Esta publicación se realizó gracias al apoyo financiero de la Oficina de Desarrollo Regional y Sostenible, América Latina y el Caribe (LAC) de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos según Disposición No. LAG-G-00-98-00048-00 y de la Unión Europea. El trabajo refleja exclusivamente las opiniones del autor/ de la autora y por tanto no representa en ningún caso la opinión de las instituciones involucradas.

   

CA 2020: Documento de trabajo # 5

 

 

Juan Pablo Pérez Sáinz

 

 

Las cuentas pendientes de la

modernización.

tendencias laborales y sus efectos

sobre la integración social en el

istmo centroamericano

 

 

 

Juan Pablo Pérez Sáinz
Las cuentas pendientes de la modernización. Tendencias laborales y sus efectos sobre la integración social en el Istmo Centroamericano
Hamburg: Institut für Iberoamerika-Kunde 2000

(CA 2020: Documento de trabajo # 5)
ISBN 3-926446-70-6

 

 

 

Juan Pablo Pérez Sáinz; Doctor en Economía, Vrije Universiteit, Bruselas, Bélgica. Actualmente es Investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en Costa Rica. Su trabajo se centra en mercados laborales, pobreza y desarrollo econó­mico local.

Índice

 

Resumen ejecutivo     1

 

Executive summary     5

 

1. Introducción        9

 

2. Empleo, pobreza e inequidad en los años 90     12

2.1. Las reformas laborales       13

2.2. La dinámica del empleo       21

2.3. La evolución de la pobreza y de la distribución del ingreso    34

 

 

3. El futuro inmediato del empleo y de la integración social         42

3.1.  Salarización: entre la precariedad y la empleabilidad       44

3.2.  Exclusión: entre el desempleo y la emigración                 48

3.3.  Autogeneración de empleo: entre la pobreza y el desarrollo local        50

3.4.  La ciudadanía laboral          52

 

4.    Conclusiones           57

 

Bibliografía            62

 

Resumen ejecutivo

 

1. Las primeras décadas de modernización en Centroamérica estuvie­ron signadas por tres hechos. Primero, hubo modernización laboral en toda la región, aunque sus expresiones fueron desiguales y no todos los países alcanzaron igual nivel de modernización. Segundo, en el agro se consolidó una dinámica perversa cuyo resultado principal fue la generalización de la pobreza. Y tercero, las posibilidades de contra­rrestar esta dinámica mediante el desarrollo de empleo formal en las ciudades fueron insuficiente y de corta duración, por lo que las zonas urbanas se vieron también sumidas a tendencias laborales generado­ras más bien de pauperización. La crisis de este proceso, durante la pasada década de los 80, supuso que, con la excepción costarricense, los mercados laborales se ajustaran a través de mecanismos distintos al desempleo abierto. Migración internacional e informalidad fueron las principales expresiones de tal ajuste. Este último fenómeno acentuaba la tendencia de precarización del empleo y en concreto la territorialidad por excelencia de este tipo de modernización. La principal consecuen­cia fue un incremento de la pauperización que no siempre fue acom­pañada con un deterioro de la desigualdad.

 

2. En la década de los 90, en el nuevo contexto de ajuste y globaliza­ción, ha acaecido cierta redefinición institucional del mercado de trabajo respecto de la que habría varios fenómenos que resaltar. Lo primero es que parece que ha habido una recuperación del salario mínimo como referente básico aunque, en ciertos países, su capaci­dad adquisitiva deja mucho que desear. Segundo, las reformas labo­rales no apuntan hacia una desregulación radical, con la excepción panameña. De hecho, históricamente, los mercados de trabajo cen­troamericanos, en la práctica y por razones del desarrollo político, han estado muy poco regulados y han tenido, por tanto, poca rigidez institucional. Es importante resaltar que, por el contrario, en estos años ha habido un cierto reconocimiento del sujeto sindical producto de la transnacionalización de la acción sindical que ha inducido, paradójica­mente, la propia globalización. No obstante, los logros legales obteni­dos no parecen traducirse en la práctica. Tercero, las experiencias de reducción de empleo público son disímiles y remiten a las dinámicas de la propia reforma del Estado. Obviamente, el caso nicaragüense se destaca en este sentido. Y cuarto, los intentos de generación de empleo emergente, a partir de la propia iniciativa estatal, sólo han tenido relevancia en Honduras y Nicaragua. Pero, la evidencia apunta a que se trata de empleo temporal y precario que no resuelve ni problemas de desempleo y ni de pobreza.

 

3. En cuanto a la dinámica del empleo, y del lado de la oferta, lo más relevante a resaltar es el mantenimiento de la tendencia histórica hacia la feminización del mercado laboral ya acentuada desde la crisis de los 80. Del lado de la demanda, y en términos de empleo rural, se detecta un proceso generalizado de descampesinización combinado con la importancia creciente de actividades no agrícolas. En cuanto al empleo urbano, lo más significativo es la pérdida de importancia relativa del empleo público. El autoempleo sigue jugando su función de ajuste del mercado laboral y los nuevos ejes acumulativos, referidos a activida­des transables, han generado dinámicas ocupacionales importantes en la nueva industria y en el turismo, pero no así en las nuevas agroex­portaciones.

 

4. Para los países que existe información, la pobreza se ha reducido en aquellos que históricamente han tenido menores niveles de paupe­rización (Costa Rica y Panamá) mientras que en los restantes (El Salvador y Honduras) se han mantenido las mismas tasas de inicio de la década. Distinguiendo espacialmente, hay reducción generalizada con la excepción de las zonas rurales en El Salvador y urbanas en Honduras. En cuanto a la distribución del ingreso acaece la misma distinción entre países pero con signos distintos: mejora en Honduras y El Sal­vador pero incremento de la inequidad en los otros dos casos. Hay que resaltar el crecimiento del bienestar en el caso cuscatleco que insinúa, a título de hipótesis, el impacto redistributivo de las remesas.

 

5. En el futuro inmediato se pueden identificar varias tendencias básicas en términos de dinámicas laborales y su impacto en términos de integración social:

 

·        el empleo formal perderá su centralidad con efectos de desintegra­ción relativa. Este fenómeno se expresaría de manera más nítida en el caso del empleo público;

 

·        se detecta una nueva proletarización ligada a los nuevos ejes acumulativos emergentes en actividades como nuevas agro ex­portaciones, industrialización exportadora y turismo. Es un pro­ceso heterogéneo con dos polos básicos: por un lado, empleos precarios con consecuencias del mismo tipo en términos de in­tegración social; y por otro lado, una fuerza de trabajo altamente empleable con movilidad social ascendente;

 

·        el desempleo estructural se manifestará como rasgo propio del nuevo modelo acumulativo afectando principalmente a mujeres y, sobre todo, a jóvenes. Sus consecuencias desintegradoras son obvias;

 

·        la migración, tanto extra como intraregional, seguirá constituyendo uno de los principales mecanismos de ajuste del mercado laboral en algunos países. Las remesas generadas podrían tener un impacto importante para contener la pobreza e, incluso, para disminuirla;

 

·        persistirá un núcleo duro de pobreza estructural que seguirá afec­tando a las actividades de baja productividad: campesinado y autoempleo urbano de subsistencia. Esta problemática se ha agravado, en los casos nicaragüense y hondureño, por los efec­tos devastadores del huracán Mitch;

 

·        la autogeneración de empleo puede tener una expresión diná­mica, en términos de incorporación al proceso globalizador, a través del desarrollo y consolidación de aglomeraciones territo­riales de pequeñas empresas. Las dinámicas laborales y socia­les estarán signadas, ante todo, por su naturaleza local.

 

6. Estas tendencias plantean la cuestión de la ciudadanía laboral como la problemática socio-laboral estratégica para el futuro inmediato. Cuatro son los aspectos claves a considerar. Primero, si bien en la actualidad hay énfasis en los deberes (empleabilidad) no hay que olvidar los derechos laborales. Segundo, la territorialidad de la ciuda­danía laboral no se circunscribe al marco nacional, sino que se pro­yecta transnacionalmente (a través de la migración) y también se fragmenta localmente. Tercero, emergen múltiples actores donde destaca el empresariado que está llamado a asumir la centralidad de la nueva acción social. En este sentido, la ciudadanía laboral debe ser incorporada a la cultura empresarial. Y cuarto, la ciudadanía laboral sólo puede ser viable dentro de un modelo de acción social que com­bine la maximización de oportunidades que ofrece la globalización con la minimización de riesgos que, ineludiblemente, conlleva.

 

7. El conjunto de tendencias explicitado en el punto previo al anterior plantea toda un conjunto de desafíos en términos de intervención:

 

·        el desempleo y sus efectos desintegradores pueden limitarse a través del incremento de la empleabilidad de los jóvenes;

 

·        las posibilidades de reducir la integración social precaria de los migrantes intrarregionales pasa por el reconocimiento de la ciu­dadanía laboral a nivel centroamericano;

 

·        el desarrollo de dinámicas de salarización, sustentadas en la em­pleabilidad y que limiten la precariedad laboral, se pueden lograr a base de vías “altas” de acumulación orientadas hacia el uso capital humano construido sobre competencias. Esto depende de la configuración de una coalición que apueste por una mo­dernización globalizada sustentable y equitativa;

 

·        la generalización de la pobreza en varios países de la región su­pone la necesidad de repensar el alcance universalista de las políticas de combate a la pauperización. Por su parte, la vulne­rabilidad remite al mercado laboral y a las dos caras de la ciuda­danía social: mantener derechos mínimos y acrecentar empleabilidad;

 

·        el desarrollo sustentable de aglomeraciones territoriales de peque­ñas empresas pasa por el desarrollo local. Es decir, es ne­cesario que las mismas encuentren un entorno signado por densidad institucional suficiente.

 

Todos estos desafíos apuntan hacia acciones que busquen la consoli­dación y desarrollo de la ciudadanía laboral. Acciones que deben orientarse hacia la maximización de oportunidades que plantea la globalización, pero también la minimización de los riesgos que con­lleva. Es este tipo de acción social el que posibilitaría un verdadero desarrollo de ciudadanía laboral y que las cuentas pendientes de la modernización centroamericana comiencen a saldarse.

 

Executive summary

 

1. The first decades of modernization in Central America were charac­terized by three phenomena. First, there was industrial modernization throughout the region, albeit unevenly expressed, with not all states achieving the same level of modernization. Second, in farming a perverse dynamics was consolidated, the main result of which was a general spread of poverty. Third, the opportunities for counteracting this trend by generating formal employment in cities were inadequate and short-lived, because urban areas were also hit by labour trends which generated a great deal of pauperization. The crisis of this proc­ess during the 1980s meant that, with the exception of Costa Rica, labour markets adjusted by different mechanisms to open unem­ployment. International migration and informality were the principal manifestations of this adjustment. This latter phenomenon continued to accentuate the trend towards insecure employment, and specifically the highly territorial nature of this type of modernization. The main consequence was an increase in pauperization which was not always accompanied by a worsening of inequality.

 

2. In the 1990s, in the new context of adjustment and globalization, there was a certain institutional redefinition of the labour market in respect of which various phenomena should be highlighted. First, there appears to have been a recovery in the minimum wage as a basic point of reference, although in certain countries its purchasing power leaves much to be desired. Second, except in the case of Panama, labour reform does not indicate radical deregulation. In fact, historically the Central American labour markets, both in practice and for reasons of political development, have been regulated only to a very minor extent and because of this have not suffered much institutional inflexi­bility. It is important to highlight that, on the contrary, during this period there was a certain recognition of the trade union issue as a result of the transnationalization of labour union action which, paradoxically, globalization itself has brought about. However, the legal gains do not appear to be being translated into practice. Third, experiences of reduction in public employment are dissimilar and relate to the dynam­ics of the reform of the state itself. Obviously, the case of Nicaragua stands out in this respect. And fourth, attempts to generate emerging employment based on the state’s own initiative have only had any relevance in Honduras and Nicaragua. But the evidence indicates that this is temporary and insecure employment which resolves neither the problems of unemployment nor poverty.

 

3. In respect of the dynamics of employment, on the supply side the most relevant point to highlight is the continuation of the historic trend toward feminization of the labour market which had already been accentuated since the crisis of the 1980s. On the demand side, in terms of rural employment a general process of a move away from agricultural work can be detected, combined with growing importance of non-agricultural activities. With regard to urban employment the most significant feature is the decline in the relative significance of public employment. Self-employment continues to fulfil its function of readjustment in labour market and the new accumulative axes relating to buying and selling activities have generated important employment dynamics in new industry and in tourism, but not in new agri-exports.

 

4. In the countries for which information is available, there has been a decline in poverty in the those which historically had lower levels of pauperization (Costa Rica and Panama) while in the others (El Salva­dor and Honduras) the levels remain the same as at the start of the decade. In terms of geography, there has been a generalized reduction with the exception of the rural areas of El Salvador and the urban areas of Honduras. There are also differences in the development of income distribution, but with different characteristics: improvement in Honduras and El Salvador but an increase in inequality in the other two cases. One must highlight the growth of well-being in the case of Cuzcatleco QUERY, which implies, by way of hypothesis, the redistributive impact of remittances.

 

5. For the immediate future various basic trends can be identified in terms of labour dynamics and its impact on social integration.

 

·        Formal employment will lose its central role, leading to relative disintegration. This phenomenon could be manifested more clearly in the case of public employment.

 

·        A new proletarization can be detected, linked with the new accu­mulative axes emerging in activities such as new agri-exports, the export industry and tourism. This is a heterogeneous process with two basic poles: one one hand insecure jobs with similar consequences in terms of social integration, and on the other a highly employable, upwardly mobile workforce.

 

·        Structural unemployment will be manifested as an inherent fea­ture of the new accumulative model, affecting mainly women and, above all, young people. Its disintegratory consequences are ob­vious.

 

·        Migration, both external and intraregional, will continue to be one of the principle labour market adjustment mechanisms in some countries. The remittances generated could have an important impact in containing poverty, and in reducing it.

 

·        A hard core of structural poverty will persist and will continue to effect low-productivity activities – agricultural work and subsis­tence self-employment in the cities. This problem has been ag­gravated in the cases of Nicaragua and Honduras by the devastating effects of Hurricane Mitch.

 

·        The self-generation of employment can have a dynamic aspect in terms of incorporation into the globalization process, through the development and consolidation of territorial agglomerations of small businesses. The labour and social dynamics will be marked, above all, by their local nature.

 

6. These trends raise the question of the urban working class as the strategic socio-labour problem for the immediate future. There are four key aspects to consider. First, although at present the emphasis is on duties (employability), labour rights must not be forgotten. Second, the territory of the urban working class is not circumscribed by a national framework, rather it is extended transnationally (via migration) as well as being locally fragmented. Third, numerous players are emerging who display the entrepreneurial quality which is called on to assume the central role in new social action. In this sense the urban working class must be incorporated into the entrepreneurial culture. Fourth, the urban working class can only be viable within a model of social action which combines maximizing the opportunities presented by globalization with minimizing the risks which, inevitably, it entails.

 

7. The group of  trends explained under the previous point present a whole collection of challenges in terms of intervention:

 

·        Unemployment and its disintegrating effects can be limited by improving young people’s employability;

 

·        In order to be able to reduce the insecurity of the social integra­tion of intra-regional migrants, the urban working class must be recognized at a Central American level;

 

·        The development of wage dynamics sustained by employability and capable of limiting workers’ insecurity can be achieved on the basis of “high” ways of accumulation geared to the use of human capital built on skills and qualifications. This depends on forming a coalition committed to sustainable and equitable glob­alized modernization.

 

·        The general spread of poverty in various countries in the region makes it necessary to rethink the universalist scope of policies to combat pauperization. For its part, vulnerability relates to the la­bour market and to two aspects of the urban citizenry: retaining minimum rights and increasing employability.

 

·        Sustainable development of territorial agglomerations of small businesses means local development. In other words, it is es­sential for these businesses to encounter an environment char­acterized by sufficient institutional density.

 

All these challenges point to actions aimed at consolidating and de­veloping urban working class, actions which must be aimed at maxi­mizing the opportunities presented by globalization while minimizing the risks it entails. It is this kind of social action which will permit true development of the urban working class and which will make it possible to start paying the outstanding bills of Central American modernization.

1. Introducción

 

América Central, como el resto de América Latina, se ha insertado durante la década de los 90 en el proceso de globalización. En todos los países, se han aplicado programas de ajuste estructural que, aunque con resultados disímiles, han iniciado el proceso de transfor­mación del modelo acumulativo. En este mismo sentido, han emergido toda una serie de nuevas actividades que insinúan una articulación distinta a la economía mundial. Las denominadas agroexportaciones no tradicionales, la industria de maquila y el turismo serían sus ejem­plos más visibles. Pero, igualmente, existe otra inserción a la globali­zación que no es producto ni de las estrategias empresariales ni de las políticas gubernamentales, sino de la propia sociedad centroameri­cana: la migración laboral internacional. Además se detectan nuevas dinámicas de regionalización como la movilidad de capitales que están definiendo una base centroamericana de acumulación, la ya mencio­nada migración laboral y la emergencia de una nueva institucionalidad no sólo supra-estatal sino también de la propia sociedad civil. Por consiguiente, se puede decir que la región se encuentra ante un nuevo momento histórico.

 

Pero este nuevo momento no supone una ruptura radical con el pa­sado. Si bien la región entra en una etapa económica que pudiera superar el modelo agro-exportador tradicional, implantado a fines del siglo XIX, y en una fase política donde los regímenes democráticos, basados en elecciones competitivas, se han generalizado, hay lastres del período anterior. Persiste el empobrecimiento y la desigualdad social aunque hayan cambiado de naturaleza. En este sentido, como hemos argumentado en otro texto (Pérez Sáinz, 1996a), lo social es la gran cuenta pendiente de la modernización centroamericana. Es a partir de esta persistencia de la cuestión social que planteamos que el tiempo de la región es aún el de la modernización. Por consiguiente, nuestra propuesta es que América Central se encuentra cruzada por las dos temporalidades, la impuesta por la globalización, como la suya propia, y que el actual momento puede ser caracterizado como de modernización globalizada[1].

 

Las reflexiones del párrafo precedente sirven para explicitar las dos coordenadas analíticas del presente trabajo. Por un lado, la interpreta­ción se va enmarcar en una perspectiva histórica. El ejercicio prospec­tivo que se hará al final no toma como referente en el tiempo el actual proceso de globalización como si se tratase de "borrón y cuenta nueva" con el pasado, sino que también toma en cuenta el tiempo de la modernización. Y por otro lado, el análisis de las "cuentas pendien­tes" se va a llevar a cabo a partir de un par de premisas que hay que explicitar aunque sea brevemente. Primero, se prioriza al mercado laboral en tanto que se considera que el mismo es la principal instancia de articulación entre economía y sociedad y, por tanto, el principal mecanismo de transmisión de los efectos del proceso acumulativo en los hogares y la población. Este hecho se ve realzado en el momento actual por la centralidad otorgada al mercado que hace que el otro mecanismo básico de (des)integración social, la acción estatal, haya perdido protagonismo[2]. Esto supone que el punto de partida es la identificación de tendencias en la dinámica del empleo. Y segundo, las "cuentas pendientes" que se quieren mostrar son las conocidas de la pobreza y la desigualdad. Añadamos que, dado el carácter regional del estudio, las fuentes que se van a privilegiar son aquellas que permiten la comparabilidad diacrónica y, sobre todo, intraregional[3].

 

A partir de estas premisas el actual texto se ha estructurado a base de los siguientes apartados. El segundo acápite se centra en los años 90 con el inicio de lo que se ha llamado modernización globalizada donde se abordarán las políticas laborales, la dinámica del empleo y los efectos sobre la pobreza y la desigualdad social. A partir de este análisis, en un tercer apartado, se intentará identificar las principales tendencias laborales, imaginando también sus efectos en términos de dinámicas de integración social para introducir lo que se piensa que es la cuestión clave, en términos de acción social, en el ámbito del mundo del trabajo: la ciudadanía laboral. Este ejercicio prospectivo se profun­dizará en las conclusiones donde se buscará formular grandes campos de intervención que puedan incidir en la orientación futura del empleo y la integración social centroamericana. Obviamente, este ejercicio prospectivo es simplemente eso: un ejercicio. No debemos olvidar que la Historia siempre ha sido y seguirá siendo esa vieja dama llena de sorpresas que no admite que ningún tipo de teología le diga cuál es la senda que debe tomar.

 

2. Empleo, pobreza e inequidad en los años 90

 

Las primeras décadas de modernización en Centroamérica estuvieron signadas por tres hechos[4]. Primero, hubo modernización laboral en toda la región aunque sus expresiones fueron desiguales y no todos los países alcanzaron igual nivel de modernización. Segundo, en el agro se consolidó una dinámica perversa cuyo resultado principal fue la generalización de la pobreza. Y tercero, las posibilidades de contra­rrestar esta dinámica mediante el desarrollo del empleo formal en las ciudades fueron insuficientes y de corta duración por lo que las zonas urbanas se vieron también sumidas a tendencias laborales generado­ras más bien de pauperización. La crisis de este proceso, durante la pasada década de los 80, supuso que, con la excepción costarricense, los mercados laborales se ajustaran a través de mecanismos distintos al desempleo abierto. Migración internacional e informalidad fueron las principales expresiones de tal ajuste. Este último fenómeno acentuaba la tendencia de precarización del empleo y en concreto la territorialidad por excelencia de este tipo de modernización. La principal consecuen­cia fue un incremento de la pauperización que no siempre fue acom­pañada de un deterioro de la desigualdad (PREALC, 1986; Bulmer-Thomas, 1989; Menjívar y Trejos, 1992; Pérez Sáinz, 1996a; BID, 1998).

 

Es con este tipo de escenario que la región inició su inserción en el proceso globalizador el cual se ha posibilitado con la aplicación de programas de ajuste estructural en todos los países del Istmo. Estos programas han supuesto articulaciones distintas, según el país, entre la economía y la política con resultados también diferentes en términos de logros de reformas (Sojo, 1999a). Son sus efectos, en términos de las problemáticas que conciernen a este texto, lo que se quiere abor­dar en este apartado, comenzando con las reformas laborales cuyo abordaje ayudará a contextualizar el análisis que se realizará pos­teriormente de la evolución tanto del empleo como de la pobreza y la desigualdad social en los 90.

 

2.1. Las reformas laborales

 

Cuadro 1: Istmo Centroamericano: Políticas laborales

 

 

Fuente: Pérez Sáinz y Cordero ( 1997: cuadros 11 a 15).

Una síntesis de las principales reformas y políticas laborales durante los 90 se refleja en el cuadro 1.

 

 

El primer aspecto por considerar es el que tiene que ver con los sala­rios mínimos y que expresa el compromiso estatal por garantizar que el mercado laboral permita la reproducción básica de la fuerza de trabajo, lo cual, obviamente, tiene efectos directos sobre la pobreza y la equidad. En este sentido, el salario mínimo es un referente social clave y, por tanto, es importante mencionar que en la década de los 80 tal función se desdibujó por el deterioro que sufrieron este tipo de remuneraciones, con la excepción de Costa Rica (Pérez Sáinz, 1996: 112-114). Para la presente década el cuadro 2 cuantifica este primer aspecto y del mismo hay que destacar que Costa Rica es, sin duda, el país que tiene una política más activa de salarios mínimos, con dos revisiones anuales. Un reciente estudio de la OIT (Del Cid y Tacsan Chen, 1998), a pesar de su representatividad limitada, permite tener una idea más precisa del poder adquisitivo de estas remuneraciones. Datos para 1997 muestran que Costa Rica es el país donde parecería que habría más poder adquisitivo, ya que el salario mínimo de un(a) operario(a) industrial permitiría la adquisición de una canasta y media básica alimentaria mientras que en Honduras sólo se podría obtener un tercio de la misma; Panamá y El Salvador estarían en una posición intermedia con la adquisición de una canasta[5].

 

Cuadro 2

Centroamérica: Índices de salarios mínimos nominales y reales Industriales^a

(1990=100)

 

 

 

^a Salario mínimo minimorum urbano

Fuente: Del Cid y Tacson Chen, 1998: Cuadro C.1

 

Por consiguiente, este conjunto de evidencia sugiere que sólo en Costa Rica, y en menor medida en Panamá, el salario mínimo consti­tuye un referente con significado para el precio de la fuerza laboral, mientras que en otros países, especialmente en Honduras y Nicara­gua, se diluye tal significado. Además hay que tomar en cuenta la cobertura del mismo que viene dada por el grado de salarización del respectivo mercado de trabajo.

 

Retornando al cuadro 1, su segunda columna tiene que ver con refor­mas a la legislación laboral que suelen inscribirse, dentro de la lógica de los programas de ajuste estructural, en la necesidad de desregular y flexibilizar los mercados laborales. Como se puede observar, las reformas aprobadas por los órganos competentes de los respectivos países son fundamentalmente de dos tipos: las que tienen que ver con la regulación del conjunto de las relaciones laborales o aspectos sustanciales de éstas, y las que competen los derechos de organiza­ción sindical de los(las) trabajadores(as).

 

Respecto al primer tipo de reformas, las de (des)regulación de las relaciones laborales, la más significativa es, sin duda, la que se ha dado en Panamá. También se podría incluir el caso hondureño pero con dos salvedades: no se trata de una reforma total y aún se encuen­tra en discusión, por lo que no se ha plasmado legalmente. La reforma al Código de Trabajo panameño, aprobada en agosto de 1995, es una reforma típica de flexibilización de las relaciones laborales. Los as­pectos medulares de la misma tienen que ver con regulaciones bási­cas tales como los procedimientos de despidos, indemnizaciones, contratos por plazo determinado, fijación de los salarios, etc. O sea, conquistas básicas de los trabajadores han sido afectadas por esta flexibilización. Pero, ha sido en torno al abaratamiento del costo del despido (disminución del monto máximo de indemnización por despido injustificado y cambio de la prima de antigüedad por un seguro de desempleo) que se ha estructurado esta estrategia de flexibilización (Beluche, 1999: 2). No obstante, al mismo tiempo, los derechos sindi­cales adquiridos fueron respetados, otorgándose también importancia al instrumento de la convención colectiva.

 

Los casos de reformas laborales, en el campo de las libertades sindi­cales son  El Salvador[6], Costa Rica, Guatemala y Honduras, aunque en este último país no se ha expresado en reformas concretas a la legislación. Como bien se sabe, en estos cuatro países, el asunto que ha estado de por medio es la solicitud elevada por la AFL-CIO ante el Congreso de Estados Unidos de excluir del Sistema General de Prefe­rencias a aquellos países que violaran las libertades sindicales[7]. Es decir, se ha dado una transnacionalización de la arena de la acción social y las oportunidades de la globalización incidieron en un sentido proregulatorio y no en el inverso. Además, en el caso salvadoreño habría que agregar la coyuntura especial por la que atravesaba ese país, después de los acuerdos de paz tendientes a “normalizar” la vida civil del país y a garantizar un conjunto de demandas sociales[8]. No obstante, cabe preguntarse si las reformas aludidas tendientes a un verdadero respeto de las libertades sindicales, han tenido una imple­mentación efectiva.

 

El Banco Mundial, desde su afán desregulador del mercado de trabajo, ha elaborado un par de índices que expresarían el grado de reformas de tal mercado. Para el Istmo centroamericano y para el primer lustro de los 90, el primero de estos índices[9] muestra varios fenómenos. Primero, sería Belice el país donde el nivel de desregulación sería el mas avanzado; un hecho que se relaciona con la tradición legislativa británica, legado del colonialismo. Segundo, el caso contrario lo repre­senta Nicaragua. En este caso el legado provendría de la experiencia sandinista. Tercero, el resto de los países[10] tienen valores cercanos a 0 que expresaría una posición intermedia dentro del espectro (des)regulador de América Latina y el Caribe[11]. Cuarto, no todos los países han experimentado cambios en ese quinquenio, con la excep­ción de Panamá que muestra un incremento de la flexibilización de su mercado laboral. Fenómeno que se refleja claramente al considerar el segundo índice (es el único país del Istmo para el cual se ha estimado el mismo) al pasar de –3.4 a 2.6 (Burky y Perry, 1997: cuadro 2.5).

 

La reforma del propio Estado y su impacto sobre el empleo público es la siguiente dimensión considerada. Sin duda el caso a referirse es el nicaragüense ya que tal reforma ha supuesto el desmantelamiento del Estado sandinista y, por tanto, es donde ha habido mayor impacto sobre el empleo público[12]. La reducción del número de empleados públicos se inició ya en el período sandinista, con la política de com­pactación que llegó a afectar a unas 21.000 personas en el bienio 1988-89, las que fueron a parar sea a actividades informales o al desempleo (Evans, 1995: 223). Con el gobierno de Barrios de Chamorro se puso en funcionamiento, en 1991, el Programa de Con­versión Ocupacional que planteándose como objetivo "desmovilizar" a 10.000 personas, superó ampliamente esta meta alcanzando la cifra de 25.000. En 1994 tuvo lugar una nueva iniciativa, el Programa de Movilidad Laboral, con la finalidad de reducir 13.500 puestos de tra­bajo de manera escalonada. A mediados de 1995 los logros alcanza­dos eran inferiores a los esperados. Además de este conjunto de programas, tal vez la medida más impactante fue la que afectó a los Ministerios de Defensa y Gobernación con la finalización del conflicto bélico de los años 80. Se estima en torno a las 75.000 las personas desmovilizadas (Pérez Sáinz y Cordero, 1997: cuadro 13).

 

Una tercera dimensión considerada tiene que ver con la seguridad social y cuyo impacto se muestra en porcentajes de cobertura de la PEA. Los mismos reflejan el peso histórico de desarrollo social de cada país y la consolidación institucional del sistema del seguro social. Así, Costa Rica sería el caso más avanzado de la región. Panamá se ubica en una posición intermedia, aunque en términos de cobertura de fuerza laboral es similar al caso costarricense. Los cuatro países restantes comparten enormes deficiencias en su desarrollo incipiente, aún cuando cada uno tiene sus propias especificidades (CEPAL, 1995: 4-6). Es importante también señalar que en dos de los países cen­troamericanos se han llevado a cabo procesos de reformas de los sistemas de pensiones orientados hacia su privatización, teniendo como referente la experiencia chilena. En el caso salvadoreño se acabó imponiendo la privatización propuesta por el gobierno, mientras que en Costa Rica, el resultado ha sido la formulación de una pro­puesta consensuada de modelo mixto (Mesa-Lago, 1999).

 

La última columna remite a programas especiales de generación de empleo[13]. Como puede observarse, en todos los países de la región - excepto en el caso salvadoreño - se registran programas oficiales de generación de empleo[14]. En cuanto a las orientaciones de tales progra­mas, generalmente persiguen ejecutar determinadas tareas sociales (como nutrición, salud, construcción de obras comunales, etc.) que al mismo tiempo, y en tanto objetivo colateral, generen empleo. Si bien en algunos casos, en Honduras y sobre todo en Nicaragua, las cifras oficiales son importantes hay que relativizarlas en un doble sentido: por un lado, se está hablando de trabajos de corta duración y, por otro, la calidad de los mismos es bastante deficiente[15].

 

Resumiendo, se puede decir que en la redefinición institucional del mercado de trabajo, en el nuevo contexto de ajuste y globalización, habría varios fenómenos que resaltar. Lo primero, es que parece que ha habido una recuperación del salario mínimo como referente básico aunque, en ciertos países, su capacidad adquisitiva deja mucho que desear. Segundo, las reformas laborales no apuntan hacia una desre­gulación radical con la excepción panameña. De hecho, histórica­mente, los mercados de trabajo centroamericanos, en la práctica y por razones del desarrollo político, han estado muy poco regulados y han tenido, por tanto, poca rigidez institucional[16]. Es importante resaltar que, por el contrario, en estos años ha habido un cierto reconocimiento del sujeto sindical producto de la transnacionalización de la acción sindical que ha inducido, paradójicamente, la propia globalización. No obstante, los logros legales obtenidos no parecen traducirse en la práctica. Tercero, las experiencias de reducción de empleo público son disímiles y remiten a las dinámicas de la propia reforma del Estado. Obviamente, el caso nicaragüense destaca en este sentido. Y cuarto, los intentos de generación de empleo emergente, a partir de la propia iniciativa estatal, sólo han tenido relevancia en Honduras y Nicaragua. Pero, la evidencia apunta que se trata de empleo temporal y precario que no resuelve ni problemas de desempleo ni de pobreza.

 

Lo más importante de estos cambios son sus repercusiones en térmi­nos de actores y de acción social. Al respecto tres serían las conse­cuencias. Primero, la presencia estatal tiende a debilitarse por una doble causa: por un lado, porque el ajuste estructural reduce su prota­gonismo y peso, como en otras latitudes latinoamericanas, y por otro lado, porque se transnacionalizan las arenas de acción colectiva. Segundo, el sindicalismo centroamericano, que con la excepción relativa de Honduras y de ciertas coyunturas políticas, nunca ha sido un actor gravitante, se encontraría actualmente en estado de postra­ción. Esto tiene una doble consecuencia: por un lado, su ámbito de influencia tiende a reducirse al empleo público (un espacio ocupacional amenazado) y, por otro lado, permite la competencia de otros actores (el caso del solidarismo en Costa Rica sería el más patente pero no el único). Y tercero, como corolario de lo anterior, el mercado laboral se está configurando como una arena de acción no colectiva, sino más bien individual[17]. Esto supone que empresas y hogares adquieran el protagonismo y que sus orientaciones y comportamientos sean los factores que determinan, fundamentalmente, las tendencias del em­pleo que se va a abordar a continuación.

 

2.2. La dinámica del empleo

 

El análisis de los mercados laborales de la región se llevará a cabo de manera tradicional; o sea, abordando primero la oferta del mismo para luego desplazar el énfasis interpretativo hacia el lado de la demanda. Pero, se añadirán dos cuestiones de gran importancia. Por un lado, se contemplarán las tendencias en términos de desempleo. Si la informa­lidad fue la gran cuestión a considerar en la década de los 80, el desempleo parecer ser la problemática de los 90 no sólo en el Istmo Centroamericano, sino también en el resto de América Latina. Y, por otro lado, se analizará también el principal impacto de la globalización sobre la fuerza de trabajo: su migración internacional que, como ya se ha señalado, constituye una de las principales modalidades de inser­ción de la región en el proceso globalizador.

 

El cuadro 3 muestra algunas tendencias básicas del empleo desde el lado de la oferta. Al respecto varios son los comentarios que se pue­den hacer.

 

Cuadro 3

Istmo Centroamericano: Evolución de la población economicamente activa

(1990-1995)

 

 

Fuente: Menjívar Larín y Rodríguez Román (cuadros 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.8)

 

Primeramente, durante el quinquenio considerado los mercados laborales se han mostrado dinámicos, reflejando la recuperación de las economías. No obstante, no todo ese crecimiento de la PEA se con­cretó en empleos, sino que también se mantuvieron niveles de des­ocupación que en algunos países han sido altos, como se verá más adelante. Se puede observar también que los mercados de trabajo de los países más septentrionales se han mostrado más dinámicos. Al respecto hay dos casos a resaltar. Por un lado, estaría Nicaragua que se muestra como el de mayor dinamismo pero, como se apreciará más adelante, tanto los fenómenos del desempleo como de la emigración son importantes en la dinámica laboral de este país. Y, por otro lado, está la situación salvadoreña que, comparando con la baja tasa de los años 80, la recuperación de la dinámica ocupacional insinuaría que el mercado laboral se ha adaptado al fenómeno migratorio y, con la finalización del conflicto, ha retomado sus ritmos históricos.

 

A inicios de la década se puede identificar dos grupos de países a base del peso de la fuerza laboral femenina dentro de la PEA. El primero lo constituiría los dos casos que, como veremos inmediata­mente, tienen estructuras de empleo más ruralizadas y donde esa participación femenina es inferior a un quinto del total de la mano de obra[18]. En el resto hay que diferenciar a El Salvador de los otros tres países respecto a lo cuales la hipótesis a formular es el peso del sector público, especialmente en Panamá. En el caso cuscatleco se debería pensar en el impacto de la migración fundamentalmente masculina, aunque esa tendencia se esté relativizando. Pero el caso de mayor feminización del mercado laboral sería el beliceño donde, para 1993, casi un tercio (32.7%) del total de 68.860 trabajadores eran mujeres (CSO, 1994)[19]. También de este cuadro queda claro la continuación de la tendencia de feminización de los mercados laborales ya existente desde la década anterior (Pérez Sáinz, 1996). En todos los casos, la tasa de crecimiento de la PEA femenina es superior a la global y son los dos países de menor nivel los que crecen más. Pero si combina­mos estos dos aspectos (nivel inicial y dinamismo) sería Costa Rica el país donde habría acaecido una feminización laboral más significa­tiva[20].

 

También este cuadro permite abordar la tendencia de la urbanización del empleo. A inicios de los 90 tres países podrian ser considerados, aún desde una perspectiva laboral, como predominantemente rurales, sobresaliendo el caso de Guatemala. La urbanización aparece también como una tendencia de alcance regional y en esta dinámica destaca, sin lugar a dudas, Honduras.

 

Con los cuadros 4a y 4b, el análisis se desplaza hacia el lado de la demanda del mercado laboral, aunque está reducido sólo a tres paí­ses[21]. El primero de ellos se centra sobre el empleo rural y lo que muestra, a inicios de la década, son dos situaciones distintas: por un lado, los casos de Honduras y Panamá donde en el agro y en las zonas rurales, en general, la economía campesina tiene un gran peso; y, por otro lado, Costa Rica donde ese peso se concentra más bien en el sector privado. Observaciones censales, hacia mitad de la década, muestran que tanto el caso guatemalteco como el nicaragüense se asemejan al segundo tipo de situación con el 61.4% (INE, 1996: cuadro VI.4) y el 58.2% (INEC, 1997: cuadro 3) de la fuerza laboral, respectivamente, en el estrato campesino.

 

 

Cuadro 4 a

Istmo Centroamericano: Estructura del empleo rural

(1990-1995) (porcentajes)

 

 

 

¹ Trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados.

Fuente: CEPAL (1999c: cuadro 5).

 

Regresando a los resultados del cuadro, se puede observar que la dinámica para el primer lustro de esta década es la misma en los tres casos: un proceso de descampesinización acompañado con la subsi­guiente salarización. Esta tendencia se contradice en el caso salvado­reño. Si bien hay pérdida absoluta de puestos de trabajo en la rama agrícola, el peso de trabajadores independientes dentro de la misma, ha pasado de 39.3% en 1991-1992 a 47.8% en 1997 (MIPLAN, 1993,1998: cuadro D05). Sin embargo, esta imagen es muy gruesa y en el agro centroamericano hay transformaciones en curso, ya inicia­das en los 80, no reflejadas en estos datos y que son importantes en términos de la dinámica futura del empleo rural.

 

Por un lado, hay que señalar la diversificación de ingresos por parte de campesinos, lo que cuestiona la viabilidad histórica del binomio gran­des fincas de exportación y minifundios de subsistencia, lo que ha constituido la columna vertebral de los mercados laborales rurales en la región durante décadas (Baumeister,1991). Y, por otro lado, también hay que mencionar el desarrollo de las denominadas nuevas agroex­portaciones[22] que, desde mediados de la década ochenta, han tenido una expansión importante. En términos laborales, la evidencia reca­bada en un estudio comparativo entre Costa Rica y Honduras muestra lo siguiente: primero, la generación de puestos de trabajo ha sido muy marginal, representando para 1989 apenas el 5% (Costa Rica) y el 2% (Honduras) del empleo agropecuario. Segundo, en el caso costarri­cense, este tipo de actividades ha servido para paliar las pérdidas del puesto de trabajo en el agro por los efectos del ajuste estructural, mientras que en Honduras el saldo habría sido más positivo. Tercero, hay generación de empleo indirecto que varía de cinco por puesto de trabajo directo, en Costa Rica, a catorce, en Honduras. Cuarto, estos tipos de cultivos han reforzado tendencias hacia la salarización de mano de obra rural con predominio del empleo permanente en el caso costarricense y temporal en el hondureño. Y también se detectan oportunidades de ocupación para las mujeres que están mejor remu­neradas que en otras actividades agrarias (Weller, 1992). Estudios más focalizados han mostrado que esta participación femenina es clave (Dary Fuentes, 1991; Rojas y San Román, 1993).

 

Por su parte, el cuadro 4b, de factura similar al anterior, muestra la estructura del empleo urbano para los mismos tres países. Así, Costa Rica y Panamá se muestran como los casos de mayor modernidad laboral reflejados, sobre todo, en el peso del empleo público, especial­mente en el segundo de estos países. Honduras, por su parte sería representativa del resto de la región, con un mayor peso del segmento autogenerador de empleo, en concreto de su componente del trabajo por cuenta propia[23]. En efecto, en Guatemala y para la observación censal de 1994, se detecta que el trabajo independiente constituiría el 29.4% del total de la fuerza laboral urbana mientras que el peso del empleo público sería de apenas 11.6% (INE, 1996: cuadro VI.4). Para este país es importante rescatar la hipótesis formulada por el INIES (1998: 73) sobre los efectos de la apertura sobre el empleo ya que podría aplicarse a otros casos de la región. Se postularía que la inca­pacidad por parte de segmentos importantes del empresariado indus­trial de encarar las importaciones, los habría llevado a reconvertirse hacia actividades ligadas a la importación y el comercio. El efecto ocupacional habría sido en muchos casos un descenso del empleo industrial de grandes establecimientos. Este peso mayor del trabajo independiente acaece también en Nicaragua, donde su observación censal de 1995 muestra que el 35.6% de la fuerza laboral urbana corresponde a esta categoría (INEC, 1997: cuadro 3).

 

Cuadro 4 b

Istmo Centroamericano: Estructura del empleo no agricola

(1990-1997) (porcentajes)

 

 

 

¹ Incluye trabajadores por cuenta propia (excepto administrativos, profesionales y técnicos) y trabajadores familiares.

² Ocupados en establecimientos con menos de 5 ó10 trabajadores dependiendo de la información disponible.

 

Fuente: OIT ( 1998: cuadro 6-A ).

 

Retornando al cuadro y en términos de evolución, cada país repre­senta una situación particular que, probablemente, se puede explicar por las especificidades de la implementación de estrategias de ajuste estructural, pero se pueden formular tres  conclusiones de alcance regional. Primero, el gran perdedor de la recuperación de los años 90 es el empleo público que ve disminuir su peso relativo en la estructura del empleo urbano en los tres países[24]. Segundo, las grandes empre­sas privadas mantienen capacidad de generación de empleo. Y ter­cero, lo que en el período modernizador previo se denominó sector informal[25], sigue jugando un papel importante en la absorción de mano de obra tanto en términos de trabajo por cuenta propia, pero sobre todo a base de la pequeña empresa

 

Pero, como en el caso del agro, ésta es una visión demasiado global que no permite apreciar transformaciones en curso, especialmente, en lo que se refiere a empresas pequeñas y grandes firmas privadas. De hecho, el problema es más serio ya que tiene que ver con la pérdida de pertinencia analítica de las categorías de segmentación clásicas (el corte formal/informal) que remiten a la estructuración del mercado de trabajo en términos de la dinámica modernizadora previa. Este pro­blema ya lo hemos planteado en otros textos, proponiendo la emer­gencia de nuevos escenarios laborales en la región (Pérez Sáinz y Cordero, 1994a; Pérez Sáinz, 1998b). En concreto se trata de dos nuevas actividades que expresan ejes de acumulación emergentes significativos para la región centroamericana: la industria de maquila y el turismo.

 

En cuanto a la primera de ellas hay que señalar que las estimaciones más recientes, y de naturaleza prudente, señalan la creación de un cuarto de millón de empleos directos en el Istmo donde los casos más relevantes serían los siguientes: Guatemala (61.000), El Salvador (38.000), Honduras (75.000) y Costa Rica (48.000)[26]. Esto supone que el peso de esta nueva industrialización, respecto del total del empleo industrial, varía del 23% en Nicaragua al 38% en Guatemala (OIT, 1997: 10). Por otro lado, diversos estudios sobre la maquila en Cen­troamérica muestran un perfil común de la fuerza laboral empleada (Pérez Sáinz y Castellanos, 1991; Altenburg, 1993; Price Waterhouse, 1993; Pérez Sáinz, 1994b). Se está ante una fuerza laboral femenina, joven y con poco nivel de instrucción[27]. Con menor seguridad se puede afirmar que esta mano de obra no ejerce la jefatura del hogar y que no aporta la mayoría de su ingreso a la unidad familiar[28].

 

Este perfil laboral insinúa que el tipo de industria que se estaría desarrollando en la región sería de ensamblaje con uso intensivo en mano de obra. De hecho, se trata de maquila de confección. Pero, si bien este tipo de actividad es predominante, no es la única y en Costa Rica, el país con mayores costos laborales, se ha dado diversificación con implantación de empresas de alta tecnología, especialmente en el campo de la electrónica, donde se hace un uso de mano de obra más calificada con empleos menos precarios. El caso más notorio es, por supuesto, el de Intel, líder mundial en semiconductores, que con una inversión inicial de 300 millones de dólares había generado 2.300 puestos de trabajo para fines de 1998, que deben ampliarse a 3.000 cuando se complete el desarrollo de la planta con 200 millones de dólares adicionales de inversión. Pero, ya previamente a esta em­presa, existían 40 empresas extranjeras en el sector electrónico, además de 130 empresas, en su gran mayoría costarricenses, que desarrollan “software” (INCAE/HIID, 1999: 44)[29].

 

Pero la industria de maquila permite también una inserción en la globalización a los productores pequeños. Ésta es una inserción mediada y que tiene lugar a través de la subcontratación. Este fenó­meno responde a los imperativos de flexibilización productiva que impone la globalización. El conocimiento sobre la subcontratación por empresas maquiladoras es muy limitado ya que existen muy pocos estudios al respecto[30], pero muestran situaciones muy contrastantes que dan cierta idea del abanico de realidades de subcontratación en la región.

 

El otro eje acumulativo nuevo sería el de la actividad de turismo. Su dinamismo se refleja en el hecho que en 1990 ingresaron en la región 1.531.634 turistas, flujo que se incrementó en casi un millón más (2.435.115) siete años más tarde. Esto ha supuesto que, si para inicios de la década esta actividad había generado 520.1 millones de dólares en divisas, este monto se había elevado a 1.335.1 en 1997. Destacan dos países, Guatemala y Costa Rica. Pero si el primero de ellos, a inicios de la década recibía un poco más de medio millón de visitantes (508.514), superando al segundo (435.037), ya para 1997, Costa Rica había alcanzado los 811.490 turistas, cifra superior a la guatemalteca (576.362) (CANATUR, 1998). En términos de empleo, las estimaciones son muy gruesas y señalan que, en 1995, el número de puestos de trabajo directos e indirectos en Guatemala sería de 60.000. Esta misma cantidad sería la existente en Costa Rica para 1996, pero sólo de empleo directo. Se estima que, de manera indirec­ta, se ha generado igual número de ocupaciones (Leroux, s.f.)[31].

 

En esta dinámica tampoco ha estado ausente la pequeña empresa como en el caso de la industria de maquila. Pero además el turismo, como escenario de globalización, ha permitido que ciertas comunida­des artesanales, ante la demanda de sus productos por turistas, se hayan podido integrar a este proceso. Existen en la región algunos estudios[32] sobre algunas de estas comunidades que muestran como la movilización de capital social juega un papel determinante en este tipo de contexto.

 

Cuadro 5

Istmo Centroamericano: Evolución del desempleo abierto urbano, según sexo y edad durante la decada de los 90 (porcentajes)

 

 

 

a: 1993; b: 1991; c: 1998; d: 1996; e: Los intervalos etáreos son los siguientes: EL Salvador y Panamá (15 a 24 años); Honduras (10 a 24 años); y Costa Rica (12 a 24 años).

 

Fuente: OIT ( 1998: cuadros 3-A y 4-A).

Concluimos este subapartado abordando los fenómenos del desempleo y de la migración internacional de fuerza de trabajo. La evolución del primero se refleja en el cuadro 5.

 

A inicios de la década destacan las situaciones de Nicaragua y Pa­namá. Históricamente tanto el mercado laboral panameño, por su mayor modernidad como el costarricense, ha tendido a ajustarse, en momentos de contracción económica, a través del incremento del desempleo abierto. No obstante, se está ante un nivel de desocupa­ción muy alto. Pero es la situación nicaragüense la que causa más perplejidad ya que el mecanismo de ajuste ha sido, históricamente, el subempleo a través del desarrollo de la informalidad. Ambos casos compartían en ese momento una coyuntura de crisis política profunda. En Panamá se estaba saliendo de las consecuencias de la invasión por parte del ejército estadounidense y en Nicaragua se empezaba la transición postsandinista. En este sentido, se puede pensar que la crisis política exacerbó los mecanismos laborales tradicionales en Panamá y en el caso nicaragüense empezaba a mostrarse que la autogeneración de empleo alcanzaba sus límites estructurales de absorción de excedente laboral, especialmente de aquél proveniente de la reducción drástica del empleo público. En términos de la obser­vación más reciente, se puede visualizar que ha habido una reducción de esos altos niveles de desocupación en ambos países. En Panamá puede especularse que ha sido el sector privado, como se observó en el cuadro precedente, el que ha absorbido gran parte de esa reduc­ción. Por el contrario, en el caso nicaragüense la hipótesis debe apuntar hacia el desarrollo de la migración externa, especialmente hacia Costa Rica.

 

Respecto al resto de la región[33] en Belice se ha registrado un incre­mento de la tasa de desempleo abierto del 9.8% en 1993 al 14.3% en 1998. Pero esta última cifra puede deberse, en parte, a factores coyunturales de orden político. En concreto, sería consecuencia de la incertidumbre generada en los medios empresariales por las promesas electorales del partido de oposición (Sosa, 1999: 3).

 

Este mismo cuadro contiene información sobre los niveles de desem­pleo de los dos grupos socio-demográficos que suelen estar más afectados por este fenómeno. En cuanto a las mujeres, lo mencionado se cumple sólo en los dos casos de mayor modernización laboral (y en El Salvador para la segunda observación) donde destaca el caso panameño respecto al que se insinúa que la absorción de desocupa­dos, durante los 90, benefició menos a las mujeres[34]. Pero son los jóvenes, sin lugar a dudas, los grandes afectados por este problema. Al respecto hay que destacar el caso costarricense donde hay un incremento del nivel de desempleo juvenil, pero que puede tener un carácter cíclico ya que ése ha sido un año de poco crecimiento de la economía de ese país[35].

 

Se concluye con el fenómeno migratorio el cual, además de su impacto fundamental en términos de remesas[36], juega un papel también clave respecto al ajuste del mercado de trabajo. Al respecto es importante referirse a los casos salvadoreño y nicaragüense. Es en el aquel país donde este fenómeno ha tenido mayor incidencia. Se ha estimado que en torno al 15% de la  población de este país ha emigrado en los 80. La fuerza laboral que lo ha hecho se caracteriza por su condición masculina, edad entre los 20 y 29 años y mayor educación. A su vez el envío de remesas ha tenido múltiples impactos en el mercado laboral salvadoreño: ha incidido negativamente en la tasa de participación de los no migrantes; ha afectado los salarios; y ha reducido las presiones en términos de desempleo (Funkhouser, 1992a)[37]. También para el caso nicaragüense se detecta que la población emigrante se encuentra en edad de trabajar, tiene mayor nivel de escolarización y proviene de ocupaciones no manuales. Igualmente las remesas han impactado negativamente sobre la participación laboral, pero han tenido efectos positivos, aunque moderados, en la generación de autoempleo (Funkhouser, 1992b).

 

Por su parte, el caso nicaragüense es de importancia especial ya que el mercado laboral de ese país ha sido el que ha sufrido transforma­ciones mayores con la aplicación de medidas de ajuste estructural. Estas medidas han supuesto, ante todo, el desmantelamiento de la economía mixta desarrollada durante el régimen sandinista. Así, se dio un descenso drástico del empleo público y el sector informal parece haber alcanzado sus límites estructurales de absorción de excedente laboral[38]. El mercado de trabajo se ha ajustado, en primer lugar, con un incremento espectacular del desempleo abierto, como se ha podido apreciar en el cuadro precedente. Y el segundo mecanismo ha sido la migración hacia Costa Rica, que actúa como una verdadera válvula de escape (Funkhouser y Pérez Sáinz, 1998)[39]. Los cambios laborales del país meridional han favorecido la incorporación de los migrantes nicaragüenses, los cuales se han empleado en actividades poco calificadas donde se requiere una fuerza de trabajo joven en condicio­nes de ofrecer un rendimiento laboral intenso. Además de constituir una mano de obra más barata es, en términos de derechos laborales, que parece que se establecen las diferencias más significativas con los trabajadores costarricenses (Morales y Castro, 1999)[40].

 

 

2.3. La evolución de la pobreza y de la distribución del ingreso

 

Como se ha mencionado en la introducción de este apartado, el último aspecto a considerar es el que tiene que ver con las dinámicas de pobreza y de distribución del ingreso. Las primeras pueden ser obser­vadas en el cuadro 6[41].

 

Cuadro 6

Istmo Centroamericano: Evolución de la pobreza

durante la decada de los 90

 

 

a: No incluye profesionales y técnicos

 

Fuente: CEPAL ( 1999 c; cuadros 16,18,19 y 22)

A inicios de la década se puede observar las diferencias en los niveles de pauperización entre, por un lado, Panamá y - sobre todo - Costa Rica donde prevalece la integración social y, por otro lado, Honduras que, por el contrario, tiene tres cuartos de las unidades domésticas sumidas en la pauperización. El Salvador se encontraría en una situa­ción intermedia, con casi la mitad de los hogares en pobreza. No podemos evitar el comentario que sorprenden estos resultados, com­parándolos con los de la década anterior. La hipótesis a formular en términos de la mejora significativa del bienestar en el país cusca­tleco[42], además de posibles cambios en la metodología de estimación de líneas de pobreza, sería el impacto masivo de las remesas[43]. Este contraste intraregional se acentúa aún más respecto al peso de la indigencia ya que, mientras en los dos primeros representa menos de la mitad del total de la pobreza, en Honduras alcanza a casi tres cuar­tos. En este sentido, el caso salvadoreño se asimila a la primera situación. Como era de esperar, en todos los casos la incidencia de la pauperización es mayor en áreas rurales, siendo en términos de indigencia que las diferencias espaciales son más notorias.

 

Para dos de los restantes países se tiene una única observación en el tiempo. Así, en el caso de Belice, para 1996, el porcentaje de hogares en pobreza sería de 25.3%, mientras en estado de indigencia 9.6% con una mayor incidencia en áreas rurales (42.5% de las personas comparado con el 20.6% de las zonas urbanas) (Kairi Consultants, 1996)[44]. En Nicaragua, para 1993, el 55.7% de los hogares estaban por debajo de la línea de pobreza y este porcentaje alcanzaba el 73.8% de las unidades domésticas en áreas rurales, contra 42.1% en zonas urbanas (MAS, 1996: cuadros 20 y 27).

La tendencia predominante en la región ha sido la despauperización que ha acaecido en todos los países, con la excepción salvadoreña, tanto en términos de pobreza como de indigencia totales. En este sentido cabe destacar los descensos relativos de pobreza e indigencia rurales en Honduras, como de pobreza e indigencia urbanas en Pa­namá. No obstante, hay una excepción a este tipo de tendencia: las áreas urbanas hondureñas donde se ha incrementado el peso de hogares tanto en pobreza como en estado de indigencia.

 

Este mismo cuadro contempla el impacto de la pauperización en hogares encabezados por mujeres en zonas urbanas[45] lo que remite a la problemática de la feminización de la pobreza. Los datos de este cuadro sugieren que la incidencia tiene lugar en términos de indigen­cia, especialmente en el caso costarricense[46]. Pero, la dinámica de despauperización general ya apuntada beneficia también a estos hogares, destacando el caso de hogares indigentes en El Salvador y Honduras. A partir de un análisis multivariado, un estudio regional sobre Centroamérica para períodos de inicio de ajuste estructural, muestra que las unidades domésticas jefeadas por mujeres se en­cuentran en una situación más vulnerable al igual que aquellas donde el nivel educativo de la persona jefa de hogar es menor (Funkhouser y Pérez Sáinz, 1998: 317). La excepción la representa El Salvador pero, controlando los hogares que reciben remesas y que tienen mujeres a su frente ante la ausencia de hombres, se reconfirma este patrón regional (Eekhoff-Andrade, 1998: 127-128).

 

Esta referencia permite mencionar que distintos estudios logran esbo­zar un cierto perfil de la pobreza en el Istmo que tendría las siguientes expresiones: hogares con mayor tasa de dependencia, especialmente de niños en edad preescolar; mayor impacto sobre la población infantil sometida; mayores tasas de desnutrición y con problemas de trabajo infantil; menor nivel educativo; carencia de vivienda adecuada y de sus servicios correspondientes; jefatura femenina del hogar; y condición indígena (INE, 1991; Renzi y Agurto, 1992; Briones, 1992; Steele, 1993; SECPLAN, 1994; Céspedes y Jiménez, 1995; MAS/ PNUD/ UNICEF, 1995; Bastos y Camus, 1998; Carrera Guerra, 1998; PNUD, 1999).

 

Regresando al cuadro 6, en su parte inferior nos relaciona pobreza con mercado laboral ya que muestra niveles de pauperización de la pobla­ción empleada y de algunas categorías ocupacionales seleccionadas. En términos de niveles totales, para inicios de la década, se perciben las mismas diferencias entre países ya detectadas y una mayor inci­dencia de la pobreza entre trabajadores rurales que entre los urbanos. (La excepción es el caso costarricense donde el corte espacial del empleo no parece inducir diferencias en niveles de pauperización[47]). También la tendencia a la pérdida relativa de pobreza se confirma así como la excepción de las áreas urbanas hondureñas que afecta a las dos categorías ocupacionales consideradas. Al respecto hay que destacar que, en esta despauperización relativa, son los asalariados urbanos los que parecen ser los más beneficiados. Y es, respecto del campesinado, que hay patrones más dispares con empobrecimiento relativo en El Salvador y Costa Rica y despauperización relativa en los otros dos países[48].

 

El intento más completo de articular mercado laboral y pobreza lo constituye el estudio regional mencionado en los párrafos precedentes. Este estudio plantea a través de una análisis de descomposición que permite identificar cómo inserción en el mercado laboral, ingresos obtenidos en el mismo y estructura de la unidad doméstica inciden en el cambio del nivel de pobreza[49]. Para los períodos considerados, finales de los 80 e inicios de los 90[50], se dio reducción la pobreza en Guatemala, Honduras y Costa Rica (en torno a los cinco puntos por­centuales), se mantuvo el mismo nivel de pauperización en El Salvador (en las áreas urbanas), mientras que en Nicaragua se operó un pro­ceso rampante de empobrecimiento (incremento de casi diecisiete puntos porcentuales). Limitándonos a los impactos del mercado de trabajo se detecta que los ingresos contribuyeron a dismunir la po­breza en los dos casos, Guatemala y Costa Rica, donde no hubo deterioro de ingresos reales de origen laboral. Por el contrario, en El Salvador y Honduras acaeció lo contrario. No obstante, la incorpora­ción de más miembros del hogar al mercado de trabajo ha tenido, como era de esperar, un efecto reductor del empobrecimiento. Este ha sido patente en Costa Rica y, sobre todo, en Honduras donde, al contrario del caso salvadoreño, neutralizó el impacto pauperizador de los ingresos. Por su parte, el caso nicaragüense es instructivo de cómo un mercado laboral sin capacidad de generación de empleo y condenado a ajustarse, durante esos años, a través del desempleo abierto ha sido transmisor de pauperización. De ahí que no sea de extrañar que la emigración constituya la estrategia más viable para los hogares nicaragüenses para escapar a la pobreza (Funkhouser y Pérez Sáinz, 1998: 320-324).

 

 

 

Cuadro 7

Istmo Centroamericano: Evolución de la distribución del ingreso de los hogares durante la década de los 90

 

 

 

a: Ingreso mensual per cápita promedio de los hogares dividido por la línea de pobreza per cápita.

 

Fuente: CEPAL ( 1999 c: cuadro 23)

 

Con el cuadro 7 se pasan a considerar dimensiones relacionadas con la distribución de ingresos. Todos los indicadores utilizados muestran consistencia en términos de las diferencias entre países. Costa Rica destaca respecto a Honduras y Panamá al mostrarse como un caso de menor desigualdad en la distribución del ingreso. Un nivel similar al costarricense sería el correspondiente al de Belice que para 1993 mostraba un coeficiente de Gini de 0.366 (Sosa, 1999: 8). Hay que destacar, con respecto a la pobreza, el caso salvadoreño[51]. De nuevo, la hipótesis a formular sería que las remesas no sólo habrían reducido los niveles de pauperización, sino que también habrían inducido una mejor redistribución del ingreso. Otro fenómeno a enfatizar es que la dimensión espacial no parece establecer diferencias patentes. La excepción es el ingreso promedio de los hogares que muestra, como es de esperar, un nivel de vida más elevado en las zonas urbanas. Y, en términos de dinámica, lo más relevante a destacar es que el caso costarricense es el que muestra un incremento de la desigualdad que parece deberse a procesos de enriquecimiento antes que de pauperi­zación[52].

 

 

3.    El futuro inmediato del empleo y de la integración social

 

 

Cuadro 8

Istmo Centroamericano: Tendencias laborales y sociales en la modernización globalizada

 

  

 

Como se anunció en la introducción, en este tercer apartado se quiere llevar a cabo un ejercicio prospectivo para tener algunas pistas sobre el futuro, en las próximas décadas, de las dinámicas sociales en la región. Pero, primeramente, hay que destacar que este futuro se ha visto condicionado por las consecuencias socio-económicas que ha tenido el impacto devastador del Huracán Mitch que azotó el Istmo centroamericano a fines de 1998. Centrándonos en los dos países más castigados, Honduras y Nicaragua, hay que señalar que no existen, según nuestro conocimiento, estimaciones fiables de pérdidas de puesto de trabajo que es el aspecto que concierne a este trabajo[53].

 

Lo inesperado de este devastador impacto del Huracán Mitch recuerda que todo ejercicio prospectivo no debe tener muchas pretensiones. Más aún, nuestra tesis es que la modernización globalizada comienza a redefinir las sociedades del Istmo como sociedades de riesgo donde lo impredecible se erige en eje estructurador de la realidad[54]. No obstante, esto no significa que no sea posible ejercicio prospectivo alguno ya que no todo deviene impredecible. Pensamos que para nuestras temáticas se pueden identificar tendencias laborales y sus posible impactos en términos de integración social a partir del análisis que se ha hecho en los apartados precedentes. Este intento se refleja en el cuadro 8 que está estructurado a partir de las tres lógicas bási­cas que estructuran cualquier mercado de trabajo[55]. Este apartado se concluirá introduciendo lo que pensamos es la cuestión socio-laboral clave para intervenir sobre este conjunto de tendencias: la ciudadanía laboral.

 

3.1. Salarización: entre la precariedad y la empleabilidad

 

Previamente, es necesario tener una idea de cómo va a evolucionar la oferta laboral, ya que el presente cuadro enfatiza los cambios del lado de los puestos de trabajo. El ejercicio prospectivo más completo es el que ha realizado CELADE(1989) donde cabe destacar varios fenóme­nos[56]. Primero, la región centroamericana se encuentra en la etapa intermedia de transición demográfica donde el ritmo de crecimiento demográfico es alto pero declinante debido a la combinación de una fecundidad alta (pero también en descenso) con niveles intermedios de mortalidad. Segundo, es de esperar una desaceleración en la tasa de crecimiento de las cohortes más jóvenes mientras que los grupos de mayor edad son los que tendrán un mayor crecimiento absoluto, incrementando progresivamente su peso en la estructura etárea. Y, hacia el final del primer cuarto del próximo siglo, se proyecta una PEA de 24.4 millones de personas resultado del ya mencionado cambio en la estructura de edad y la creciente feminización de los mercados laborales[57].

 

Regresando al cuadro en cuestión, la lógica de la salarización tendría, a nuestro entender, dos manifestaciones básicas[58]. La primera sería la que se ha identificado como la tendencia hacia la desregulación del empleo formal[59]. Se trataría de las transformaciones que estaría sufriendo el referente laboral, por antonomasia, de la modernización previa. En el análisis de las políticas laborales hemos visto que esta tendencia, en términos de normatividad, se ha expresado claramente en el caso panameño y las amenazas de flexibilización están aún vigentes en Honduras. En contra de este señalamiento se puede decir que en tres países (Guatemala, El Salvador, y Costa Rica) se han dado reformas a los códigos laborales en el sentido opuesto: o sea, persiguiendo más regulación. Lo importante a enfatizar de este nuevo contexto  regulatorio son dos fenómenos. Primero, tiene lugar en una arena globalizada y no tanto en el ámbito nacional, aunque su expre­sión última sea en ésta. Y segundo, esta transnacionalización de la arena de acción laboral supone también la incorporación de otros actores tales como ONGs u organizaciones de mujeres (como en el caso de la maquila donde, como se ha visto, predomina mano de obra femenina) que hace que este tipo de acción social se vuelva más complejo que en el pasado. No obstante, se puede postular como tendencia general la desregulación del empleo formal en tanto que la flexibilización de los mercados laborales es uno de los ingredientes básicos del nuevo modelo económico en el Istmo como en el resto de América Latina (Bulmer-Thomas, 1997; Lozano, 1998). Esta tendencia hacia la desregulación supone pérdida de centralidad de este tipo de empleo como paradigma laboral. En el fondo es la transformación de la naturaleza de la modernización y en el caso centroamericano se manifiesta, fundamentalmente, en el descenso del peso relativo del empleo público en la estructura ocupacional, como se ha podido apreciar en el apartado precedente.

 

En términos de efectos sobre la integración social, en el presente cuadro se argumenta la tendencia hacia la desintegración relativa. Se supone que los trabajadores formales fueron, en la modernización previa, los que lograron mayor  movilidad social y además fueron los más beneficiados por la intervención estatal en la reproducción de la fuerza laboral, concretamente en términos de cobertura de seguridad social. Por el contrario, en la actualidad se ven cuestionados a través de los dos mecanismos de integración social. Por un lado, el empleo formal, como ya se ha argumentado, se ve sometido a desregulación además de que, en el caso del empleo público, se reducen las oportu­nidades de ocupación. Y, por otro lado, la intervención estatal en lo social se ha decantado por la focalización que supone una construc­ción de ciudadanía social distinta que no pasa por el mercado laboral (Jusidman, 1998). De ahí que se postule que este conjunto de fuerza laboral se encuentre sometido a tendencias de desintegración relativa. Entre paréntesis se plantea, y con signos de interrogación, la proble­mática de la nueva pobreza. Se pensaría que estos trabajadores son los candidatos más propicios a este proceso de pauperización, pero la evidencia existente en la región muestra que sólo parece ser una hipótesis plausible para Nicaragua, pero no para Honduras y Costa Rica[60].

 

La segunda tendencia, en términos de salarización, es la que se ha denominado como nueva proletarización. La misma contempla la generación de empleo asalariado en actividades como las nuevas agroexportaciones, la industria de maquila y el turismo, entre otros. La estimación de la magnitud de este fenómeno es difícil de estimar pero se puede afirmar que mientras la generación de empleo en las nuevas agroexportaciones es marginal, no lo es en las otras dos actividades. Pero más importante que la cuantificación de esta segunda tendencia de salarización, es enfatizar su heterogeneidad. En términos gruesos, se debería, al menos, desdoblar esta tendencia en dos procesos. Por un lado, se tendría actividades intensivas en mano de obra y que requieren fuerza de trabajo poca calificada, con energía (o sea, joven), y no bien remunerada. Este sería el caso de trabajadores asalariados en las nuevas agroexportaciones y en la maquila tradicional, la con­centrada en actividades textiles que es la que predomina en la región. Pero, por otro lado, hay actividades que requieren mano de obra más calificada. En este sentido, el turismo, en términos generales, se diferenciaría pero también industrias de mayor nivel tecnológico con­centradas en actividades como la electrónica. Este último fenómeno acaece, fundamentalmente, en Costa Rica y tendría en Intel su para­digma por excelencia[61]. La calidad del empleo es muy superior pero también el volumen de ocupación mucho más reducido.

 

Esta diferenciación se reflejaría también en términos de grupos involu­crados en estas dinámicas laborales y con efectos en términos de integración social también distintos. En el primer caso, mujeres y jóvenes parecen ser los principales atributos de la fuerza laboral. La inserción en el mercado laboral, y en segmentos dinámicos del mismo, supone que los efectos sociales serían positivos por la generación de ingresos. No obstante, esta primera visión optimista debe ser mati­zada. El empleo tiende a ser más bien precario (en ciertos casos la edad es además un límite para permanecer en él) por lo que califica­ríamos, de la misma manera, esa tendencia integradora. Esto plantea el tema de la vulnerabilidad que compartirían, aunque por razones opuestas (movilidad social ascendente en vez de descendente) con los trabajadores formales golpeados por la crisis y el ajuste[62]. En cuanto a la segunda dinámica laboral, la calificación sería el atributo más im­portante de la fuerza de trabajo involucrada. Serían personas con sólido capital humano en cuya formación se enfatizan las competen­cias sobre las especializaciones (Tokman, 1997). Es decir, serían los mejores exponentes de empleabilidad y su premio sería una movilidad social ascendente. De hecho se puede pensar que este grupo es el que representaría el nuevo paradigma laboral y el ejemplo de éxito de integración social a través del mercado.

 

Es necesaria una última observación referida a estas dos tendencias inscritas dentro de la lógica de salarización y que tiene que ver con la incidencia del salario mínimo y su impacto en la reducción de la po­breza. La evidencia expuesta en el apartado precedente muestra que sólo en Costa Rica parece que el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios mínimos podría incidir en una reducción de la indigen­cia. En Panamá y el Salvador serviría para contenerla, mientras que en el resto de países, especialmente en Nicaragua y Honduras, no habría mayor impacto. Además hay que tener en cuenta que el mismo es mayor en función del grado de salarización del mercado laboral respectivo.

 

3.2. Exclusión: entre el desempleo y la emigración

 

La siguiente lógica es la de la exclusión y se postula que para la región tendría tres expresiones básicas. La primera sería la tradicional: el desempleo abierto. La segunda remitiría a la migración, que, como se ha podido constatar, representa una de las principales inserciones de la región en la globalización. Y la modalidad de subempleo tendría su expresión en lo que se quiere llamar economía de la pobreza (pobres produciendo para pobres), un fenómeno compartido también por la lógica de la autogeneración de empleo.

 

La información disponible para la región, analizada en el apartado precedente, muestra persistencia del fenómeno de la desocupación en todos los países. La evidencia es contundente al identificar a mujeres y, sobre todo, a jóvenes como los principales grupos afectados por esta modalidad de exclusión laboral. Los efectos sociales son inequí­vocos: se está ante población que sufre las presiones más fuertes de desintegración. Las consecuencias societales de las mismas, son múltiples. Esta persistencia del desempleo es indicativa que se está erosionando capital social en términos de la funcionalidad de redes en el acceso al mercado de trabajo. También implica que el trabajo como fuente de identidad se ve cuestionado. Este aspecto es crucial en términos de la socialización de los jóvenes, el grupo más afectado, y su traducción en comportamientos anómicos como la delincuencia, expresión cruda de la desintegración social. Y finalmente, desempleo significa ausencia de ingresos con su impacto en términos de incre­mento de la pobreza y de vulnerabilidad[63].

 

Emigración sería otra manifestación de la lógica excluyente. Se está ante un fenómeno social complejo y, por tanto, multicausal. Lo que se quiere enfatizar son sus efectos en términos laborales, que serían dos. Primero, la emigración se ha erigido, en algunos países de la región, en un mecanismo importante de ajuste del mercado de trabajo. Y segundo, este fenómeno muestra la globalización de los mercados laborales, cuestionando el carácter nacional de los mismos. Es decir, en el período previo de modernización, las migraciones internas, especialmente la rural-urbana, permitieron la movilidad espacial de la mano de obra y la configuración de lo que se podría identificar como mercado nacional de trabajo. (Obviamente, la territorialidad del mismo se concentraba en las áreas urbanas, especialmente en las metropoli­tanas que fue el escenario privilegiado por ese tipo de modernización). En la actualidad esta centralidad está cuestionada por el fenómeno de la emigración que internacionaliza tal mercado pero también por su fragmentación a nivel local, como veremos más adelante.

 

En términos de efectos sobre la integración social los hemos calificado como integración transnacional precaria. Expliquemos los tres térmi­nos de tal calificación. Primero, no hay que olvidar que la migración responde, entre otras causas, a una situación de severa desintegra­ción social generada por el desempleo o el subempleo. En este sen­tido, toda persona migrante que logra una ocupación en su lugar de destino suele limitar - en algún grado - su problema de pauperización. De ahí que definamos esta tendencia en términos positivos. Segundo, esta integración es territorialmente compleja. Por un lado, la partida implica desarraigo físico pero quedan los lazos sociales a través de la familia[64]. De hecho, las remesas pueden tener efectos importantes en términos de superar la pauperización del núcleo familiar que queda atrás. Por otro lado, la integración en la sociedad de acogida suele ser problemática y la misma tiende a acaecer en espacios migratorios étnicos. Finalmente, hemos utilizado el calificativo precario. Nos pa­rece que la emigración, por definición, es una inserción precaria en la globalización. Pero esta precariedad puede superarse con la mejora de las condiciones de trabajo y vida en el país de acogida, algo que suele suceder con el paso del tiempo. También habría superación de preca­riedad en el lugar de origen si el uso productivo de remesas es capaz de generar dinámicas locales que logren otro tipo de integración en el proceso globalizador. Pero aquí estamos incursionando en el terreno de las lógicas de la autogeneración de empleo. No obstante, la eviden­cia por el momento muestra que este tipo de proceso no se está dando en la región.

 

3.3. Autogeneración de empleo: entre la pobreza y el desarrollo local

 

Lo que se denomina economía de la pobreza (pobres produciendo para pobres) refleja la generación de un excedente laboral que no se ve reducido al desempleo sino que lograr autogenerar ocupaciones aunque de muy baja productividad. De ahí que este fenómeno esté cruzado por dos lógicas: la de exclusión pero también la de autogene­ración. Dentro de este rubro se puede considerar tanto al campesinado como al autoempleo urbano[65], ambos de subsistencia. Respecto al primero hay que recordar que la tendencia en la década ha sido hacia la descampesinización[66]. A ello debemos añadir que, debido al dete­rioro de los ingresos, algunas unidades campesinas han incursionado en estrategias de diversificación de obtención de recursos monetarios a través de la realización de actividades rurales no agrícolas, un fenómeno que adquiere progresivamente importancia, y la emigración para la consecución de remesas. En cuanto al autoempleo urbano, se refleja que el trabajo independiente es un segmento que gana peso relativo en la estructura ocupacional y el mismo puede ser, en la realidad, mayor si se incorpora parte del sector de pequeñas empresas donde no se puede asumir que todas estas unidades están orientadas hacia lógicas acumulativas. Los grupos vienen claramente definidos por su condición laboral: campesinos y autoempleados urbanos de subsistencia y constituyen el núcleo grande y duro de pobreza que además tiene raíces históricas profundas.

 

Finalmente, un fenómeno difícil de cuantificar pero que pensamos puede adquirir progresivamente relevancia sería el de las aglomera­ciones territoriales de pequeñas empresas. En el presente trabajo se han presentado casos de estudio ligados a dos de los nuevos ejes acumulativos. Por un lado, estaría la subcontratación articulada a la nueva industrialización. Y, por otro lado estaría el turismo, sea porque se constituyen localidades cuya economía se centra en esta actividad y a base de pequeños establecimientos o porque aglomeraciones artesanales se ven dinamizadas por la demanda turística. Lo más importante de esta tendencia es la naturaleza local que adquiere esta expresión de autogeneración de empleo. La consecuencia al respecto es el cuestionamiento del mercado nacional de trabajo, no a través de su internacionalización como en el caso de la emigración, sino a través de su fragmentación. De hecho se puede decir que las nuevas activi­dades de transables presentan territorialidades que no necesariamente privilegian al espacio urbano y, en especial, al metropolitano. Además de las nuevas agroexportaciones, de localización rural por definición, el turismo tiende más bien a centrarse en espacios no metropolitanos. Pero también, en el caso de la nueva industrialización, se puede hablar en la región de distintos patrones de localización espacial donde al menos dos de ellos (centros urbanos menores y áreas rurales) mues­tran este carácter local y fragmentador.

 

La principal característica de los grupos involucrados en esta tenden­cia sería la de su pertenencia local. No obstante, lo local es también diverso y no todos los grupos tienen una participación similar en este tipo de dinámica. Así, el estudio regional más comprensivo de este tipo de aglomeraciones muestra inequidades importantes de género. Como la informalidad previa, esta nueva autogeneración de empleo se muestra como un ámbito accesible a las mujeres, pero dentro de él se ven relegadas a las actividades menos dinámicas y de articulación más espuria con la globalización (Pérez Sáinz, 1999). Es en este sentido de localidad que hay que entender también la problemática de la integración teniendo en cuenta la diversidad ya mencionada. Pero lo más importante es que la dinámica de (des)integración social se plantea en términos de un territorio acotado donde la comunidad puede actuar de manera más directa.

 

3.4. La ciudadanía laboral

 

Respecto a esta cuestión es necesario explicitar cuatros elementos: sus contenidos, su ámbito socio-territorial, los actores que convoca y las modalidades de acción social que plantea. Veamos por separado cada unos de estos elementos.

Los contenidos de la ciudadanía laboral serían fundamentalmente dos. El primero tiene que ver con la legitimación de una serie de derechos laborales mínimos que, sobre todas las cosas, debería integrarse a la cultura empresarial.  Esto sería la mejor garantía de su respeto y vigencia. No obstante, las perspectivas al respecto no son demasiado optimistas. La clave nos la ofrece el análisis de Lozano (1998: 146) cuando señala que, con el cambio de modelo acumulativo, se ha roto el vínculo hegemónico con los trabajadores a través del Estado y su lógica clientelar-patrimonialista. Hoy en día se abre un vacío signado por la incertidumbre hegemónica que convierte a los procesos de pauperización y exclusión social en problemas básicos de gobernabili­dad. En esta nueva situación, los empresarios no parecen responder a demandas sociales, filtradas a través del Estado, sino a los cambios del mercado y a la competencia entre ellos. Es decir, se podría decir que el empresariado se encuentra atrapado en una dinámica narcisa que no le permite contemplar los otros espejos de la realidad social[67]. Pero, esta interpretación tiene como referente el marco nacional. Ya se ha señalado que la propia globalización ha generado una impor­tante discusión sobre la necesidad de consideraciones éticas en el comercio mundial. Es decir, la moralización de la vida económica no es imposible en la globalización y el reconocimiento de estos derechos deberían ser parte fundamental de esta moralización. Por consi­guiente, habría una importante diferencia con el pasado donde los logros reguladores eran más bien fruto de arreglos nacionales jugando el Estado nacional un papel fundamental. En la era de la moderniza­ción globalizada, esta universalización de derechos laborales podría conseguir que la precariedad laboral dejase de ser un factor competi­tivo dentro del proceso globalizador. De ser así, el  empresariado local tendría que contemplar los espejos de una globalización moralizada que le proyectarían una imagen deformada de sí mismo.

 

El segundo contenido de la ciudadanía laboral sería el de la empleabi­lidad entendida como la redefinición de las capacidades laborales para ajustarse a los cambios socio-productivos que impone la globalización. Al respecto, no hay mayor discusión que la misma se logra a través de la inversión en capital humano donde se enfatizan competencias sobre especializaciones. Los actuales tiempos apuestan a que la participa­ción en este proceso de generación de empleabilidad sea individual y que además la definición de responsabilidad tienda a ser cada vez más privada. A esto queremos argumentar, en primer lugar, que el Estado tiene aún una enorme responsabilidad y que es la misma la que puede garantizar que el mayor número de trabajadores tenga la oportunidad de acrecentar su capital humano. Y también queremos argüir que cabe también una participación de naturaleza colectiva. Nos referimos a que el capital social, en concreto las redes, puede poten­ciar el capital humano. Pensemos en una de las formas más sufridas de lograr empleabilidad en la globalización: la emigración. Es muy difícil imaginarse este fenómeno fuera de la estructuración que le provee las redes que permiten que los individuos se desplacen y encuentren instancias de acogidas en los lugares de destinos. Es decir, la consecución de empleabilidad debe enmarcarse dentro de diversas formas de definición de responsabilidades (pública y privada), así como distintas modalidades de participación (individual o colec­tiva).

 

Estos dos aspectos, derechos laborales universales y empleabilidad, son las dos caras de una misma moneda. En el pasado se han enfati­zado los derechos, mientras que en la actualidad los deberes. Es una perogrullada decir que unos no pueden existir sin los otros, pero se tiende a olvidar esta complementariedad ineludible. Por consiguiente, el discurso y las acciones sobre la empleabilidad deben ir acompaña­dos con el discurso y las acciones sobre los derechos y viceversa.

 

El segundo elemento a tomar en cuenta tiene que ver con el ámbito de vigencia de la ciudadanía laboral. Al respecto la problemática clave es la (des)(re)territorialización de los mercados laborales. Ya se ha argu­mentado que el cuestionamiento a la centralidad pasada del Estado-Nación por el proceso globalizador tiene su expresión, en términos laborales, en fenómenos como la migración internacional y la frag­mentación a nivel local. Con ello no se quiere decir que los mercados de trabajo nacionales estén en vía de extinción pero las dinámicas la­borales están adquiriendo una nueva complejidad territorial. Es decir, la acción social respecto a lo laboral, como en otros ámbitos, debe ser encarada a diversos niveles: supranacional, nacional y local. La migra­ción internacional es la expresión más clara del primero de ellos, lo cual supone que la regionalidad centroamericana debe afrontar este fenómeno de movilidad de mano de obra, así como de puestos de trabajo. La dimensión nacional va a permanecer pero no va jugar más esa centralidad que tuvo en el período modernizador previo. O sea, la crisis del empleo formal tiene también su expresión territorial. Esto supone que la acción social centrada sobre el Estado y de factura sectorial corporativa se ha vuelto insuficiente. Este punto es crucial en el diseño de políticas gubernamentales laborales. Y, como ya se ha argumentado respecto a las aglomeraciones territoriales de pequeñas empresas, lo local (especialmente en su expresión comunitaria) emerge como un “locus” privilegiado de la acción social. Al respecto, lo clave es cómo hacer coincidir dinámicas socio-productivas con diná­micas políticas-institucionales, inducidas por los procesos de descen­tralización del Estado, para generar círculos virtuosos de desarrollo local. Esto supone no generar inequidades, comenzando con las laborales, que produzcan fracturas sociales profundas que impidan el logro de consensos entre los actores locales. Por consiguiente, ciuda­danía laboral no es una cuestión que, como en el pasado, hay que plantear únicamente en términos nacionales. La migración internacio­nal la proyecta ineludiblemente a nivel supranacional y derechos y deberes laborales son un ingrediente fundamental del desarrollo local.

 

El tercer elemento nos remite a los actores involucrados en el proceso de (des)construcción de ciudadanía laboral. En primer lugar están los trabajadores cuyas formas colectivas tradicionales de organización, los sindicatos, están en profunda crisis. Su supervivencia depende de cambios radicales de orientaciones, especialmente de su capacidad de redefinir el espacio de su acción desde el Estado hacia la propia empresa. Pero, como se ha señalado, han emergido nuevas formas organizativas de los trabajadores como podrían ser las asociaciones de migrantes, organizaciones de alcance local o de otro tipo. Es decir, se puede hablar de pluralidad organizativa. El Estado es otro actor que si bien ha perdido su centralidad no puede sustraerse a los desafíos que plantea los cambios inducidos por la modernización globalizada. Recordemos, simplemente, lo mencionado en términos de responsabi­lidad en la generación de empleabilidad. Pero, obviamente es la em­presa el actor central en la era de la globalización. En primer lugar, están las firmas multinacionales, actores por excelencia, cuya cuestión clave es si sus estrategias de acumulación incorporan o no la preca­riedad laboral como ventaja competitiva. Pero, en segundo lugar, no hay que olvidar al empresariado local en sus múltiples expresiones (desde la gran empresa a la microempresa). Es este actor quien tiene la gran responsabilidad de que las inserciones en el proceso globaliza­dor sean lo menos espurias posible. Si hace muy poco se le exigió cuentas al Estado sobre los rendimientos de la modernización nacio­nal, cuando la actual modernización globalizada llegue a su fin, será a este actor al que habrá que exigirle responsabilidades. Esperemos que pueda incorporar a su cultura la cuestión de la ciudadanía laboral y salir así de su actitud narcisista para hacer gobernable la sociedad.

 

Finalmente, y éste es el cuarto elemento, pensamos que todos estos actores confrontan un modelo de acción social estructurado en torno a dos ejes. El primero es el de los riesgos y amenazas que el proceso globalizador conlleva. Riesgos que tienen una traducción social inme­diata en términos de incrementar los déficits sociales históricos de la región. Pero, hay un segundo eje que remite, por el contrario, a las oportunidades que también ofrece la globalización y que puede contri­buir a cerrar esas brechas. El desafío se plantea en el juego de maxi­mizar y minimizar y al respecto se puede pensar en tres posibles escenarios de acción social[68]. Una primera situación sería la de ausen­cia o no desarrollo de oportunidades y donde la acción social se limi­taría a resistir el embate de la globalización persiguiendo minimizar sus riesgos. La segunda, tendría un signo contrario, existen y se aprovechan oportunidades pero, sin embargo, no se busca minimizar riesgos. Pensamos que, en la actualidad, la región centroamericana se encuentra entre estas dos situaciones con todos sus múltiples matices. La primera representa a los perdedores del ajuste y de la globalización, mientras que la segunda representa a los ganadores aunque su futuro, debido a la no minimización de riesgos, plantea serias dudas. El gran reto para la acción social es moverse hacia un tercer escenario donde se maximizaría las oportunidades y, simultáneamente, se minimizaría los riesgos.

 

 

4. Conclusiones

 

Explicitadas este conjunto de tendencias laborales y sus efectos sociales se quiere explorar, como se anunció en la introducción, cómo se podrían manifestar las diferentes lógicas estructuradoras del mer­cado laboral y qué grandes desafíos plantean en términos de políticas, teniendo en cuenta que el referente básico de todo tipo de acción debería ser la consolidación y desarrollo de la ciudadanía laboral.

 

Se quiere comenzar con la lógica de exclusión la cual, obviamente, debería tener una expresión lo más mínima posible por sus efectos sociales desintegradores.

 

Parece que la desocupación estructural es un rasgo del nuevo modelo acumulativo y, que por tanto, se mantendrá en el futuro próximo. Puede pensarse que la pérdida relativa de peso de los grupos de menor edad, dado el mayor nivel del desempleo juvenil, puede hacer que las tasas de desocupación abiertas pudieran descender leve­mente. También hay que tener en cuenta que, junto a este compo­nente estructural, existirá uno de naturaleza cíclica que hará que la evolución de esta tendencia tenga también un comportamiento no estructural. Por consiguiente, es de esperar que en las próximas décadas persistirán mecanismos de desintegración social extrema. En cuanto a la emigración, no es nada clara su futura evolución, ya que se pueden imaginar escenarios muy distintos. Se puede especular sobre diferencias entre flujos extrarregionales e intrarregionales en términos de sus efectos sociales de integración precaria. Nuestra hipótesis es que, como ya muestran ciertos indicios de la emigración salvadoreña a Estados Unidos, con la reunificación familiar, la migración extrarregio­nal se consolidará, limitando así ese carácter de precariedad. Por el contrario, no estamos tan seguros que eso mismo pueda acaecer para los flujos intrarregionales.

 

Por consiguiente, la lógica de la exclusión se manifestaría en la per­sistencia de un desempleo estructural y en efectos de integración social precaria en la emigración intrarregional. Los desafíos, en el primer caso, tienen que ver con acrecentar la empleabilidad de los jóvenes a través de una formación adecuada de capital humano y, en el segundo caso, con plantear la cuestión de la ciudadanía laboral a nivel centroamericano.

 

Respecto a la lógica de salarización, lo primero a resaltar es que el empleo formal perderá su centralidad según se vaya consolidando el nuevo modelo acumulativo. Quedará, como legado de la moderniza­ción previa, el empleo público que, como se ha podido apreciar, se ve afectado por su pérdida de peso relativo. No obstante, esta tendencia va a depender de la segunda ola de reformas que se avecinan y de sus efectos sobre la reducción del Estado[69]. Pero el elemento de mayor impredecibilidad lo plantea la tendencia hacia la desregulación ya que, como se ha podido apreciar, la globalización de las economías ha generado una nueva arena social con actores emergentes que hace que no sólo incidan los empresarios en búsqueda de estrategias acumulativas basadas en la mano de obra barata y desprotegida.

 

Este mismo fenómeno afecta también a la tendencia referida a la nueva proletarización y que se expresa, fundamentalmente, con su carácter heterogéneo. Es el tipo de vía de acumulación (“alta” basada en mano de obra calificada o “baja” sustentada en trabajo precario) lo que está en juego. En este sentido se puede afirmar que un país como Costa Rica (Panamá y Belice tendrían también posibilidades de su­marse a la vía “alta”) juega con ventajas respecto a otros. No obstante, ni la vía “alta” de acumulación está garantizada para este país ni los otros están irremediablemente condenados a la vía “baja”. Todo va a depender de las coaliciones que se constituyan para definir proyectos acumulativos al respecto.

 

Es decir, la lógica de la salarización puede decantarse por la precari­zación o la empleabilidad. Los desafíos se plantean en términos de mantener derechos laborales mínimos y apostar por vías “altas” de acumulación globalizada. Obviamente, esta última cuestión no se limita al ámbito socio-laboral, sino que afecta, en su conjunto, el proyecto de nueva modernización y, por tanto, al resto de la lógicas estructurado­ras del mercado de trabajo.

 

Finalmente, la lógica de la autogeneración de empleo remite, en primera instancia, al problema histórico de la pobreza. Los datos presentados en el apartado anterior han mostrado cómo la reactiva­ción de las economías de la región ha conllevado a disminuciones de los niveles de pauperización[70]. Pero, esta evidencia no ha podido recoger las consecuencias del impacto devastador del Mitch. Esto supone que en la región, en términos de pauperización, se debería comenzar a hablar de tres tipos de situaciones. La primera correspon­dería a Honduras y Nicaragua, los dos países más afectados por este huracán, donde la pobreza seguirá siendo generalizada. El futuro no parecer ser muy alentador y habría que ver si la emigración, especial­mente en la situación nicaragüense, logrará tener efectos despauperi­zadores como parece haberlos tenido en El Salvador. No obstante, al respecto hay que tener en cuenta que los montos de remesas son diferentes si provienen del Norte o de la propia región. En este sentido, postularíamos que la migración intrarregional tenderá a tener un impacto de contención de la pobreza pero no superación de la misma. La segunda situación correspondería al caso salvadoreño donde el fenómeno migratorio parece haber tenido una incidencia considerable disminuyendo los niveles de pauperización. Sin embargo, dinámicas de reunificación familiar (especie de formalización del fenómeno migratorio) pueden implicar menores montos de remesas. Si esto sucediera habrá que ver si la dinámica económica es capaz de jugar un papel sustitutivo y hacer que la pobreza no vuelva a crecer en el país cuscatleco[71]. Finalmente, estarían el resto de los países donde la mayoría de la población se encuentra en estado de no-pauperización. Al respecto se puede esperar que el dinamismo económico, si se mantiene, puede llevar incluso a posteriores disminuciones de la pobreza. No obstante, nos parece que la cuestión clave en términos de integración social va a ser, en el futuro próximo, la de la vulnerabilidad.

 

Los retos de la pobreza, aunque haya cambiado el contexto moderni­zador, son conocidos y si su magnitud afecta a la mayoría de la pobla­ción, se plantea la necesidad de repensar el alcance universalista de las políticas de combate a la pauperización. En el trasfondo se en­cuentra la vía de modernización globalizada y, por tanto, la coalición que la sustente. Por su parte, vulnerabilidad remite al mercado laboral y a las dos caras de la ciudadanía social: mantener derechos mínimos y acrecentar la empleabilidad.

 

En cuanto a la otra tendencia, la autogeneración de empleo, las aglo­meraciones territoriales de pequeñas empresas, su viabilidad radica en la densidad institucional que exista en la respectiva localidad. O sea, existiendo ya la inserción en un nicho del mercado globalizado, la sostenibilidad en el mismo va a depender de cuatro factores concate­nados: presencia suficiente de instituciones y actores; de su interac­ción; configuración de una coalición local; y que ésta formule un proyecto de desarrollo local consensuado. Este elemento de consenso remite a que la inserción globalizada de la respectiva localidad no genere inequidades, del tipo que fuere, demasiado grandes. De ser así, no se lograría la suficiente cohesión y no se alcanzaría el con­senso necesario. Es decir, en contextos locales, la equidad emerge como un factor competitivo fundamental.

 

Todos estos desafíos apuntan hacia acciones que buscan la consoli­dación y desarrollo de la ciudadanía laboral. Acciones que, como ya se ha mencionado, deben orientarse hacia la maximización de oportuni­dades que plantea la globalización, pero también la minimización de los riesgos que conlleva. Es este tipo de acción social el que posibili­taría un verdadero desarrollo de ciudadanía laboral y que las cuentas pendientes de la modernización centroamericana comiencen a sal­darse.

Bibliografía

Agurto, S. (1998): “El sector informal urbano, 1992-1998”, El Observador Económico, No.83

---------- (1999): “Condiciones de vida de los hogares de Managua, León y Granada, 1992-1998”, El Observador Económico, No.84

Altenburg, T. (1993): Estudio sobre efectos multiplicadores de las Zonas Francas de Exportación sobre el desarrollo nacional, informe preparado para la Corporación de la Zona Franca de Exportación, S.A.

Andrade-Eekhoff, K. (1998): Las Hermanas y Los Hermanos Cercanos: A Case Study on International Migration, Santa Elena, Usulatan, El Salvador, ponencia presentada en la reunión de Latin American Studies Association, septiembre, Chicago 

Bastos, S. y Camus, M. (1998): La exclusión y el desafío. Estudios sobre segregación étnica y empleo en ciudad de Guatemala, Debate, No.42, (Guatemala, FLACSO)

Baumeister, E. (1991): "La agricultura centroamericana en los ochenta", Polémica, Nos.14-15

Beck, U. (1998): La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad, (Barcelona, Paidós)

Beck, U., Giddens, A. y Lash, S. (1997): Modernización reflexiva. Política, tradición y estética en el orden social moderno, (Madrid, Alianza Universidad)

Beluche,O. (1997): Pobreza y neoliberalismo en Panamá, (Panamá, COPIASA)

------------ (1999): Empleo, pobreza y equidad en Panamá durante los años 90, informe, (Panamá)

BID (1998): Las economías de los países centroamericanos: desafíos comunes de cara al siglo XXI, (Washington, Banco Interamericano de Desarrollo)

Briones, C. (1992): La pobreza urbana en El Salvador, (San Salvador, UCA)

Bulmer-Thomas, V. (1989): La economía política de Centroamérica desde 1920, (Tegucigalpa, Banco Centroamericano de Integración Económica)

---------------- (1997): "Introducción", en V. Bulmer-Thomas (comp.): El nuevo modelo económico en América Latina. Su efecto en la distribución del ingreso y en la pobreza. (México, Fondo de Cultura Económica)

Burki, S.J. y Perry, G.E. (1997): The Long March: A Reform Agenda for Latin America and the Caribbean in the Next Decade, (Washington, The World Bank)

CANATUR (1998): Elaboración de estadísticas de turismo en Centroamérica, mimeo

Cano, I.Y. (1993): Los inmigrantes internacionales en Honduras: algunas características socio-demográficas. 1988, Documento de Trabajo, No.31, (Tegucigalpa, Unidad de Docencia e Investigación en Población/Universidad Nacional Autónoma de Honduras)

Carrera Guerra, M. (1998): Guatemala: mercado laboral y pobreza en el contexto del ajuste, en E. Funkhouser y J.P. Pérez Sáinz (coord.): Mercado laboral y pobreza en Centroamérica. Ganadores y perdedores del ajuste estructural, (San José, SSRC/FLACSO)

Castillo, G. (1990): “Población y migración internacional en la frontera sur de México: evolución y cambios”, Revista Mexicana de Sociología, año LII, No.1

Castillo, M.A. y Palma, S.I. (1996): La emigración internacional en Centroamérica: una revisión de tendencias e impactos, Debate, No.35, (Guatemala, FLACSO)

CELADE (1989): “La población centroamericana en el horizonte del 2.000”, en E.Torres-Rivas (coord.): América Central hacia el 2000. Desafíos y opciones, (Caracas, Nueva Sociedad/UNITAR-PROFAL/FNUAP)

CEPAL (1991): Remesas y economía familiar en el Salvador, Guatemala y Nicaragua, ponencia presentada al seminario sobre "Remesas Internacionales y Pobreza en Centroamérica", México, D.F.

--------- (1994): Centroamérica: el empleo femenino en la industria de la maquila de exportación, documento, (México, CEPAL)

--------- (1995): Seguridad social y equidad en el Istmo centroamericano, documento, (México, CEPAL)

--------- (1998): Uso productivo de las remesas en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, documento, (México, CEPAL)

--------- (1999a): Nicaragua: evaluación de los daños ocasionados por el huracán Mitch, 1998, documento, (México, CEPAL)

--------- (1999b): Honduras: evaluación de los daños ocasionados por el huracán Mitch, 1998, documento, (México, CEPAL)

--------- (1999c): Panorama social de América Latina 1998, (Santiago, CEPAL)

Céspedes, V.H. y Jiménez, R. (1995): La pobreza en Costa Rica, (San José, Academia de Centroamérica)

Cordero, A. (coord.): Cuando las mujeres mandan, (San José, FLACSO)

Cordero, A. Y Mora, M. (1998): Costa Rica: el mercado de trabajo en el contexto del ajuste, en E.Funkhouser y J.P.Pérez Sáinz (coord.)  

CSO (1994): Labour Force Survey Report, (Belice, Central Statistical Office)

Dary Fuentes, C. (1991): Mujeres tradicionales y nuevos cultivos, (Guatemala, FLACSO)

Del Cid, R. y Kruijt, D. (1997): Los pobres cuentan. Pobreza y gobernabilidad en Honduras, (San José, FLACSO)

Del Cid, M. y Tacsan Chen, R. (1998): Precios y salarios en Centroamérica, Panamá y República Dominicana, Documento, No.62, (San José, OIT)

------------ (1999): Fuerza laboral, ingresos y poder adquisitivo de los salarios en Centroamérica, Panamá y República Dominicana. 1998, Documento, No.99, (San José, OIT)

Eekhoff-Andrade, K. (1998): Mercado laboral y equidad en El Salvador, en E. Funkhouser y J.P. Pérez Sáinz (coord.)

Evans, T. (1995): Ajuste estructural y sector público en Nicaragua, en T. Evans (coord.): La transformación neoliberal del sector público. Ajuste estructural y sector público en Centroamérica y El Caribe, (Managua, Latino Editores)

Fleury, S. (1999): “Reforma del Estado en América Latina. ¿Hacia dónde?”, Nueva Sociedad, No.160

Funkhouser, E. (1992a): "Mass Emigration, Remittances and Economic Adjustment: The Case of El Salvador in the 1980s", en R. Freeman y G. Borjas (eds.): The Economic Effects of Inmigration in Source and Receiving Countries, (Chicago, The Chicago University Press)

------------ (1992b): "Migration from Managua. Some Recent Evidence", World Development, Vol.20, No.8

----------- (1997): La migración internacional: un perfil, en M. Lungo (comp.): Migración internacional y desarrollo, (San Salvador, FUNDE), tomo II

Funkhouser, E. y Pérez Sáinz, J.P. (1998): Ajuste estructural, mercado laboral y pobreza en Centroamérica: una perspectiva regional, en E. Funkhouser y J.P. Pérez Sáinz (coord.)

Gómez, T. (1998): Mercado laboral para mujeres adolescentes y jóvenes en el área urbana de Managua-Nicaragua, (Managua, Unión Europea/Programa Mujeres Adolescentes/INIM)

INCAE/HIID (1999): Centroamérica en el siglo XXI. Una agenda para la competitividad y el desarrollo sostenible, (Alajuela, INCAE/HIID)

INE (1991): Perfil de la pobreza en Guatemala, (Guatemala, Instituto Nacional de Estadística)

---- (1996): República de Guatemala. Características generales de población y habitación, (Guatemala, Instituto Nacional de Estadística)

INEC (1997): VII Censo de Población y III de Vivienda, 1995, (Managua, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), Vol.III

INIES (1998): Guatemala: política económica y pobreza. El impacto de la política económica en la pobreza durante el período 1950-1997, (Guatemala,Universidad Rafael Landívar/Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales)

Judsiman, C. (1998): Los fondos de inversión social en América Central y la construcción de ciudadanía social, en B. Roberts (ed.): Ciudadanía y política social, (San José, SSRC/FLACSO)

Kairi Consultants (1996): Poverty Assessment Report, Informe, (Belice)

Leroux, R.(s.f.): Turismo en Centroamérica: Integración y microempresa, (San José, ACEPESA/OIT)

Lewis, B.(1994): A Poverty Profile for Belice, Final Report, (Belice)

Lozano, W. (1998): “Desregulación laboral, Estado y mercado en América Latina: balance y retos sociopolíticos”, Perfiles Latinoamericanos, No.13

MAS (1996): Medición de la pobreza, (Managua, Ministerio de Acción Social), Tomo I

MAS/ PNUD/ UNICEF. (1995): La pobreza en Nicaragua. Medición de la pobreza, Documento, (Managua, MAS/ PNUD/ UNICEF), Tomo I.

Menjívar, R. y Trejos, J.D. (1992): La pobreza en América Central, (San José, FLACSO)

Mesa-Lago, C. (1999): “Política y reforma de la seguridad social en América Latina”, Nueva Sociedad, No.160 

Minujin, A. (1998): Vulnerabilidad y exclusión en América Latina, en E.Bustelo y A. Minujin (eds.): Todos entran. Propuesta para sociedades incluyentes, (Bogotá UNICEF/Santillana)

MIPLAN (1993): Encuesta de hogares de propósitos múltiples, 1991-1992, (San Salvador, Ministerio de Planificación)

----------- (1998): Encuesta de hogares de propósitos múltiples, 1997, (San Salvador, Ministerio de Planificación)

MTPS (1993): Trabajadores agrícolas migrantes temporales, Documento, (Guatemala, MInisterio de Trabajo y Previsión Social)

Morales,A. (1996): Los territorios del cuajipal. Frontera y sociedad entre Nicaragua y Costa Rica, (San José, FLACSO)

Morales, A. y Castro, C. (1999): Inmigración laboral nicaragüense en Costa Rica, (San José, FLACSO/Friedrich Ebert/IIDH/La Defensoría de los Habitantes)

OIT (1997): Aspectos sociales y laborales de las zonas francas industriales del Istmo Centroamericano y República Dominicana: un marco para el debate, documento de base, Seminario subregional tripartito sobre aspectos sociales y laborales de las zonas francas industriales, San José, 25-28 de noviembre

OIT (1988): Panorama laboral 98, (Lima, OIT)

Orellana, C. (1992): “Migración y remesas: una evaluación de su impacto en la economía salvadoreña”, Política Económica, vol.I, No.11

PARLACEN/PREALC-OIT/UNICEF (1994): Los niños trabajadores en Centroamérica, Cuadernos de Ciencias Sociales, No.64, (San José, FLACSO)

Pérez Sáinz, J.P. (1996a): De la finca a la maquila. Modernización capitalista y    trabajo en Centroamérica, (San José, FLACSO)

--------------  (1996b): “Maquila y trabajo en Centroamérica”, Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, Vol. 2, No. 2

-------------- (1998a): “¿Es necesario aún el concepto de informalidad", Perfiles Latinoamericanos, No.13

-------------- (1998b): “The New Faces of Informality in Central America", Journal of Latin American Studies, Vol.30, Part 1

-------------- (1999): Mejor cercanos que lejanos. Globalización, autogeneración de empleo y territorialidad en Centroamérica, (San José, FLACSO)

Pérez Sáinz, J.P. y Andrade-Eekhoff, K.(1998): Capital social y artesanía en El Salvador, (San Salvador, FLACSO)

Pérez Sáinz, J.P. y Castellanos de Ponciano, E.(1991): Mujeres y empleo en Ciudad de Guatemala, (Guatemala, FLACSO)

Pérez Sáinz, J.P. y Cordero, A. (1994a): "Los nuevos escenarios laborales en Centroamérica: una propuesta de análisis", Anuario de Estudios Centroamericanos, Vol.20, No.2

----------------  (1994b): Sarchí. Artesanía y capital social, (San José, FLACSO)

---------------- (1997): Globalización, empleo y políticas laborales en América Central. Los nuevos retos del movimiento sindical, (San Salvador, Fundación Paz y Solidaridad)

Pérez Sáinz, J.P. y Leal, A. (1992): Pequeña empresa, capital social y etnicidad: el caso de San Pedro Sacatepéquez, Debate, No.17, (Guatemala, FLACSO)

Pérez Sáinz, J.P. y Menjívar Larín, R. (comp.): Informalidad urbana en Centroamérica. Entre la acumulación y la subsistencia, (Caracas, FLACSO/Nueva Sociedad)

Pisoni,R. (1993): Situación del trabajo infantil en Centroamérica, Documento de trabajo, (San José, OIT)  

PNUD (1998): Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, 1997, (San José, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo)

-------- (1999): Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible, (San José, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo)

PREALC (1986): Cambio y polarización ocupacional en Centroamérica, (San José, EDUCA/PREALC)

---------- (1992): Pobreza y empleo en Centroamérica y Panamá, Documento, (Panamá, PNUD/OIT/PREALC)

Price Waterhouse (1993): Actualización del estudio de base sobre las Zonas Industriales de Procesamiento en Honduras, informe, (Tegucigalpa,)

Rivera Campos,R. (comp): El Salvador. Estado de la Nación en desarrollo humano 1999, (San Salvador, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo)

Renzi. M.R. (1994): El impacto de los proyectos FISE en las condiciones de vida de los nicaragüenses, Documento, (Managua, FIDEG)

Renzi, M.R. y Agurto, S.(1992): La pobreza en los hogares de Managua, León y Granada ( Urbano), Materiales de Estudio y Trabajo, 8, (Managua, FIDEG)

Renzi, M.R. y Alaniz Castillo, L.A. (1996): “El mercado laboral en Managua, León y Granada urbano (1992-1996)”, El Observador Económico, No.59

Renzi, M.R. y Kruijt, D. (1997): Los nuevos pobres. Gobernabilidad y política social en Nicaragua, (San José, FLACSO)

Robinson,W. (1997): “Maldesarrollo en América Central: un estudio sobre globalización y cambio social”, Pensamiento Propio, No.5

Rojas, M. y Román,I. (1993): Agricultura de exportación y pequeños productores, Cuadernos de Ciencias Sociales, No. 61, (San José, FLACSO)

SECPLAN. (1994): Pobreza, potencialidad y focalización municipal, Documento, (Tegucigalpa, Secretaría de Programación, Coordinación y Presupuesto), Libro Q.

Spar, D. (s.f.): Attracting High Technology Investment. Intel´s Costa Rica Plant, Borrador, (Washington, FIAS)

Sojo, C. (1997): Los de en medio. La nueva pobreza en Costa Rica, (San José, FLACSO)

-------- (1999a): Democracias con fracturas. Gobernabilidad, reforma económica y transición en Centroamérica, (San José, FLACSO)

-------- (1999b): Exclusión social. Dinámica sociopolítica y cultural: reflexiones sobre el tema desde América Latina, ponencia presentada al taller “Social Exclusion and Poverty Reduction in the Latin American and Caribbean Region”, Washington, The World Bank, mayo

Sosa,N. (1999): The Evolution of employment, Poverty and Equity in Belice during the90´s, informe, (Belice)

Steele, D. (1993): Guatemala, en G. Psacharopoulos y H. A. Patrinos (ed.). (1993): Indigenous People an Poverty in Latin American: an Empirical Analysis. (Washigton, The World Bank)

Tokman, V. (1997): “Generación de empleo y reformas laborales”, Anuario Social y Político de América Latina y El Caribe 1, (Caracas, FLACSO/Nueva Sociedad)

-------------- (1998): “Empleo y seguridad: demandas de fin de siglo”, Anuario Social y Político de América Latina y El Caribe 2, (Caracas, FLACSO/Nueva Sociedad)

Weller,J. (1992): Las exportaciones agrícolas no tradicionales en Costa Rica, Honduras y Panamá: la generación de empleo e ingresos y las perspectivas de los pequeños productores", Documento de Trabajo, No. 370, (Panamá, PREALC)

Centroamérica 2020

 

Antecedentes

 

Durante la década de los 90 América Central vivió procesos de pro­fundos cambios en el escenario político, instaurándose gobiernos democráticos en todos los países de la región. Sin embargo, estos cambios políticos no han ido acompañados suficientemente de trans­formaciones económicas y sociales paralelas, por lo que Centro­américa continúa siendo la región más pobre del continente. Al mismo tiempo, los conflictos armados de la década anterior han causado un mayor atraso de la región en cuanto a su desarrollo social (educación, salud y esperanza de vida de su población).

 

Como consecuencia de esta situación, aumentó la conciencia en los países centroamericanos de la importancia de realizar cambios pro­fundos y ha ido tomando forma la necesidad de establecer un modelo de desarrollo regional para todos los países de la zona. De este modo se han iniciado diversas acciones encaminadas a la consecución de la integración económica regional, reactivándose así el mercado interior común.

 

Estos esfuerzos de integración se han visto sin embargo, a menudo obstaculizados por la falta de un cuadro institucional adecuado, capaz de hacer frente a los retos planteados de cara al futuro. Es precisa­mente en este punto donde la comunidad internacional podría apoyar el proceso de desarrollo regional de la zona a largo plazo y es también aquí donde se enmarca el presente proyecto Centroamérica 2020.

 

Objetivos del proyecto

 

Centroamérica 2020 tiene como objetivo la promoción del desarrollo sostenible de la región partiendo de un concepto de desarrollo enten­dido como un proceso dinámico y multidimensional que consiste en:

·        Crecimiento económico sostenible;

·        Mejoramiento del bienestar social; y

·        Garantías de la ciudadanía en todas las categorías sociales, de género y étnicas.

 

Esta definición del desarrollo tiene una base sólida y fue elaborada antes de que el Huracán Mitch cayera en octubre-noviembre de 1998 sobre la región con efectos desvasatadores. No es que la definición ahora carezca de relevancia, pero Mitch ha servido para recordarnos la vulnerabilidad de la región frente a los desastres naturales y la poca capacidad que tiene el Estado para responder de manera efectiva. En este contexto, la sostenibilidad adquiere un significado especial en Centroamérica: los desastres naturales son inevitables, pero no deben ser empeorados por la acción humana, ni sus consecuencias agrava­das por la incapacidad o incompetencia del Estado y sus instituciones.

 

El proyecto Centroamérica 2020 tiene como uno de sus objetivos principales el contribuir al proceso de integración regional de los países centroamericanos, realizando un balance de los resultados obtenidos hasta el presente y estudiando las dificultades actuales y aquellas que previsiblemente pudieran surgir a mediano plazo en el ámbito político-institucional.

 

Los objetivos particulares son:

 

1.     Elaborar un estudio regional comprensivo sobre temas del desa­rrollo contemporáneo. Los estudios deben tener en cuenta tres planteos transversales acerca de

·        la relación entre Estado, mercado y sociedad civil,

·        opciones en el nivel local, nacional y regional

·        la viabilidad del desarrollo sostenible en América Central.

2.     Asegurar la participación y contribución de una amplia gama de actores claves regionales en el transcurso de las investiga­ciones.

3.     Proveer a los gobiernos y a otros actores de la región con diver­sas opciones y recomendaciones de políticas.

4.     Promover la identidad regional entre los actores públicos y priva­dos involucrados en el desarrollo.

5.     Extender los resultados del proyecto a los actores internacio­nales más activos en la dinámica del desarrollo en la región, in­cluyendo a las organizaciones multilaterales y a las ONGs.

6.     Hacer recomendaciones de políticas a los EE.UU. y a la UE para programas de asistencia más eficaces.

 

 

Los resultados del proyecto serán presentados en una gran conferen­cia internacional en Centroamérica a mediados de 2000, así como en seminarios en Washington D.C. y Bruselas. También serán distribui­dos en una serie de documentos de trabajo, monografías y libros publicados en inglés y español, accesibles también a través de Inter­net: versión en español y alemán (http://www.rrz.uni-hamburg.de/IIK/za2020), versión en inglés (http://ca2020.fiu.edu).

 

 

Comité Ejecutivo:

 

Coordinación:

Klaus Bodemer, Instituto de Estudios Iberoamericanos (Hamburgo)

Eduardo Gamarra, Centro para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad Internacional de Florida (Miami)

 

Dirección Académica:

Sabine Kurtenbach, Instituto de Estudios Iberoamericanos (Hamburgo)

Michael Shifter, Diálogo Interamericano (Washington D.C.)

 

Consultores Principales:

Victor Bulmer-Thomas, Instituto de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Londres

Douglas Kincaid, Centro para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad Internacional de Florida (Miami)

 

Expertos Centroamericanos:

Fernando Durán, Fundación Arias, Costa Rica

Carlos Rosales, Secretario de Comunicación, El Salvador

 

Representantes de las Agencias Donadoras:

Mendel Goldstein, Jefe de la Dirección México, América Central y Cuba, Comisión Europea DG IB (Bruselas)

Margaret Sarles , Agencia para el Desarrollo Internacional de los EE.UU. (Washington D.C.)

 

CA 2020: Documentos de trabajo

# 1: Pablo Rodas-martini: Centroamérica: Para afrontar con éxito la globalización del siglo XXI

ISBN 3-926446-73-0

# 2: Clarence Zuvekas, jr.: The Dynamics of Sectoral Growth in Central America: Recent Trends and Prospects for 2020

ISBN 3-926446-74-9

# 3: Luis Guillermo Solís Rivera: Centroamérica 2020: La integración regional y los desafíos de sus relaciones externas

ISBN 3-926446-72-2

 

# 4: Sarah Mahler: Migration and Transnational Issues.

Recent Trends and Prospects for 2020

ISBN 3-926446-71-4

# 5: Juan Pablo Pérez Sáinz: Las cuentas pendientes de la modernización. Tendencias laborales y sus efectos sobre la integración en el Istmo Centroamericano

ISBN 3-926446-70-6

# 6: Carlos Sojo: El traje nuevo del emperador: La modernización del Estado en Centroamérica

ISBN 3-926446-69-2

 

# 7: Claudia Schatán: Desarrollo económico y medio ambiente

ISBN 3-926446-68-4

 

# 8: Charles T. Call: Sustainable Development in Central America:

The Challenges of Violence, Injustice and Insecurity

ISBN 3-926446-67-8

 

# 9: Günther Maihold / Ricardo Cordóva: Democracia y ciudadanía en Centroamérica. Perspectivas hacia el 2020

ISBN 3-926446-75-7

 

# 10: Knut Walter: La educación en Centroamérica: Reflexiones en torno a sus problemas y su potencial

ISBN 3-926446-66-8