Esta publicación se realizó gracias al apoyo financiero de la Oficina de Desarrollo Regional y Sostenible, América Latina y el Caribe (LAC) de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos según Disposición No. LAG-G-00-98-00048-00 y de la Unión Europea. El trabajo refleja exclusivamente las opiniones del autor/ de la autora y por tanto no representa en ningún caso la opinión de las instituciones involucradas.

CA 2020: Documento de trabajo # 7

 

Claudia Schatán

 

desarrollo económico

y medio ambiente

 

 

 

Claudia Schatán
Desarrollo económico y medio ambiente
Hamburg: Institut für Iberoamerika-Kunde 2000

(CA 2020: Documento de trabajo # 7)

ISBN 3-926446-68-4

 

 

Claudia Schatán; M.A. en Economía, Universidad de Cambridge. Desde 1989 trabaja como Economic Affairs Officer en CEPAL; Investi­gadora y docente en el CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económica), México (1980-1989); Investigadora visitante en diferentes Universidades estadounidenses: Harvard Institute for International Development, 1997; Center for Latin America Studies, Brown Univer­sity (1988-89); Center for US-Mexican Studies, University of California (1987-88). Se especializó principalmente en comercio exterior y políti­cas de comercio exterior en México y otros países latinoamericanos. Recientemente ha trabajado sobre temas de comercio y medio am­biente.

   

Índice

 

Resumen ejecutivo        1

 

Executive summary        5                                                                             

 

1. Introducción        9                                                                                   

 

2. Marco legal e institucional y de cooperación regional para proteger el medio ambiente: Legado incompleto para las próximas décadas      14

2.1. Marco legal e institucional        14

2.2. Cooperación regional        16                                                         

 

3. Sector agropecuario y silvícola: Resultados económicos y ambientales del uso del suelo 19

3.1. Producción de granos básicos de consumo doméstico  22

3.2. Los productos agrícolas de exportación y el medio ambiente     24

3.2.1. Productos agrícolas tradicionales de exportación        24

3.2.2. Productos agrícolas no tradicionales          28

3.3. La ganadería           29

3.4. Silvicultura              31

 

4. El medio ambiente urbano y el modelo de desarrollo basado en la apertura económica y el 

 estímulo a las exportaciones        33

4.1. El desarrollo de las ciudades            33

4.2. La industria de exportación en Centroamérica y la contaminación: Perspectivas      36

 

5. El legado de las prácticas agropecuarias, el desarrollo urbano y la pobreza: Deforestación,

degradación de cuencas hidrográficas y vulnerabilidad        40

 

6. Algunos mecanismos para compatibilizar el desarrollo económico y la protección del

medio ambiente        45

6.1. Valorización de los servicios ambientales     45

6.2. Canje de deuda por naturaleza (CDN)          48

6.3. Nuevos y viejos métodos de producción para proteger el ambiente    49

 

7. Perspectivas hacia el año 2020           52

7.1. Escenario base                                 54

7.2. Escenario pesimista                          57

7.3. Escenario optimista                          59

 

8. Conclusiones          62

 

Bibliografía            66

Resumen ejecutivo

 

Los problemas ambientales de Centroamérica son múltiples y han tendido a agravarse en forma acelerada en el período reciente. Uno de los mayores retos para la región durante los próximos veinte años será desarrollar sinergias entre el desarrollo económico y la protección ambiental. Un requisito para lograr este fin es frenar el uso intensivo e insostenible de los recursos naturales y revertir la marginación de amplios sectores de la población. De hecho, la contraposición entre el modelo económico seguido y el medio ambiente fue responsable de que tan solo entre 1980 y 1996 desapareciera el 25% de los bosques de la región centroamericana, con consecuencias muy negativas sobre otros recursos naturales, especialmente el suelo, las cuencas hídricas y la biodiversidad. Dada la topografía de la región centroamericana (70% del territorio se halla sobre laderas) y sus condiciones climáticas (lluvioso tropical), la velocidad de deterioro es acelerada y la necesidad de cambiar rumbo del desarrollo, por tanto, urgente.

 

Durante los últimos quince o veinte años el impulso a la economía ha provenido del sector exportador, tanto en el agro, como en la industria y el sector servicios. Pero esta actividad no ha logrado tener un efecto positivo significativo sobre el medio ambiente tanto debido a su limi­tado alcance en términos de los sectores involucrados, como a su especialización. Si bien es cierto que la necesidad de conservar y conquistar nuevos mercados a nivel internacional ha inducido a algu­nos productores a introducir innovaciones tecnológicas para lograr un proceso de producción más limpio y/o utilizar una menor cantidad de insumos en la producción agrícola e industrial, ello no parece permear mayormente el resto del sector productivo.

 

En el sector agropecuario, donde se presentan los problemas am­bientales más graves – deforestación, deterioro de las cuencas hídri­cas y el suelo - a fines de la década de los noventa, la actividad exportadora no había alterado la especialización en el uso del suelo ni los métodos de producción empleados, excepto en forma mínima. Así, a fines de dicha década, el sector productor de granos básicos abar­caba más de la mitad de la tierra arable, y no se observaban avances significativos en la productividad. El sector pecuario, que se ha desli­gado progresivamente del mercado internacional, y la demanda interna de carne no compensaba completamente la caída en exportaciones, enfrentaba un retroceso en su productividad. Este sector junto con los productores de granos básico de subsistencia continuaban avanzando sobre la frontera agrícola. Las aun vastas extensiones de bosques –que ocupaban alrededor de la tercera parte del territorio – no tenían aun una expresión económica relevante en la producción de bienes o servicios y, por tanto, no había estímulo para su preservación o su uso sostenible. En síntesis, las condiciones para mejorar el desempeño ambiental no prevalecían, mientras la baja productividad en esas zonas mantenían a la población en un círculo vicioso de estancamiento económico-pobreza-destrucción ambiental.

 

La contaminación industrial y los problemas ambientales urbanos a fines de los años noventa eran incipientes en comparación con los presentados por países industrializados, pero la rápida expansión de las ciudades, la industria y el parque vehicular obliga a poner atención en la evolución de estos factores al hacer un análisis de largo plazo. Actualmente, los principales centros urbanos de la región ya padecen de contaminación del aire y el agua, con consecuencias adversas para la salud de sus habitantes. Adicionalmente, la proporción de la pobla­ción ocupada en sectores de baja productividad del mercado de tra­bajo llega a ser de más del 50% en varios países. Este fenómeno, que incluye también al sector informal, crea una situación de marginación y pobreza (hasta del 70% de la población urbana en Guatemala y Hon­duras) con consecuencias ambientales adversas. Más aun, la prolife­ración de asentamientos humanos irregulares en zonas poco aptas para ese fin, causan una creciente vulnerabilidad de las urbes y sus habitantes ante fenómenos climáticos adversos.

 

En el sector industrial y urbano, al igual que en el sector agrícola, se aprecia una dualidad entre el sector exportador más moderno - con mayores posibilidades de desarrollar procesos de producción amiga­bles - y otro sector (pequeñas y medianas empresas) que produce sobre todo para el mercado interno, desconoce las reglas ambientales, no está sometidos a fiscalización y tiene pocos recursos para hacer cualquier innovación tecnológica.

 

A pesar de lo pronosticado por algunos, ciertas condiciones de dete­rioro ambiental  industrial no se han materializado. La liberalización económica que permitió la apertura del comercio y los flujos ilimitados de capitales externos, no han provocado un giro en la especialización industrial hacia sectores particularmente contaminantes. Así, la región no parece estarse convirtiendo en un “paraíso de contaminación”. El problema ambiental es más bien que, si se hace abstracción de la maquila, se ha mantenido o incluso acentuado la especialización de las exportaciones manufactureras en aquellas intensivas en recursos naturales utilizados en forma no sostenible.

 

No obstante la confluencia de problemas ambientales mencionados que hereda el siglo veintiuno, éste también recibe algunas experien­cias e instrumentos muy prometedores para compatibilizar el desarrollo económico y la protección ambiental. Entre éstos pueden mencio­narse, primero, la incipiente valoración de los servicios ambientales especialmente de los bosques, tales como la captación de CO²; la potencial comercialización de algunos recursos biológicos que existen en los bosques tropicales; y el desarrollo del ecoturismo, cuyo atractivo en gran parte es el valor escénico de la selva tropical. Segundo, exis­ten nuevos mecanismos de financiamiento de proyectos ambientales que a su vez proveen beneficios económicos, entre los cuales desta­can los canjes de “deuda por naturaleza”, especialmente en la versión más reciente que puede aplicarse a la deuda oficial. Tercero, la intro­ducción exitosa de métodos de conservación de los recursos natura­les, por ejemplo de conservación de suelos y laderas, así como el desarrollo de métodos orgánicos de cultivo de productos agrícolas, que abren una oportunidad de mejorar el desempeño productivo y am­biental incluso de productores agrícolas de autosubsistencia. Final­mente, la práctica de certificación ambiental que es aun incipiente en la región tiene un gran potencial para impulsar los bienes centroameri­canos producidos con métodos ambientalmente amigables en el mercado internacional.

 

Hasta qué punto pueda aprovecharse las posibilidades mencionadas anteriormente para mejorar las condiciones ambientales conjunta­mente con un desarrollo económico depende de múltiples factores. Algunos de éstos son previsibles para los próximos años, como son la relativamente alta tasa de crecimiento de la población (lo cual conti­nuirá ejerciendo presión sobre los recursos naturales) y la continuidad del modelo económico con estrecho vínculo al mercado internacional.

Sin embargo, otras variables menos pronosticables definirán cuan exitosa será la empresa del desarrollo sostenible en Centroamérica. Entre éstas hay que mencionar, primero, el mayor o menor acceso de los países estudiados a mercados regionales e internacionales y la dinámica de dichos mercados, pues ello determinará en gran medida el desempeño del sector exportador. En este sentido, cobran gran importancia el grado en que se seguirán abriendo las economías de los países industrializados, la creación o no del Tratado de Libre Comercio de las Américas, la mantención del trato preferencial a diversos productos centroamericanos por parte de Estados Unidos y la continuación o no del régimen de maquila.

 

El grado de éxito de las economías de América Central en los próxi­mos años definirá la tendencia del ingreso per cápita de sus habitantes y las posibilidades de que la pobreza se vea aliviada o no. Una mejor distribución de la riqueza y del ingreso, a su vez, puede ser crucial para influir sobre la capacidad de mejorar el nivel educativo y de salud de la población y el desarrollo de una mayor conciencia ambiental. El que la dinámica del PIB tenga beneficios o perjuicios sobre el medio ambiente dependerá también de la capacidad de los países de apro­vechar las oportunidades que se presenten para diversificar sus exportaciones, para generalizar la certificación ambiental, para atraer inversiones en proyectos ecológicamente amigables, y para ser com­petitivos en los mercados de bienes ambientalmente aceptables. También las condiciones financieras, de incentivos fiscales o de otro tipo, la difusión de información, la capacitación técnica, entre otros, jugarán un rol esencial en la potencial reorientación de la producción hacia productos compatibles con el desarrollo sustentable. Otros aspectos, como el avance o retroceso en el ordenamiento territorial y transparencia en la propiedad de la tierra, así como el establecimiento de normas y leyes ambientales racionalizarán en mayor o menor medida el uso de recursos y las emisiones que se hagan en el proceso de desarrollo económico. Finalmente, la capacidad de los sectores de punta de absorber mano de obra de sectores de baja productividad y ambientalmente vulnerables puede también determinar si se rompe o no el círculo vicioso de pobreza y destrucción de recursos naturales en sectores alejados de los mercados o poco sensibles a otras señales económicas, como es la frontera agrícola o los sectores informales y marginales urbanos.

 

 

Executive summary

 

Environmental problems in Central America are numerous and have tended to worsen very quickly. Over the next twenty years one of the greatest challenges for the region will be to develop synergies between economic development and environmental protection. To this aim, it will be necessary to halt the intensive and unsustainable use of natural resources and revert the backwardness of large sectors of the popula­tion. In fact, the incongruity between the economic model followed in Central America and its environment was responsible for the disap­pearance of 25% of the region’s forests only between 1980 and 1996, with very negative consequences for other natural resources, espe­cially the soil, water basins and biodiversity. Taking into account Cen­tral American’s topography (70% of its territory is located on hillsides) and its climate characteristics (rainy tropics), a high speed of erosion can be expected, hence the need for an urgent change of direction of development.

 

During the last fifteen to twenty years the greatest thrust to the econ­omy has come from the exporting sector, both in agriculture as well as in industrial and services sectors. Nevertheless, such activity has not had a significant positive effect on environmental protection due to its specialization in primary goods or natural resources intensive goods. Additionally, although the need to keep foreign markets and gain new ones has induced some producers to introduce cleaner production processes and/or to rationalize the amount of inputs used in the trans­formation process, such practices have not permeated the rest of the economy.

 

In the countryside, where the greatest environmental problems exist – deforestation, soil and water basins deterioration – the export drive has not altered land specialization nor the production methods being used, except in a minimal way. Consequently, at the end of the nineties, the basic grain producers still occupied more than half of the arable land, without much change in their productivity. Ranchers, whose ties with the international market were weakening and domestic demand was not compensating for such phenomenon, faced a falling yield and, together with the subsistence basic grain producers, continued exerting pressure on the agricultural frontier. The still vast forested area - around one third of the territory –had not much economic expression either in terms of goods or services and, hence, not much stimulus existed for their preservation or their sustainable use. In short, at the end of the nineties the conditions for environmental performance improvement in most of the region’s territory did not prevail, while low productivity in those areas kept great part of the population in a vicious circle of economic stagnation-poverty-environment erosion.

 

Industrial pollution and urban environmental problems at the end of the nineties were still incipient as compared to those experienced by the industrialized countries, but the rapid growth of the cities, industry and transport requires the attention of any long run environmental and development analysis. At present, the main urban areas already suffer from air and water pollution, with adverse consequences for their inhabitants’ health. Additionally, the proportion of the population occu­pied in low productivity sectors of the labor market has climbed to more than 50% of the urban population of some of the Central American countries. This phenomenon, which also includes the informal sector, creates a situation of urban marginalization and poverty (up to 70% of the urban population in Guatemala and Honduras) with serious envi­ronmental consequences. Moreover, the proliferation of irregular human settlements in inadequate sites cause environmental problems and an increasing vulnerability of the cities and their inhabitants when adverse climate phenomena take place.

 

Furthermore, in the industrial y urban sector, in the same way as in the agricultural sector, a duality exists between the export sector – which is comparatively modern and with greater possibilities of developing greener production processes – and the other sector (small and me­dium sized enterprises) that produce mainly for the domestic market. The latter ignores the environment protection standards, is not sub­jected to controls and counts with scant resources to undertake any kind of technical innovation.

 

Notwithstanding, predictions of some worsening industrial environ­mental conditions have not materialized. The economic liberalization which gave way to trade openness and unlimited capital flows has not induced a change in industrial specialization toward particularly pol­luting sectors as some foresaw. Therefore, the region does not seem in danger of becoming a “pollution haven”. Instead, the environmental problem linked with manufacturing exports, besides the “maquila” industry, is that its specialization continues to be in those sectors intensive in unsustainably used natural resources.

 

Notwithstanding the divers environmental problems inherited by Cen­tral America in the Twenty First Century, the latter also receives some very promising experiences and instruments regarding the possible compatibility between development and environmental protection. Among these, several aspects can be mentioned: first, the incipient valuation of the environmental services, specially of forests, such as CO² absorption; the potential commercialization of some biological resources from tropical forests; and the development of eco-tourism, whose main attraction is the scenic value of the tropical forests. Sec­ond, there are new financial mechanisms for environmental projects, which at the same time provide economic benefits among which the “debt-for-nature” swaps are particularly interesting (specially so in its newer version which involves swaps of debt with official institu­tions).Third, the successful introduction of natural resources conser­vation methods, such as soil and slopes preservation, as well as the development of organic cultivation methods applicable to agricultural production. These improvements open an opportunity even to small farmers in subsistence agriculture which are difficult to reach and motivate. Finally, the environmental certification practice, which is just starting in the region, has a great potential to stimulate Central Ameri­can producers to adopt environmentally friendly methods.

 

To what extent can these encouraging possibilities take place depends on many factors. Some of these conditions are foreseeable, such as the high demographic growth rate and the continuance of an economic model based on openness toward international markets and foreign capital. The first circumstance will continue putting pressure on natural resources and deepen vulnerability in cities and countryside, while the second’s influence will depend on the composition of exports and the methods used in their production.

 

Nevertheless, other less predictable variables will define how success­ful will sustainable development be in Central America. Some of the most relevant among these are, first, the access the countries studied may have to regional and international markets, as well as the dynam­ics of such markets, since this will determine to a great extent the performance of their exporting sectors. In this sense, the degree in which industrialized countries reduce their import barriers, the creation or not of the Free Trade Agreement of the Americas, the extension of the preferential treatment to Central America countries, have great importance.

 

The extent to the region achieves a successful economic performance in the coming years will determine the income per capita trend and hence the prospects of alleviating poverty. But a better distribution of wealth and income may also be decisive in the capacity building to upgrade the education level and health services for the population as well as the development of greater environmental awareness. Whether GNP growth may have positive or negative net effects on the environ­ment will depend also on efforts the region makes to diversify exports, to generalize the environmental certification, to attract investment to environmental friendly projects, and to be competitive in markets for environmentally acceptable goods. Also, the financial conditions, the fiscal incentives, the information diffusion, technical training, among others, will play a essential role in the potential reorientation of produc­tion of goods toward that are more compatible with sustainable devel­opment. Other aspects, such as rationalizing land use according to its best environmental potential and the transparency of land property rights, as well as the creation of environmental standards and laws, are also essential to make development compatible with environment protection. Finally, the capacity of the most modern sectors to absorb labor from the most backward and unproductive ones will be essential to break the vicious circle of poverty and degradation of natural re­sources in areas distant from the market or not sensible to economic signs, such as the agricultural frontier or the informal and marginal urban sectors.

1. Introducción

 

Los problemas ambientales de Centroamérica son múltiples[1], pero entre ellos se destaca el de la deforestación, que actualmente ocurre a un ritmo de alrededor de 390.000 hectáreas al año. De hecho, sólo la mitad del suelo apto para bosques, que es el 60% del territorio centro­americano, está dedicado a ese uso (CCAD, 1998)[2] y el 87% de la frontera forestal estaba amenazada en 1996[3]. Este fenómeno, a su vez, ha tenido consecuencias muy negativas sobre otros recursos: ha mermado la rica biodiversidad de la región, ha provocado la erosión de sus suelos, la sedimentación de sus cuencas hidrográficas, cambios climáticos adversos, así como la contaminación de la atmósfera con CO². Las causas de esta situación son diversas, y entre ellas se encuentran: primero, un profundo rezago social en el agro, que tiene como consecuencia un desplazamiento constante de la frontera agrí­cola[4]; segundo, inadecuadas políticas económicas, forestales y de tenencia de la tierra, que han originado una baja valuación del medio ambiente, dando lugar al abuso de éste; y, tercero, una especialización exportadora en productos primarios, incluyendo una fuerte expansión ganadera en los años sesenta y setenta (CCAD, 1998; CEPAL, 1999b; Segura et al, 1997).

 

El proceso de modernización en el agro, tanto en la producción de granos básicos en los años sesenta como posteriormente en la pro­ducción de bienes de exportación, con la intensificación de cultivos y la introducción masiva de agroquímicos para elevar el rendimiento por hectárea, es un fenómeno que también ha tenido graves efectos sobre la cubierta forestal, la calidad del suelo y del agua, así como tambien sobre la salud de los trabajadores agrícolas.

 

Por el lado de la contaminación industrial y los problemas ambientales urbanos, estos son incipientes en comparación con los presentados por países industrializados, pero la rápida expansión de las ciudades, la industria y el parque vehicular obliga a poner atención a la evolución de estos factores al hacer un análisis de largo plazo[5]. Los principales centros urbanos de la región ya padecen de contaminación del aire y del agua, con consecuencias adversas para la salud de sus habitantes.

 

Así, al tratar el tema de desarrollo económico y medio ambiente es preciso observar que hasta ahora el modelo de desarrollo económico de Centroamérica[6] ha tendido a minar el patrimonio ambiental de la región y la actividad agropecuaria ha sido central en este fenómeno. Antes de los años sesenta, las economías centroamericanas concen­traban su actividad en la exportación de un reducido número de bienes primarios, siendo el café el primero que se desarrolló a mediados del siglo XIX. Los cultivos de exportación aceleraron el desplazamiento de la frontera agrícola desde sus inicios (Pasos, 1994).

 

El modelo de industrialización basado en la sustitución de importacio­nes (ISI) seguido en los años sesenta y setenta imprimió un giro productivo importante al esquema tradicional (aunque la relevancia del agro persistió), con sus propias consecuencias ambientales. El im­pulso a la producción manufacturera y la creación del Mercado Común Centroamericano dio lugar a una multiplicación de las fábricas y un mayor desarrollo de las ciudades. Los problemas urbanos que surgie­ron en esa fase y que se han agravado desde entonces, son el resul­tado de la falta de planificación urbana, la carencia de un ordenamiento territorial, insuficientes normas de emisiones al agua, aire y suelo, entre otros. No obstante lo anterior, la ISI hizo algunos aportes positivos al medio ambiente al diversificar la producción, crear empleos no rurales y mejorar el ingreso per cápita, lo cual contribuyó a atenuar la presión que hubiera habido sobre la frontera agrícola, de no haber ocurrido este cambio en el modelo de desarrollo.

 

A partir de la crisis económica de principios o mediados de los años ochenta, hubo un nuevo cambio en la estrategia económica. Se adoptó una política de apertura comercial y de estímulo a las exportaciones[7]. Ésta, sin embargo, no fue acompañada de una diversificación signifi­cativa de las exportaciones y a mediados de los años noventa (con la excepción de Costa Rica) entre 60 y 70% de las exportaciones de bienes de los países del área aun consistían en alimentos o materias primas sin procesar. A la vez, el sector productor de bienes agrope­cuarios para el mercado interno se mantenía prácticamente inalterado en cuanto al área ocupada y su baja productividad.

 

Así, la superficie territorial que poco tiene que ver con el mercado internacional, es decir, la extensión destinada al cultivo de granos básicos, los pastizales, que han dejado en gran medida de depender del mercado internacional (excepto en el caso de Nicaragua) y el área de bosques, que hasta ahora no han generado productos exportables en forma significativa, excepto en el caso de Honduras, era aun de al menos dos tercios del territorio centroamericano.

 

En cuanto al sector manufacturero, el fin de la ISI se tradujo en el desplazamiento de pequeños y medianos productores manufactureros incapaces de competir con las importaciones y se debilitó la integra­ción vertical de la industria. Las mejores condiciones para el capital extranjero atrajeron inversiones del exterior particularmente a la activi­dad maquiladora y al turismo. Pero, al analizar el vínculo entre desa­rrollo económico y el medio ambiente bajo el esquema más reciente de apertura económica, se aprecia una creciente disociación entre la actividad económica que produce principalmente para el mercado interno y aquella que lo hace para el mercado externo. Muchas de las innovaciones técnicas, incluso las que se realizan para abatir emisio­nes, llegan vía inversiones extranjeras de los países de la OCDE y el distanciamiento entre estos dos sectores dificulta la transferencia de tecnología a la industria local, especialmente la mediana y pequeña.

 

Por el lado de las condiciones sociales, el modelo económico seguido en las últimas dos décadas en América Central no ha contribuido a mejorar la situación de rezago: a mediados de los años noventa el 71% de la población rural se encontraba bajo la línea de la pobreza y el 50% de la población urbana caía en esa categoría (PNUD, 1999)[8].

 

El atraso social de los países en estudio ha sido un factor adverso para la superación del problema ambiental. Dichas naciones se en­cuentran en su mayoría - salvo Belice, Costa Rica y Panamá - en el tramo más bajo de ingresos per cápita de los países latinoamericanos. En los cuatro países de menores ingresos per cápita[9], esta ubicación se articula con una relativamente alta proporción de población en el campo, un bajo nivel de alfabetización, un acceso limitado a los servi­cios sanitarios y un intenso uso de la energía tradicional, basada principalmente en el uso de leña. Tal situación imprime una gran rigidez a la sociedad para adaptarse a nuevos modelos económico que prescindan de al menos parte de los recursos naturales que hoy requieren en su actividad productiva.

 

Uno de los grandes desafíos para las próximas décadas será justa­mente lograr que los vastos recursos naturales - actualmente algunos se están sobreexplotando, otros permanecen sin uso económico, o bien sus servicios ambientales no se remuneran - puedan protegerse pero a la vez contribuyan a mejorar el nivel de vida de la población.

 

En lo que sigue de este documento, la segunda parte incursionará en el avance y limitaciones del marco regulatorio del medio ambiente y de la cooperación ambiental en el umbral del siglo veintiuno; en el tercer apartado se hará un análisis detallado de la relación productiva y am­biental en el sector rural; la cuarta sección abordará la evolución del sector industrial y urbano sobre el medio ambiente; la quinta parte analizará el impacto de las prácticas productivas, el desarrollo urbano y la pobreza sobre la vulnerabilidad. En la sexta sección, se expondrán algunos nuevos instrumentos y mecanismos que pueden ayudar a producir sinergias entre el proceso de desarrollo económico y el medio ambiente. Finalmente, se plantearán tres escenarios posibles de desarrollo económico y medio ambiente para los próximos veinte años; y por último, se harán algunos comentarios a modo de conclusión.

 

 

2.    Marco legal e institucional y de cooperación regional para proteger el medio ambiente: Legado incompleto para las próximas décadas

 

2.1.   Marco legal e institucional[10]

 

Centroamérica, junto con Chile, fueron las regiones que abordaron el problema ambiental más tardíamente en Latinoamérica (Brañes, 1994). Si bien la protección ambiental está incluida con mayor o menor énfasis en la Constitución de los países centroamericanos, su mención es por lo general vaga y no cuenta con los reglamentos específicos para instrumentarla. Hasta fines de la década de los años ochenta la base legal que regulaba el medio ambiente era sobre todo sectorial, lo que creaba un manejo muy fragmentario de los problemas ecológicos y proveía poca claridad respecto a las funciones que debían cumplir las distintas dependencias para aplicar las normas, produciéndose así duplicidad de algunas funciones y descuido de otras.

 

Las legislaciones ambientales más modernas se empezaron a introdu­cir en la región principalmente a principios de los años noventa y, desde entonces, ha habido bastante celeridad en el esfuerzo por parte de los gobiernos para ponerse al corriente en esta materia, al menos en lo referente a las leyes marco.

 

Actualmente, casi todos los países del Istmo cuentan con una legisla­ción específica sobre medio ambiente[11] y, en su mayoría, ya introdu­cen la figura de delito ambiental y, de una u otra forma también incluyen el concepto de “quien contamina, paga”. Sin embargo, la implementación de las nuevas leyes marcha lentamente debido a que todas ellas aun carecen de muchos de los reglamentos que se requie­ren para poder operar. También faltan inspectores capacitados en materia ambiental y no se cuenta con recursos suficientes para llevar a cabo las mediciones y supervisión pertinentes.

 

Además de la Ley de Medio Ambiente, casi todos los países cuentan con una Ley Forestal, algunas de las cuales se han revisado reciente­mente[12]. La mayor parte de los países también han promulgado una Ley de Áreas Protegidas[13] y/o de Conservación de Vida Silvestre.

 

Una de las áreas más atrasadas es la de Evaluación de Impactos Ambientales (EIA). Este procedimiento es obligatorio en prácticamente todos los países, ya sea para un grupo determinado de actividades (con una lista larga, como en Honduras, o más corta, como en el caso de Nicaragua) o geográficamente restringidas, como en El Salvador, donde sólo se requiere para los proyectos del área metropolitana de San Salvador. El procedimiento de EIA, que probó ser indispensable para muchas inversiones tras la gran destrucción de infraestructura ocurrida con el Huracán Mitch, es aun muy costoso de hacer en los países en estudio, existen pocas firmas con capacidad profesional para realizarlos y es un trámite muy lento debido a que se ha burocra­tizado.

 

También existe legislación sobre importación, uso, almacenamiento y control de agroquímicos en todos los países y normalmente están bajo la responsabilidad del Ministerio de Agricultura y/o el Ministerio de Salud. Sin embargo, en general, la aplicación de estas normas es muy débil y aun existe el contrabando de productos prohibidos y cambio de empaque, entre otras prácticas de alto riesgo.

 

Cabe señalar que la mayor conciencia de los problemas ambientales por parte de los gobiernos y de la sociedad civil en los países de la región, así como las crecientes presiones externas para proteger algunos recursos naturales, ocurrió precisamente cuando Centroamé­rica enfrentaba una situación económica adversa (desde principios de los años ochenta). Así, esta área de competencia se creó en el pe­ríodo en que la política económica apuntaba a un “adelgazamiento del Estado” y a una política fiscal muy austera. De esta manera, las institu­ciones que se concibieron para la protección ambiental, como los ministerios del medio ambiente, se crearon como dependencias de la Presidencia de la República y adolecieron de deficiencias en su presu­puesto y debilidad institucional frente a otros ministerios más antiguos. Estas circunstancias han dificultado la aplicación de las nuevas leyes y normas ambientales

 

2.2. Cooperación regional

 

Los países centroamericanos se caracterizan no sólo por poseer valiosos recursos naturales, sino por compartirlos estrechamente en términos geográficos. Sus cuencas hídricas, sus bosques, que a la vez son hábitat de una rica biodiversidad, entre otras riquezas, están fuertemente entrelazadas, de manera que tienen una responsabilidad compartida en su protección. Por otra parte, y justamente por dicha cercanía, la posibilidad de derrame de contaminación a través de las fronteras es muy grande, especialmente por vía de las doce cuencas hidrográficas compartidas. Debido a esta situación, el éxito en los esfuerzos de protección de un país depende de igual empeño de los vecinos. Dadas estas características, sería necesario que los distintos países del área pudieran avanzar en forma coordinada y sincronizada para potenciar sus esfuerzos ambientales en la protección del conjunto de recursos del área.

 

Este es justamente uno de los retos más importantes del futuro y que ha sido reconocido por todos los países centroamericanos. Reflejo de ello es la firma del Convenio Centroamericano para la Protección del Ambiente (1989), que creó la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), institución que ha impulsado varias acciones orientadas a proteger el ambiente en forma regional. De éstas, la iniciativa más importante es la Alianza Centroamericana para el Desa­rrollo Sostenible (ALIDES) firmada en 1994 y que considera la necesi­dad de enfocar la cooperación regional en las áreas económica, social y ambiental en forma conjunta.

 

Entre las demás iniciativas regionales conviene mencionar el estable­cimiento del Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de las Áreas Silvestres Prioritarias en América Central (1992), cuyo objetivo principal es conservar la diversidad biológica, terrestre y costero-marina. En dicho convenio se creó el Consejo Centroamericano de Áreas Protegidas (CCAP). Posteriormente se estableció el Convenio Regional para el Manejo y Conservación de los Ecosistemas Naturales Forestales y el Desarrollo de Plantaciones Forestales (1993), cuya finalidad es lograr el ordenamiento y uso sostenible del recurso forestal. Este convenio dio origen al Consejo Centroamericano de Bosques (CCAB). En 1993 se firmó el Convenio Regional sobre Cambios Climáticos, según el cual los países se com­prometen a desarrollar medidas legales e institucionales para la con­servación del clima[14].

 

Algunos acuerdos con terceros países también contribuyen a la aplica­ción de los acuerdos regionales. El más importante de ellos es CONCAUSA (Declaración Conjunta Centroamérica-Estados Unidos) que tiene la intención de ayudar a hacer cumplir los acuerdos de ALIDES en las áreas de conservación de biodiversidad, energía, legislación ambiental y desarrollo económico sustentable. También el acuerdo Tuxtla II de 1996, establece una cooperación entre México y Centroamérica para impulsar ALIDES.

 

Bajo ALIDES y con el apoyo de estos Convenios y de la CCAD, Cen­troamérica ha iniciado acciones coordinadas para proteger al medio ambiente, entre las cuales resalta la creación del Corredor Biológico Mesoamericano desde México hasta Panamá, con una extensión de 187.697 km². Este gran puente ecológico tiene como finalidad proteger los ecosistemas del Istmo incluyendo zonas costeras, especialmente manglares y arrecifes. Este proyecto ha despegado de manera mucho más lenta de lo planeado. Originalmente el mandato de ALIDES era que el Corredor debía concluirse dieciocho meses después de su firma. Sin embargo, la diversidad de problemas que deben solucio­narse - de propiedad de la tierra, intereses heterogéneos de las comu­nidades que habitan en esa vasta zona, diferentes intereses nacionales económicos y políticos involucrados, entre otros[15] -, así como el gran financiamiento requerido para mejorar las condiciones de esa extensión, han obstaculizado el avance del megaproyecto. Tam­bién el interés de los gobiernos por la protección ambiental ha sido cíclico, según las prioridades políticas y financieras que cada adminis­tración ha tenido. Así, hacia fines de los años noventa ALIDES ha perdido una parte importante de su impulso inicial y requerirá fortale­cerse, al igual que los demás acuerdos regionales ambientales, para lograr en forma exitosa la gestión ambiental de la región en los próxi­mos años.

 

 

3.    Sector agropecuario y silvícola: Resultados económicos y ambientales del uso del suelo[16]

 

El PIB agropecuario[17] lo genera una pequeña porción del suelo de la región centroamericana. La tierra arable, que abarcaba el 14.2% del total de ese suelo en 1996, aportaba alrededor de 65% del valor de la producción agropecuaria. El sector pecuario (bovino), que ocupaba alrededor de 30% del territorio en ese mismo año, participaba con cerca del 14% del producto agropecuario (o 17% si se incluyen los productos lácteos) y, a pesar de que los bosques ocupaban 36% del territorio, la actividad silvícola sólo contribuía con el 4% de ese PIB[18] (Cuadros 1 y 3).

 

Cuadro 1: Uso de tierra, % del total^a

 

 

  

^a Excluye Belice

 

 

Fuente: CEPAL (1998a), Información Básica del Sector Agropecuario; Subregión Norte de América Latina y el Caribe, 1980-1997, LC/MEX/L.364

   

De la tierra arable, que es el área más productiva, en 1996 el 32% estaba destinada al cultivo de productos agrícolas tradicionales de exportación, 57% se utilizaba para el cultivo de granos básicos de consumo interno y el 11% se empleaba en el cultivo de productos no tradicionales. Estos tres usos de la tierra arable aportaban el 37%, el 12% y el 15% del PIB agropecuario, respectivamente (Cuadro 2).

 

Cuadro 2

Tierra arable: Superficie dedicada a cultivos de consumo interno^a

y a cultivos de exportación^b

 

^a Incluye arroz, frijol, maíz y sorgo y trigo

^b Incluye algodón, banano, cacao, café y azúcar, semilla de ajonjolí, cardamomo y tabaco (o algún subconjunto de estos productos, dependiendo de la especialización del país)

 

Fuente: CEPAL (1998a)

Es decir, individualmente, el mayor aporte al PIB agropecuario lo hace el sector productor de bienes agrícolas tradicionales de exportación (excluyendo la carne bovina) (Cuadro 3). El bajo rendimiento de los demás sectores es atribuible a diversos factores: suelo de menor calidad, una productividad muy baja debido a técnicas inadecuadas de cultivo, especialmente el cultivo de granos básicos para consumo interno y ganadería, o bien, los recursos no tienen expresión econó­mica aunque producen servicios importantes, como es el caso de las áreas boscosas. El resultado es una generación de ingresos muy desigual en las distintas áreas y un uso muy ineficiente e insostenible de los recursos naturales, lo cual reproduce las condiciones de po­breza existente en buena parte del agro centroamericano. Un análisis más detallado de estos rubros dará una visión específica sobre su impacto ambiental.

 

Cuadro 3

Producción de bienes agrícolas de exportación, ganadería y granos básicos comoporcentaje de la producción agropecuaria total *

 

 

* Al sumar horizontalmente el total de bienes agrícolas de exportación, ganado vacuno y granos básicos de consumo interno, no suma 100 pues no están incluidos: el resto del sector pecuario y el sector silvícola.

^a Incluye café, banano, azúcar

^b Se refiere a 1995

^c Se refiere a 1997

^d La mayoría de estos productos se exportan, pero no todos. Incluye, entre otros, algodón, cacao, tabaco, ajonjolí, plátano, otras frutas, yuca, palma africana.

^e Incluye arroz, maíz, frijol y sorgo

 

Fuente: CEPAL (1998a)

 

3.1. Producción de granos básicos de consumo doméstico

 

Esta actividad ocupó una extensión estable del suelo centroamericano entre 1980 y 1996 - 64% de las tierras cultivables (u 8% del suelo total) – y dentro del conjunto, sólo Costa Rica muestra un cambio significa­tivo en su especialización agrícola al invertirse la proporción dedicada a estos cultivos en ese lapso. Los demás países mantuvieron su composición inicial prácticamente inalterada en dicho período (Cuadro 2).

 

Por otra parte, cerca de la mitad de las fincas de la región centro­americana son de agricultura de subsistencia y absorben la mayor parte de la mano de obra rural, por lo que desempeña un rol social fundamental. Los campesinos que viven de una economía de subsis­tencia en su mayoría producen granos básicos (principalmente frijol y maíz), en menor medida se dedican a la ganadería y se ubican princi­palmente en laderas o en la frontera agrícola, es decir, en las zonas ambientalmente frágiles (CCAD, 1998).

 

El rendimiento del suelo que se ocupa para la producción de granos básicos es muy bajo. El producto promedio por hectárea de maíz en Centroamérica era de 17.014 hectogramos[19] en 1995, mientras aquel de México era de 22.883 y el de Estados Unidos de 71.230. Asimismo, en la producción de frijol, el rendimiento era de 6.974 hectogramos por hectárea, similar al de México (6.229), pero muy inferior al de Estados Unidos (18.139) en el mismo período. Finalmente, el rendimiento en la producción de arroz en el Istmo de 31.231 hectogramos por hectárea también estaba muy por debajo del mexicano (46.792) y del de Esta­dos Unidos (63.010) (FAO, 1999). La situación descrita mantiene a los productores de esas zonas en una situación no sólo de bajos ingresos, sino además no competitiva a nivel internacional. De esta forma, con la progresiva apertura comercial, también se encuentran en desventaja frente a la importación de estos bienes y algunos han sido desplaza­dos por ellas.

 

De hecho, ha habido un incremento significativo de las importaciones de maíz en proporción al consumo aparente[20], de 14.4% en 1980 a 31.7% en 1996. Igual fenómeno ocurrió con el arroz. Sólo en el caso del frijol, donde además se conservaron las barreras a la importación, éstas no penetraron el mercado interno en ese período (CEPAL, 1998a).

 

El potencial productivo de la tierra destinada a la producción de granos básicos es muy grande si se considera la baja productividad que tiene actualmente. Sin embargo, gran parte de este sector está básicamente al margen de la innovación tecnológica y las posibilidades de mejorar su rendimiento y sus ingresos son muy limitados. Es más, las prácticas de sobreuso del suelo conduce a un rendimiento decreciente y, por consiguiente, a la necesidad de desplazarse hacia otras tierras en la frontera agrícola, lo que ocasiona un proceso continuo de deforesta­ción.

 

Los sectores más prósperos y modernos de producción de granos básicos no generan la misma presión sobre la frontera agrícola que aquellos productores de subsistencia, pero tienen otros impactos ambientales negativos debido a que la tecnología utilizada por ellos generalmente data de la época de la “revolución verde” de los años sesenta, cuando se introdujeron una serie de innovaciones que no consideraban los efectos ambientales. La elevada cantidad de agro­químicos usados, que además estuvieron subsidiados durante muchos años es, en este sentido, uno de los elementos más adversos. Costa Rica presenta el caso más agudo al ocupar 440 kilogramos de fertili­zantes por hectárea de tierra arable en 1994-1996, es decir, uno de los usos más intensos en el mundo (FAO, 1999).

 

Ante la apertura comercial (particularmente dentro del área centro­americana), la desregulación y eliminación de subsidios, las reaccio­nes de los productores más prósperos de granos básicos, especialmente los productores de arroz, fue el de modernizarse, de manera de reducir sus costos y poder competir bajo las nuevas condi­ciones. En promedio, entre 1980 y 1996, el rendimiento de arroz se incrementó de 2.4 a 3.2 toneladas por hectárea. En los cultivos de maíz, frijol y sorgo, la productividad se ha mantenido casi estática con muy pocas excepciones por países (CEPAL, 1998a).

 

Cabe señalar que el sector productor de granos básicos se ha desarro­llado en condiciones de escaso apoyo financiero a partir de principios o mediados de los años ochenta, cuando se introdujeron una serie de reformas económicas para mejorar las finanzas públicas y reducir la deuda externa. Así, la proporción del crédito destinado a la producción agropecuaria se redujo en todos los países y, dentro de ese rubro, el crédito destinado a la producción de granos cayó como proporción del crédito agrícola total, con excepción de Guatemala (CEPAL, 1998ª).

 

Desde el punto de vista del medio ambiente el panorama anterior es muy negativo debido a que el sector productor de granos básicos parece estar inmerso en un círculo vicioso de pobreza y prácticas de cultivo ecológicamente muy degradantes.

 

3.2. Los productos agrícolas de exportación y el medio ambiente

 

3.2.1. Productos agrícolas tradicionales de exportación

 

Si excluimos la exportación de carne vacuna, los demás productos de exportación tradicional, es decir, café, banano y caña de azúcar, algodón, cacao, etc., generaban el 31.2%[21] del PIB agrícola en 1996, mientras estos cultivos ocupaban 4.5% del suelo total (o la tercera parte del suelo arable). A pesar de cubrir una porción pequeña del territorio, estos cultivos han tenido efectos adversos sobre el medio. Entre éstos están el desencadenamiento de procesos de cambio en el uso de suelo en detrimento de los bosques, así como el deterioro del recurso agua que, proporcionalmente, afecta un radio mucho mayor al suelo que ocupa el cultivo mismo. Asimismo, hay que mencionar el efecto negativo que ha tenido el gran uso de agroquímicos en esta producción sobre el agua, el suelo y la salud humana.

 

Cabe mencionar que los problemas ambientales generados por el cultivo y el procesamiento de los bienes agrícolas tradicionales de exportación son bastante complejos y ciertamente no se limitan a la deforestación. En el caso del café, por ejemplo, que ha sido uno de los productos de exportación más importantes en Centroamérica desde el siglo XIX[22], el problema no es tanto la deforestación directa sino que ha sido principalmente su procesamiento posterior a la cosecha.

 

Ambientalmente, el café ha tenido ventajas sobre otros cultivos de exportación, ya que se ha sembrado, en general, bajo sombra de alta intensidad, lo que permite mantener al menos parcialmente la capa boscosa y mucha de la biodiversidad original; también se preserva la capacidad de recarga de los mantos acuíferos y se conserva en buena medida la fertilidad del suelo. Este método tendió a cambiar a partir de los años setenta hacia una intensificación del cultivo, lo que requirió una cierta deforestación. También se introdujeron variedades que se desarrollan a exposición plena de sol y que prescinden totalmente de árboles, especialmente en Costa Rica. La mayor vulnerabilidad de estos cultivos de exposición plena a pestes se ha atacado con fuertes cantidades de pesticidas y se aplicaron grandes cantidades de fertili­zantes para aumentar el rendimiento. La introducción de los nuevos métodos de producción fueron respaldados por créditos internos y apoyo externo (especialmente de la agencia USAID) a los cafetaleros, incluso medianos y pequeños (WRI, 1997).

 

El proceso de beneficiado de café ha sido el más agresivo al medio. El proceso húmedo tiene impactos ambientales particularmente negativos debido a la enorme cantidad de agua que requiere (normalmente entre 1.000 y 3.000 litros por quintal de café, salvo El Salvador) y que poste­riormente se vierte en los ríos, la enorme cantidad de pulpa que se desecha y el monto de energía que se requiere para el secado. Se estima que el sector cafetalero consume entre 10 y 15% de la leña producida en Centroamérica, lo que ejerce una presión importante sobre los bosques, especialmente en los casos en que se cultiva café de exportación de plena exposición al sol (BUN-CA, 1999).

 

En años recientes se ha avanzado mucho en la introducción de nue­vos procesos en toda la región, que permite limitar el uso del agua mediante su reciclamiento y la pulpa de la fruta del café ya no se deposita en los ríos, de forma que estos problemas tienden a amino­rarse. Sin embargo, las mieles del café se siguen vertiendo en los ríos en muchos casos, lo que continúa provocando serios daños ambien­tales por vía del agua (BUN-CA, 1999).

 

En cuanto al banano, la concentración y homogeneidad en su produc­ción tiene serios impactos negativos sobre el medio ambiente. La forma monolítica de producirlo se explica por la perecibilidad del fruto, lo que requiere una integración vertical de su producción y comerciali­zación para poder poner el producto en el mercado externo en buenas condiciones (Conejo, et al, 1996)[23].

 

La evolución tecnológica en la producción de esta fruta ha tenido impactos ambientales diversos. Estas diferentes etapas están espe­cialmente registradas para Costa Rica, el mayor productor de banano en Centroamérica. En dicho país inicialmente (1870-1960) el cultivo del banano provocó una fuerte oleada deforestadora de bosques primarios, especialmente en la zona atlántica del país. En esta etapa, sin embargo, se usaban pocos agroquímicos y su productividad era baja. En una segunda etapa (1960-1980) se introdujeron nuevas variedades de alta productividad pero presentaron gran vulnerabilidad a las plagas. Ello requiere el uso de grandes cantidades de agroquími­cos que provocan el empobrecimiento de las propiedades nutricionales del suelo, lo que a su vez induce a un cada vez mayor consumo de agroquímicos.

 

Si bien los avances en el cuidado del medio ambiente no han sido muchos en el cultivo de banano, éstos han sido significativos en el manejo de desechos sólidos. Se ha procedido a devolver una parte significativa de ellos al suelo de las plantaciones, o bien se reciclan en la fabricación de composta o incluso de papel. Respecto a los dese­chos de plástico, que son muy contaminantes pues están impregnados de insecticida, se han hecho grandes avances al recogerse y reci­clarse un 90% de ellos actualmente (Conejo et al,1996). Por último, hay que notar que hay interés por parte de las bananeras de conseguir el sello ECO-OK con el fin de mantener sus mercados de exportación. Estos sellos exigen que las fincas reforesten las márgenes de los ríos, recolecten las bolsas de plástico y el mecate, apliquen adecuadamente los agroquímicos y monitoreen regularmente a sus trabajadores, además de proveer programas de capacitación. Respecto al banano orgánico, esta es una línea de producción que recién aparece en Costa Rica pero aun no en los demás países de la región (Conejo et al, 1996).

 

Finalmente, el efecto adverso de la producción azucarera sobre el suelo, el agua e incluso el aire, al requerir una quema previa a cada cosecha de caña, es ampliamente conocida. Este es el cultivo de exportación tradicional que menos innovaciones ha introducido para mejorar su desempeño ambiental. Así, no se han reforestado los linderos de los cañaverales ni los lechos de los ríos cercanos para evitar que se esparzan sedimentos, nutrientes y agroquímicos fuera de las fincas, ni se ha recurrido a métodos alternativos de cosecha que evite el uso de la quema, ni se recicla el abundante agua que se usa para el riego. No sólo el método de cultivo sigue inalterado, sino que, además, los ingenios azucareros del área son, en general, antiguos y, por tanto, poco eficientes en el uso de energía y muy contaminantes.

 

Uno de los aspectos ambientales más importantes relacionados con la producción de azúcar es su capacidad potencial de generar energía a partir del bagazo de la caña y por encima de la que requiere el ingenio, de manera que podría proveer energía proveniente de un recurso renovable y además reciclarlo para generar un porcentaje significativo de la energía que necesitan los países. Sin embargo, las refinerías centroamericanas requieren tres o cuatro veces más bagazo para elaborar una unidad de producto en comparación con plantas más eficientes en otras partes del mundo. Actualmente Guatemala es el país que mayor disponibilidad de bagazo tiene para generar electrici­dad y sus ingenios azucareros proveen alrededor del 4% del total de la energía consumida en ese país (BUN-CA, 1997).

 

En otros sectores de exportación tradicional, como el algodón, se experimentan problemas ambientales similares a la de los productos de exportación ya mencionados. Sin embargo, las perspectivas son de un mayor esfuerzo ambiental en este tipo de productos, dado que están expuestas a exigencias cada vez más elevadas debido a las presión de los consumidores internacionales.

 

3.2.2. Productos agrícolas no tradicionales

 

Los bienes agrícolas no tradicionales se cultivan en mucho menor escala que los tradicionales, se destinan predominantemente a la exportación y su composición es muy cambiante. Las exportaciones de estos productos se ubican en mercados internacionales con una rápida expansión de la demanda y con buenas perspectivas para el futuro (CEPAL, 1997a).

 

El método de producción de estos cultivos es muy intensivo, hasta con tres cosechas al año en algunos casos, con consecuencias dañinas para el medio ambiente debido especialmente a las grandes cantida­des de agroquímicos que se aplican para obtener el rendimiento señalado. Entre estos productos están melón, piña, plantas ornamen­tales, naranja, sandía, macadamia, palmito, hule, entre muchos otros (CEPAL, 1997a). También se ha expandido considerablemente la producción de algunos frutos del mar, como camarones, y están captando la atención de los ambientalistas por sus efectos negativos sobre el área costera.

 

No obstante, entre los productos no tradicionales se han introducido algunos con el fin de aprovechar nichos de mercado de productos que se cultivan con métodos amigables con la naturaleza y cuyos precios reflejan los mayores costos ambientales. Dada la limitada conciencia ambiental de los consumidores y/o su falta de recursos y la carencia de normas ambientales, dichos mercados se han desarrollado muy poco en la región; sin embargo, las perspectivas son prometedoras.

 

 

 

3.3. La ganadería

 

Esta actividad adquirió un gran dinamismo durante los años sesenta y setenta como resultado de una fuerte demanda del producto por parte de Estados Unidos y de un alza en el precio internacional de la carne de vacuno desde fines de los años cincuenta hasta 1979. (Kaimowitz y Paipitz, 1998; CCAD, 1998). Además, este rubro recibió un gran apoyo tanto por parte de los gobiernos, a través de créditos subsidiados[24] y frecuentes condonaciones de deudas internas, como por parte de las agencias financieras internacionales. De hecho, entre 1963 y 1980 alrededor de la mitad de los préstamos del Banco Mundial y del BID a Centroamérica estaban destinados a apoyar la ganadería de exporta­ción (Kaimowitz, 1996). El resultado fue la triplicación de la superficie sembrada de pastos, al pasar de 4.5 a 12.8 millones de hectáreas entre 1950 y 1990, a la vez que el hato ganadero aumentó aproxima­damente 50% entre 1961 y 1994[25].

 

La ganadería presenta una gran flexibilidad en cuanto al tipo de tierra donde puede desarrollarse, de manera que se estableció en los más diversos ámbitos geográficos y climáticos de la región. Aunque no se tiene una medición específica del impacto deforestador de la ganade­ría, algunos estiman que es responsable de más de la mitad de esa depredación (Faris, 1999). La tala para cultivar granos básicos está estrechamente ligada a la ganadería, ya que los campesinos talan árboles de bosques provistos por ganaderos o cuya propiedad es incierta, y cultivan allí granos básicos. Eventualmente, las tierras “limpias” y degradadas después de algunas siembras, se transfieren a la actividad ganadera y los campesinos se internan nuevamente en bosques, que proceden a talar.

 

Cabe mencionar que la fertilidad de la tierra que queda al descubierto tras la tala de árboles pierde sus nutrientes rápidamente, lo cual re­duce el rendimiento de cualquier cultivo, incluidos los pastos. Exten­siones importantes de los pastizales en regiones tropicales secas donde el suelo originalmente era muy fértil, han tendido a ser abando­nadas debido al agotamiento de sus nutrientes. Ahora se han conver­tido en muchos casos en zonas de matorrales o bosques secundarios, pero pocos han vuelto a producir bienes agrícolas, excepto quizás en Costa Rica (Kaimowitz, 1996).

 

A partir de 1979 la actividad ganadera comenzó a declinar al pre­sentarse una serie de trabas para que la carne centroamericana ingresara al mercado de Estados Unidos, a la vez que su precio inter­nacional sufría una fuerte caída. El consumo doméstico de carne de vacuno compensó en medida importante, pero no completamente, el declive del mercado internacional[26]. De hecho, mientras en la segunda mitad de los años setenta los países centroamericanos, con la excep­ción de El Salvador y Panamá, llegaron a exportar entre el 40 y el 60% de la producción de carne bovina, a mediados de los años noventa este porcentaje era de entre el 0 y 25%. La excepción es Nicaragua, que aun exporta cerca del 60% de esta producción (FAOSTAT, 1999).

 

Dado el bajo costo de la tierra y de la mano de obra, el esfuerzo tec­nológico para aumentar la productividad del suelo ha sido práctica­mente nulo. Con el “boom” ganadero de los años sesenta y setenta se desarrollaron mejoras en la engorda de las reses y en su capacidad lechera, pero se siguieron usando básicamente los mismos tipos de pastos con bajos niveles nutritivos y poca producción de biomasa, de forma que la capacidad de carga animal continuó siendo muy limitada y se ha seguido incorporando nuevas tierras a esta actividad (CEPAL, 1993; Roebeling et al, 1998; Kaimowitz, 1997). Si se lograra un nivel tecnológico adecuado, se podría destetar 70 terneros por cada 100 hembras en lugar de los 40 que se producen actualmente. Ello reduci­ría mucho los costos y podría triplicar la productividad, de forma que podría liberarse para otros usos grandes extensiones de tierra que actualmente se usan como pastizales (CEPAL, 1993).

 

Actualmente, ante los precios internacionales adversos y la menor demanda internacional, el sector se encuentra fuertemente endeudado de forma que no tiene gran capacidad para hacer innovaciones tecno­lógicas. Si a esto se agrega que la presión interna y externa para que el sector mejore su desempeño ambiental es muy escasa, entonces se puede esperar una respuesta muy limitada a la necesidad de hacer nuevas inversiones en métodos de producción más “verdes” (Roebeling et al, 1998).

 

En la frontera agrícola la motivación para intensificar el uso del suelo es aun menor que en las fincas ganaderas tradicionales, pues la dinámica ganadera escapa en gran medida a las señales del mercado, como el precio de la carne. El ganado presenta varias ventajas por encima de cualquier otra actividad productiva – ceteris paribus - que son especialmente valiosas en esa área: el hato puede adaptarse a tierras de diversos tipos y no muy fértiles, pueden transportarse por su propio pie desde zonas alejadas, son una forma de acumular valor donde no hay muchas alternativas para ello, pueden fácilmente reubi­carse una vez que se ha agotado el potencial nutritivo de los pastiza­les, entre otros factores.

 

Así, las probabilidades de que se detenga el avance ganadero en la frontera agrícola son escasas mientras haya un inadecuado ordena­miento territorial, formas poco claras de otorgar títulos de propiedad y una falta de valoración de los bosques. Si a esto se agregan los pro­blemas de explosión demográfica y pobreza, el panorama es aun más grave.

 

3.4. Silvicultura

 

El potencial silvícola de la región centroamericana no se ha aprove­chado pues ha habido una serie de factores que han desincentivado las inversiones en esta actividad. De ello son responsables la incerti­dumbre que existe respecto a la tenencia de la tierra, la inseguridad acerca del destino final de los beneficios de la producción maderera, cuando se trata de concesiones de tierras del Estado a particulares, el deprimido precio de este producto atribuible a la explotación ilegal de la leña, escasez de recursos financieros, entre otros elementos (Flores Rodas, 1999).

 

En estas circunstancias, la actividad maderera se ha desarrollado con miras a obtener el mayor rédito en el menor plazo posible, es decir, una estrategia muy dañina para el medio ambiente ya que produce deforestación y contaminación de ríos y suelos.

 

Centroamérica, por lo tanto, ha desperdiciado la oportunidad de desarrollar una silvicultura sostenible así como una industria impor­tante de la madera en un contexto de gran dinámica del mercado internacional para este producto (ha crecido 8% anualmente durante los últimos diez años; véase Rodríguez, 1999). En efecto, dentro de la industria manufacturera, el sector de madera y sus derivados era importante sólo en Honduras donde este rubro aportaba cerca del 40% del total del PIB manufacturero. En Costa Rica, El Salvador, Guate­mala, este rubro aportaba el 3.4%, el 2.6%, el 2.1% y 3.0%, respecti­vamente a mediados de los años noventa (CEPAL, 1998).

 

4.    El medio ambiente urbano y el modelo de desarrollo basado en la apertura económica y el estímulo a las exportaciones

 

4.1.   El desarrollo de las ciudades

 

Centroamérica cuenta con una población de casi 35 millones de habi­tantes, de los cuales el 50% habitan en zonas urbanas actualmente. El desarrollo de las ciudades durante las últimas tres décadas ha sido muy acelerado. A ello ha contribuido la alta tasa demográfica - alrede­dor de 3.5% anual - que se acentúa en las ciudades (más de 4%), debido a la migración de población rural.

 

La etapa de la ISI fue atractiva para el proceso de migración pues se abrieron oportunidades de trabajo en esas zonas. Actualmente, la creación de empleos se produce más bien en sectores marginales e informales y ha habido un proceso de deterioro de las condiciones de vida en las urbes.

 

La mayor parte de la manufacturera está compuesta por pequeñas y medianas empresas que surten principalmente al mercado nacional. En 1995 16.877 empresas centroamericanas eran pequeñas (entre 5 y 19 empleados), 2.720 eran medianas (entre 20 y 99 trabajadores) y 993 eran grandes (más de 100 trabajadores). Estas últimas aportaban el 55% de los empleos industriales, y el resto lo contribuían las peque­ñas y medianas empresas. La producción industrial está muy concen­trada: en 1995 las pequeñas empresas contribuían con sólo el 12.5% del PIB manufacturero (PNUD, 1999). Es decir, la productividad es mucho mayor en las grandes empresas y ese indicador disminuye drásticamente con el tamaño de las fábricas. Además, la porción de la producción destinada al mercado interno es menos competitiva y más vulnerable ante las importaciones.

 

Así, en el sector manufacturero, al igual que en el sector agrícola, hay una gran proporción de industria no competitiva, en condiciones vulnerables y produciendo fuertes daños ambientales. En las zonas urbanas, la proporción de la población ocupada en sectores de baja productividad del mercado de trabajo es muy alta. En El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, esa proporción oscilaba entre 50 y 60% en el período 1980 – 1997, y entre 30 y 40% en Costa Rica y Panamá en el mismo período[27] (CEPAL, 1999a). Este fenómeno que incluye también al sector informal crea una situación de marginación y pobreza (hasta del 70% de la población urbana en  Guatemala y Honduras), que redundan en problemas ambientales, entre otros. La gran escasez de viviendas en las urbes es uno de ellos, y llega a alrededor de 3.4 millones de unidades habitacionales, lo que ha provo­cado una proliferación de asentamientos humanos irregulares en zonas poco aptas para ese fin, causando a su vez, gran vulnerabilidad para sus habitantes. La pobreza urbana, es responsable en gran medida de esta situación (Cuadro 4). Asimismo, en las ciudades existen fuertes problemas de contaminación del agua, del aire, inade­cuada disposición de desechos sólidos y, entre éstos, de desechos peligrosos.

 

Respecto a la contaminación atmosférica, las capitales centroamerica­nas, por su aun reducido tamaño, no sufren los problemas agudos de otras urbes más grandes, pero ya comienza a haber impactos signifi­cativos. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, las enfermedades respiratorias, que compiten con las gastrointestinales como las princi­pales causas de muerte, están en parte relacionadas con la contami­nación del aire (Panayotou y Faris, 1997).

 

La institución Pro-Eco basada en Costa Rica hace un monitoreo regular del aire desde 1993/94 en San José, Tegucigalpa, Ciudad de Guatemala, y en San Salvador, Managua y en la Ciudad de Panamá desde 1996. Se ha detectado así, que los principales contaminantes del aire son las partículas suspendidas (generadas principalmente por vehículos diesel), monóxido de carbono (CO), así como NO2 y ozono, aunque estos dos se emiten aún en menor medida que los anteriores (Pro-Eco, 1996).

 

En el caso de emisiones de CO² per cápita, éstas son aun muy reduci­das (Cuadro 4), en promedio: menos de una tonelada métrica per cápita, en contraste con 20 toneladas métricas per cápita emitidas anualmente en Estados Unidos. Sin embargo, éstas crecen a una elevada tasa en la región, especialmente en Costa Rica, mientras las emisiones de ese contaminante en los países industrializados tienden a reducirse en términos absolutos. A este fenómeno le acompaña una progresiva reducción en la eficiencia en el uso de energía medido como PIB por unidad de energía utilizada entre 1980 y 1995 en todos los países de la región (Cuadro 4).

 

La diversificación de las fuentes de generación de energía eléctrica ha atenuado su papel altamente contaminante. La energía eléctrica ha tendido a ser producida crecientemente por plantas hidroeléctricas en todos los países menos Nicaragua, cuya electricidad proviene aun en 50% de plantas térmicas, y Costa Rica, pero cuya producción de energía térmica sólo alcanzaba el 15 % del total en 1995. Los demás países han disminuido su dependencia de esa fuente. Panamá quizás es el caso más sobresaliente, pues el 95% de su energía eléctrica tenía ese origen en 1970, disminuyendo a 31% en 1995 (CEPAL, 1999a).

 

La contaminación del agua es un problema importante en las ciudades. Por una parte no todos los habitantes tienen acceso a agua limpia (en Ciudad de Guatemala 28% de la población no tiene acceso a servicios sanitarios) y, por otro, mucha de la actividad industrial vierte sus desechos a los ríos y/o lagos sin ningún tratamiento, lo que repercute sobre la calidad del agua para consumo humano.

 

Finalmente, el tratamiento de los desechos sólidos es probablemente el aspecto ambiental urbano más deficiente. En ciudades como San Salvador, en 1992, se recolectaba únicamente el 60% de la basura diariamente. En Ciudad de Guatemala, Tegucigalpa y Managua esa proporción era de entre 70 y 80%, mientras en San José se recolec­taba el 90% de ella. Además, en las primeras cuatro ciudades el 100% de la basura recolectada se depositaba en tiraderos abiertos sin ningún tratamiento posterior. Sólo en San José hay rellenos sanitarios adecuados para toda la basura (MacDonald, Otava, Simioni y Komorizono, 1998).

 

 

Cuadro 4: Indicadores de las condiciones ambientales urbanas

 

 
  

^a Dólares de 1987 por kilo de equivalente de combustible.

^b Toneladas métricas per cápita.

 
 

Fuente: CEPAL (1997b); PNUD (1997); WHO y UNICEF (1997); Banco Mundial (1998); MacDonald/ Otava/ Simioni y Komorizono (1998)

 
 

4.2.   La industria de exportación en Centroamérica y la contaminación: Perspectivas

 

En América Central, la actividad industrial ha estado muy marcada en la última década y media por el giro hacia el mercado externo. Las perspectivas, además, son de una mayor profundización de esa aper­tura. Ello ocurrirá tanto a través del avance en la integración hemisfé­rica (Tratado de Libre Comercio de las Américas), como por vía de las negociaciones multilaterales en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

 

En este sentido, lo que ha sucedido desde el inicio de la apertura comercial en la región en 1986 (identificable con el ingreso de la mayor parte de los países centroamericanos al GATT) comparado a su comportamiento posterior, puede proveer un punto de referencia para su posible desempeño futuro en un marco de aun mayor liberalización comercial.

 

Se pueden señalar al menos dos cambios importantes para el medio ambiente en el comercio de productos manufacturados centroamerica­nos a partir de la liberalización comercial: el auge de la maquila (consi­derada inicialmente como un servicio pero ahora se contabiliza como una actividad industrial en la mayor parte de los países); y un cambio en la dinámica y la estructura de las exportaciones de bienes manu­facturados.

 

El impacto de la maquila sobre el medio ambiente es difícil de evaluar, pero depende en gran medida del origen geográfico de las inversiones y de las normas ambientales que rigen en dichos países de origen, así como aquellas de los países donde se instalan. Un estudio reciente (CEPAL, 1998b), sin embargo, muestra que el nivel de desarrollo de recursos humanos y de infraestructura de apoyo de progreso técnico es mucho mayor en Costa Rica que en los demás países, de manera que estas inversiones probablemente también contribuyan a incorporar métodos de producción modernos y menos dañinos para el medio ambiente (este es el caso de la empresa Intel, por ejemplo).

 

Podemos analizar más a fondo la producción manufacturera y prever algunas pautas de su desarrollo futuro. En un trabajo reciente se hizo una estimación de las emisiones de 28 sectores industriales de cinco países centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hondu­ras y Nicaragua) (CEPAL, 1999). Se tomó un período pre apertura comercial (1980-82) y un año reciente (1995) y se hizo una estimación de las emisiones de la industria en ese período atribuible a la actividad exportadora. A su vez, la variación de las emisiones se descompusie­ron en el “efecto escala” y el “efecto composición”. El primero brinda una estimación de las emisiones que hubiera generado la simple dinámica de las exportaciones en el lapso 1980-82 a 1995, mientras el “efecto composición” mide el incremento o decremento en la contami­nación atribuible al cambio en la composición de las exportaciones hacia sectores más o menos contaminantes[28].

 

Es interesante señalar primero que, según estas estimaciones y en términos absolutos, Costa Rica genera alrededor de la mitad de las emisiones industriales del conjunto de cinco países (3.500 toneladas aproximadamente en 1995), a la vez que El Salvador y Guatemala eran responsables de aproximadamente el 20% del total, respectiva­mente, y Honduras y Nicaragua del resto.

 

Segundo, ninguno de los países estudiados parece especializarse en sectores altamente contaminantes. Costa Rica y El Salvador, con alrededor de 13% de exportaciones manufacturadas en el grupo de sectores de alta contaminación, eran los países de la región más propensos a la contaminación industrial en 1995.

 

Así, las exportaciones manufactureras de todos los países se concen­traban en sectores de baja contaminación en un rango de entre 55% de las exportaciones (El Salvador) y el 89% de las mismas (Nicaragua) en 1995. Además, en la mayoría de los países se había reducido el peso de las exportaciones provenientes de los sectores más contami­nantes entre 1980/1982 y 1995.

 

Tercero, en términos dinámicos y a nivel agregado de los cinco países, se estimó que la contaminación se expandió 47% en el lapso conside­rado. Todo el crecimiento de la contaminación parece haber sido originado por el “efecto escala”, es decir, la sola dinámica de las exportaciones, mientras que el “efecto composición” fue nulo.

 

El fenómeno anterior, sin embargo, no refleja el comportamiento individual de los países seleccionados. De hecho, los países conside­rados tuvieron experiencias muy diferentes. El aumento de la contami­nación regional ligada a las exportaciones fue generado casi enteramente por Costa Rica y El Salvador, aunque la contribución de este último país era de alrededor de un tercio del país anterior. En ambos casos hubo un “efecto composición” importante, es decir, un cambio en la estructura de las exportaciones hacia los sectores más contaminantes.

 

En Guatemala las emisiones industriales se mantuvieron práctica­mente inalteradas, debido no sólo al estancamiento de las exportacio­nes, sino a su reestructuración hacia sectores menos contaminantes, reduciéndose así el peso especialmente de los textiles y los metales no ferrosos en el total de exportaciones. En Honduras y Nicaragua, las emisiones industriales se redujeron fuertemente (41% y 55%, respecti­vamente), en el primer caso como resultado de una caída en las exportaciones y en el segundo debido a una profunda reestructuración en el sector exportación, a favor de la industria de baja contaminación.

 

Al comparar estos resultados con los de un estudio similar realizado para una muestra más amplia de países de América Latina[29], se comprueba que hay una similitud con las conclusiones antes señala­das (Schatan, 1999). Entre el período pre y post reformas económicas, los países de tamaño relativamente menor y también más atrasados, reforzaron su vocación productora y exportadora de bienes primarios o intensivos en recursos naturales, salvo el caso de Costa Rica. Al mismo tiempo, la mayor parte de éstos también experimentaron un alejamiento de los sectores altamente contaminantes en la actividad manufacturera.

 

En dicho trabajo se señala que tras las reformas económicas de los años ochenta, los países medianos y pequeños mantenían un patrón tradicional de exportaciones y si desarrollaban nuevas líneas, era más bien en commodities intensivas en recursos primarios y altamente contaminantes (industria química, por ejemplo). Sin embargo, no se consideraba este patrón como una señal del desplazamiento de indus­trias sucias a los países con normas ambientales laxas, pues muchas de las industrias de commodities, por lo general, usan la mejor tecno­logía disponible. Ello más bien reflejaba un especial interés de las empresas nacionales e internacionales por aprovechar la disponibili­dad de recursos naturales abundantes en esos países en un ambiente de libre flujo de bienes y capitales. Ello no significa, sin embargo, que países como Costa Rica y El Salvador, donde la industria química ha crecido aceleradamente, no deban prestar atención a las normas ambientales seguidas por dicha industria.

 

5.    El legado de las prácticas agropecuarias, el desarrollo urbano y la pobreza: Deforestación, degradación de cuencas hidrográficas y vulnerabilidad

 

El conjunto de condiciones descritas hasta ahora, es decir, prácticas agrícolas inadecuadas, especialmente las relacionadas al cultivo de granos básicos en fincas de autosubsistencia y también en las fincas más modernas; la ganadería; los cultivos de exportación; y la silvicul­tura; además de la dependencia de la energía de fuentes tradicionales (leña y carbón); pobreza y alta tasa de crecimiento demográfica, han tenido efectos devastadores sobre los recursos naturales. El impacto adverso de la especialización en la producción de bienes primarios sobre los bosques se ha magnificado debido a la falta de valoración de los servicios del bosque, la carencia de definición sobre los derechos de propiedad de la tierra, y los incentivos económicos para el cambio en el uso de los suelos forestales que se otorgaban hasta hace poco. Para el caso de Costa Rica, se ha calculado que la depreciación de los recursos naturales entre 1970 y 1989 fue equivalente al 5.6% del PIB, en promedio, anualmente (Solórzano, 1991).

 

El caso de Belice, que no ha sufrido el deterioro forestal y de otros recursos naturales como los demás países centroamericanos, es importante de mencionar como punto de contraste. Este país tiene una densidad demográfica muy baja (cuenta sólo con 200,000 habitantes, con un territorio de la magnitud de El Salvador). Además tiene una tradición productiva diferente a los demás países, habiendo sido su actividad marítima tradicionalmente más importante que la terrestre. Ha habido políticas expresas para impedir las prácticas de roza y quema que han aplicado algunas etnias y, al no ser muy exitosas, se han sustituido por políticas que promueven el uso sustentable de los recursos naturales. Hay que notar, sin embargo, que para llevar a cabo esta estrategia Belice ha contado con apoyo externo importante tanto de Gran Bretaña como de Estados Unidos (Palacio, 1999).

 

Para la región en su conjunto, hacia mediados de los años noventa, la cubierta forestal abarcaba el 36.2% del territorio centroamericano (excluyendo a Belice), una cuarta parte menor que la cubierta boscosa de la región en 1980 (Segura, et al, 1997; CCAD, 1998). Si continúa la tasa de deforestación anual actual de alrededor de 390 mil hectáreas al año en el Istmo, en menos de cincuenta años se habrá terminado el bosque de la región, los problemas ambientales para el área serán inconmensurables, y sus posibilidades de desarrollo económico se verán severamente truncadas.

 

Más aun, el impacto ambiental negativo de las prácticas agropecuarias es mucho mayor al que tendría en otro contexto geográfico, dada la accidentada topografía de la región (70% del territorio se encuentra sobre laderas) y la concentración de la propiedad de la tierra. Las  mejores tierras están en manos de sectores de ganadería extensiva y agroexportación moderna con 63% del área en uso para 24% del número de fincas, mientras el resto de las fincas son propiedades pequeñas y se ubican preponderantemente en laderas (Leonard, 1987; CCAD, 1998).

 

La deforestación del terreno inclinado y expuesto a fuertes lluvias provocadeslaves e inmediata pérdida de suelos fértiles. A lo anterior hay que agregar que el elevado crecimiento de la población y la consi­guiente creación de nuevos asentamientos humanos en zonas inesta­bles y vulnerables a fenómenos naturales devastadores, expone a fuertes peligros a la población de esas áreas.

 

Las alteraciones climáticas, en parte, son consecuencia de la fuerte deforestación acentúan aun más la vulnerabilidad de las zonas afecta­das ante nuevos fenómenos climáticos. Los ríos y lagos que acumulan crecientes sedimentos a raíz de los deslaves, son incapaces de absor­ber adecuadamente las nuevas cargas de agua que se acumulan en época de tormentas tropicales y huracanes, produciéndose así fuertes inundaciones y, con ello, pérdidas materiales y mayor destrucción del medio ambiente. Por ejemplo, el huracán Mitch de 1998 alteró profun­damente los sistemas hidrográficos de las regiones afectadas como resultado de los numerosos derrumbes y deslizamientos de tierra. El azolvamiento de numerosos ríos y algunos lagos, ha limitado conside­rablemente la capacidad de esas zonas de evacuar aguas de esco­rrentía.

 

El evento más trágico que se registró a raíz del huracán Mitch fue el deslave en las faldas del volcán Casita, próximo a Chinandega en Nicaragua, que sepultó a varias comunidades campesinas dejando un saldo de al menos 2.000 muertos. En Honduras y particularmente en Tegucigalpa los derrumbes y deslizamientos también dañaron fuerte­mente e incluso enterraron barrios completos de la ciudad (CEPAL, 1999c). Aun más, existen estudios que demuestran que en Honduras las aguas que inundaron varias ciudades, incluyendo Tegucigalpa, provenían de laderas deforestadas donde se aplican prácticas agríco­las insostenibles (PNUD, 1999).

 

Los daños del huracán Mitch ocasionados a servicios ofrecidos por las zonas protegidas, es decir, la captura de CO², la protección de aguas, la conservación de la biodiversidad y la preservación de ecosistemas, se estiman en alrededor de 67.4 millones de dólares y su rehabilitación en al menos 137.7 millones de dólares (CEPAL, 1999e).

 

Los cultivos que podrían ser menos destructivos en las tierras más vulnerables, como cultivos perennes, o el hacer obras de infraestruc­tura para detener la pérdida de suelo en laderas (muros de retención, etc.), pero que requieren cierta inversión, no se realizan, no sólo por falta de apoyo financiero, sino también debido a la incertidumbre que existe respecto a la propiedad de la tierra. Un ejemplo extremo es el de Guatemala, donde 95% de las tierras rurales no cuentan con títulos de propiedad oficial (USAID, 1999).

 

Especial atención requiere el recurso agua, que es indispensable para el desarrollo. Centroamérica está dotada de una gran riqueza hídrica, dados sus elevados niveles de precipitación, pero debido al mal ma­nejo del recurso, éste se está degradando rápidamente. Las cuencas hidrográficas juegan el doble papel de vital líquido de consumo humano, insumo para la producción agrícola e industrial, a la vez que es sumidero de desechos de todos esos procesos (PNUD, 1999). Los bosques y, en general, la cobertura vegetal tiene un rol muy impor­tante, pero amenazado, para conservar el agua a través de la preser­vación de los climas locales, regulación de aguas superficiales, conservación de suelos y su capacidad de absorber el líquido.

 

Las ciudades, cuya población se expande rápidamente, ejercen pre­sión sobre las aguas subterráneas debido al aumento de bombeo, que puede superar la capacidad de recarga de esos mantos subterráneos. Al mismo tiempo, la construcción y ampliación de las ciudades tiende a sellar la capacidad de recarga de estos acuíferos (debido al uso del cemento, asfalto, etc.) y los desechos sólidos que se evacuan a través del agua tienden a contaminar ese recurso. Quizás el caso más agudo es el de la cuenca del río Grande de Tárcoles, que se ubica enteramente dentro de Costa Rica y se encuentra en la vertiente del Pacífico. Esta cuenca acoge al 60% de la población del país, 85% de la industria, el comercio y los servicios. Las aguas superficiales están fuertemente contaminadas y amenazan con deteriorar también las aguas subterráneas. El proceso de beneficiado de café es la fuente de 45% de la contaminación orgánica, la industria genera 31% de esa contaminación y las aguas negras de los hogares producen el resto (PNUD, 1999). Este cuadro de deterioro es una fuerte amenaza a la salud humana, y a medida que se agrava la situación el agua de esta fuente se vuelve progresivamente más inservible. Finalmente, el efecto contaminante del río Grande de Tárcoles llega hasta la costa, que es una de las zonas más habitadas y donde la actividad pesquera es intensa, poniendo en peligro también la salud humana y el medio ambiente y ciertas actividades económicas en esa área (PNUD, 1999). Cabe mencionar que, aunque en menor medida, todas las cuencas hidrográficas de Centroamérica adolecen de la mayor parte de los problemas señalados para el río Grande de Tárcoles. El hecho de que varias de ellas traspasen límites geográficos nacionales hace más difícil su protección pues no existe en Centroamérica un mecanismo que coordine el manejo de estas cuencas de una forma conjunta entre los países involucrados (USAID, 1999).

 

El deterioro de las cuencas hídricas contribuyen a hacer más vulnera­ble a la población que vive cercana a ellas y a los recursos naturales que dependen de ellas. En este contexto parecen impostergables tareas como: (a) identificar las zonas más vulnerables a desastres naturales, entre las que están inundaciones, derrumbes, deslaves, incendios y sismos para evitar asentamientos humanos en esas áreas; (b) efectuar obras de infraestructura que permitan aliviar el impacto de los fenómenos naturales mencionados; se pueden considerar drena­jes, defensas fluviales, embalses, etc.; (c) también habría que redi­señar obras de infraestructura (puentes, caminos alcantarillado, etc.) expuestas a destrucción ante fenómenos naturales como los huraca­nes, de forma que se evite su derrumbe o destrucción futura, con los costos de vidas humanas y otros. (CEPAL, 1999b); (d) poner en práctica un manejo adecuado de cuencas hidrográficas, eliminando la obstrucción de ríos, desasolvarlos, reforestar sus orillas, etc.; (e) proteger ecosistemas importantes para el recurso hídrico, como son los bosques nubosos de altura, pues pueden almacenar grandes cantidades de agua pluvial, así como humedades costeras y palestri­nos (PNUD, 1999).

 

Por último, hay que notar que el impacto de la deforestación sobre la atmósfera también es muy negativo. Según estimaciones del World Resources Institute (1997), el cambio en el uso de tierra generaba por lo menos cuatro veces más emisiones de CO² que el consumo de combustibles fósiles en todos los países centroamericanos. Este fenómeno se ha profundizado como resultado de los incendios. Entre diciembre de 1997 y mayo de 1998, 2.5 millones de hectáreas, es decir casi 5% del territorio centroamericano fue afectado por incendios forestales. Ello responde, además de los cambios climáticos, a un manejo inadecuado del bosque, y la falta de regulación de las activida­des forestales (PNUD, 1999).

 

6.    Algunos mecanismos para compatibilizar el desarrollo económico y protección del medio ambiente

 

6.1.   Valorización de los servicios ambientales

 

La falta de valoración de los servicios que los recursos naturales proveen a la sociedad ha sido uno de los motivos más importantes detrás de su uso no sostenible en Centroamérica. Sin embargo, la retribución a la conservación de algunos de esos recursos es difícil­mente costeable para dichos países. Por este motivo, la creación de mecanismos internacionales para que diversos países puedan com­prar y vender servicios de absorción de CO², por ejemplo, potencial­mente es una fuente importante de financiamiento para proteger los bosques centroamericanos y los de otros países en desarrollo, a la vez que responden a la preocupación global por el deterioro ambiental mundial.

 

Con la Convención sobre Cambio Climático (1992), los países indus­trializados convinieron en tomar medidas para estabilizar las concen­traciones de gases que producen el efecto invernadero en la atmósfera. En la reunión de Kioto (1997), dichos países acordaron reducir en 5% esas emisiones, respecto a los niveles de 1990, entre 2005 y el 2012. Dentro de este marco, la creación del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), que permite a los países del Anexo I (países industrializados y economías socialistas en transición) financiar pro­yectos en países en desarrollo para que, a través del secuestro de carbono o de reducción de emisión de ese gas en esos últimos países, los primeros puedan cumplir con sus propios compromisos de reduc­ción de gases invernadero.

 

La inversión de los países del Norte en los sectores forestal (gestión de bosque naturales y plantaciones forestales) y de energía (genera­ción de electricidad con fuentes renovables y eficiencia energética) puede ayudarlos a cumplir con sus compromisos adquiridos en la Convención sin tener que incurrir en los altos costos de hacerlo en sus países. Por ejemplo, mientras reducir una tonelada de carbono en un país industrializado cuesta entre 80 y 120 dólares, para Costa Rica fijar una tonelada de ese gas mediante la conservación o reforestación de su bosque se estimaba en 10 dólares la tonelada en 1998[30]^,[31]. A pesar de que el comercio de bonos de absorción de CO² se recono­cerá a partir del año 2000 dentro de un proyecto piloto, en el marco del MDL se han impulsado alrededor de 90 proyectos a nivel mundial, de los cuales 20 están ubicados en América Central (INCAE y HIID, 1999).

 

Entre los anteriores, aquellos para generar energía en forma sostenible han sido más fáciles de colocar que aquellos diseñados para la protec­ción del área de bosques. Las dificultades que enfrenta este último tipo de proyectos tiene que ver sobre todo con la falta de certidumbre acerca de la propiedad de la tierra y, por tanto, del uso de suelo que puede dársele en el futuro a bosques que respaldan los bonos a veinte años de captación de CO².

 

Por otra parte, en la mayoría de los países de la región se está redise­ñando la política forestal con el fin de que los esfuerzos que se realicen para que la protección de la naturaleza se convierta en una actividad rentable en sí. Costa Rica ha sido pionera en sentar las bases para aprovechar las oportunidades que ofrece el MDL, al considerar en su Ley Forestal de 1996 al menos cuatro servicios que proveen los bos­ques: (a) protección de aguas para consumo humano y generación hidroeléctrica; (b) belleza escénica; (c) biodiversidad y contribución a la captura de dióxido de carbono; (d) contribución para resolver el problema del cambio climático.

 

La posibilidad de pagar los servicios forestales y financiar créditos para el manejo de bosques, reforestación, sistemas agroforestales, entre otros en Costa Rica, depende en gran parte de los recursos que logre captar el nuevo Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) creado a través de la nueva Ley Forestal de 1996. Los recursos reunidos por este fondo provienen de un impuesto a los combustibles de 3% y los ingresos que genere la emisión de bonos de captación de CO² así como otras fuentes menos importantes (canje de deuda externa, entre otras).

 

El potencial para vender servicios ofrecidos por los recursos naturales van mucho más allá de los sumideros de CO² y de la generación de energía de fuentes renovables. La rica biodiversidad tiene también un gran potencial. Por ejemplo, de medio millón de plantas y especies, sólo el 1% de ellas se ha investigado con el fin de encontrar en ellas dotes terapéuticas. Sin embargo, se necesita un esfuerzo mayor que el que se hace actualmente para lograr producir un valor agregado a estos recursos biológicos. Se requiere que los países del área se integren de alguna manera a los mercados internacionales de recursos biológicos, además de una legislación que proteja los conocimientos en este terreno de manera que los países puedan usufructuar de esta riqueza. Así, esta actividad podría ser un medio para elevar el nivel de vida de la población, especialmente la rural que vive estrechamente ligada a estos recursos (Castro, 1999).

 

Otra fuente para remunerar los servicios de la naturaleza centroameri­cana es el ecoturismo. El turismo en América Central, tras un período de estancamiento o retroceso en los años ochenta, debido a los con­flictos bélicos en la región, tuvo un auge marcado en los años noventa. En efecto, el ingreso proveniente de esa actividad se expandió a un ritmo de 11.5% anual entre 1986 y 1996, es decir, una tasa muy similar a la dinámica mundial de dicha actividad (INCAE y HIID, 1999). La Organización Mundial de Turismo y Banco Mundial (1998) ha pronosti­cado que durante los próximos veinte años el turismo tiene una pers­pectiva muy alentadora, ya que se espera que el número de turistas se eleve de 613 millones en 1997, a 1.6 mil millones en el año 2020. Los ingresos derivados de esa actividad también se elevarían de US$443 mil millones en 1997 a más de US$2 billones en el 2020.

 

Pero en términos del medio ambiente, gran parte del turismo es dañino para las áreas más frágiles de la naturaleza, como los arrecifes, los bosques de lluvia, los bosques de nubes y la biodiversidad. A pesar de lo limitado del peso del ecoturismo dentro de la actividad turística global es el sector que mayor dinámica ha tenido en comparación con el componente tradicional de ese servicio. De hecho, se estima que el turismo ecológico en sus diversas modalidades (aventuras, deportivo, educación, visita a sitios arqueológicos, etc.) ha crecido en 25 o 30% anualmente en la última década (INCAE y HIID, 1999).

 

Este último tipo de turismo se hace respetando a la naturaleza, y el costo de hacerlo se traspasa a los usuarios de ese servicio. Además, esta actividad crea empleos – al menos uno o dos por habitación de hotel – y debido a que mucho del turismo ecológico se hace en las partes más atrasadas de los países en desarrollo, tiene un efecto benéfico sobre el nivel de vida de esas regiones. Más aun, el empleo turístico crece alrededor de 50% más que los empleos en cualquier otra industria (Banco Mundial y Organización Mundial de Turismo, 1998).

 

La evolución de este tipo de servicio en los próximos años será muy importante para financiar áreas ambientalmente valiosas, pero la zona de turismo tradicional requiere de mayores reglamentos y fiscalización para detener la destrucción de manglares y zonas costeras.

 

6.2. Canje de deuda por naturaleza (CDN)

 

Este es un mecanismo que se comenzó a usar a fines de los años ochenta[32] y que ha tenido el propósito de ayudar a reducir la gran deuda que habían contraído los países en desarrollo con los bancos privados internacionales desde 1979 y, a la vez, favorecer la protec­ción de la naturaleza. En esta operación un organismo internacional (generalmente una ONG) compra deuda de algún país en desarrollo en el mercado secundario con un fuerte descuento, luego dicho orga­nismo acuerda con alguna institución basada en el país un plan am­biental específico y, finalmente, el Banco Central del país en desarrollo convierte los títulos de deuda adquiridos por la ONG internacional a moneda local (pero por el valor total del título, en moneda nacional), lo que finalmente se traspasa a la ONG nacional para financiar el pro­yecto ambiental.

 

Los CDN en su primera versión, por representar una potencial presión inflacionaria y por ser financieramente complicados de implementar no tuvieron una gran recepción, aunque algunos países como Costa Rica se beneficiaron de varios de los CDN. Sin embargo, ese propio país interrumpió temporalmente uno de esos CDN por un monto de cien millones de dólares por temor a sus posibles efectos inflacionarios (Miller, 1991).

 

La segunda generación de CDN, que comenzaron a utilizarse a princi­pios de los años noventa – con nuevas disposiciones introducidas por el Club de Paris (1990/91) y otra incluídas en la Iniciativa de las Améri­cas (1990) – y que puede realizarse con deuda contraída con gobier­nos de otros países, abrió una nueva puerta muy prometedora para el financiamiento de organismos ambientalistas nacionales a través de la creación de fondos especiales con este fin (Gugler, 1997).

 

6.3.   Nuevos y viejos métodos de producción para proteger el ambiente

 

Existen experiencias exitosas de introducción de métodos de conser­vación de los recursos naturales incluso entre los productores de subsistencia. En Honduras, el Land Use Productivity Enhancement (LUPE) es un proyecto que difundió a partir de 1980 métodos para conservar suelos en laderas y simultáneamente mejorar la eficiencia de los productores de granos básicos en esos terrenos. Alrededor de 37.500 familias incluídas en este programa y que ocupaban más de 50.000 hectáreas, han adoptado estos métodos de cultivo y además de proteger el suelo, lograron aumentar sus ingresos en 50% (USAID, 1999). La conservación de suelo la han conseguido con la construc­ción de terrazas de piedra, con barreras vivas de vetiver, cubierta orgánica o agroforestería. Un indicador de esto último es el hecho de que con el Huracán Mitch, las fincas que estaban bajo el sistema de LUPE sufrieron escasos daños comparado con las fincas que no habían tomado estas medidas preventivas (USAID, 1999).

 

Asimismo, los distintos métodos de producción en los cafetales regis­traron diversos grados de resistencia ante los embates de Mitch. Las zonas cafetaleras de sol sufrieron con el huracán muchos más daños que las zonas de sombra, que conservan en mayor medida el suelo. Además, la calidad inferior del café de sol al de sombra, que se refleja en una diferencia de precios a favor de este último y un margen de ganancias más elevado[33], no justifica el cambio de la forma tradicional de cultivo a aquellas variedades de sol (Harner y Pratt, 1997). En este sentido, las técnicas y variedades tradicionales de café son desde todo punto de vista, incluso económico, más favorables que las nuevas variedades. En este caso, una política para conservar las prácticas tradicionales de cultivo de estos granos sería de gran valor para el medio ambiente y no erosiona la economía del productor.

 

El método orgánico de cultivo de productos agrícolas también cumple la doble función de ser amigable al medio ambiente y muy rentable. Aunque esta veta no se ha desarrollado mucho en Centroamérica, estos productos son muy prometedores por la dinámica de su mercado a nivel mundial (crece a un ritmo de 25% anual). Ello contrasta fuerte­mente con los mercados de productos agrícolas tradicionales, cuyo crecimiento se estima en 2% anual (Rosen y Larson, 1999, citado en INCAE y HIID, 1999). Dentro de éstas, el mercado potencial para las maderas producidas en forma sostenible es muy prometedor (INCAE y HIID, 1999).

 

La certificación ambiental para los productos silvícolas tiene un mer­cado internacional potencial muy grande dada la enorme demanda por esos productos. Sin embargo la certificación en la región es aun incipiente. Actualmente existen 16 Unidades de Manejo Forestal (UMF) certificadas y una sola industria en este rubro. Así, el área certificada en Centroamérica es de 176.736 hectáreas, de las cuales 87% es bosque natural, y el resto son plantaciones. De esta últimas, el total del área certificada está ubicada en Costa Rica. (Rodríguez, 1999).

 

Las expectativas para el sector silvícola son buenas pues el cambio en las legislaciones nacionales conducirán a un mejoramiento en el desempeño ambiental de este sector y, por lo tanto, estarán más cerca de cumplir con las exigencias de los sellos ambientales u otros instru­mentos de ese tipo. En Honduras, por ejemplo, se están introduciendo cambios en el marco reglamentario para la producción de madera, tales como la exigencia de planes de manejo, levantamiento de ma­pas, entre otros, y que han implicado un esfuerzo especial por parte de los productores (Flores Rodas, 1999).

 

En el campo de la energía, la demanda ha estado creciendo a altos ritmos en los últimos años en la región y, dado el rezago en el acceso a la energía de una parte importante de la población, la capacidad de generación de ella tendrá que casi duplicarse en los próximos seis a siete años. El riesgo de esta perspectiva es que se expanda la energía térmica en lugar de utilizar la energía hidroeléctrica (que requiere de inversiones más grandes y de más larga maduración que las plantas de electricidad térmica) u otras formas de generar energía en base a recursos renovables y no contaminantes.

 

La región tiene grandes potencialidades en el terreno hidroeléctrico. Salvo El Salvador, Panamá y Belice, los demás países tienen posibili­dades de aumentar sustancialmente la generación de electricidad mediante plantas hidroeléctricas. De hecho, la reserva hidroenergética más importante, que es la vertiente que drena hacia el Caribe, está utilizada en sólo 6.5% de su capacidad y Nicaragua presenta la mayor subutilización (Pasos, 1994).

 

En cuanto al ahorro de energía, también hay muchas perspectivas prometedoras. Si los ingenios se modernizaran hasta lograr una productividad promedio de 60 kilovatios por hora (actualmente la producción de electricidad de ese sector es, en promedio, de 10 a 20 KW por hora), el potencial de generación de este sector podría satisfa­cer alrededor de 8 a 10% de la demanda total de energía en la región (BUN-CA, 1997).

 

7. Perspectivas hacia el año 2020

 

Existen grandes incógnitas acerca del comportamiento económico y ambiental de los países centroamericanos en los próximos veinte años. Sin embargo, se cuenta con algunas proyecciones de variables bastante confiables. Este es el caso de la tasa de crecimiento demo­gráfico que para el total de población de la región centroa