of the urban population of some of the Central
American countries. This phenomenon, which also includes the informal sector,
creates a situation of urban marginalization and poverty (up to 70% of the
urban population in Guatemala and Honduras) with serious environmental
consequences. Moreover, the proliferation of irregular human settlements in
inadequate sites cause environmental problems and an increasing vulnerability
of the cities and their inhabitants when adverse climate phenomena take place.
Furthermore,
in the industrial y urban sector, in the same way as in the agricultural
sector, a duality exists between the export sector – which is comparatively
modern and with greater possibilities of developing greener production
processes – and the other sector (small and medium sized enterprises) that
produce mainly for the domestic market. The latter ignores the environment
protection standards, is not subjected to controls and counts with scant
resources to undertake any kind of technical innovation.
Notwithstanding,
predictions of some worsening industrial environmental conditions have not
materialized. The economic liberalization which gave way to trade openness and
unlimited capital flows has not induced a change in industrial specialization
toward particularly polluting sectors as some foresaw. Therefore, the region
does not seem in danger of becoming a “pollution haven”. Instead, the
environmental problem linked with manufacturing exports, besides the “maquila”
industry, is that its specialization continues to be in those sectors intensive
in unsustainably used natural resources.
Notwithstanding
the divers environmental problems inherited by Central America in the Twenty
First Century, the latter also receives some very promising experiences and
instruments regarding the possible compatibility between development and
environmental protection. Among these, several aspects can be mentioned: first,
the incipient valuation of the environmental services, specially of forests,
such as CO2 absorption; the potential commercialization of some biological resources from
tropical forests; and the development of eco-tourism, whose main attraction is
the scenic value of the tropical forests. Second, there are new financial mechanisms
for environmental projects, which at the same time provide economic benefits
among which the “debt-for-nature” swaps are particularly interesting (specially
so in its newer version which involves swaps of debt with official institutions).Third,
the successful introduction of natural resources conservation methods, such as
soil and slopes preservation, as well as the development of organic cultivation
methods applicable to agricultural production. These improvements open an
opportunity even to small farmers in subsistence agriculture which are
difficult to reach and motivate. Finally, the environmental certification practice, which is just
starting in the region, has a great potential to stimulate Central American
producers to adopt environmentally friendly methods.
To what
extent can these encouraging possibilities take place depends on many factors.
Some of these conditions are foreseeable, such as the high demographic growth
rate and the continuance of an economic model based on openness toward international
markets and foreign capital. The first circumstance will continue putting pressure on natural
resources and deepen vulnerability in cities and countryside, while the
second’s influence will depend on the composition of exports and the methods
used in their production.
Nevertheless,
other less predictable variables will define how successful will sustainable
development be in Central America. Some of the most relevant among these are,
first, the access the countries studied may have to regional and international
markets, as well as the dynamics of such markets, since this will determine to
a great extent the performance of their exporting sectors. In this sense, the
degree in which industrialized countries reduce their import barriers, the creation
or not of the Free Trade Agreement of the Americas, the extension of the
preferential treatment to Central America countries, have great importance.
The extent
to the region achieves a successful economic performance in the coming years
will determine the income per capita trend and hence the prospects of
alleviating poverty. But a better distribution of wealth and income may also be
decisive in the capacity building to upgrade the education level and health
services for the population as well as the development of greater environmental
awareness. Whether GNP growth may have positive or negative net effects on the
environment will depend also on efforts the region makes to diversify exports,
to generalize the environmental certification, to attract investment to
environmental friendly projects, and to be competitive in markets for
environmentally acceptable goods. Also, the financial conditions, the fiscal
incentives, the information diffusion, technical training, among others, will
play a essential role in the potential reorientation of production of goods
toward that are more compatible with sustainable development. Other aspects,
such as rationalizing land use according to its best environmental potential
and the transparency of land property rights, as well as the creation of
environmental standards and laws, are also essential to make development
compatible with environment protection. Finally, the capacity of the most
modern sectors to absorb labor from the most backward and unproductive ones will
be essential to break the vicious circle of poverty and degradation of natural
resources in areas distant from the market or not sensible to economic signs,
such as the agricultural frontier or the informal and marginal urban sectors.
Los
problemas ambientales de Centroamérica son múltiples[1],
pero entre ellos se destaca el de la deforestación, que actualmente ocurre a un
ritmo de alrededor de 390.000 hectáreas al año. De hecho, sólo la mitad del
suelo apto para bosques, que es el 60% del territorio centroamericano, está
dedicado a ese uso (CCAD, 1998)[2]
y el 87% de la frontera forestal estaba amenazada en 1996[3].
Este fenómeno, a su vez, ha tenido consecuencias muy negativas sobre otros
recursos: ha mermado la rica biodiversidad de la región, ha provocado la
erosión de sus suelos, la sedimentación de sus cuencas hidrográficas, cambios
climáticos adversos, así como la contaminación de la atmósfera con CO2.
Las causas de esta situación son diversas, y entre ellas se encuentran:
primero, un profundo rezago social en el agro, que tiene como consecuencia un
desplazamiento constante de la frontera agrícola[4];
segundo, inadecuadas políticas económicas, forestales y de tenencia de la
tierra, que han originado una baja valuación del medio ambiente, dando lugar al
abuso de éste; y, tercero, una especialización exportadora en productos
primarios, incluyendo una fuerte expansión ganadera en los años sesenta y
setenta (CCAD, 1998; CEPAL, 1999b; Segura et al, 1997).
El
proceso de modernización en el agro, tanto en la producción de granos básicos
en los años sesenta como posteriormente en la producción de bienes de
exportación, con la intensificación de cultivos y la introducción masiva de
agroquímicos para elevar el rendimiento por hectárea, es un fenómeno que
también ha tenido graves efectos sobre la cubierta forestal, la calidad del
suelo y del agua, así como tambien sobre la salud de los trabajadores
agrícolas.
Por el
lado de la contaminación industrial y los problemas ambientales urbanos, estos
son incipientes en comparación con los presentados por países industrializados,
pero la rápida expansión de las ciudades, la industria y el parque vehicular
obliga a poner atención a la evolución de estos factores al hacer un análisis
de largo plazo[5].
Los principales centros urbanos de la región ya padecen de contaminación del
aire y del agua, con consecuencias adversas para la salud de sus habitantes.
Así,
al tratar el tema de desarrollo económico y medio ambiente es preciso observar
que hasta ahora el modelo de desarrollo económico de Centroamérica[6]
ha tendido a minar el patrimonio ambiental de la región y la actividad
agropecuaria ha sido central en este fenómeno. Antes de los años sesenta, las
economías centroamericanas concentraban su actividad en la exportación de un
reducido número de bienes primarios, siendo el café el primero que se
desarrolló a mediados del siglo XIX. Los cultivos de exportación aceleraron el
desplazamiento de la frontera agrícola desde sus inicios (Pasos, 1994).
El
modelo de industrialización basado en la sustitución de importaciones (ISI)
seguido en los años sesenta y setenta imprimió un giro productivo importante al
esquema tradicional (aunque la relevancia del agro persistió), con sus propias
consecuencias ambientales. El impulso a la producción manufacturera y la
creación del Mercado Común Centroamericano dio lugar a una multiplicación de
las fábricas y un mayor desarrollo de las ciudades. Los problemas urbanos que
surgieron en esa fase y que se han agravado desde entonces, son el resultado
de la falta de planificación urbana, la carencia de un ordenamiento
territorial, insuficientes normas de emisiones al agua, aire y suelo, entre
otros. No obstante lo anterior, la ISI hizo algunos aportes positivos al medio
ambiente al diversificar la producción, crear empleos no rurales y mejorar el
ingreso per cápita, lo cual contribuyó a atenuar la presión que hubiera habido
sobre la frontera agrícola, de no haber ocurrido este cambio en el modelo de
desarrollo.
A
partir de la crisis económica de principios o mediados de los años ochenta,
hubo un nuevo cambio en la estrategia económica. Se adoptó una política de
apertura comercial y de estímulo a las exportaciones[7].
Ésta, sin embargo, no fue acompañada de una diversificación significativa de
las exportaciones y a mediados de los años noventa (con la excepción de Costa
Rica) entre 60 y 70% de las exportaciones de bienes de los países del área aun
consistían en alimentos o materias primas sin procesar. A la vez, el sector
productor de bienes agropecuarios para el mercado interno se mantenía
prácticamente inalterado en cuanto al área ocupada y su baja productividad.
Así,
la superficie territorial que poco tiene que ver con el mercado internacional,
es decir, la extensión destinada al cultivo de granos básicos, los pastizales,
que han dejado en gran medida de depender del mercado internacional (excepto en
el caso de Nicaragua) y el área de bosques, que hasta ahora no han generado
productos exportables en forma significativa, excepto en el caso de Honduras,
era aun de al menos dos tercios del territorio centroamericano.
En
cuanto al sector manufacturero, el fin de la ISI se tradujo en el
desplazamiento de pequeños y medianos productores manufactureros incapaces de
competir con las importaciones y se debilitó la integración vertical de la
industria. Las mejores condiciones para el capital extranjero atrajeron
inversiones del exterior particularmente a la actividad maquiladora y al turismo. Pero, al analizar el vínculo entre desarrollo
económico y el medio ambiente bajo el esquema más reciente de apertura
económica, se aprecia una creciente disociación entre la actividad económica
que produce principalmente para el mercado interno y aquella que lo hace para
el mercado externo. Muchas de las innovaciones técnicas, incluso las que se
realizan para abatir emisiones, llegan vía inversiones extranjeras de los
países de la OCDE y el distanciamiento entre estos dos sectores dificulta la
transferencia de tecnología a la industria local, especialmente la mediana y
pequeña.
Por el
lado de las condiciones sociales, el modelo económico seguido en las últimas
dos décadas en América Central no ha contribuido a mejorar la situación de
rezago: a mediados de los años noventa el 71% de la población rural se encontraba
bajo la línea de la pobreza y el 50% de la población urbana caía en esa
categoría (PNUD, 1999)[8].
El
atraso social de los países en estudio ha sido un factor adverso para la
superación del problema ambiental. Dichas naciones se encuentran en su mayoría
- salvo Belice, Costa Rica y Panamá - en el tramo más bajo de ingresos per
cápita de los países latinoamericanos. En los cuatro países de menores ingresos
per cápita[9],
esta ubicación se articula con una relativamente alta proporción de población
en el campo, un bajo nivel de alfabetización, un acceso limitado a los servicios
sanitarios y un intenso uso de la energía tradicional, basada principalmente en
el uso de leña. Tal situación imprime una gran rigidez a la sociedad para
adaptarse a nuevos modelos económico que prescindan de al menos parte de los
recursos naturales que hoy requieren en su actividad productiva.
Uno de
los grandes desafíos para las próximas décadas será justamente lograr que los
vastos recursos naturales - actualmente algunos se están sobreexplotando, otros
permanecen sin uso económico, o bien sus servicios ambientales no se remuneran
- puedan protegerse pero a la vez contribuyan a mejorar el nivel de vida de la
población.
En lo
que sigue de este documento, la segunda parte incursionará en el avance y limitaciones del marco
regulatorio del medio ambiente y de la cooperación ambiental en el umbral del
siglo veintiuno; en el tercer apartado se hará un análisis detallado de la
relación productiva y ambiental en el sector rural; la cuarta sección abordará
la evolución del sector industrial y urbano sobre el medio ambiente; la quinta
parte analizará el impacto de las prácticas productivas, el desarrollo urbano y
la pobreza sobre la vulnerabilidad. En la sexta sección, se expondrán algunos
nuevos instrumentos y mecanismos que pueden ayudar a producir sinergias entre
el proceso de desarrollo económico y el medio ambiente. Finalmente, se
plantearán tres escenarios posibles de desarrollo económico y medio ambiente
para los próximos veinte años; y por último, se harán algunos comentarios a
modo de conclusión.
Centroamérica, junto con Chile, fueron
las regiones que abordaron el problema ambiental más tardíamente en
Latinoamérica (Brañes, 1994). Si bien la protección ambiental está incluida con
mayor o menor énfasis en la Constitución de los países centroamericanos, su
mención es por lo general vaga y no cuenta con los reglamentos específicos para
instrumentarla. Hasta fines de la década de los años ochenta la base legal que
regulaba el medio ambiente era sobre todo sectorial, lo que creaba un manejo
muy fragmentario de los problemas ecológicos y proveía poca claridad respecto a
las funciones que debían cumplir las distintas dependencias para aplicar las
normas, produciéndose así duplicidad de algunas funciones y descuido de otras.
Las legislaciones ambientales más
modernas se empezaron a introducir en la región principalmente a principios de
los años noventa y, desde entonces, ha habido bastante celeridad en el esfuerzo
por parte de los gobiernos para ponerse al corriente en esta materia, al menos
en lo referente a las leyes marco.
Actualmente,
casi todos los países del Istmo cuentan con una legislación específica sobre
medio ambiente[11]
y, en su mayoría, ya introducen la figura de delito ambiental y, de una u otra
forma también incluyen el concepto de “quien contamina, paga”. Sin embargo, la
implementación de las nuevas leyes marcha lentamente debido a que todas ellas
aun carecen de muchos de los reglamentos que se requieren para poder operar.
También faltan inspectores capacitados en materia ambiental y no se cuenta con
recursos suficientes para llevar a cabo las mediciones y supervisión
pertinentes.
Además
de la Ley de Medio Ambiente, casi todos los países cuentan con una Ley
Forestal, algunas de las cuales se han revisado recientemente[12].
La mayor parte de los países también han promulgado una Ley de Áreas Protegidas[13]
y/o de Conservación de Vida Silvestre.
Una de
las áreas más atrasadas es la de Evaluación de Impactos Ambientales (EIA). Este
procedimiento es obligatorio en prácticamente todos los países, ya sea para un grupo
determinado de actividades (con una lista larga, como en Honduras, o más corta,
como en el caso de Nicaragua) o geográficamente restringidas, como en El
Salvador, donde sólo se requiere para los proyectos del área metropolitana de
San Salvador. El procedimiento de EIA, que probó ser indispensable para muchas
inversiones tras la gran destrucción de infraestructura ocurrida con el Huracán
Mitch, es aun muy costoso de hacer en los países en estudio, existen pocas
firmas con capacidad profesional para realizarlos y es un trámite muy lento
debido a que se ha burocratizado.
También
existe legislación sobre importación, uso, almacenamiento y control de
agroquímicos en todos los países y normalmente están bajo la responsabilidad
del Ministerio de Agricultura y/o el Ministerio de Salud. Sin embargo, en
general, la aplicación de estas normas es muy débil y aun existe el contrabando
de productos prohibidos y cambio de empaque, entre otras prácticas de alto
riesgo.
Cabe
señalar que la mayor conciencia de los problemas ambientales por parte de los
gobiernos y de la sociedad civil en los países de la región, así como las
crecientes presiones externas para proteger algunos recursos naturales, ocurrió
precisamente cuando Centroamérica enfrentaba una situación económica adversa
(desde principios de los años ochenta). Así, esta área de competencia se creó
en el período en que la política económica apuntaba a un “adelgazamiento del
Estado” y a una política fiscal muy austera. De esta manera, las instituciones
que se concibieron para la protección ambiental, como los ministerios del medio
ambiente, se crearon como dependencias de la Presidencia de la República y
adolecieron de deficiencias en su presupuesto y debilidad institucional frente
a otros ministerios más antiguos. Estas circunstancias han dificultado la
aplicación de las nuevas leyes y normas ambientales
Los
países centroamericanos se caracterizan no sólo por poseer valiosos recursos
naturales, sino por compartirlos estrechamente en términos geográficos. Sus
cuencas hídricas, sus bosques, que a la vez son hábitat de una rica
biodiversidad, entre otras riquezas, están fuertemente entrelazadas, de manera
que tienen una responsabilidad compartida en su protección. Por otra parte, y
justamente por dicha cercanía, la posibilidad de derrame de contaminación a
través de las fronteras es muy grande, especialmente por vía de las doce
cuencas hidrográficas compartidas. Debido a esta situación, el éxito en los
esfuerzos de protección de un país depende de igual empeño de los vecinos.
Dadas estas características, sería necesario que los distintos países del área
pudieran avanzar en forma coordinada y sincronizada para potenciar sus
esfuerzos ambientales en la protección del conjunto de recursos del área.
Este
es justamente uno de los retos más importantes del futuro y que ha sido
reconocido por todos los países centroamericanos. Reflejo de ello es la firma
del Convenio Centroamericano para la Protección del Ambiente (1989), que creó
la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), institución que ha
impulsado varias acciones orientadas a proteger el ambiente en forma regional.
De éstas, la iniciativa más importante es la Alianza Centroamericana para el
Desarrollo Sostenible (ALIDES) firmada en 1994 y que considera la necesidad
de enfocar la cooperación regional en las áreas económica, social y ambiental
en forma conjunta.
Entre
las demás iniciativas regionales conviene mencionar el establecimiento del
Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de las Áreas
Silvestres Prioritarias en América Central (1992), cuyo objetivo principal es
conservar la diversidad biológica, terrestre y costero-marina. En dicho
convenio se creó el Consejo Centroamericano de Áreas Protegidas (CCAP).
Posteriormente se estableció el Convenio Regional para el Manejo y Conservación
de los Ecosistemas Naturales Forestales y el Desarrollo de Plantaciones
Forestales (1993), cuya finalidad es lograr el ordenamiento y uso sostenible
del recurso forestal. Este convenio dio origen al Consejo Centroamericano de
Bosques (CCAB). En 1993 se firmó el Convenio Regional sobre Cambios Climáticos,
según el cual los países se comprometen a desarrollar medidas legales e
institucionales para la conservación del clima[14].
Algunos
acuerdos con terceros países también contribuyen a la aplicación de los
acuerdos regionales. El más importante de ellos es CONCAUSA (Declaración
Conjunta Centroamérica-Estados Unidos) que tiene la intención de ayudar a hacer
cumplir los acuerdos de ALIDES en las áreas de conservación de biodiversidad,
energía, legislación ambiental y desarrollo económico sustentable. También el
acuerdo Tuxtla II de 1996, establece una cooperación entre México y
Centroamérica para impulsar ALIDES.
Bajo
ALIDES y con el apoyo de estos Convenios y de la CCAD, Centroamérica ha
iniciado acciones coordinadas para proteger al medio ambiente, entre las cuales
resalta la creación del Corredor Biológico Mesoamericano desde México hasta
Panamá, con una extensión de 187.697 km2. Este gran puente ecológico
tiene como finalidad proteger los ecosistemas del Istmo incluyendo zonas
costeras, especialmente manglares y arrecifes. Este proyecto ha despegado de
manera mucho más lenta de lo planeado. Originalmente el mandato de ALIDES era
que el Corredor debía concluirse dieciocho meses después de su firma. Sin
embargo, la diversidad de problemas que deben solucionarse - de propiedad de
la tierra, intereses heterogéneos de las comunidades que habitan en esa vasta
zona, diferentes intereses nacionales económicos y políticos involucrados,
entre otros[15]
-, así como el gran financiamiento requerido para mejorar las condiciones de
esa extensión, han obstaculizado el avance del megaproyecto. También el
interés de los gobiernos por la protección ambiental ha sido cíclico, según las
prioridades políticas y financieras que cada administración ha tenido. Así,
hacia fines de los años noventa ALIDES ha perdido una parte importante de su
impulso inicial y requerirá fortalecerse, al igual que los demás acuerdos
regionales ambientales, para lograr en forma exitosa la gestión ambiental de la
región en los próximos años.
El PIB
agropecuario[17]
lo genera una pequeña porción del suelo de la región centroamericana. La tierra
arable, que abarcaba el 14.2% del total de ese suelo en 1996, aportaba
alrededor de 65% del valor de la producción agropecuaria. El sector pecuario
(bovino), que ocupaba alrededor de 30% del territorio en ese mismo año,
participaba con cerca del 14% del producto agropecuario (o 17% si se incluyen
los productos lácteos) y, a pesar de que los bosques ocupaban 36% del
territorio, la actividad silvícola sólo contribuía con el 4% de ese PIB[18]
(Cuadros 1 y 3).
Cuadro 1: Uso de tierra, % del totala
|
Uso agrícola |
Pastizales |
Bosques |
|||||||||
Arable |
Cultivos perennes |
Cultivos anuales |
Irrigada |
|||||||||
1990 |
1996 |
1990 |
1996 |
1990 |
1996 |
1990 |
1996 |
1990 |
1996 |
1990 |
1996 |
|
Costa Rica |
5.6 |
5.6 |
4.8 |
4.8 |
0.8 |
0.8 |
41.4 |
44.2 |
45.6 |
45.8 |
28.5 |
24.4 |
El Salvador |
27.3 |
30.7 |
8.1 |
10.5 |
19.2 |
20.3 |
21.2 |
18.8 |
29.4 |
28.5 |
6.0 |
5.1 |
Guatemala |
12.0 |
12.6 |
4.5 |
5.1 |
7.5 |
7.5 |
9.0 |
9.2 |
23.1 |
24.0 |
39.2 |
35.4 |
Honduras |
14.4 |
15.1 |
1.9 |
3.1 |
12.5 |
12.0 |
4.6 |
4.4 |
13.4 |
13.8 |
41.3 |
36.8 |
Nicaragua |
16.2 |
20.2 |
2.1 |
2.4 |
14.1 |
17.9 |
4.3 |
3.6 |
39.7 |
39.7 |
52.0 |
45.8 |
Panamá |
6.7 |
6.7 |
2.1 |
2.1 |
4.6 |
4.6 |
6.2 |
6.4 |
19.8 |
19.8 |
41.9 |
37.6 |
Istmo a |
12.8 |
14.2 |
3.1 |
3.7 |
9.7 |
10.5 |
8.8 |
8.1 |
27.1 |
27.4 |
40.8 |
36.2 |
a Excluye Belice
Fuente:
CEPAL (1998a), Información Básica del
Sector Agropecuario; Subregión Norte de América Latina y el Caribe, 1980-1997,
LC/MEX/L.364
De la tierra arable, que es el área más
productiva, en 1996 el 32% estaba destinada al cultivo de productos agrícolas
tradicionales de exportación, 57% se utilizaba para el cultivo de granos
básicos de consumo interno y el 11% se empleaba en el cultivo de productos no
tradicionales. Estos tres usos de la tierra arable aportaban el 37%, el 12% y
el 15% del PIB agropecuario, respectivamente (Cuadro 2).
Cuadro 2
Tierra arable: Superficie dedicada a cultivos de consumo internoa
y a cultivos de exportaciónb
|
1980 |
1997 |
1980 |
1997 |
Miles de há. |
Miles de há. |
% |
% |
|
Total
Istmo
Consumo interno Exportación |
2.371 1.390 |
2.681 1.489 |
63.0 37.0 |
64.3 35.7 |
Costa Rica
Consumo interno Exportación |
166 164 |
120 216 |
50.3 49.7 |
35.7 64.2 |
El Salvador
Consumo interno Exportación |
481 271 |
528 234 |
64.0 36.0 |
69.3 30.7 |
Guatemala
Consumo interno Exportación |
792 446 |
776 513 |
64.0 36.0 |
60.2 39.8 |
Honduras
Consumo interno Exportación |
443 199 |
613 273 |
69.0 31.0 |
69.2 30.8 |
Nicaragua
Consumo interno Exportación |
322 205 |
469 161 |
61.1 38.9 |
74.4 25.6 |
Panamá
Consumo interno Exportación |
166 105 |
174 92 |
61.2 38.8 |
65.4 34.6 |
a Incluye arroz, frijol, maíz y
sorgo y trigo
b Incluye algodón, banano, cacao,
café y azúcar, semilla de ajonjolí, cardamomo y tabaco (o algún subconjunto de
estos productos, dependiendo de la especialización del país)
Fuente:
CEPAL (1998a)
Es
decir, individualmente, el mayor aporte al PIB agropecuario lo hace el sector
productor de bienes agrícolas tradicionales de exportación (excluyendo la carne
bovina) (Cuadro 3). El bajo rendimiento de los demás sectores es atribuible a
diversos factores: suelo de menor calidad, una productividad muy baja debido a
técnicas inadecuadas de cultivo, especialmente el cultivo de granos básicos
para consumo interno y ganadería, o bien, los recursos no tienen expresión
económica aunque producen servicios importantes, como es el caso de las áreas
boscosas. El resultado es una generación de ingresos muy desigual en las
distintas áreas y un uso muy ineficiente e insostenible de los recursos
naturales, lo cual reproduce las condiciones de pobreza existente en buena
parte del agro centroamericano. Un análisis más detallado de estos rubros dará
una visión específica sobre su impacto ambiental.
Cuadro 3
Producción de bienes agrícolas de exportación, ganadería y granos básicos
comoporcentaje de la producción agropecuaria total *
|
Producción para exportación |
Ganado vacuno |
Granos básicos consumo internoe |
|||||||||||||||
Bienes agrícolas tradicionalesa |
Bienes agrícolas no tradicionalesd |
Total bienes agrícolas exportación |
||||||||||||||||
1980 |
1996 |
1980 |
1996 |
1980 |
1996 |
1980 |
1996 |
1980 |
1996 |
|||||||||
Costa Rica |
49.7 |
50.4 |
10.5 |
21.8 |
60.2 |
72.2 |
13.5 |
7.0 |
7.0 |
4.0 |
|
|||||||
El Salvadorb |
60.6 |
35.9 |
10.9 |
16.0 |
71.5 |
51.9 |
8.8 |
11.6 |
8.7 |
17.8 |
|
|||||||
Guatemalac |
37.1 |
34.7 |
15.9 |
19.6 |
53.0 |
54.3 |
4.2 |
3.2 |
7.8 |
6.6 |
|
|||||||
Honduras |
44.8 |
36.2 |
9.7 |
10.8 |
54.5 |
47.0 |
12.9 |
17.9 |
10.8 |
9.4 |
|
|||||||
Nicaraguab |
40.9 |
31.8 |
4.3 |
9.2 |
45.2 |
41.0 |
30.9 |
23.5 |
14.3 |
19.9 |
|
|||||||
Panamá |
36.4 |
27.8 |
10.0 |
9.8 |
46.4 |
37.6 |
16.6 |
18.4 |
11.6 |
10.3 |
|
|||||||
* Al
sumar horizontalmente el total de bienes agrícolas de exportación, ganado
vacuno y granos básicos de consumo interno, no suma 100 pues no están
incluidos: el resto del sector pecuario y el sector silvícola.
a Incluye café, banano, azúcar
b Se refiere a 1995
c Se refiere a 1997
d La mayoría de estos productos
se exportan, pero no todos. Incluye, entre otros, algodón, cacao, tabaco,
ajonjolí, plátano, otras frutas, yuca, palma africana.
e Incluye arroz, maíz, frijol y
sorgo
Fuente:
CEPAL (1998a)
Esta
actividad ocupó una extensión estable del suelo centroamericano entre 1980 y
1996 - 64% de las tierras cultivables (u 8% del suelo total) – y dentro del
conjunto, sólo Costa Rica muestra un cambio significativo en su
especialización agrícola al invertirse la proporción dedicada a estos cultivos
en ese lapso. Los demás países mantuvieron su composición inicial prácticamente
inalterada en dicho período (Cuadro 2).
Por
otra parte, cerca de la mitad de las fincas de la región centroamericana son
de agricultura de subsistencia y absorben la mayor parte de la mano de obra
rural, por lo que desempeña un rol social fundamental. Los campesinos que viven
de una economía de subsistencia en su mayoría producen granos básicos
(principalmente frijol y maíz), en menor medida se dedican a la ganadería y se
ubican principalmente en laderas o en la frontera agrícola, es decir, en las
zonas ambientalmente frágiles (CCAD, 1998).
El
rendimiento del suelo que se ocupa para la producción de granos básicos es muy
bajo. El producto promedio por hectárea de maíz en Centroamérica era de 17.014
hectogramos[19]
en 1995, mientras aquel de México era de 22.883 y el de Estados Unidos de
71.230. Asimismo, en la producción de frijol, el rendimiento era de 6.974
hectogramos por hectárea, similar al de México (6.229), pero muy inferior al de
Estados Unidos (18.139) en el mismo período. Finalmente, el rendimiento en la
producción de arroz en el Istmo de 31.231 hectogramos por hectárea también
estaba muy por debajo del mexicano (46.792) y del de Estados Unidos (63.010)
(FAO, 1999). La situación descrita mantiene a los productores de esas zonas en
una situación no sólo de bajos ingresos, sino además no competitiva a nivel
internacional. De esta forma, con la progresiva apertura comercial, también se
encuentran en desventaja frente a la importación de estos bienes y algunos han
sido desplazados por ellas.
De
hecho, ha habido un incremento significativo de las importaciones de maíz en
proporción al consumo aparente[20],
de 14.4% en 1980 a 31.7% en 1996. Igual fenómeno ocurrió con el arroz. Sólo en
el caso del frijol, donde además se conservaron las barreras a la importación,
éstas no penetraron el mercado interno en ese período (CEPAL, 1998a).
El
potencial productivo de la tierra destinada a la producción de granos básicos
es muy grande si se considera la baja productividad que tiene actualmente. Sin
embargo, gran parte de este sector está básicamente al margen de la innovación
tecnológica y las posibilidades de mejorar su rendimiento y sus ingresos son
muy limitados. Es más, las prácticas de sobreuso del suelo conduce a un
rendimiento decreciente y, por consiguiente, a la necesidad de desplazarse
hacia otras tierras en la frontera agrícola, lo que ocasiona un proceso
continuo de deforestación.
Los
sectores más prósperos y modernos de producción de granos básicos no generan la
misma presión sobre la frontera agrícola que aquellos productores de
subsistencia, pero tienen otros impactos ambientales negativos debido a que la
tecnología utilizada por ellos generalmente data de la época de la “revolución
verde” de los años sesenta, cuando se introdujeron una serie de innovaciones
que no consideraban los efectos ambientales. La elevada cantidad de agroquímicos
usados, que además estuvieron subsidiados durante muchos años es, en este
sentido, uno de los elementos más adversos. Costa Rica presenta el caso más
agudo al ocupar 440 kilogramos de fertilizantes por hectárea de tierra arable
en 1994-1996, es decir, uno de los usos más intensos en el mundo (FAO, 1999).
Ante
la apertura comercial (particularmente dentro del área centroamericana), la
desregulación y eliminación de subsidios, las reacciones de los productores
más prósperos de granos básicos, especialmente los productores de arroz, fue el
de modernizarse, de manera de reducir sus costos y poder competir bajo las
nuevas condiciones. En promedio, entre 1980 y 1996, el rendimiento de arroz se
incrementó de 2.4 a 3.2 toneladas por hectárea. En los cultivos de maíz, frijol
y sorgo, la productividad se ha mantenido casi estática con muy pocas
excepciones por países (CEPAL, 1998a).
Cabe
señalar que el sector productor de granos básicos se ha desarrollado en
condiciones de escaso apoyo financiero a partir de principios o mediados de los
años ochenta, cuando se introdujeron una serie de reformas económicas para
mejorar las finanzas públicas y reducir la deuda externa. Así, la proporción
del crédito destinado a la producción agropecuaria se redujo en todos los
países y, dentro de ese rubro, el crédito destinado a la producción de granos
cayó como proporción del crédito agrícola total, con excepción de Guatemala
(CEPAL, 1998ª).
Desde
el punto de vista del medio ambiente el panorama anterior es muy negativo
debido a que el sector productor de granos básicos parece estar inmerso en un
círculo vicioso de pobreza y prácticas de cultivo ecológicamente muy
degradantes.
Si
excluimos la exportación de carne vacuna, los demás productos de exportación
tradicional, es decir, café, banano y caña de azúcar, algodón, cacao, etc.,
generaban el 31.2%[21]
del PIB agrícola en 1996, mientras estos cultivos ocupaban 4.5% del suelo total
(o la tercera parte del suelo arable). A pesar de cubrir una porción pequeña
del territorio, estos cultivos han tenido efectos adversos sobre el medio.
Entre éstos están el desencadenamiento de procesos de cambio en el uso de suelo
en detrimento de los bosques, así como el deterioro del recurso agua que,
proporcionalmente, afecta un radio mucho mayor al suelo que ocupa el cultivo
mismo. Asimismo, hay que mencionar el efecto negativo que ha tenido el gran uso
de agroquímicos en esta producción sobre el agua, el suelo y la salud humana.
Cabe
mencionar que los problemas ambientales generados por el cultivo y el
procesamiento de los bienes agrícolas tradicionales de exportación son bastante
complejos y ciertamente no se limitan a la deforestación. En el caso del café,
por ejemplo, que ha sido uno de los productos de exportación más importantes en
Centroamérica desde el siglo XIX[22],
el problema no es tanto la deforestación directa sino que ha sido
principalmente su procesamiento posterior a la cosecha.
Ambientalmente,
el café ha tenido ventajas sobre otros cultivos de exportación, ya que se ha
sembrado, en general, bajo sombra de alta intensidad, lo que permite mantener
al menos parcialmente la capa boscosa y mucha de la biodiversidad original;
también se preserva la capacidad de recarga de los mantos acuíferos y se
conserva en buena medida la fertilidad del suelo. Este método tendió a cambiar
a partir de los años setenta hacia una intensificación del cultivo, lo que
requirió una cierta deforestación. También se introdujeron variedades que se
desarrollan a exposición plena de sol y que prescinden totalmente de árboles,
especialmente en Costa Rica. La mayor vulnerabilidad de estos cultivos de
exposición plena a pestes se ha atacado con fuertes cantidades de pesticidas y
se aplicaron grandes cantidades de fertilizantes para aumentar el rendimiento.
La introducción de los nuevos métodos de producción fueron respaldados por
créditos internos y apoyo externo (especialmente de la agencia USAID) a los
cafetaleros, incluso medianos y pequeños (WRI, 1997).
El
proceso de beneficiado de café ha sido el más agresivo al medio. El proceso
húmedo tiene impactos ambientales particularmente negativos debido a la enorme
cantidad de agua que requiere (normalmente entre 1.000 y 3.000 litros por
quintal de café, salvo El Salvador) y que posteriormente se vierte en los
ríos, la enorme cantidad de pulpa que se desecha y el monto de energía que se
requiere para el secado. Se estima que el sector cafetalero consume entre 10 y
15% de la leña producida en Centroamérica, lo que ejerce una presión importante
sobre los bosques, especialmente en los casos en que se cultiva café de
exportación de plena exposición al sol (BUN-CA, 1999).
En
años recientes se ha avanzado mucho en la introducción de nuevos procesos en
toda la región, que permite limitar el uso del agua mediante su reciclamiento y
la pulpa de la fruta del café ya no se deposita en los ríos, de forma que estos
problemas tienden a aminorarse. Sin embargo, las mieles del café se siguen
vertiendo en los ríos en muchos casos, lo que continúa provocando serios daños
ambientales por vía del agua (BUN-CA, 1999).
En
cuanto al banano, la concentración y homogeneidad en su producción tiene
serios impactos negativos sobre el medio ambiente. La forma monolítica de
producirlo se explica por la perecibilidad del fruto, lo que requiere una
integración vertical de su producción y comercialización para poder poner el
producto en el mercado externo en buenas condiciones (Conejo, et al, 1996)[23].
La
evolución tecnológica en la producción de esta fruta ha tenido impactos
ambientales diversos. Estas diferentes etapas están especialmente registradas
para Costa Rica, el mayor productor de banano en Centroamérica. En dicho país
inicialmente (1870-1960) el cultivo del banano provocó una fuerte oleada
deforestadora de bosques primarios, especialmente en la zona atlántica del
país. En esta etapa, sin embargo, se usaban pocos agroquímicos y su
productividad era baja. En una segunda etapa (1960-1980) se introdujeron nuevas
variedades de alta productividad pero presentaron gran vulnerabilidad a las
plagas. Ello requiere el uso de grandes cantidades de agroquímicos que
provocan el empobrecimiento de las propiedades nutricionales del suelo, lo que
a su vez induce a un cada vez mayor consumo de agroquímicos.
Si
bien los avances en el cuidado del medio ambiente no han sido muchos en el
cultivo de banano, éstos han sido significativos en el manejo de desechos
sólidos. Se ha procedido a devolver una parte significativa de ellos al suelo
de las plantaciones, o bien se reciclan en la fabricación de composta o incluso
de papel. Respecto a los desechos de plástico, que son muy contaminantes pues
están impregnados de insecticida, se han hecho grandes avances al recogerse y
reciclarse un 90% de ellos actualmente (Conejo et al,1996). Por último, hay
que notar que hay interés por parte de las bananeras de conseguir el sello
ECO-OK con el fin de mantener sus mercados de exportación. Estos sellos exigen
que las fincas reforesten las márgenes de los ríos, recolecten las bolsas de
plástico y el mecate, apliquen adecuadamente los agroquímicos y monitoreen
regularmente a sus trabajadores, además de proveer programas de capacitación.
Respecto al banano orgánico, esta es una línea de producción que recién aparece
en Costa Rica pero aun no en los demás países de la región (Conejo et al,
1996).
Finalmente,
el efecto adverso de la producción azucarera sobre el suelo, el agua e incluso
el aire, al requerir una quema previa a cada cosecha de caña, es ampliamente
conocida. Este es el cultivo de exportación tradicional que menos innovaciones
ha introducido para mejorar su desempeño ambiental. Así, no se han reforestado
los linderos de los cañaverales ni los lechos de los ríos cercanos para evitar
que se esparzan sedimentos, nutrientes y agroquímicos fuera de las fincas, ni
se ha recurrido a métodos alternativos de cosecha que evite el uso de la quema,
ni se recicla el abundante agua que se usa para el riego. No sólo el método de
cultivo sigue inalterado, sino que, además, los ingenios azucareros del área
son, en general, antiguos y, por tanto, poco eficientes en el uso de energía y
muy contaminantes.
Uno de
los aspectos ambientales más importantes relacionados con la producción de
azúcar es su capacidad potencial de generar energía a partir del bagazo de la
caña y por encima de la que requiere el ingenio, de manera que podría proveer
energía proveniente de un recurso renovable y además reciclarlo para generar un
porcentaje significativo de la energía que necesitan los países. Sin embargo,
las refinerías centroamericanas requieren tres o cuatro veces más bagazo para
elaborar una unidad de producto en comparación con plantas más eficientes en
otras partes del mundo. Actualmente Guatemala es el país que mayor
disponibilidad de bagazo tiene para generar electricidad y sus ingenios
azucareros proveen alrededor del 4% del total de la energía consumida en ese
país (BUN-CA, 1997).
En
otros sectores de exportación tradicional, como el algodón, se experimentan
problemas ambientales similares a la de los productos de exportación ya
mencionados. Sin embargo, las perspectivas son de un mayor esfuerzo ambiental
en este tipo de productos, dado que están expuestas a exigencias cada vez más
elevadas debido a las presión de los consumidores internacionales.
Los
bienes agrícolas no tradicionales se cultivan en mucho menor escala que los
tradicionales, se destinan predominantemente a la exportación y su composición
es muy cambiante. Las exportaciones de estos productos se ubican en mercados
internacionales con una rápida expansión de la demanda y con buenas
perspectivas para el futuro (CEPAL, 1997a).
El
método de producción de estos cultivos es muy intensivo, hasta con tres
cosechas al año en algunos casos, con consecuencias dañinas para el medio
ambiente debido especialmente a las grandes cantidades de agroquímicos que se
aplican para obtener el rendimiento señalado. Entre estos productos están
melón, piña, plantas ornamentales, naranja, sandía, macadamia, palmito, hule,
entre muchos otros (CEPAL, 1997a). También se ha expandido considerablemente la
producción de algunos frutos del mar, como camarones, y están captando la
atención de los ambientalistas por sus efectos negativos sobre el área costera.
No
obstante, entre los productos no tradicionales se han introducido algunos con
el fin de aprovechar nichos de mercado de productos que se cultivan con métodos
amigables con la naturaleza y cuyos precios reflejan los mayores costos
ambientales. Dada la limitada conciencia ambiental de los consumidores y/o su
falta de recursos y la carencia de normas ambientales, dichos mercados se han
desarrollado muy poco en la región; sin embargo, las perspectivas son
prometedoras.
Esta
actividad adquirió un gran dinamismo durante los años sesenta y setenta como
resultado de una fuerte demanda del producto por parte de Estados Unidos y de
un alza en el precio internacional de la carne de vacuno desde fines de los
años cincuenta hasta 1979. (Kaimowitz y Paipitz, 1998; CCAD, 1998). Además,
este rubro recibió un gran apoyo tanto por parte de los gobiernos, a través de
créditos subsidiados[24]
y frecuentes condonaciones de deudas internas, como por parte de las agencias
financieras internacionales. De hecho, entre 1963 y 1980 alrededor de la mitad
de los préstamos del Banco Mundial y del BID a Centroamérica estaban destinados
a apoyar la ganadería de exportación (Kaimowitz, 1996). El resultado fue la
triplicación de la superficie sembrada de pastos, al pasar de 4.5 a 12.8
millones de hectáreas entre 1950 y 1990, a la vez que el hato ganadero aumentó
aproximadamente 50% entre 1961 y 1994[25].
La
ganadería presenta una gran flexibilidad en cuanto al tipo de tierra donde
puede desarrollarse, de manera que se estableció en los más diversos ámbitos
geográficos y climáticos de la región. Aunque no se tiene una medición
específica del impacto deforestador de la ganadería, algunos estiman que es
responsable de más de la mitad de esa depredación (Faris, 1999). La tala para
cultivar granos básicos está estrechamente ligada a la ganadería, ya que los
campesinos talan árboles de bosques provistos por ganaderos o cuya propiedad es
incierta, y cultivan allí granos básicos. Eventualmente, las tierras “limpias”
y degradadas después de algunas siembras, se transfieren a la actividad
ganadera y los campesinos se internan nuevamente en bosques, que proceden a
talar.
Cabe
mencionar que la fertilidad de la tierra que queda al descubierto tras la tala
de árboles pierde sus nutrientes rápidamente, lo cual reduce el rendimiento de
cualquier cultivo, incluidos los pastos. Extensiones importantes de los
pastizales en regiones tropicales secas donde el suelo originalmente era muy
fértil, han tendido a ser abandonadas debido al agotamiento de sus nutrientes.
Ahora se han convertido en muchos casos en zonas de matorrales o bosques
secundarios, pero pocos han vuelto a producir bienes agrícolas, excepto quizás
en Costa Rica (Kaimowitz, 1996).
A
partir de 1979 la actividad ganadera comenzó a declinar al presentarse una
serie de trabas para que la carne centroamericana ingresara al mercado de
Estados Unidos, a la vez que su precio internacional sufría una fuerte caída.
El consumo doméstico de carne de vacuno compensó en medida importante, pero no
completamente, el declive del mercado internacional[26].
De hecho, mientras en la segunda mitad de los años setenta los países
centroamericanos, con la excepción de El Salvador y Panamá, llegaron a
exportar entre el 40 y el 60% de la producción de carne bovina, a mediados de
los años noventa este porcentaje era de entre el 0 y 25%. La excepción es
Nicaragua, que aun exporta cerca del 60% de esta producción (FAOSTAT, 1999).
Dado
el bajo costo de la tierra y de la mano de obra, el esfuerzo tecnológico para
aumentar la productividad del suelo ha sido prácticamente nulo. Con el “boom”
ganadero de los años sesenta y setenta se desarrollaron mejoras en la engorda
de las reses y en su capacidad lechera, pero se siguieron usando básicamente
los mismos tipos de pastos con bajos niveles nutritivos y poca producción de
biomasa, de forma que la capacidad de carga animal continuó siendo muy limitada
y se ha seguido incorporando nuevas tierras a esta actividad (CEPAL, 1993;
Roebeling et al, 1998; Kaimowitz, 1997). Si se lograra un nivel tecnológico
adecuado, se podría destetar 70 terneros por cada 100 hembras en lugar de los
40 que se producen actualmente. Ello reduciría mucho los costos y podría triplicar
la productividad, de forma que podría liberarse para otros usos grandes
extensiones de tierra que actualmente se usan como pastizales (CEPAL, 1993).
Actualmente,
ante los precios internacionales adversos y la menor demanda internacional, el
sector se encuentra fuertemente endeudado de forma que no tiene gran capacidad
para hacer innovaciones tecnológicas. Si a esto se agrega que la presión
interna y externa para que el sector mejore su desempeño ambiental es muy
escasa, entonces se puede esperar una respuesta muy limitada a la necesidad de
hacer nuevas inversiones en métodos de producción más “verdes” (Roebeling et
al, 1998).
En la
frontera agrícola la motivación para intensificar el uso del suelo es aun menor
que en las fincas ganaderas tradicionales, pues la dinámica ganadera escapa en
gran medida a las señales del mercado, como el precio de la carne. El ganado
presenta varias ventajas por encima de cualquier otra actividad productiva –
ceteris paribus - que son especialmente valiosas en esa área: el hato puede
adaptarse a tierras de diversos tipos y no muy fértiles, pueden transportarse
por su propio pie desde zonas alejadas, son una forma de acumular valor donde
no hay muchas alternativas para ello, pueden fácilmente reubicarse una vez que
se ha agotado el potencial nutritivo de los pastizales, entre otros factores.
Así,
las probabilidades de que se detenga el avance ganadero en la frontera agrícola
son escasas mientras haya un inadecuado ordenamiento territorial, formas poco
claras de otorgar títulos de propiedad y una falta de valoración de los
bosques. Si a esto se agregan los problemas de explosión demográfica y
pobreza, el panorama es aun más grave.
El
potencial silvícola de la región centroamericana no se ha aprovechado pues ha
habido una serie de factores que han desincentivado las inversiones en esta
actividad. De ello son responsables la incertidumbre que existe respecto a la
tenencia de la tierra, la inseguridad acerca del destino final de los
beneficios de la producción maderera, cuando se trata de concesiones de tierras
del Estado a particulares, el deprimido precio de este producto atribuible a la
explotación ilegal de la leña, escasez de recursos financieros, entre otros
elementos (Flores Rodas, 1999).
En estas
circunstancias, la actividad maderera se ha desarrollado con miras a obtener el
mayor rédito en el menor plazo posible, es decir, una estrategia muy dañina
para el medio ambiente ya que produce deforestación y contaminación de ríos y
suelos.
Centroamérica,
por lo tanto, ha desperdiciado la oportunidad de desarrollar una silvicultura
sostenible así como una industria importante de la madera en un contexto de
gran dinámica del mercado internacional para este producto (ha crecido 8%
anualmente durante los últimos diez años; véase Rodríguez, 1999). En efecto,
dentro de la industria manufacturera, el sector de madera y sus derivados era
importante sólo en Honduras donde este rubro aportaba cerca del 40% del total
del PIB manufacturero. En Costa Rica, El Salvador, Guatemala, este rubro
aportaba el 3.4%, el 2.6%, el 2.1% y 3.0%, respectivamente a mediados de los
años noventa (CEPAL, 1998).
Centroamérica
cuenta con una población de casi 35 millones de habitantes, de los cuales el
50% habitan en zonas urbanas actualmente. El desarrollo de las ciudades durante
las últimas tres décadas ha sido muy acelerado. A ello ha contribuido la alta
tasa demográfica - alrededor de 3.5% anual - que se acentúa en las ciudades
(más de 4%), debido a la migración de población rural.
La
etapa de la ISI fue atractiva para el proceso de migración pues se abrieron
oportunidades de trabajo en esas zonas. Actualmente, la creación de empleos se
produce más bien en sectores marginales e informales y ha habido un proceso de
deterioro de las condiciones de vida en las urbes.
La
mayor parte de la manufacturera está compuesta por pequeñas y medianas empresas
que surten principalmente al mercado nacional. En 1995 16.877 empresas
centroamericanas eran pequeñas (entre 5 y 19 empleados), 2.720 eran medianas
(entre 20 y 99 trabajadores) y 993 eran grandes (más de 100 trabajadores). Estas
últimas aportaban el 55% de los empleos industriales, y el resto lo contribuían
las pequeñas y medianas empresas. La producción industrial está muy concentrada:
en 1995 las pequeñas empresas contribuían con sólo el 12.5% del PIB
manufacturero (PNUD, 1999). Es decir, la productividad es mucho mayor en las
grandes empresas y ese indicador disminuye drásticamente con el tamaño de las
fábricas. Además, la porción de la producción destinada al mercado interno es
menos competitiva y más vulnerable ante las importaciones.
Así,
en el sector manufacturero, al igual que en el sector agrícola, hay una gran
proporción de industria no competitiva, en condiciones vulnerables y
produciendo fuertes daños ambientales. En las zonas urbanas, la proporción de
la población ocupada en sectores de baja productividad del mercado de trabajo
es muy alta. En El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, esa proporción
oscilaba entre 50 y 60% en el período 1980 – 1997, y entre 30 y 40% en Costa
Rica y Panamá en el mismo período[27]
(CEPAL, 1999a). Este fenómeno que incluye también al sector informal crea una
situación de marginación y pobreza (hasta del 70% de la población urbana
en Guatemala y Honduras), que redundan
en problemas ambientales, entre otros. La gran escasez de viviendas en las
urbes es uno de ellos, y llega a alrededor de 3.4 millones de unidades
habitacionales, lo que ha provocado una proliferación de asentamientos humanos
irregulares en zonas poco aptas para ese fin, causando a su vez, gran
vulnerabilidad para sus habitantes. La pobreza urbana, es responsable en gran
medida de esta situación (Cuadro 4). Asimismo, en las ciudades existen fuertes
problemas de contaminación del agua, del aire, inadecuada disposición de
desechos sólidos y, entre éstos, de desechos peligrosos.
Respecto
a la contaminación atmosférica, las capitales centroamericanas, por su aun
reducido tamaño, no sufren los problemas agudos de otras urbes más grandes,
pero ya comienza a haber impactos significativos. Por ejemplo, en el caso de
El Salvador, las enfermedades respiratorias, que compiten con las
gastrointestinales como las principales causas de muerte, están en parte
relacionadas con la contaminación del aire (Panayotou y Faris, 1997).
La
institución Pro-Eco basada en Costa Rica hace un monitoreo regular del aire
desde 1993/94 en San José, Tegucigalpa, Ciudad de Guatemala, y en San Salvador,
Managua y en la Ciudad de Panamá desde 1996. Se ha detectado así, que los
principales contaminantes del aire son las partículas suspendidas (generadas
principalmente por vehículos diesel), monóxido de carbono (CO), así como NO2 y
ozono, aunque estos dos se emiten aún en menor medida que los anteriores
(Pro-Eco, 1996).
En el
caso de emisiones de CO2 per cápita, éstas son aun muy reducidas
(Cuadro 4), en promedio: menos de una tonelada métrica per cápita, en contraste
con 20 toneladas métricas per cápita emitidas anualmente en Estados Unidos. Sin
embargo, éstas crecen a una elevada tasa en la región, especialmente en Costa
Rica, mientras las emisiones de ese contaminante en los países industrializados
tienden a reducirse en términos absolutos. A este fenómeno le acompaña una
progresiva reducción en la eficiencia en el uso de energía medido como PIB por
unidad de energía utilizada entre 1980 y 1995 en todos los países de la región
(Cuadro 4).
La
diversificación de las fuentes de generación de energía eléctrica ha atenuado
su papel altamente contaminante. La energía eléctrica ha tendido a ser
producida crecientemente por plantas hidroeléctricas en todos los países menos
Nicaragua, cuya electricidad proviene aun en 50% de plantas térmicas, y Costa
Rica, pero cuya producción de energía térmica sólo alcanzaba el 15 % del total
en 1995. Los demás países han disminuido su dependencia de esa fuente. Panamá
quizás es el caso más sobresaliente, pues el 95% de su energía eléctrica tenía
ese origen en 1970, disminuyendo a 31% en 1995 (CEPAL, 1999a).
La
contaminación del agua es un problema importante en las ciudades. Por una parte
no todos los habitantes tienen acceso a agua limpia (en Ciudad de Guatemala 28%
de la población no tiene acceso a servicios sanitarios) y, por otro, mucha de
la actividad industrial vierte sus desechos a los ríos y/o lagos sin ningún
tratamiento, lo que repercute sobre la calidad del agua para consumo humano.
Finalmente,
el tratamiento de los desechos sólidos es probablemente el aspecto ambiental
urbano más deficiente. En ciudades como San Salvador, en 1992, se recolectaba
únicamente el 60% de la basura diariamente. En Ciudad de Guatemala, Tegucigalpa
y Managua esa proporción era de entre 70 y 80%, mientras en San José se recolectaba
el 90% de ella. Además, en las primeras cuatro ciudades el 100% de la basura
recolectada se depositaba en tiraderos abiertos sin ningún tratamiento
posterior. Sólo en San José hay rellenos sanitarios adecuados para toda la
basura (MacDonald, Otava, Simioni y Komorizono, 1998).
Cuadro 4: Indicadores de las condiciones ambientales urbanas
|
Población
urbana (%) |
Hogares
urbanos pobres (%) |
Déficit
habitacional (no de viviendas) |
Acceso
servicios sanitarios (% pobl. urbana) |
PIB por
unidad de energía consumidaa |
Emisiones de
CO2 b |
Automóviles
(por cada 1000 personas) |
|||
1970 |
1995 |
1994 |
1990s |
1995 |
1980 |
1995 |
1980 |
1995 |
1996 |
|
Costa Rica |
40 |
50 |
18 |
187.459 |
99.4 |
4.2 |
3.3 |
1.1 |
1.6 |
123 |
El Salvador |
- |
52 |
48 |
582.871 |
92.0 |
4.4 |
2.5 |
0.5 |
0.9 |
77 |
Guatemala |
36 |
39 |
70 |
1.038.889 |
72.0 |
5.0 |
4.4 |
0.6 |
0.7 |
18 |
Honduras |
29 |
44 |
70 |
326.793 |
88.2 |
5.6 |
3.8 |
0.6 |
0.7 |
33 |
Nicaragua |
47 |
63 |
- |
510.986 |
- |
5.5 |
3.1 |
0.7 |
0.6 |
30 |
Panamá |
50 |
56 |
25 |
176.054 |
- |
- |
- |
- |
- |
98 |
a Dólares de 1987 por kilo de
equivalente de combustible.
b Toneladas métricas per cápita.
Fuente:
CEPAL (1997b); PNUD (1997); WHO y UNICEF (1997); Banco Mundial (1998);
MacDonald/ Otava/ Simioni y Komorizono (1998)
En
América Central, la actividad industrial ha estado muy marcada en la última
década y media por el giro hacia el mercado externo. Las perspectivas, además,
son de una mayor profundización de esa apertura. Ello ocurrirá tanto a través
del avance en la integración hemisférica (Tratado de Libre Comercio de las
Américas), como por vía de las negociaciones multilaterales en la Organización
Mundial del Comercio (OMC).
En
este sentido, lo que ha sucedido desde el inicio de la apertura comercial en la
región en 1986 (identificable con el ingreso de la mayor parte de los países
centroamericanos al GATT) comparado a su comportamiento posterior, puede
proveer un punto de referencia para su posible desempeño futuro en un marco de
aun mayor liberalización comercial.
Se
pueden señalar al menos dos cambios importantes para el medio ambiente en el
comercio de productos manufacturados centroamericanos a partir de la
liberalización comercial: el auge de la maquila (considerada inicialmente como
un servicio pero ahora se contabiliza como una actividad industrial en la mayor
parte de los países); y un cambio en la dinámica y la estructura de las
exportaciones de bienes manufacturados.
El
impacto de la maquila sobre el medio ambiente es difícil de evaluar, pero
depende en gran medida del origen geográfico de las inversiones y de las normas
ambientales que rigen en dichos países de origen, así como aquellas de los
países donde se instalan. Un estudio reciente (CEPAL, 1998b), sin embargo,
muestra que el nivel de desarrollo de recursos humanos y de infraestructura de
apoyo de progreso técnico es mucho mayor en Costa Rica que en los demás países,
de manera que estas inversiones probablemente también contribuyan a incorporar
métodos de producción modernos y menos dañinos para el medio ambiente (este es
el caso de la empresa Intel, por ejemplo).
Podemos
analizar más a fondo la producción manufacturera y prever algunas pautas de su
desarrollo futuro. En un trabajo reciente se hizo una estimación de las
emisiones de 28 sectores industriales de cinco países centroamericanos (Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) (CEPAL, 1999). Se tomó un
período pre apertura comercial (1980-82) y un año reciente (1995) y se hizo una
estimación de las emisiones de la industria en ese período atribuible a la
actividad exportadora. A su vez, la variación de las emisiones se descompusieron
en el “efecto escala” y el “efecto composición”. El primero brinda una
estimación de las emisiones que hubiera generado la simple dinámica de las
exportaciones en el lapso 1980-82 a 1995, mientras el “efecto composición” mide
el incremento o decremento en la contaminación atribuible al cambio en la
composición de las exportaciones hacia sectores más o menos contaminantes[28].
Es
interesante señalar primero que, según estas estimaciones y en términos
absolutos, Costa Rica genera alrededor de la mitad de las emisiones
industriales del conjunto de cinco países (3.500 toneladas aproximadamente en
1995), a la vez que El Salvador y Guatemala eran responsables de
aproximadamente el 20% del total, respectivamente, y Honduras y Nicaragua del
resto.
Segundo,
ninguno de los países estudiados parece especializarse en sectores altamente
contaminantes. Costa Rica y El Salvador, con alrededor de 13% de exportaciones
manufacturadas en el grupo de sectores de alta contaminación, eran los países
de la región más propensos a la contaminación industrial en 1995.
Así,
las exportaciones manufactureras de todos los países se concentraban en
sectores de baja contaminación en un rango de entre 55% de las exportaciones
(El Salvador) y el 89% de las mismas (Nicaragua) en 1995. Además, en la mayoría
de los países se había reducido el peso de las exportaciones provenientes de
los sectores más contaminantes entre 1980/1982 y 1995.
Tercero,
en términos dinámicos y a nivel agregado de los cinco países, se estimó que la
contaminación se expandió 47% en el lapso considerado. Todo el crecimiento de
la contaminación parece haber sido originado por el “efecto escala”, es decir,
la sola dinámica de las exportaciones, mientras que el “efecto composición” fue
nulo.
El
fenómeno anterior, sin embargo, no refleja el comportamiento individual de los
países seleccionados. De hecho, los países considerados tuvieron experiencias
muy diferentes. El aumento de la contaminación regional ligada a las
exportaciones fue generado casi enteramente por Costa Rica y El Salvador,
aunque la contribución de este último país era de alrededor de un tercio del país
anterior. En ambos casos hubo un “efecto composición” importante, es decir, un
cambio en la estructura de las exportaciones hacia los sectores más
contaminantes.
En
Guatemala las emisiones industriales se mantuvieron prácticamente inalteradas,
debido no sólo al estancamiento de las exportaciones, sino a su
reestructuración hacia sectores menos contaminantes, reduciéndose así el peso
especialmente de los textiles y los metales no ferrosos en el total de
exportaciones. En Honduras y Nicaragua, las emisiones industriales se redujeron
fuertemente (41% y 55%, respectivamente), en el primer caso como resultado de
una caída en las exportaciones y en el segundo debido a una profunda
reestructuración en el sector exportación, a favor de la industria de baja contaminación.
Al
comparar estos resultados con los de un estudio similar realizado para una
muestra más amplia de países de América Latina[29],
se comprueba que hay una similitud con las conclusiones antes señaladas
(Schatan, 1999). Entre el período pre y post reformas económicas, los países de
tamaño relativamente menor y también más atrasados, reforzaron su vocación
productora y exportadora de bienes primarios o intensivos en recursos
naturales, salvo el caso de Costa Rica. Al mismo tiempo, la mayor parte de
éstos también experimentaron un alejamiento de los sectores altamente
contaminantes en la actividad manufacturera.
En
dicho trabajo se señala que tras las reformas económicas de los años ochenta,
los países medianos y pequeños mantenían un patrón tradicional de exportaciones
y si desarrollaban nuevas líneas, era más bien en commodities intensivas en recursos primarios y altamente
contaminantes (industria química, por ejemplo). Sin embargo, no se consideraba
este patrón como una señal del desplazamiento de industrias sucias a los
países con normas ambientales laxas, pues muchas de las industrias de commodities, por lo general, usan la
mejor tecnología disponible. Ello más bien reflejaba un especial interés de
las empresas nacionales e internacionales por aprovechar la disponibilidad de
recursos naturales abundantes en esos países en un ambiente de libre flujo de
bienes y capitales. Ello no significa, sin embargo, que países como Costa Rica
y El Salvador, donde la industria química ha crecido aceleradamente, no deban
prestar atención a las normas ambientales seguidas por dicha industria.
El
conjunto de condiciones descritas hasta ahora, es decir, prácticas agrícolas
inadecuadas, especialmente las relacionadas al cultivo de granos básicos en
fincas de autosubsistencia y también en las fincas más modernas; la ganadería;
los cultivos de exportación; y la silvicultura; además de la dependencia de la
energía de fuentes tradicionales (leña y carbón); pobreza y alta tasa de
crecimiento demográfica, han tenido efectos devastadores sobre los recursos
naturales. El impacto adverso de la especialización en la producción de bienes
primarios sobre los bosques se ha magnificado debido a la falta de valoración
de los servicios del bosque, la carencia de definición sobre los derechos de
propiedad de la tierra, y los incentivos económicos para el cambio en el uso de
los suelos forestales que se otorgaban hasta hace poco. Para el caso de Costa
Rica, se ha calculado que la depreciación de los recursos naturales entre 1970
y 1989 fue equivalente al 5.6% del PIB, en promedio, anualmente (Solórzano,
1991).
El
caso de Belice, que no ha sufrido el deterioro forestal y de otros recursos
naturales como los demás países centroamericanos, es importante de mencionar
como punto de contraste. Este país tiene una densidad demográfica muy baja
(cuenta sólo con 200,000 habitantes, con un territorio de la magnitud de El
Salvador). Además tiene una tradición productiva diferente a los demás países,
habiendo sido su actividad marítima tradicionalmente más importante que la
terrestre. Ha habido políticas expresas para impedir las prácticas de roza y
quema que han aplicado algunas etnias y, al no ser muy exitosas, se han
sustituido por políticas que promueven el uso sustentable de los recursos
naturales. Hay que notar, sin embargo, que para llevar a cabo esta estrategia
Belice ha contado con apoyo externo importante tanto de Gran Bretaña como de
Estados Unidos (Palacio, 1999).
Para
la región en su conjunto, hacia mediados de los años noventa, la cubierta
forestal abarcaba el 36.2% del territorio centroamericano (excluyendo a
Belice), una cuarta parte menor que la cubierta boscosa de la región en 1980
(Segura, et al, 1997; CCAD, 1998). Si continúa la tasa de deforestación anual
actual de alrededor de 390 mil hectáreas al año en el Istmo, en menos de
cincuenta años se habrá terminado el bosque de la región, los problemas
ambientales para el área serán inconmensurables, y sus posibilidades de
desarrollo económico se verán severamente truncadas.
Más
aun, el impacto ambiental negativo de las prácticas agropecuarias es mucho
mayor al que tendría en otro contexto geográfico, dada la accidentada
topografía de la región (70% del territorio se encuentra sobre laderas) y la
concentración de la propiedad de la tierra. Las mejores tierras están en manos de sectores de ganadería extensiva
y agroexportación moderna con 63% del área en uso para 24% del número de
fincas, mientras el resto de las fincas son propiedades pequeñas y se ubican
preponderantemente en laderas (Leonard, 1987; CCAD, 1998).
La
deforestación del terreno inclinado y expuesto a fuertes lluvias provocadeslaves
e inmediata pérdida de suelos fértiles. A lo anterior hay que agregar que el
elevado crecimiento de la población y la consiguiente creación de nuevos
asentamientos humanos en zonas inestables y vulnerables a fenómenos naturales
devastadores, expone a fuertes peligros a la población de esas áreas.
Las
alteraciones climáticas, en parte, son consecuencia de la fuerte deforestación
acentúan aun más la vulnerabilidad de las zonas afectadas ante nuevos
fenómenos climáticos. Los ríos y lagos que acumulan crecientes sedimentos a
raíz de los deslaves, son incapaces de absorber adecuadamente las nuevas
cargas de agua que se acumulan en época de tormentas tropicales y huracanes,
produciéndose así fuertes inundaciones y, con ello, pérdidas materiales y mayor
destrucción del medio ambiente. Por ejemplo, el huracán Mitch de 1998 alteró
profundamente los sistemas hidrográficos de las regiones afectadas como
resultado de los numerosos derrumbes y deslizamientos de tierra. El
azolvamiento de numerosos ríos y algunos lagos, ha limitado considerablemente
la capacidad de esas zonas de evacuar aguas de escorrentía.
El
evento más trágico que se registró a raíz del huracán Mitch fue el deslave en
las faldas del volcán Casita, próximo a Chinandega en Nicaragua, que sepultó a
varias comunidades campesinas dejando un saldo de al menos 2.000 muertos. En
Honduras y particularmente en Tegucigalpa los derrumbes y deslizamientos
también dañaron fuertemente e incluso enterraron barrios completos de la
ciudad (CEPAL, 1999c). Aun más, existen estudios que demuestran que en Honduras
las aguas que inundaron varias ciudades, incluyendo Tegucigalpa, provenían de
laderas deforestadas donde se aplican prácticas agrícolas insostenibles (PNUD,
1999).
Los
daños del huracán Mitch ocasionados a servicios ofrecidos por las zonas
protegidas, es decir, la captura de CO2, la protección de aguas, la
conservación de la biodiversidad y la preservación de ecosistemas, se estiman
en alrededor de 67.4 millones de dólares y su rehabilitación en al menos 137.7
millones de dólares (CEPAL, 1999e).
Los
cultivos que podrían ser menos destructivos en las tierras más vulnerables,
como cultivos perennes, o el hacer obras de infraestructura para detener la
pérdida de suelo en laderas (muros de retención, etc.), pero que requieren
cierta inversión, no se realizan, no sólo por falta de apoyo financiero, sino
también debido a la incertidumbre que existe respecto a la propiedad de la
tierra. Un ejemplo extremo es el de Guatemala, donde 95% de las tierras rurales
no cuentan con títulos de propiedad oficial (USAID, 1999).
Especial
atención requiere el recurso agua, que es indispensable para el desarrollo.
Centroamérica está dotada de una gran riqueza hídrica, dados sus elevados
niveles de precipitación, pero debido al mal manejo del recurso, éste se está
degradando rápidamente. Las cuencas hidrográficas juegan el doble papel de
vital líquido de consumo humano, insumo para la producción agrícola e
industrial, a la vez que es sumidero de desechos de todos esos procesos (PNUD,
1999). Los bosques y, en general, la cobertura vegetal tiene un rol muy importante,
pero amenazado, para conservar el agua a través de la preservación de los
climas locales, regulación de aguas superficiales, conservación de suelos y su
capacidad de absorber el líquido.
Las
ciudades, cuya población se expande rápidamente, ejercen presión sobre las
aguas subterráneas debido al aumento de bombeo, que puede superar la capacidad
de recarga de esos mantos subterráneos. Al mismo tiempo, la construcción y
ampliación de las ciudades tiende a sellar la capacidad de recarga de estos
acuíferos (debido al uso del cemento, asfalto, etc.) y los desechos sólidos que
se evacuan a través del agua tienden a contaminar ese recurso. Quizás el caso
más agudo es el de la cuenca del río Grande de Tárcoles, que se ubica
enteramente dentro de Costa Rica y se encuentra en la vertiente del Pacífico.
Esta cuenca acoge al 60% de la población del país, 85% de la industria, el
comercio y los servicios. Las aguas superficiales están fuertemente
contaminadas y amenazan con deteriorar también las aguas subterráneas. El
proceso de beneficiado de café es la fuente de 45% de la contaminación
orgánica, la industria genera 31% de esa contaminación y las aguas negras de
los hogares producen el resto (PNUD, 1999). Este cuadro de deterioro es una
fuerte amenaza a la salud humana, y a medida que se agrava la situación el agua
de esta fuente se vuelve progresivamente más inservible. Finalmente, el efecto
contaminante del río Grande de Tárcoles llega hasta la costa, que es una de las
zonas más habitadas y donde la actividad pesquera es intensa, poniendo en
peligro también la salud humana y el medio ambiente y ciertas actividades
económicas en esa área (PNUD, 1999). Cabe mencionar que, aunque en menor
medida, todas las cuencas hidrográficas de Centroamérica adolecen de la mayor
parte de los problemas señalados para el río Grande de Tárcoles. El hecho de
que varias de ellas traspasen límites geográficos nacionales hace más difícil
su protección pues no existe en Centroamérica un mecanismo que coordine el
manejo de estas cuencas de una forma conjunta entre los países involucrados
(USAID, 1999).
El
deterioro de las cuencas hídricas contribuyen a hacer más vulnerable a la
población que vive cercana a ellas y a los recursos naturales que dependen de
ellas. En este contexto parecen impostergables tareas como: (a) identificar las
zonas más vulnerables a desastres naturales, entre las que están inundaciones,
derrumbes, deslaves, incendios y sismos para evitar asentamientos humanos en
esas áreas; (b) efectuar obras de infraestructura que permitan aliviar el
impacto de los fenómenos naturales mencionados; se pueden considerar drenajes,
defensas fluviales, embalses, etc.; (c) también habría que rediseñar obras de
infraestructura (puentes, caminos alcantarillado, etc.) expuestas a destrucción
ante fenómenos naturales como los huracanes, de forma que se evite su derrumbe
o destrucción futura, con los costos de vidas humanas y otros. (CEPAL, 1999b);
(d) poner en práctica un manejo adecuado de cuencas hidrográficas, eliminando
la obstrucción de ríos, desasolvarlos, reforestar sus orillas, etc.; (e)
proteger ecosistemas importantes para el recurso hídrico, como son los bosques
nubosos de altura, pues pueden almacenar grandes cantidades de agua pluvial,
así como humedades costeras y palestrinos (PNUD, 1999).
Por
último, hay que notar que el impacto de la deforestación sobre la atmósfera
también es muy negativo. Según estimaciones del World Resources Institute
(1997), el cambio en el uso de tierra generaba por lo menos cuatro veces más
emisiones de CO2 que el consumo de combustibles fósiles en todos los
países centroamericanos. Este fenómeno se ha profundizado como resultado de los
incendios. Entre diciembre de 1997 y mayo de 1998, 2.5 millones de hectáreas,
es decir casi 5% del territorio centroamericano fue afectado por incendios
forestales. Ello responde, además de los cambios climáticos, a un manejo
inadecuado del bosque, y la falta de regulación de las actividades forestales
(PNUD, 1999).
La
falta de valoración de los servicios que los recursos naturales proveen a la
sociedad ha sido uno de los motivos más importantes detrás de su uso no
sostenible en Centroamérica. Sin embargo, la retribución a la conservación de
algunos de esos recursos es difícilmente costeable para dichos países. Por
este motivo, la creación de mecanismos internacionales para que diversos países
puedan comprar y vender servicios de absorción de CO2, por ejemplo,
potencialmente es una fuente importante de financiamiento para proteger los
bosques centroamericanos y los de otros países en desarrollo, a la vez que
responden a la preocupación global por el deterioro ambiental mundial.
Con la
Convención sobre Cambio Climático (1992), los países industrializados
convinieron en tomar medidas para estabilizar las concentraciones de gases que
producen el efecto invernadero en la atmósfera. En la reunión de Kioto (1997),
dichos países acordaron reducir en 5% esas emisiones, respecto a los niveles de
1990, entre 2005 y el 2012. Dentro de este marco, la creación del Mecanismo de
Desarrollo Limpio (MDL), que permite a los países del Anexo I (países
industrializados y economías socialistas en transición) financiar proyectos en
países en desarrollo para que, a través del secuestro de carbono o de reducción
de emisión de ese gas en esos últimos países, los primeros puedan cumplir con
sus propios compromisos de reducción de gases invernadero.
La
inversión de los países del Norte en los sectores forestal (gestión de bosque
naturales y plantaciones forestales) y de energía (generación de electricidad
con fuentes renovables y eficiencia energética) puede ayudarlos a cumplir con
sus compromisos adquiridos en la Convención sin tener que incurrir en los altos
costos de hacerlo en sus países. Por ejemplo, mientras reducir una tonelada de
carbono en un país industrializado cuesta entre 80 y 120 dólares, para Costa
Rica fijar una tonelada de ese gas mediante la conservación o reforestación de
su bosque se estimaba en 10 dólares la tonelada en 1998[30],[31].
A pesar de que el comercio de bonos de absorción de CO2 se reconocerá
a partir del año 2000 dentro de un proyecto piloto, en el marco del MDL se han
impulsado alrededor de 90 proyectos a nivel mundial, de los cuales 20 están
ubicados en América Central (INCAE y HIID, 1999).
Entre
los anteriores, aquellos para generar energía en forma sostenible han sido más
fáciles de colocar que aquellos diseñados para la protección del área de
bosques. Las dificultades que enfrenta este último tipo de proyectos tiene que
ver sobre todo con la falta de certidumbre acerca de la propiedad de la tierra
y, por tanto, del uso de suelo que puede dársele en el futuro a bosques que
respaldan los bonos a veinte años de captación de CO2.
Por
otra parte, en la mayoría de los países de la región se está rediseñando la
política forestal con el fin de que los esfuerzos que se realicen para que la
protección de la naturaleza se convierta en una actividad rentable en sí. Costa
Rica ha sido pionera en sentar las bases para aprovechar las oportunidades que
ofrece el MDL, al considerar en su Ley Forestal de 1996 al menos cuatro
servicios que proveen los bosques: (a) protección de aguas para consumo humano
y generación hidroeléctrica; (b) belleza escénica; (c) biodiversidad y
contribución a la captura de dióxido de carbono; (d) contribución para resolver
el problema del cambio climático.
La
posibilidad de pagar los servicios forestales y financiar créditos para el
manejo de bosques, reforestación, sistemas agroforestales, entre otros en Costa
Rica, depende en gran parte de los recursos que logre captar el nuevo Fondo
Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) creado a través de la nueva Ley
Forestal de 1996. Los recursos reunidos por este fondo provienen de un impuesto
a los combustibles de 3% y los ingresos que genere la emisión de bonos de
captación de CO2 así como otras fuentes menos importantes (canje de
deuda externa, entre otras).
El
potencial para vender servicios ofrecidos por los recursos naturales van mucho
más allá de los sumideros de CO2 y de la generación de energía de
fuentes renovables. La rica biodiversidad tiene también un gran potencial. Por
ejemplo, de medio millón de plantas y especies, sólo el 1% de ellas se ha
investigado con el fin de encontrar en ellas dotes terapéuticas. Sin embargo,
se necesita un esfuerzo mayor que el que se hace actualmente para lograr
producir un valor agregado a estos recursos biológicos. Se requiere que los
países del área se integren de alguna manera a los mercados internacionales de
recursos biológicos, además de una legislación que proteja los conocimientos en
este terreno de manera que los países puedan usufructuar de esta riqueza. Así,
esta actividad podría ser un medio para elevar el nivel de vida de la
población, especialmente la rural que vive estrechamente ligada a estos
recursos (Castro, 1999).
Otra
fuente para remunerar los servicios de la naturaleza centroamericana es el
ecoturismo. El turismo en América Central, tras un período de estancamiento o
retroceso en los años ochenta, debido a los conflictos bélicos en la región,
tuvo un auge marcado en los años noventa. En efecto, el ingreso proveniente de
esa actividad se expandió a un ritmo de 11.5% anual entre 1986 y 1996, es
decir, una tasa muy similar a la dinámica mundial de dicha actividad (INCAE y
HIID, 1999). La Organización Mundial de Turismo y Banco Mundial (1998) ha
pronosticado que durante los próximos veinte años el turismo tiene una perspectiva
muy alentadora, ya que se espera que el número de turistas se eleve de 613
millones en 1997, a 1.6 mil millones en el año 2020. Los ingresos derivados de
esa actividad también se elevarían de US$443 mil millones en 1997 a más de US$2
billones en el 2020.
Pero
en términos del medio ambiente, gran parte del turismo es dañino para las áreas
más frágiles de la naturaleza, como los arrecifes, los bosques de lluvia, los
bosques de nubes y la biodiversidad. A pesar de lo limitado del peso del
ecoturismo dentro de la actividad turística global es el sector que mayor
dinámica ha tenido en comparación con el componente tradicional de ese servicio.
De hecho, se estima que el turismo ecológico en sus diversas modalidades
(aventuras, deportivo, educación, visita a sitios arqueológicos, etc.) ha
crecido en 25 o 30% anualmente en la última década (INCAE y HIID, 1999).
Este
último tipo de turismo se hace respetando a la naturaleza, y el costo de
hacerlo se traspasa a los usuarios de ese servicio. Además, esta actividad crea
empleos – al menos uno o dos por habitación de hotel – y debido a que mucho del
turismo ecológico se hace en las partes más atrasadas de los países en
desarrollo, tiene un efecto benéfico sobre el nivel de vida de esas regiones.
Más aun, el empleo turístico crece alrededor de 50% más que los empleos en
cualquier otra industria (Banco Mundial y Organización Mundial de Turismo, 1998).
La
evolución de este tipo de servicio en los próximos años será muy importante
para financiar áreas ambientalmente valiosas, pero la zona de turismo
tradicional requiere de mayores reglamentos y fiscalización para detener la
destrucción de manglares y zonas costeras.
Este
es un mecanismo que se comenzó a usar a fines de los años ochenta[32]
y que ha tenido el propósito de ayudar a reducir la gran deuda que habían
contraído los países en desarrollo con los bancos privados internacionales
desde 1979 y, a la vez, favorecer la protección de la naturaleza. En esta
operación un organismo internacional (generalmente una ONG) compra deuda de
algún país en desarrollo en el mercado secundario con un fuerte descuento,
luego dicho organismo acuerda con alguna institución basada en el país un plan
ambiental específico y, finalmente, el Banco Central del país en desarrollo
convierte los títulos de deuda adquiridos por la ONG internacional a moneda
local (pero por el valor total del título, en moneda nacional), lo que
finalmente se traspasa a la ONG nacional para financiar el proyecto ambiental.
Los
CDN en su primera versión, por representar una potencial presión inflacionaria
y por ser financieramente complicados de implementar no tuvieron una gran
recepción, aunque algunos países como Costa Rica se beneficiaron de varios de
los CDN. Sin embargo, ese propio país interrumpió temporalmente uno de esos CDN
por un monto de cien millones de dólares por temor a sus posibles efectos inflacionarios
(Miller, 1991).
La
segunda generación de CDN, que comenzaron a utilizarse a principios de los
años noventa – con nuevas disposiciones introducidas por el Club de Paris
(1990/91) y otra incluídas en la Iniciativa de las Américas (1990) – y que
puede realizarse con deuda contraída con gobiernos de otros países, abrió una
nueva puerta muy prometedora para el financiamiento de organismos
ambientalistas nacionales a través de la creación de fondos especiales con este
fin (Gugler, 1997).
Existen
experiencias exitosas de introducción de métodos de conservación de los
recursos naturales incluso entre los productores de subsistencia. En Honduras,
el Land Use Productivity Enhancement
(LUPE) es un proyecto que difundió a partir de 1980 métodos para conservar
suelos en laderas y simultáneamente mejorar la eficiencia de los productores de
granos básicos en esos terrenos. Alrededor de 37.500 familias incluídas en este
programa y que ocupaban más de 50.000 hectáreas, han adoptado estos métodos de
cultivo y además de proteger el suelo, lograron aumentar sus ingresos en 50%
(USAID, 1999). La conservación de suelo la han conseguido con la construcción
de terrazas de piedra, con barreras vivas de vetiver, cubierta orgánica o
agroforestería. Un indicador de esto último es el hecho de que con el Huracán
Mitch, las fincas que estaban bajo el sistema de LUPE sufrieron escasos daños
comparado con las fincas que no habían tomado estas medidas preventivas (USAID,
1999).
Asimismo,
los distintos métodos de producción en los cafetales registraron diversos
grados de resistencia ante los embates de Mitch. Las zonas cafetaleras de sol
sufrieron con el huracán muchos más daños que las zonas de sombra, que
conservan en mayor medida el suelo. Además, la calidad inferior del café de sol
al de sombra, que se refleja en una diferencia de precios a favor de este
último y un margen de ganancias más elevado[33],
no justifica el cambio de la forma tradicional de cultivo a aquellas variedades
de sol (Harner y Pratt, 1997). En este sentido, las técnicas y variedades
tradicionales de café son desde todo punto de vista, incluso económico, más
favorables que las nuevas variedades. En este caso, una política para conservar
las prácticas tradicionales de cultivo de estos granos sería de gran valor para
el medio ambiente y no erosiona la economía del productor.
El
método orgánico de cultivo de productos agrícolas también cumple la doble
función de ser amigable al medio ambiente y muy rentable. Aunque esta veta no
se ha desarrollado mucho en Centroamérica, estos productos son muy prometedores
por la dinámica de su mercado a nivel mundial (crece a un ritmo de 25% anual).
Ello contrasta fuertemente con los mercados de productos agrícolas
tradicionales, cuyo crecimiento se estima en 2% anual (Rosen y Larson, 1999,
citado en INCAE y HIID, 1999). Dentro de éstas, el mercado potencial para las
maderas producidas en forma sostenible es muy prometedor (INCAE y HIID, 1999).
La
certificación ambiental para los productos silvícolas tiene un mercado
internacional potencial muy grande dada la enorme demanda por esos productos.
Sin embargo la certificación en la región es aun incipiente. Actualmente
existen 16 Unidades de Manejo Forestal (UMF) certificadas y una sola industria
en este rubro. Así, el área certificada en Centroamérica es de 176.736
hectáreas, de las cuales 87% es bosque natural, y el resto son plantaciones. De
esta últimas, el total del área certificada está ubicada en Costa Rica.
(Rodríguez, 1999).
Las
expectativas para el sector silvícola son buenas pues el cambio en las
legislaciones nacionales conducirán a un mejoramiento en el desempeño ambiental
de este sector y, por lo tanto, estarán más cerca de cumplir con las exigencias
de los sellos ambientales u otros instrumentos de ese tipo. En Honduras, por
ejemplo, se están introduciendo cambios en el marco reglamentario para la
producción de madera, tales como la exigencia de planes de manejo,
levantamiento de mapas, entre otros, y que han implicado un esfuerzo especial
por parte de los productores (Flores Rodas, 1999).
En el
campo de la energía, la demanda ha estado creciendo a altos ritmos en los
últimos años en la región y, dado el rezago en el acceso a la energía de una
parte importante de la población, la capacidad de generación de ella tendrá que
casi duplicarse en los próximos seis a siete años. El riesgo de esta
perspectiva es que se expanda la energía térmica en lugar de utilizar la
energía hidroeléctrica (que requiere de inversiones más grandes y de más larga
maduración que las plantas de electricidad térmica) u otras formas de generar
energía en base a recursos renovables y no contaminantes.
La
región tiene grandes potencialidades en el terreno hidroeléctrico. Salvo El
Salvador, Panamá y Belice, los demás países tienen posibilidades de aumentar
sustancialmente la generación de electricidad mediante plantas hidroeléctricas.
De hecho, la reserva hidroenergética más importante, que es la vertiente que
drena hacia el Caribe, está utilizada en sólo 6.5% de su capacidad y Nicaragua
presenta la mayor subutilización (Pasos, 1994).
En
cuanto al ahorro de energía, también hay muchas perspectivas prometedoras. Si
los ingenios se modernizaran hasta lograr una productividad promedio de 60
kilovatios por hora (actualmente la producción de electricidad de ese sector
es, en promedio, de 10 a 20 KW por hora), el potencial de generación de este
sector podría satisfacer alrededor de 8 a 10% de la demanda total de energía
en la región (BUN-CA, 1997).
Existen
grandes incógnitas acerca del comportamiento económico y ambiental de los
países centroamericanos en los próximos veinte años. Sin embargo, se cuenta con
algunas proyecciones de variables bastante confiables. Este es el caso de la
tasa de crecimiento demográfico que para el total de población de la región
centroamericana (exceptuando Belice[34])
se estima en 2.32% promedio anual para el período 2000-2020, una tasa
comparativamente alta dentro del contexto mundial. En ese período, la
población aumentaría de 36.1 millones de personas en el año 2000 a 53.7
millones en el 2020.
Los
indicadores demográficos nos dan, ceteris
paribus, una pauta respecto a la fuerte demanda que puede originarse sobre
nuevas tierras agrícolas y urbanas, con los consiguientes resultados ambientales.
Además, la expansión de la población en casi 50% durante las próximas dos
décadas elevará fuertemente la demanda de alimentos, lo que, dependiendo de su
composición y la forma en que esta demanda se satisfaga, determinará el grado
en que ello presione los recursos naturales. También es posible esperar un
fuerte incremento de la demanda de energía, no sólo debido a la expansión
demográfica, sino también al gran rezago que se ha acumulado en el suministro
de ese servicio en años recientes.
En el
panorama mundial, se estima que la tendencia a la caída en los precios
internacionales de alimentos, especialmente los de granos básicos, se detendrá
o se reducirá. De hecho, en la segunda mitad de los años noventa estos granos
registraron los niveles de precios más bajos del siglo, pero el continuo
descenso del rendimiento en la producción de alimentos y la creciente demanda
de granos para alimentar al ganado a nivel mundial, contrarrestaría al menos en
parte la tendencia mencionada. De todas formas, hay que considerar que los
precios del maíz, arroz y trigo seguirán siendo bajos (Pinstrup-Andersen,
Pandya-Lorch, Rosengrat, 1999).
Las
perspectivas para la actividad exportadora, que ha sido el sector económico de
punta en los últimos quince o veinte años, son inciertas. Las posibilidades de
que haya una mayor apertura para los productos agrícolas en los países
industrializados a través de la nueva ronda de negociaciones de la Organización
Mundial del Comercio (OMC), iniciada a fines de 1999 son poco prometedoras. Por
el contrario, es posible que los países del Istmo se enfrenten a dificultades
para tener acceso a mercados, especialmente el de Estados Unidos, si no se
renuevan algunos de los acuerdos preferenciales que existen hoy entre
Centroamérica y Estados Unidos. Entre ellos están el Sistema Generalizado de
Preferencias (GSP) y la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI).
Aun en
el esquema de proteccionismo anterior, el cambio en la composición de la
demanda mundial de productos agrícolas de más valor abre una oportunidad a los
países del área de situarse en nichos dinámicos del mercado internacional
(véase Zuvekas (1999) sobre este tema).
Un
ámbito que merece especial atención es el de productos pecuarios, dado que se
espera un crecimiento del mercado internacional de 56% entre 1995 y el año 2020[35],
(ello no sólo debido al crecimiento del ingreso per cápita, sino también a la
tendencia a la mayor urbanización en los países en desarrollo, lo cual
diversifica profundamente los patrones de consumo de alimentos)
(Pinstrup-Andersen, Pandya-Lorch, Rosengrat, 1999). De hecho, existe la
expectativa de una “revolución pecuaria” en los próximos veinte años propiciada
por el aumento de consumo de carne en los países en desarrollo (Delgado,
Rosengrat, Steinfeld, Ehui y Courbois, 1999). Considerando que uno de los
problemas ambientales más grandes en Centroamérica lo genera la ganadería, esta
situación significa tanto una amenaza como una oportunidad. Estas
circunstancias podrían aprovecharse si cambian radicalmente los métodos de
producción pecuaria, de forma que ésta se vuelva más intensiva y competitiva
pero, a la vez, sustentable.
En
cuanto al comercio de bienes y servicios no agrícolas, las tendencias son más
inciertas. Si el Tratado de Libre comercio para las Américas se logra afianzar
a partir del año 2005, eventualmente los rubros 9802.00.60 y 9802.00.80 del
Esquema Armonizado de Tarifas de Estados Unidos, puede dejar de operar en igual
forma como está previsto que ocurra en el TLCAN. Ello dejaría a la región con
un problema importante para la maquila, sector que ha podido crecer a altas
tasas gracias a ese tratamiento preferencial (Rodas-Martini, 1999). El comercio
de servicios, en contraste, especialmente en lo relativo al turismo tiene
buenas perspectivas, especialmente en el turismo no tradicional, como
eco-turismo, turismo cultural, turismo de aventuras, donde Centroamérica tiene
una ventaja comparativa importante. Se ha estimado que para este último
segmento, el mercado puede crecer en alrededor de 25 a 30% al año durante la
próxima década (INCAE y HIID, 1999).
De
todas formas, es probable que el mercado mundial siga creciendo a tasas más
elevadas que el PIB global en los próximos veinte años, ofreciendo
posibilidades a los países centroamericanos de que las exportaciones continúen
siendo un pivote del proceso de crecimiento de la región. Dentro de un probable
marco de proteccionismo en el área agrícola en los países industrializados,
pero de apertura en otras áreas, un esfuerzo exportador exitoso tendría que
diversificar la composición de los bienes colocados en el mercado
internacional, lo que favorecería ambientalmente a la región.
Debido
a la incertidumbre en el comportamiento futuro de numerosas variables, en un
análisis prospectivo del comportamiento del desarrollo y el medio ambiente,
conviene considerar al menos tres escenarios: uno base, uno optimista, y uno
pesimista.
En
este escenario, para el período 2000-2020 se mantiene una tasa de crecimiento
promedio del PIB de los últimos quince años, es decir, entre 3 y 4% anual[36]
(excluyendo a Belice). La tasa de crecimiento de las exportaciones se estiman
en alrededor de 8%, es decir, algo menor al 11%[37]
registrado en el período 1990-1998, ya que se espera que el proceso de apertura
a nivel mundial avance en forma más lenta.
De
todas formas, el sector externo, al igual que en el período 1985-1999 sigue
siendo el motor de las economías de la región, pero la demanda interna hace una
contribución mayor a la de los últimos diez años. Centroamérica logra mantener
el acceso a los mercados de Estados Unidos a través de la renovación de los
acuerdos comerciales preferenciales y/o a través de la “Paridad con el TLCAN”.
También se mantienen las facilidades para la exportación de la maquila a
Estados Unidos, de manera que dicho sector continúa siendo muy dinámico y un
polo de atracción del capital extranjero. Finalmente, el sector exportador de
servicios se expande muy dinámicamente, especialmente aquel relacionado con el
turismo, ya que las condiciones para ello progresan en cuanto a infraestructura
y diversificación hacia nichos donde Centroamérica tiene ventajas comparativas.
Bajo
el esquema descrito, Centroamérica logra reorientar moderadamente su
producción hacia sectores dinámicos de exportación, pero no suficientemente
como para atraer en forma significativa mano de obra de sectores improductivos
rurales o urbanos. Así, si bien se presenta un incremento marginal del ingreso
per cápita (0.9% anual[38]),
la distribución del ingreso sigue prácticamente intacta y la pobreza no se
reduce en términos absolutos.
Los
métodos de producción en el agro, excepto en los que producen para la
exportación, se mantienen prácticamente inalterados. La ganadería sigue siendo
extensiva y el sector de granos básicos continúa en gran parte siendo de
subsistencia o, si no, utilizan tecnologías muy dañinas para el medio ambiente.
El sector exportador permanece desvinculado de los otros sectores
agropecuarios. En este sector, principalmente por presiones externas, se tiende
a mejorar el desempeño ambiental en cultivos tales como el café, el banano y
algunos productos no tradicionales para la exportación.
Respecto
a la deforestación, ésta continúa a tasas algo menores que las del período
reciente como resultado del mejoramiento del manejo forestal en parques
nacionales, y la incorporación de nuevas áreas forestales a planes de manejo,
gracias a los mayores recursos obtenidos a través de la venta de algunos
servicios forestales y al apoyo externo de otro tipo. Los bosques al margen de
estos programas se siguen deforestando al mismo ritmo anterior. Ello ocurre
debido a que continúa habiendo un sector social pobre importante en el agro,
una gran inseguridad en la tenencia de la tierra, una considerable imperfección
del mercado interno y el desconocimiento del potencial del sector silvícola u
otros productos no maderables del bosque en el mercado nacional e
internacional.
La
emisión de bonos ya mencionada, debido a la inseguridad en la tenencia de la
tierra, no tiene mucho éxito en el mercado internacional y consiguen
comparativamente más aceptación los bonos para producir energía con base en
recursos renovables. Asimismo, fluyen recursos externos a la región, pero, al
igual que en los últimos años, éstos están dispersos y no siempre responden a
las prioridades ambientales nacionales o regionales.
En
cuanto al marco legal e institucional, éste avanza lentamente, pero se hace más
instrumental, al incorporarse los reglamentos faltantes en las leyes
ambientales y al promulgarse normas sobre el uso de recursos naturales y de
emisiones máximas por cada medio. La aplicación de este marco normativo, sin
embargo, sigue siendo débil.
En
este escenario se percibe una profundización de la disociación entre el sector
que produce para el mercado interno y aquel vinculado a las exportaciones,
siendo en este último el que más contribuye al desarrollo económico y donde se
hacen más avances en el cuidado del medio ambiente. Sin embargo, dado que esta
actividad está desvinculada de la mayor parte del patrimonio de recursos
naturales, no revierte la tendencia al deterioro ambiental general, registrado
hasta ahora.
En
este escenario, las perspectivas para el crecimiento económico se deterioran
(el PIB crece, en promedio, 2% anual) como consecuencia de varios factores.
Primero, la región encuentra dificultades en el mercado internacional para
colocar sus bienes debido (i) al fracaso de las negociaciones para lograr una
mayor apertura para los productos agrícolas en la Ronda del Milenio de la OMC;
(ii) a que se frustran las aspiraciones de Centroamérica para conseguir de
Estados Unidos un trato paritario con el TLCAN; (iii) la estructura de
exportaciones agrícolas se mantiene relativamente inalterada, concentrándose
mayormente en productos agrícolas tradicionales, cuyo mercado internacional,
excepto en el caso del banano, tiende a decaer; (iv) a la expiración de los
acuerdos que proveen actualmente preferencias arancelarias a los países
Centroamericanos en el mercado de Estados Unidos; (v) excepto en Costa Rica, la
maquila no logra encontrar nuevos nichos de especialización y es desplazada
parcialmente por otros países que ofrecen salarios aun más bajos (China, etc.).
Eventualmente, se pierde la posibilidad de exportar productos maquilados a
Estados Unidos a través de los capítulos 9802.00.60 y 9802.00.80 de su tarifa,
pues desaparece este trato preferencial.
Segundo,
la exportación de servicios, especialmente de turismo, no puede seguirse
expandiendo al ritmo registrado hasta 1999, al reanudarse el estado de
inseguridad en la región tras la aparición de nuevas tensiones políticas y
sociales.
Tercero,
la pérdida de mercados preferenciales en Estados Unidos aunado a la mayor
inestabilidad en la región, desanima el flujo de capitales externos, afectando
negativamente el crecimiento económico.
La
protección al medio ambiente se ve inhibida ya que, primero, el cuadro
económico mencionado resulta en un estancamiento en el nivel de vida de la
población y una mayor desigualdad social, aumentando la proporción de población
pobre dentro del total. El rezago social en el agro se ve exacerbado por la
apertura a la importación de granos básicos, cuyos precios a nivel
internacional son bajos, desplazando a productores agrícolas, particularmente
los pobres. En el agro la mayor pobreza genera emigración a las ciudades y
presiones sobre el recurso forestal, entre otros.
Segundo,
en materia energética, el bajo crecimiento del PIB por un lado reduce la
necesidad de elevar a un alto ritmo el suministro de ella pero, por otro,
detiene la implementación de proyectos de generación de energía renovable y
electrificación de zonas rurales, que podrían sustituir en gran parte la
dependencia de fuentes tradicionales de energía, especialmente la leña.
Tercero,
la pérdida de importancia del cuidado del medio ambiente en la agenda de los
gobiernos de la región registrada a fines de los años noventa se acentúa,
debido a las dificultades económicas que enfrentan los países. En
consecuencia, los gobiernos reducen el presupuesto de las dependencias
encargadas del medio ambiente y no terminan de consolidarse ni las leyes ni las
instituciones a cargo de las funciones de protección ambiental. Al mismo
tiempo, se descuidan aspectos cruciales para frenar la deforestación, como el
ordenamiento territorial y el régimen de tenencia de la tierra.
Cuarto,
los bonos colocados en el mercado mundial tanto para captar CO2 como
para crear plantas de producción de energía renovable no tienen éxito, en vista
de la incertidumbre provocada por la falta de transparencia en los regímenes de
propiedad de la tierra y de la situación de inestabilidad social y política.
Así, estos instrumentos deben venderse en el mercado financiero internacional a
precios muy bajos que no cubren el servicio de los recursos naturales que se
intenta proteger.
Quinto,
la integración regional en términos ambientales no prospera y ALIDES se
debilita aun más que a fines de los años noventa debido a niveles de desarrollo
muy heterogéneos en el Istmo y, por lo tanto, a la imposibilidad de que los
países hagan una contribución equitativa para cuidar el ambiente compartido
(cuencas acuíferas, bosques fronterizos, protección de la biodiversidad,
manglares y otros). Este resultado también es consecuencia de la debilidad de
la política ambiental de los gobiernos.
En
síntesis, bajo este escenario, con una baja tasa de crecimiento del PIB,
limitadas posibilidades de expansión de las exportaciones, una reducción del
flujo de capitales extranjeros, una falta de diversificación de la producción,
una carencia de política ambiental efectiva, y una mayor pobreza, se acentúan
los problemas de vulnerabilidad de la población marginal rural y urbana, no hay
incentivos para cambiar los métodos de producción por tecnologías más
sustentables ni en el agro ni en zonas industriales. A la vez, y dado el ritmo
de crecimiento de la población, se siguen invadiendo tierras especialmente
vulnerables tanto en sectores urbanos como rurales, poniendo en aun mayor
peligro a la población marginal que los habita.
En
este escenario, la actividad económica crece a una tasa de alrededor de entre
5 y 6% anual entre el 2000 y el 2020. Las exportaciones conservan el rol de
motor del crecimiento, pero gracias al incremento de los ingresos per cápita
también aumenta significativamente la demanda interna (consumo e inversiones).
En general, disminuye la desigualdad y se diversifica la producción en el agro
y la manufactura, aliviando la presión sobre la frontera agrícola. La
deforestación anual disminuye en alrededor de 80%, de acuerdo con un escenario
sustentable de desarrollo para América Latina (Winograd, Farrow, Eade, 1998) y
la reforestación adquiere mucho impulso.
En el
sector rural, el sector exportador logra elevar los ingresos per cápita de la
mano de obra vinculada a esta actividad por varios medios: (i) se aprovechan
la grandes oportunidades que ofrece el mercado mundial para productos y
servicios amigables con el medio ambiente, es decir, se eleva la exportación de
productos que incorporan el costo ambiental en sus precios. Este sería el caso
de los bienes cultivados en forma orgánica (café orgánico, bananos orgánicos,
etc); (ii) se eleva la producción de carne para la exportación mediante un
mejoramiento en la productividad, es decir, se intensifica la producción en
zonas ganaderas a través de mejores pastos, introduciendo sistemas de
irrigación, entre otras formas de aumentar la carga por hectárea; (iii) se
cambia el uso de suelo de zonas ganaderas abandonadas a cultivos que se puedan
llevar a cabo en tierras poco fértiles y que, a su vez, se puedan exportar
(cítricos, entre otros); (iv) se amplía la actividad silvícola en forma
sostenible y se producen bienes de madera con sello verde para el mercado
internacional; (v) se avanza en la asignación de valor a los servicios
ambientales, que anteriormente no se reconocía, y se comercializan a nivel
internacional a un precio adecuado, tal como la venta de bonos de captura de CO2
y proyectos energéticos “verdes”.
El
sector productor de granos básicos mejora sus ingresos per cápita a través de:
(i) la productividad de la mano de obra, que inicialmente es muy baja, se
incrementa al haber una porción de ella que es atraída por los sectores de
punta. Así, los campesinos que permanecen en el sector productor de granos
básicos elevan su productividad per cápita; (ii) con el respaldo coordinado del
gobierno, las ONG e instituciones financieras internacionales, se introducen en
gran escala tecnologías de agro-forestería y silvo-pastoril que preservan la
calidad del suelo y, por tanto, su rendimiento. También estas prácticas
contribuyen a mejorar y estabilizar a lo largo del año los ingresos per cápita
de los campesinos con base en la diversificación de la producción que estos
métodos implican.
El
sector manufacturero se diversifica: (i) una parte de éste produce bienes con
mayor valor agregado, lo que permite también relajar la presión sobre los
recursos naturales. La agroindustria de exportación toma especial impulso a
través de las exportaciones dentro de la región centroamericana y fuera de
ella; (ii) la industria maquiladora se fortalece, y encuentra nichos donde se
requiere mayor calificación de los trabajadores y se agrega mayor valor a la
producción, contribuyendo a elevar los ingresos de este sector de trabajadores
(estas nuevas áreas incluyen la maquila de información); aun cuando pueda
desaparecer el régimen especial de maquila en la tarifa de EEUU, gran parte de
esta industria podría mantenerse competitiva, dado su giro hacia productos más
sofisticados; (iii) las normas ambientales se comienzan a aplicar más y, por lo
tanto, las grandes y medianas empresas invierten en tecnología más limpia. Las
pequeñas empresas manufactureras siguen generando un problema ambiental
importante y difícil de controlar y sólo la participación de las comunidades
afectadas puede impulsar acciones para detener procesos contaminantes agudos.
Los
servicios cambian de composición a favor del ecoturismo y los servicios hasta
ahora no valorados del bosque, lo que da lugar al aumento del ingreso de la
población ligada a su producción. Algunos otros servicios se vuelven más
amigables con el medio ambiente: en transporte, la planta vehicular emite menos
contaminantes al aire, al continuar aplicándose los compromisos regionales e
internacionales para el control de sus emisiones, y al contar el gobierno con
mayores recursos para apoyar la renovación de la plantas. Los proyectos de
construcción de plantas hidroeléctricas, apoyada por el Mecanismo de Desarrollo
Limpio permite ir dependiendo cada vez menos de las plantas termoeléctricas y
el acceso de la población a electricidad, reduce la tala de árboles con propósitos
energéticos.
En
este escenario optimista, con mayores ingresos per cápita y menor desigualdad
social, también comienza a mejorar el nivel educativo y de salud de la
población y se desarrolla una mayor conciencia ambiental. Ello, junto con el
cambio en la composición de la producción y la redistribución geográfica de la
población, reduce la presión sobre la frontera agrícola y otros sectores
vulnerables.
La
tarea de buscar sinergias entre medio ambiente y expansión económica en los
países centroamericanos es indispensable para hacer factible un desarrollo
futuro. Más aun, varios de los países que actualmente parecen estar sitiados
en una condición de bajos niveles de vida y en un círculo vicioso de
estancamiento económico-pobreza-destrucción ambiental, pueden encontrar parte
de la solución a este problema en su riqueza ecológica. Por el contrario, la
indiferencia al problema ambiental puede terminar con los recursos naturales,
que hasta el presente han sido la fuente básica del desarrollo económico.
Estudios
muy valiosos realizados recientemente (CCAD, 1998; PNUD, 1999) presentan
análisis de diagnóstico ambiental muy inquietante para Centroamérica. A la vez,
es muy esperanzador avizorar soluciones basadas en el desarrollo de la competitividad
de bienes y servicios ambientalmente amigables, como las que investiga INCAE y
HIID (1999). Sin embargo, en el primer caso, las propuestas para una solución
al problema económico-ambiental a largo plazo son escasas (excepto para el caso
del agua por parte del PNUD, 1999) y, en el segundo caso, las soluciones
sugeridas son demasiado optimistas si se considera que se necesitará un período
largo de tiempo para que las ventajas competitivas amigables con el medio
ambiente dominen la actividad económica y se extienda a todos los sitios
ecológicamente ricos (excepto, quizás en el caso de Costa Rica).
Así,
el propósito del presente estudio ha sido recalcar la característica compleja y
multifacética de la relación entre la actividad económica y el medio ambiente y
lo igualmente intrincado de una posible interacción constructiva entre ambas
esferas. No parece haber una forma única de revertir la dinámica perversa entre
esos ámbitos sino, más bien, es indispensable que confluyan una serie de
elementos que contribuyan a lograr este propósito. Existen ya una serie de
experiencias de las cuales pueden derivarse lecciones sobre las mejores vías.
Así,
destaca el desarrollo de ciertos mercados ambientales que valorizan los
servicios ecológicos y facilitan su comercialización lo que permite, a su vez,
generar ingresos que ayudan a proteger y/o a usar en forma sostenible los
recursos naturales. Puede esperarse, además, que los polos agrícolas,
industriales y de servicios más dinámicos sean capaces de atraer la
participación, al menos parcial, de los campesinos que viven en una economía de
subsistencia y de población urbana muy pobre y que se ubican, en ambos casos,
en áreas especialmente vulnerables.
Sin
embargo, debido a una serie de factores, tales como la falta de transparencia
de la propiedad de la tierra, existen extensas áreas ambientalmente muy ricas
que tardarán mucho tiempo en poder introducirse en los nuevos mercados de
servicios ambientales. También se encuentran áreas muy vulnerables y a la vez
muy presionadas por la presencia humana que están al margen de los mercados mencionados.
Los mercados económicamente muy dinámicos y ecológicamente sustentables, por
su parte, no son capaces de desarrollarse al ritmo necesario para revertir la
tendencia de deterioro de los bosques, de los pastizales, de zonas urbanas
degradadas entre otros. Ello puede afirmarse aun para Costa Rica, que fue el
único país centroamericano donde las reformas económicas emprendidas hace casi
veinte años fueron acompañadas de un cambio efectivo en el uso de suelo en el
sector agrícola.
De
esta manera, además del impulso a los mercados de servicios y actividades
económicas que favorecen al medio ambiente, son necesarias una serie de
acciones urgentes que apoyen a los sectores más marginados social y
ambientalmente. En este sentido, y con una visión prospectiva, parece
imprescindible el fortalecimiento del papel del estado en al menos cuatro
áreas: (i) de asesoría técnica y apoyo financiero a productores agropecuarios,
especialmente aquellos de subsistencia, para adoptar métodos de producción
sustentables; (ii) facilitar la construcción de viviendas para sectores urbanos
marginales y garantizar la construcción de infraestructura adecuada en las
ciudades es crucial para mantener una ecología urbana en buenas condiciones;
(iii) liderazgo más claro y efectivo en la aplicación de instrumentos
económicos (mejorados, con base en la experiencia de su aplicación en los
últimos años), la promulgación de leyes y normas que estimulen a los productores
tanto agrícolas como urbanos a observar prácticas ambientalmente más limpias;
(iv) una visión más estratégica del gobierno acerca del creciente vínculo entre
los problemas ambientales urbanos y los rurales, como emprender acciones que
garanticen que los países mantengan su capacidad como absorbedores netos de CO2.
El
apoyo de las entidades financieras internacionales y los gobiernos extranjeros,
también tienen un papel fundamental en el esfuerzo centroamericano por
construir un camino de desarrollo sustentable, dado lo costoso de esta tarea.
Las ONG, por su parte, son un vehículo primordial en la formulación de
proyectos que contribuyan al desarrollo sostenible y como puente entre las
instituciones internacionales y la canalización de fondos externos, los
gobiernos locales y las comunidades del lugar donde se lleva a cabo el
proyecto. Una mayor coordinación de las actividades de las ONG se requerirá
para hacer llegar los fondos a la solución de los problemas más apremiantes.
En
cuanto a la industria, si bien no parece volverse más contaminante dentro del
modelo de desarrollo actual enfocado hacia las exportaciones, el perfil de
mayor especialización en bienes intensivos en insumos básicos y/o en commodities, sugiere una urgencia por
obtener certificaciones ambientales para dichos productos. De esta manera, los
productores se verían inducidos a realizar un proceso industrial sostenible y
al mismo tiempo ello garantizaría la participación en los mercados
internacionales.
Otro
punto crítico en los próximos años será la cooperación a nivel regional para
superar los problemas ambientales, muchos de los cuales son compartidos, tales
como deforestación y deterioro de las cuencas hidrográficas. Aunque las
condiciones para ello no son las mejores, si se considera que a partir de
principios o mediados de los años ochenta se han profundizado las diferencias
entre los países más atrasados y los más prósperos de la región, medido en
términos de ingreso per cápita, una incorporación de la agenda ambiental entre
las prioridades de los gobiernos nacionales bien podría reforzar acuerdos como
ALIDES.
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Durante
la década de los 90 América Central vivió procesos de profundos cambios en el
escenario político, instaurándose gobiernos democráticos en todos los países de
la región. Sin embargo, estos cambios políticos no han ido acompañados
suficientemente de transformaciones económicas y sociales paralelas, por lo
que Centroamérica continúa siendo la región más pobre del continente. Al mismo
tiempo, los conflictos armados de la década anterior han causado un mayor
atraso de la región en cuanto a su desarrollo social (educación, salud y
esperanza de vida de su población).
Como
consecuencia de esta situación, aumentó la conciencia en los países
centroamericanos de la importancia de realizar cambios profundos y ha ido
tomando forma la necesidad de establecer un modelo de desarrollo regional para
todos los países de la zona. De este modo se han iniciado diversas acciones
encaminadas a la consecución de la integración económica regional,
reactivándose así el mercado interior común.
Estos
esfuerzos de integración se han visto sin embargo, a menudo obstaculizados por
la falta de un cuadro institucional adecuado, capaz de hacer frente a los retos
planteados de cara al futuro. Es precisamente en este punto donde la comunidad
internacional podría apoyar el proceso de desarrollo regional de la zona a
largo plazo y es también aquí donde se enmarca el presente proyecto Centroamérica
2020.
Centroamérica 2020 tiene como objetivo la promoción del desarrollo
sostenible de la región partiendo de un concepto de desarrollo entendido como
un proceso dinámico y multidimensional que consiste en:
·
Crecimiento económico
sostenible;
·
Mejoramiento del bienestar
social; y
·
Garantías de la ciudadanía en
todas las categorías sociales, de género y étnicas.
Esta
definición del desarrollo tiene una base sólida y fue elaborada antes de que el
Huracán Mitch cayera en octubre-noviembre de 1998 sobre la región con efectos
desvasatadores. No es que la definición ahora carezca de relevancia, pero Mitch
ha servido para recordarnos la vulnerabilidad de la región frente a los
desastres naturales y la poca capacidad que tiene el Estado para responder de
manera efectiva. En este contexto, la sostenibilidad adquiere un significado
especial en Centroamérica: los desastres naturales son inevitables, pero no
deben ser empeorados por la acción humana, ni sus consecuencias agravadas por
la incapacidad o incompetencia del Estado y sus instituciones.
El
proyecto Centroamérica 2020 tiene
como uno de sus objetivos principales el contribuir al proceso de integración
regional de los países centroamericanos, realizando un balance de los
resultados obtenidos hasta el presente y estudiando las dificultades actuales y
aquellas que previsiblemente pudieran surgir a mediano plazo en el ámbito
político-institucional.
Los
objetivos particulares son:
1. Elaborar un estudio regional comprensivo sobre temas del
desarrollo contemporáneo. Los estudios deben tener en cuenta tres planteos
transversales acerca de
·
la relación entre Estado,
mercado y sociedad civil,
·
opciones en el nivel local,
nacional y regional
·
la viabilidad del desarrollo
sostenible en América Central.
2. Asegurar la participación y contribución de una amplia
gama de actores claves regionales en el transcurso de las investigaciones.
3. Proveer a los gobiernos y a otros actores de la región
con diversas opciones y recomendaciones de políticas.
4. Promover la identidad regional entre los actores públicos
y privados involucrados en el desarrollo.
5. Extender los resultados del proyecto a los actores
internacionales más activos en la dinámica del desarrollo en la región, incluyendo
a las organizaciones multilaterales y a las ONGs.
6. Hacer recomendaciones de políticas a los EE.UU. y a la UE
para programas de asistencia más eficaces.
Los
resultados del proyecto serán presentados en una gran conferencia internacional
en Centroamérica a mediados de 2000, así como en seminarios en Washington D.C.
y Bruselas. También serán distribuidos en una serie de documentos de trabajo,
monografías y libros publicados en inglés y español, accesibles también a
través de Internet: versión en español y alemán (http://www.rrz.uni-hamburg.de/IIK/za2020), versión en inglés (http://ca2020.fiu.edu).
Coordinación:
Klaus Bodemer, Instituto
de Estudios Iberoamericanos (Hamburgo)
Eduardo Gamarra,
Centro para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad Internacional de
Florida (Miami)
Dirección Académica:
Sabine Kurtenbach,
Instituto de Estudios Iberoamericanos (Hamburgo)
Michael Shifter,
Diálogo Interamericano (Washington D.C.)
Consultores Principales:
Victor Bulmer-Thomas, Instituto de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Londres
Douglas Kincaid,
Centro para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad Internacional de
Florida (Miami)
Expertos Centroamericanos:
Fernando Durán, Fundación
Arias (Costa Rica)
Carlos Rosales, Secretario
de Comunicación (El Salvador)
Representantes de las Agencias
Donadoras:
Mendel Goldstein, Jefe
de la Dirección México, América Central y Cuba, Comisión Europea DG IB
(Bruselas)
Margaret Sarles ,
Agencia Internacional para el Desarrollo de los EE.UU. (Washington D.C.)
# 1: Pablo Rodas-martini: Centroamérica:
Para afrontar con éxito la globalización del siglo XXI
ISBN
3-926446-73-0
# 2: Clarence Zuvekas, jr.: The Dynamics of
Sectoral Growth in Central America: Recent Trends and Prospects for 2020
ISBN
3-926446-74-9
# 3: Luis Guillermo Solís Rivera:
Centroamérica 2020: La integración regional y los desafíos de sus relaciones
externas
ISBN
3-926446-72-2
# 4: Sarah Mahler: Migration and Transnational Issues.
Recent
Trends and Prospects for 2020
ISBN
3-926446-71-4
# 5: Juan Pablo Pérez Sáinz: Las cuentas
pendientes de la modernización. Tendencias laborales y sus efectos sobre la
integración en el Istmo Centroamericano
ISBN
3-926446-70-6
# 6: Carlos Sojo: El traje nuevo del
emperador: La modernización del Estado en Centroamérica
ISBN
3-926446-69-2
# 7: Claudia Schatán: Desarrollo económico y
medio ambiente
ISBN
3-926446-68-4
# 8: Charles T. Call: Sustainable Development in Central America:
The
Challenges of Violence, Injustice and Insecurity
ISBN
3-926446-67-8
# 9: Günther Maihold / Ricardo Cordóva:
Democracia y ciudadanía en Centroamérica. Perspectivas hacia el 2020
ISBN
3-926446-75-7
# 10: Knut Walter: La educación en
Centroamérica: Reflexiones en torno a sus problemas y su potencial
ISBN
3-926446-66-8
[1] Véase Estado del Ambiente y los Recursos Naturales en Centroamérica, 1998, Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, 1998.
[2] Cabe señalar que Belice es una excepción en el conjunto del Istmo, pues su cubierta forestal es aun de 85% del territorio. Dicho país tiene el mayor número de parques nacionales privados y públicos (60) y es resultado de una consistente política de protección del medio ambiente. Ésta, sin embargo, no es del todo sólida pues el gobierno puede, sin mayores obstáculos, revertir el status de parque nacional a algunos segmentos protegidos (Palacio, 1999).
[3] En contraste con el 27% en
Norteamérica, 54% en Sudamérica y el 39.5% a nivel mundial (WRI, 1999).
[4] Frontera agrícola se considera “la zona
de contacto entre bosque primario y las áreas humanizadas o sujetas a
utilización con fines productivos” (Pasos 1994: 18).
[5] (CCAD, 1998)
[6] Se considerarán los
siguientes países como parte de Centroamérica: Belice, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Se usarán indistintamente los
términos Centroamérica e Istmo Centroamericano.
[7] Desde principios de la década de los
ochenta se otorgaron Certificados de Abono Tributario (CAT) en Costa Rica y los
Certificados de Fomento de Exportaciones en Honduras para promover
exportaciones no tradicionales. En otros países de la región posteriormente se
introdujeron instrumentos similares, pero debieron eliminarse hacia fines de
los años noventa para cumplir con los acuerdos alcanzados por la OMC.
[8] Sobre este tema véase Bulmer-Thomas
(1996).
[9] El Salvador, Guatemala, Honduras y
Nicaragua.
[10] Esta sección se basó principalmente en
información obtenida en González Aguiluz (1994), González Aguiluz, et al (1997) y
Chacón y Pratt (1997) y las leyes ambientales y forestales de los países.
[11] Las fechas de estas leyes son: Costa
Rica, 1995; el Salvador, 1998; Guatemala, 1986; Honduras, 1993; Nicaragua,
1996.
[12] Las fechas de estas leyes son: Costa
Rica, 1996; El Salvador, en discusión en 1998; Guatemala, 1996; Honduras, 1974;
y Panamá, 1992.
[13] En Belice casi 50% del territorio está
bajo alguna forma de protección. En los demás países este porcentaje es mucho menor
y oscila entre el 0.9% (El Salvador) y 12% (Costa Rica).
[14] Una síntesis de estos convenios se
encuentra en Schatan (1998).
[15] Puede mencionarse al
respecto, por ejemplo, los intereses de explotación petrolera que han surgido
en la rica zona de la biósfera maya del Petén, o la concesión forestal otorgada
en Honduras a una empresa surcoreana para talar 62.000 hectáreas de bosque en
la zona de Cayos Miskitos y Bosawas, justo en medio del Corredor:
(http://www2.planeta.com/mader/planeta/planeta_current.html).
[16] En esta sección no
se ha incluido a Belice pues no se encontró la información necesaria para
hacerlo.
[17] Se excluye el rubro de pesca del PIB
agropecuario.
[18] La contribución de cada sector al PIB
agropecuario de la región se calculó como promedio simple del aporte de los
países.
[19] Un hectogramo equivale a 100 gramos.
[20] Consumo aparente es igual a la
producción neta más importaciones menos exportaciones.
[21] Promedio ponderado según la extensión de
la tierra arable de cada país.
[22] Entre 1980 y 1996, el
crecimiento de la exportación de café ha ocurrido notoriamente en Costa Rica,
Guatemala y Honduras, mientras que se ha contraído en El Salvador y Nicaragua.
En Panamá este producto no es muy importante en el conjunto del PIB agrícola
ni en las exportaciones. En Centroamérica en su conjunto (no incluyendo a
Belice), esta producción sólo se expandió 8% en términos reales en el período
mencionado.
[23] En 1985 sólo tres empresas controlaban
el 88% de las exportaciones de banano en Costa Rica, y a mediados de los años
noventa esta situación había variado poco.
[24] En 1970, la
ganadería recibía entre el 22 y el 43% de los préstamos gubernamentales
agrícolas, según el país (Kaimowitz, 1996).
[25] FAO, 1999; FAO y CEPAL, 1993.
[26] Sólo en Costa Rica aumentó el consumo
de carne per cápita entre 1976/83 y 1984/91 (de 20.4 a 22.9 kgs, promedio
anual), en Panamá se mantuvo constante y en los demás países declinó
sustancialmente. No obstante, la alta tasa de crecimiento de la población (3%
aproximadamente para la región) ayudó a mantener la demanda de carne en algunos
países (Kaimowitz, 1996).
[27] No había datos disponibles para Belice
en la fuente de CEPAL utilizada.
[28] Debido a que no se
cuenta con un dato observado de la contaminación, no pudo cuantificarse el
efecto tecnológico. Sin embargo, y aunque hay una tendencia innovadora en la
industria centroamericana, parece ser un proceso bastante incipiente aún. Véase
CEPAL (1998c).
[29] Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, México, Perú.
[30] Información de la
Oficina Centramericana de Implementación Conjunta de Costa Rica, OCIC.
[31] La monetización de
estos valores no es fácil, pero parece haber consenso en que el servicio de más
valor es el de fijación de carbono. El cálculo se hace en base a lo que
costaría abatir cada tonelada de carbono mediante la adopción de la tecnología
idónea y cuanto cuesta fijar ese misma cantidad de contaminante evitando la
deforestación en Costa Rica.
[32] El primer canje de deuda por naturaleza
se realizó en 1987 por una ONG basada en Washington (Conservation
International) en beneficio de Bolivia.
[33] La razón del mayor
margen es no sólo debido al mayor precio del café salvadoreño, precio (14% más
alto en el mercado internacional), sino también al hecho de que la producción
se realiza con una cantidad mucho menor de insumos (especialmente
agroquímicos), lo que baja en 15% los costos respecto a Costa Rica (BUN-CA,
1999).
[34] No contamos con información para este
país.
[35] Se predice que el mercado de carne
vacuna se expandirá 50%, el de ave 85% y el de carne de puerco 45% en ese mismo
período.
[36] Información de CEPAL, 1999a.
[37] Esta cifra se obtuvo de CEPAL, 1999a.
[38] Esta es la tasa de crecimiento del ingreso per cápita de 1985-1997 (CEPAL, 1999a), sin considerar Belice y sin considerar Nicaragua cuyo fuerte retroceso en esa variable durante el período mencionado difícilmente se repetirá en los próximos veinte años.