Esta publicación se realizó gracias al apoyo financiero de la Oficina de Desarrollo Regional y Sostenible, América Latina y el Caribe (LAC) de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos según Disposición No. LAG-G-00-98-00048-00 y de la Unión Europea. El trabajo refleja exclusivamente las opiniones del autor/ de la autora y por tanto no representa en ningún caso la opinión de las instituciones involucradas.

   

CA 2020: Documento de trabajo # 5

 

 

Juan Pablo Pérez Sáinz

 

 

Las cuentas pendientes de la

modernización.

tendencias laborales y sus efectos

sobre la integración social en el

istmo centroamericano

 

 

 

Juan Pablo Pérez Sáinz
Las cuentas pendientes de la modernización. Tendencias laborales y sus efectos sobre la integración social en el Istmo Centroamericano
Hamburg: Institut für Iberoamerika-Kunde 2000

(CA 2020: Documento de trabajo # 5)
ISBN 3-926446-70-6

 

 

 

Juan Pablo Pérez Sáinz; Doctor en Economía, Vrije Universiteit, Bruselas, Bélgica. Actualmente es Investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en Costa Rica. Su trabajo se centra en mercados laborales, pobreza y desarrollo econó­mico local.

Índice

 

Resumen ejecutivo     1

 

Executive summary     5

 

1. Introducción        9

 

2. Empleo, pobreza e inequidad en los años 90     12

2.1. Las reformas laborales       13

2.2. La dinámica del empleo       21

2.3. La evolución de la pobreza y de la distribución del ingreso    34

 

 

3. El futuro inmediato del empleo y de la integración social         42

3.1.  Salarización: entre la precariedad y la empleabilidad       44

3.2.  Exclusión: entre el desempleo y la emigración                 48

3.3.  Autogeneración de empleo: entre la pobreza y el desarrollo local        50

3.4.  La ciudadanía laboral          52

 

4.    Conclusiones           57

 

Bibliografía            62

 

Resumen ejecutivo

 

1. Las primeras décadas de modernización en Centroamérica estuvie­ron signadas por tres hechos. Primero, hubo modernización laboral en toda la región, aunque sus expresiones fueron desiguales y no todos los países alcanzaron igual nivel de modernización. Segundo, en el agro se consolidó una dinámica perversa cuyo resultado principal fue la generalización de la pobreza. Y tercero, las posibilidades de contra­rrestar esta dinámica mediante el desarrollo de empleo formal en las ciudades fueron insuficiente y de corta duración, por lo que las zonas urbanas se vieron también sumidas a tendencias laborales generado­ras más bien de pauperización. La crisis de este proceso, durante la pasada década de los 80, supuso que, con la excepción costarricense, los mercados laborales se ajustaran a través de mecanismos distintos al desempleo abierto. Migración internacional e informalidad fueron las principales expresiones de tal ajuste. Este último fenómeno acentuaba la tendencia de precarización del empleo y en concreto la territorialidad por excelencia de este tipo de modernización. La principal consecuen­cia fue un incremento de la pauperización que no siempre fue acom­pañada con un deterioro de la desigualdad.

 

2. En la década de los 90, en el nuevo contexto de ajuste y globaliza­ción, ha acaecido cierta redefinición institucional del mercado de trabajo respecto de la que habría varios fenómenos que resaltar. Lo primero es que parece que ha habido una recuperación del salario mínimo como referente básico aunque, en ciertos países, su capaci­dad adquisitiva deja mucho que desear. Segundo, las reformas labo­rales no apuntan hacia una desregulación radical, con la excepción panameña. De hecho, históricamente, los mercados de trabajo cen­troamericanos, en la práctica y por razones del desarrollo político, han estado muy poco regulados y han tenido, por tanto, poca rigidez institucional. Es importante resaltar que, por el contrario, en estos años ha habido un cierto reconocimiento del sujeto sindical producto de la transnacionalización de la acción sindical que ha inducido, paradójica­mente, la propia globalización. No obstante, los logros legales obteni­dos no parecen traducirse en la práctica. Tercero, las experiencias de reducción de empleo público son disímiles y remiten a las dinámicas de la propia reforma del Estado. Obviamente, el caso nicaragüense se destaca en este sentido. Y cuarto, los intentos de generación de empleo emergente, a partir de la propia iniciativa estatal, sólo han tenido relevancia en Honduras y Nicaragua. Pero, la evidencia apunta a que se trata de empleo temporal y precario que no resuelve ni problemas de desempleo y ni de pobreza.

 

3. En cuanto a la dinámica del empleo, y del lado de la oferta, lo más relevante a resaltar es el mantenimiento de la tendencia histórica hacia la feminización del mercado laboral ya acentuada desde la crisis de los 80. Del lado de la demanda, y en términos de empleo rural, se detecta un proceso generalizado de descampesinización combinado con la importancia creciente de actividades no agrícolas. En cuanto al empleo urbano, lo más significativo es la pérdida de importancia relativa del empleo público. El autoempleo sigue jugando su función de ajuste del mercado laboral y los nuevos ejes acumulativos, referidos a activida­des transables, han generado dinámicas ocupacionales importantes en la nueva industria y en el turismo, pero no así en las nuevas agroex­portaciones.

 

4. Para los países que existe información, la pobreza se ha reducido en aquellos que históricamente han tenido menores niveles de paupe­rización (Costa Rica y Panamá) mientras que en los restantes (El Salvador y Honduras) se han mantenido las mismas tasas de inicio de la década. Distinguiendo espacialmente, hay reducción generalizada con la excepción de las zonas rurales en El Salvador y urbanas en Honduras. En cuanto a la distribución del ingreso acaece la misma distinción entre países pero con signos distintos: mejora en Honduras y El Sal­vador pero incremento de la inequidad en los otros dos casos. Hay que resaltar el crecimiento del bienestar en el caso cuscatleco que insinúa, a título de hipótesis, el impacto redistributivo de las remesas.

 

5. En el futuro inmediato se pueden identificar varias tendencias básicas en términos de dinámicas laborales y su impacto en términos de integración social:

 

·        el empleo formal perderá su centralidad con efectos de desintegra­ción relativa. Este fenómeno se expresaría de manera más nítida en el caso del empleo público;

 

·        se detecta una nueva proletarización ligada a los nuevos ejes acumulativos emergentes en actividades como nuevas agro ex­portaciones, industrialización exportadora y turismo. Es un pro­ceso heterogéneo con dos polos básicos: por un lado, empleos precarios con consecuencias del mismo tipo en términos de in­tegración social; y por otro lado, una fuerza de trabajo altamente empleable con movilidad social ascendente;

 

·        el desempleo estructural se manifestará como rasgo propio del nuevo modelo acumulativo afectando principalmente a mujeres y, sobre todo, a jóvenes. Sus consecuencias desintegradoras son obvias;

 

·        la migración, tanto extra como intraregional, seguirá constituyendo uno de los principales mecanismos de ajuste del mercado laboral en algunos países. Las remesas generadas podrían tener un impacto importante para contener la pobreza e, incluso, para disminuirla;

 

·        persistirá un núcleo duro de pobreza estructural que seguirá afec­tando a las actividades de baja productividad: campesinado y autoempleo urbano de subsistencia. Esta problemática se ha agravado, en los casos nicaragüense y hondureño, por los efec­tos devastadores del huracán Mitch;

 

·        la autogeneración de empleo puede tener una expresión diná­mica, en términos de incorporación al proceso globalizador, a través del desarrollo y consolidación de aglomeraciones territo­riales de pequeñas empresas. Las dinámicas laborales y socia­les estarán signadas, ante todo, por su naturaleza local.

 

6. Estas tendencias plantean la cuestión de la ciudadanía laboral como la problemática socio-laboral estratégica para el futuro inmediato. Cuatro son los aspectos claves a considerar. Primero, si bien en la actualidad hay énfasis en los deberes (empleabilidad) no hay que olvidar los derechos laborales. Segundo, la territorialidad de la ciuda­danía laboral no se circunscribe al marco nacional, sino que se pro­yecta transnacionalmente (a través de la migración) y también se fragmenta localmente. Tercero, emergen múltiples actores donde destaca el empresariado que está llamado a asumir la centralidad de la nueva acción social. En este sentido, la ciudadanía laboral debe ser incorporada a la cultura empresarial. Y cuarto, la ciudadanía laboral sólo puede ser viable dentro de un modelo de acción social que com­bine la maximización de oportunidades que ofrece la globalización con la minimización de riesgos que, ineludiblemente, conlleva.

 

7. El conjunto de tendencias explicitado en el punto previo al anterior plantea toda un conjunto de desafíos en términos de intervención:

 

·        el desempleo y sus efectos desintegradores pueden limitarse a través del incremento de la empleabilidad de los jóvenes;

 

·        las posibilidades de reducir la integración social precaria de los migrantes intrarregionales pasa por el reconocimiento de la ciu­dadanía laboral a nivel centroamericano;

 

·        el desarrollo de dinámicas de salarización, sustentadas en la em­pleabilidad y que limiten la precariedad laboral, se pueden lograr a base de vías “altas” de acumulación orientadas hacia el uso capital humano construido sobre competencias. Esto depende de la configuración de una coalición que apueste por una mo­dernización globalizada sustentable y equitativa;

 

·        la generalización de la pobreza en varios países de la región su­pone la necesidad de repensar el alcance universalista de las políticas de combate a la pauperización. Por su parte, la vulne­rabilidad remite al mercado laboral y a las dos caras de la ciuda­danía social: mantener derechos mínimos y acrecentar empleabilidad;

 

·        el desarrollo sustentable de aglomeraciones territoriales de peque­ñas empresas pasa por el desarrollo local. Es decir, es ne­cesario que las mismas encuentren un entorno signado por densidad institucional suficiente.

 

Todos estos desafíos apuntan hacia acciones que busquen la consoli­dación y desarrollo de la ciudadanía laboral. Acciones que deben orientarse hacia la maximización de oportunidades que plantea la globalización, pero también la minimización de los riesgos que con­lleva. Es este tipo de acción social el que posibilitaría un verdadero desarrollo de ciudadanía laboral y que las cuentas pendientes de la modernización centroamericana comiencen a saldarse.

 

Executive summary

 

1. The first decades of modernization in Central America were charac­terized by three phenomena. First, there was industrial modernization throughout the region, albeit unevenly expressed, with not all states achieving the same level of modernization. Second, in farming a perverse dynamics was consolidated, the main result of which was a general spread of poverty. Third, the opportunities for counteracting this trend by generating formal employment in cities were inadequate and short-lived, because urban areas were also hit by labour trends which generated a great deal of pauperization. The crisis of this proc­ess during the 1980s meant that, with the exception of Costa Rica, labour markets adjusted by different mechanisms to open unem­ployment. International migration and informality were the principal manifestations of this adjustment. This latter phenomenon continued to accentuate the trend towards insecure employment, and specifically the highly territorial nature of this type of modernization. The main consequence was an increase in pauperization which was not always accompanied by a worsening of inequality.

 

2. In the 1990s, in the new context of adjustment and globalization, there was a certain institutional redefinition of the labour market in respect of which various phenomena should be highlighted. First, there appears to have been a recovery in the minimum wage as a basic point of reference, although in certain countries its purchasing power leaves much to be desired. Second, except in the case of Panama, labour reform does not indicate radical deregulation. In fact, historically the Central American labour markets, both in practice and for reasons of political development, have been regulated only to a very minor extent and because of this have not suffered much institutional inflexi­bility. It is important to highlight that, on the contrary, during this period there was a certain recognition of the trade union issue as a result of the transnationalization of labour union action which, paradoxically, globalization itself has brought about. However, the legal gains do not appear to be being translated into practice. Third, experiences of reduction in public employment are dissimilar and relate to the dynam­ics of the reform of the state itself. Obviously, the case of Nicaragua stands out in this respect. And fourth, attempts to generate emerging employment based on the state’s own initiative have only had any relevance in Honduras and Nicaragua. But the evidence indicates that this is temporary and insecure employment which resolves neither the problems of unemployment nor poverty.

 

3. In respect of the dynamics of employment, on the supply side the most relevant point to highlight is the continuation of the historic trend toward feminization of the labour market which had already been accentuated since the crisis of the 1980s. On the demand side, in terms of rural employment a general process of a move away from agricultural work can be detected, combined with growing importance of non-agricultural activities. With regard to urban employment the most significant feature is the decline in the relative significance of public employment. Self-employment continues to fulfil its function of readjustment in labour market and the new accumulative axes relating to buying and selling activities have generated important employment dynamics in new industry and in tourism, but not in new agri-exports.

 

4. In the countries for which information is available, there has been a decline in poverty in the those which historically had lower levels of pauperization (Costa Rica and Panama) while in the others (El Salva­dor and Honduras) the levels remain the same as at the start of the decade. In terms of geography, there has been a generalized reduction with the exception of the rural areas of El Salvador and the urban areas of Honduras. There are also differences in the development of income distribution, but with different characteristics: improvement in Honduras and El Salvador but an increase in inequality in the other two cases. One must highlight the growth of well-being in the case of Cuzcatleco QUERY, which implies, by way of hypothesis, the redistributive impact of remittances.

 

5. For the immediate future various basic trends can be identified in terms of labour dynamics and its impact on social integration.

 

·        Formal employment will lose its central role, leading to relative disintegration. This phenomenon could be manifested more clearly in the case of public employment.

 

·        A new proletarization can be detected, linked with the new accu­mulative axes emerging in activities such as new agri-exports, the export industry and tourism. This is a heterogeneous process with two basic poles: one one hand insecure jobs with similar consequences in terms of social integration, and on the other a highly employable, upwardly mobile workforce.

 

·        Structural unemployment will be manifested as an inherent fea­ture of the new accumulative model, affecting mainly women and, above all, young people. Its disintegratory consequences are ob­vious.

 

·        Migration, both external and intraregional, will continue to be one of the principle labour market adjustment mechanisms in some countries. The remittances generated could have an important impact in containing poverty, and in reducing it.

 

·        A hard core of structural poverty will persist and will continue to effect low-productivity activities – agricultural work and subsis­tence self-employment in the cities. This problem has been ag­gravated in the cases of Nicaragua and Honduras by the devastating effects of Hurricane Mitch.

 

·        The self-generation of employment can have a dynamic aspect in terms of incorporation into the globalization process, through the development and consolidation of territorial agglomerations of small businesses. The labour and social dynamics will be marked, above all, by their local nature.

 

6. These trends raise the question of the urban working class as the strategic socio-labour problem for the immediate future. There are four key aspects to consider. First, although at present the emphasis is on duties (employability), labour rights must not be forgotten. Second, the territory of the urban working class is not circumscribed by a national framework, rather it is extended transnationally (via migration) as well as being locally fragmented. Third, numerous players are emerging who display the entrepreneurial quality which is called on to assume the central role in new social action. In this sense the urban working class must be incorporated into the entrepreneurial culture. Fourth, the urban working class can only be viable within a model of social action which combines maximizing the opportunities presented by globalization with minimizing the risks which, inevitably, it entails.

 

7. The group of  trends explained under the previous point present a whole collection of challenges in terms of intervention:

 

·        Unemployment and its disintegrating effects can be limited by improving young people’s employability;

 

·        In order to be able to reduce the insecurity of the social integra­tion of intra-regional migrants, the urban working class must be recognized at a Central American level;

 

·        The development of wage dynamics sustained by employability and capable of limiting workers’ insecurity can be achieved on the basis of “high” ways of accumulation geared to the use of human capital built on skills and qualifications. This depends on forming a coalition committed to sustainable and equitable glob­alized modernization.

 

·        The general spread of poverty in various countries in the region makes it necessary to rethink the universalist scope of policies to combat pauperization. For its part, vulnerability relates to the la­bour market and to two aspects of the urban citizenry: retaining minimum rights and increasing employability.

 

·        Sustainable development of territorial agglomerations of small businesses means local development. In other words, it is es­sential for these businesses to encounter an environment char­acterized by sufficient institutional density.

 

All these challenges point to actions aimed at consolidating and de­veloping urban working class, actions which must be aimed at maxi­mizing the opportunities presented by globalization while minimizing the risks it entails. It is this kind of social action which will permit true development of the urban working class and which will make it possible to start paying the outstanding bills of Central American modernization.

1. Introducción

 

América Central, como el resto de América Latina, se ha insertado durante la década de los 90 en el proceso de globalización. En todos los países, se han aplicado programas de ajuste estructural que, aunque con resultados disímiles, han iniciado el proceso de transfor­mación del modelo acumulativo. En este mismo sentido, han emergido toda una serie de nuevas actividades que insinúan una articulación distinta a la economía mundial. Las denominadas agroexportaciones no tradicionales, la industria de maquila y el turismo serían sus ejem­plos más visibles. Pero, igualmente, existe otra inserción a la globali­zación que no es producto ni de las estrategias empresariales ni de las políticas gubernamentales, sino de la propia sociedad centroameri­cana: la migración laboral internacional. Además se detectan nuevas dinámicas de regionalización como la movilidad de capitales que están definiendo una base centroamericana de acumulación, la ya mencio­nada migración laboral y la emergencia de una nueva institucionalidad no sólo supra-estatal sino también de la propia sociedad civil. Por consiguiente, se puede decir que la región se encuentra ante un nuevo momento histórico.

 

Pero este nuevo momento no supone una ruptura radical con el pa­sado. Si bien la región entra en una etapa económica que pudiera superar el modelo agro-exportador tradicional, implantado a fines del siglo XIX, y en una fase política donde los regímenes democráticos, basados en elecciones competitivas, se han generalizado, hay lastres del período anterior. Persiste el empobrecimiento y la desigualdad social aunque hayan cambiado de naturaleza. En este sentido, como hemos argumentado en otro texto (Pérez Sáinz, 1996a), lo social es la gran cuenta pendiente de la modernización centroamericana. Es a partir de esta persistencia de la cuestión social que planteamos que el tiempo de la región es aún el de la modernización. Por consiguiente, nuestra propuesta es que América Central se encuentra cruzada por las dos temporalidades, la impuesta por la globalización, como la suya propia, y que el actual momento puede ser caracterizado como de modernización globalizada[1].

 

Las reflexiones del párrafo precedente sirven para explicitar las dos coordenadas analíticas del presente trabajo. Por un lado, la interpreta­ción se va enmarcar en una perspectiva histórica. El ejercicio prospec­tivo que se hará al final no toma como referente en el tiempo el actual proceso de globalización como si se tratase de "borrón y cuenta nueva" con el pasado, sino que también toma en cuenta el tiempo de la modernización. Y por otro lado, el análisis de las "cuentas pendien­tes" se va a llevar a cabo a partir de un par de premisas que hay que explicitar aunque sea brevemente. Primero, se prioriza al mercado laboral en tanto que se considera que el mismo es la principal instancia de articulación entre economía y sociedad y, por tanto, el principal mecanismo de transmisión de los efectos del proceso acumulativo en los hogares y la población. Este hecho se ve realzado en el momento actual por la centralidad otorgada al mercado que hace que el otro mecanismo básico de (des)integración social, la acción estatal, haya perdido protagonismo[2]. Esto supone que el punto de partida es la identificación de tendencias en la dinámica del empleo. Y segundo, las "cuentas pendientes" que se quieren mostrar son las conocidas de la pobreza y la desigualdad. Añadamos que, dado el carácter regional del estudio, las fuentes que se van a privilegiar son aquellas que permiten la comparabilidad diacrónica y, sobre todo, intraregional[3].

 

A partir de estas premisas el actual texto se ha estructurado a base de los siguientes apartados. El segundo acápite se centra en los años 90 con el inicio de lo que se ha llamado modernización globalizada donde se abordarán las políticas laborales, la dinámica del empleo y los efectos sobre la pobreza y la desigualdad social. A partir de este análisis, en un tercer apartado, se intentará identificar las principales tendencias laborales, imaginando también sus efectos en términos de dinámicas de integración social para introducir lo que se piensa que es la cuestión clave, en términos de acción social, en el ámbito del mundo del trabajo: la ciudadanía laboral. Este ejercicio prospectivo se profun­dizará en las conclusiones donde se buscará formular grandes campos de intervención que puedan incidir en la orientación futura del empleo y la integración social centroamericana. Obviamente, este ejercicio prospectivo es simplemente eso: un ejercicio. No debemos olvidar que la Historia siempre ha sido y seguirá siendo esa vieja dama llena de sorpresas que no admite que ningún tipo de teología le diga cuál es la senda que debe tomar.

 

2. Empleo, pobreza e inequidad en los años 90

 

Las primeras décadas de modernización en Centroamérica estuvieron signadas por tres hechos[4]. Primero, hubo modernización laboral en toda la región aunque sus expresiones fueron desiguales y no todos los países alcanzaron igual nivel de modernización. Segundo, en el agro se consolidó una dinámica perversa cuyo resultado principal fue la generalización de la pobreza. Y tercero, las posibilidades de contra­rrestar esta dinámica mediante el desarrollo del empleo formal en las ciudades fueron insuficientes y de corta duración por lo que las zonas urbanas se vieron también sumidas a tendencias laborales generado­ras más bien de pauperización. La crisis de este proceso, durante la pasada década de los 80, supuso que, con la excepción costarricense, los mercados laborales se ajustaran a través de mecanismos distintos al desempleo abierto. Migración internacional e informalidad fueron las principales expresiones de tal ajuste. Este último fenómeno acentuaba la tendencia de precarización del empleo y en concreto la territorialidad por excelencia de este tipo de modernización. La principal consecuen­cia fue un incremento de la pauperización que no siempre fue acom­pañada de un deterioro de la desigualdad (PREALC, 1986; Bulmer-Thomas, 1989; Menjívar y Trejos, 1992; Pérez Sáinz, 1996a; BID, 1998).

 

Es con este tipo de escenario que la región inició su inserción en el proceso globalizador el cual se ha posibilitado con la aplicación de programas de ajuste estructural en todos los países del Istmo. Estos programas han supuesto articulaciones distintas, según el país, entre la economía y la política con resultados también diferentes en términos de logros de reformas (Sojo, 1999a). Son sus efectos, en términos de las problemáticas que conciernen a este texto, lo que se quiere abor­dar en este apartado, comenzando con las reformas laborales cuyo abordaje ayudará a contextualizar el análisis que se realizará pos­teriormente de la evolución tanto del empleo como de la pobreza y la desigualdad social en los 90.

 

2.1. Las reformas laborales

 

Cuadro 1: Istmo Centroamericano: Políticas laborales

 

 

Fuente: Pérez Sáinz y Cordero ( 1997: cuadros 11 a 15).

Una síntesis de las principales reformas y políticas laborales durante los 90 se refleja en el cuadro 1.

 

 

El primer aspecto por considerar es el que tiene que ver con los sala­rios mínimos y que expresa el compromiso estatal por garantizar que el mercado laboral permita la reproducción básica de la fuerza de trabajo, lo cual, obviamente, tiene efectos directos sobre la pobreza y la equidad. En este sentido, el salario mínimo es un referente social clave y, por tanto, es importante mencionar que en la década de los 80 tal función se desdibujó por el deterioro que sufrieron este tipo de remuneraciones, con la excepción de Costa Rica (Pérez Sáinz, 1996: 112-114). Para la presente década el cuadro 2 cuantifica este primer aspecto y del mismo hay que destacar que Costa Rica es, sin duda, el país que tiene una política más activa de salarios mínimos, con dos revisiones anuales. Un reciente estudio de la OIT (Del Cid y Tacsan Chen, 1998), a pesar de su representatividad limitada, permite tener una idea más precisa del poder adquisitivo de estas remuneraciones. Datos para 1997 muestran que Costa Rica es el país donde parecería que habría más poder adquisitivo, ya que el salario mínimo de un(a) operario(a) industrial permitiría la adquisición de una canasta y media básica alimentaria mientras que en Honduras sólo se podría obtener un tercio de la misma; Panamá y El Salvador estarían en una posición intermedia con la adquisición de una canasta[5].

 

Cuadro 2

Centroamérica: Índices de salarios mínimos nominales y reales Industriales^a

(1990=100)

 

 

 

^a Salario mínimo minimorum urbano

Fuente: Del Cid y Tacson Chen, 1998: Cuadro C.1

 

Por consiguiente, este conjunto de evidencia sugiere que sólo en Costa Rica, y en menor medida en Panamá, el salario mínimo consti­tuye un referente con significado para el precio de la fuerza laboral, mientras que en otros países, especialmente en Honduras y Nicara­gua, se diluye tal significado. Además hay que tomar en cuenta la cobertura del mismo que viene dada por el grado de salarización del respectivo mercado de trabajo.

 

Retornando al cuadro 1, su segunda columna tiene que ver con refor­mas a la legislación laboral que suelen inscribirse, dentro de la lógica de los programas de ajuste estructural, en la necesidad de desregular y flexibilizar los mercados laborales. Como se puede observar, las reformas aprobadas por los órganos competentes de los respectivos países son fundamentalmente de dos tipos: las que tienen que ver con la regulación del conjunto de las relaciones laborales o aspectos sustanciales de éstas, y las que competen los derechos de organiza­ción sindical de los(las) trabajadores(as).

 

Respecto al primer tipo de reformas, las de (des)regulación de las relaciones laborales, la más significativa es, sin duda, la que se ha dado en Panamá. También se podría incluir el caso hondureño pero con dos salvedades: no se trata de una reforma total y aún se encuen­tra en discusión, por lo que no se ha plasmado legalmente. La reforma al Código de Trabajo panameño, aprobada en agosto de 1995, es una reforma típica de flexibilización de las relaciones laborales. Los as­pectos medulares de la misma tienen que ver con regulaciones bási­cas tales como los procedimientos de despidos, indemnizaciones, contratos por plazo determinado, fijación de los salarios, etc. O sea, conquistas básicas de los trabajadores han sido afectadas por esta flexibilización. Pero, ha sido en torno al abaratamiento del costo del despido (disminución del monto máximo de indemnización por despido injustificado y cambio de la prima de antigüedad por un seguro de desempleo) que se ha estructurado esta estrategia de flexibilización (Beluche, 1999: 2). No obstante, al mismo tiempo, los derechos sindi­cales adquiridos fueron respetados, otorgándose también importancia al instrumento de la convención colectiva.

 

Los casos de reformas laborales, en el campo de las libertades sindi­cales son  El Salvador[6], Costa Rica, Guatemala y Honduras, aunque en este último país no se ha expresado en reformas concretas a la legislación. Como bien se sabe, en estos cuatro países, el asunto que ha estado de por medio es la solicitud elevada por la AFL-CIO ante el Congreso de Estados Unidos de excluir del Sistema General de Prefe­rencias a aquellos países que violaran las libertades sindicales[7]. Es decir, se ha dado una transnacionalización de la arena de la acción social y las oportunidades de la globalización incidieron en un sentido proregulatorio y no en el inverso. Además, en el caso salvadoreño habría que agregar la coyuntura especial por la que atravesaba ese país, después de los acuerdos de paz tendientes a “normalizar” la vida civil del país y a garantizar un conjunto de demandas sociales[8]. No obstante, cabe preguntarse si las reformas aludidas tendientes a un verdadero respeto de las libertades sindicales, han tenido una imple­mentación efectiva.

 

El Banco Mundial, desde su afán desregulador del mercado de trabajo, ha elaborado un par de índices que expresarían el grado de reformas de tal mercado. Para el Istmo centroamericano y para el primer lustro de los 90, el primero de estos índices[9] muestra varios fenómenos. Primero, sería Belice el país donde el nivel de desregulación sería el mas avanzado; un hecho que se relaciona con la tradición legislativa británica, legado del colonialismo. Segundo, el caso contrario lo repre­senta Nicaragua. En este caso el legado provendría de la experiencia sandinista. Tercero, el resto de los países[10] tienen valores cercanos a 0 que expresaría una posición intermedia dentro del espectro (des)regulador de América Latina y el Caribe[11]. Cuarto, no todos los países han experimentado cambios en ese quinquenio, con la excep­ción de Panamá que muestra un incremento de la flexibilización de su mercado laboral. Fenómeno que se refleja claramente al considerar el segundo índice (es el único país del Istmo para el cual se ha estimado el mismo) al pasar de –3.4 a 2.6 (Burky y Perry, 1997: cuadro 2.5).

 

La reforma del propio Estado y su impacto sobre el empleo público es la siguiente dimensión considerada. Sin duda el caso a referirse es el nicaragüense ya que tal reforma ha supuesto el desmantelamiento del Estado sandinista y, por tanto, es donde ha habido mayor impacto sobre el empleo público[12]. La reducción del número de empleados públicos se inició ya en el período sandinista, con la política de com­pactación que llegó a afectar a unas 21.000 personas en el bienio 1988-89, las que fueron a parar sea a actividades informales o al desempleo (Evans, 1995: 223). Con el gobierno de Barrios de Chamorro se puso en funcionamiento, en 1991, el Programa de Con­versión Ocupacional que planteándose como objetivo "desmovilizar" a 10.000 personas, superó ampliamente esta meta alcanzando la cifra de 25.000. En 1994 tuvo lugar una nueva iniciativa, el Programa de Movilidad Laboral, con la finalidad de reducir 13.500 puestos de tra­bajo de manera escalonada. A mediados de 1995 los logros alcanza­dos eran inferiores a los esperados. Además de este conjunto de programas, tal vez la medida más impactante fue la que afectó a los Ministerios de Defensa y Gobernación con la finalización del conflicto bélico de los años 80. Se estima en torno a las 75.000 las personas desmovilizadas (Pérez Sáinz y Cordero, 1997: cuadro 13).

 

Una tercera dimensión considerada tiene que ver con la seguridad social y cuyo impacto se muestra en porcentajes de cobertura de la PEA. Los mismos reflejan el peso histórico de desarrollo social de cada país y la consolidación institucional del sistema del seguro social. Así, Costa Rica sería el caso más avanzado de la región. Panamá se ubica en una posición intermedia, aunque en términos de cobertura de fuerza laboral es similar al caso costarricense. Los cuatro países restantes comparten enormes deficiencias en su desarrollo incipiente, aún cuando cada uno tiene sus propias especificidades (CEPAL, 1995: 4-6). Es importante también señalar que en dos de los países cen­troamericanos se han llevado a cabo procesos de reformas de los sistemas de pensiones orientados hacia su privatización, teniendo como referente la experiencia chilena. En el caso salvadoreño se acabó imponiendo la privatización propuesta por el gobierno, mientras que en Costa Rica, el resultado ha sido la formulación de una pro­puesta consensuada de modelo mixto (Mesa-Lago, 1999).

 

La última columna remite a programas especiales de generación de empleo[13]. Como puede observarse, en todos los países de la región - excepto en el caso salvadoreño - se registran programas oficiales de generación de empleo[14]. En cuanto a las orientaciones de tales progra­mas, generalmente persiguen ejecutar determinadas tareas sociales (como nutrición, salud, construcción de obras comunales, etc.) que al mismo tiempo, y en tanto objetivo colateral, generen empleo. Si bien en algunos casos, en Honduras y sobre todo en Nicaragua, las cifras oficiales son importantes hay que relativizarlas en un doble sentido: por un lado, se está hablando de trabajos de corta duración y, por otro, la calidad de los mismos es bastante deficiente[15].

 

Resumiendo, se puede decir que en la redefinición institucional del mercado de trabajo, en el nuevo contexto de ajuste y globalización, habría varios fenómenos que resaltar. Lo primero, es que parece que ha habido una recuperación del salario mínimo como referente básico aunque, en ciertos países, su capacidad adquisitiva deja mucho que desear. Segundo, las reformas laborales no apuntan hacia una desre­gulación radical con la excepción panameña. De hecho, histórica­mente, los mercados de trabajo centroamericanos, en la práctica y por razones del desarrollo político, han estado muy poco regulados y han tenido, por tanto, poca rigidez institucional[16]. Es importante resaltar que, por el contrario, en estos años ha habido un cierto reconocimiento del sujeto sindical producto de la transnacionalización de la acción sindical que ha inducido, paradójicamente, la propia globalización. No obstante, los logros legales obtenidos no parecen traducirse en la práctica. Tercero, las experiencias de reducción de empleo público son disímiles y remiten a las dinámicas de la propia reforma del Estado. Obviamente, el caso nicaragüense destaca en este sentido. Y cuarto, los intentos de generación de empleo emergente, a partir de la propia iniciativa estatal, sólo han tenido relevancia en Honduras y Nicaragua. Pero, la evidencia apunta que se trata de empleo temporal y precario que no resuelve ni problemas de desempleo ni de pobreza.

 

Lo más importante de estos cambios son sus repercusiones en térmi­nos de actores y de acción social. Al respecto tres serían las conse­cuencias. Primero, la presencia estatal tiende a debilitarse por una doble causa: por un lado, porque el ajuste estructural reduce su prota­gonismo y peso, como en otras latitudes latinoamericanas, y por otro lado, porque se transnacionalizan las arenas de acción colectiva. Segundo, el sindicalismo centroamericano, que con la excepción relativa de Honduras y de ciertas coyunturas políticas, nunca ha sido un actor gravitante, se encontraría actualmente en estado de postra­ción. Esto tiene una doble consecuencia: por un lado, su ámbito de influencia tiende a reducirse al empleo público (un espacio ocupacional amenazado) y, por otro lado, permite la competencia de otros actores (el caso del solidarismo en Costa Rica sería el más patente pero no el único). Y tercero, como corolario de lo anterior, el mercado laboral se está configurando como una arena de acción no colectiva, sino más bien individual[17]. Esto supone que empresas y hogares adquieran el protagonismo y que sus orientaciones y comportamientos sean los factores que determinan, fundamentalmente, las tendencias del em­pleo que se va a abordar a continuación.

 

2.2. La dinámica del empleo

 

El análisis de los mercados laborales de la región se llevará a cabo de manera tradicional; o sea, abordando primero la oferta del mismo para luego desplazar el énfasis interpretativo hacia el lado de la demanda. Pero, se añadirán dos cuestiones de gran importancia. Por un lado, se contemplarán las tendencias en términos de desempleo. Si la informa­lidad fue la gran cuestión a considerar en la década de los 80, el desempleo parecer ser la problemática de los 90 no sólo en el Istmo Centroamericano, sino también en el resto de América Latina. Y, por otro lado, se analizará también el principal impacto de la globalización sobre la fuerza de trabajo: su migración internacional que, como ya se ha señalado, constituye una de las principales modalidades de inser­ción de la región en el proceso globalizador.

 

El cuadro 3 muestra algunas tendencias básicas del empleo desde el lado de la oferta. Al respecto varios son los comentarios que se pue­den hacer.

 

Cuadro 3

Istmo Centroamericano: Evolución de la población economicamente activa

(1990-1995)

 

 

Fuente: Menjívar Larín y Rodríguez Román (cuadros 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.8)

 

Primeramente, durante el quinquenio considerado los mercados laborales se han mostrado dinámicos, reflejando la recuperación de las economías. No obstante, no todo ese crecimiento de la PEA se con­cretó en empleos, sino que también se mantuvieron niveles de des­ocupación que en algunos países han sido altos, como se verá más adelante. Se puede observar también que los mercados de trabajo de los países más septentrionales se han mostrado más dinámicos. Al respecto hay dos casos a resaltar. Por un lado, estaría Nicaragua que se muestra como el de mayor dinamismo pero, como se apreciará más adelante, tanto los fenómenos del desempleo como de la emigración son importantes en la dinámica laboral de este país. Y, por otro lado, está la situación salvadoreña que, comparando con la baja tasa de los años 80, la recuperación de la dinámica ocupacional insinuaría que el mercado laboral se ha adaptado al fenómeno migratorio y, con la finalización del conflicto, ha retomado sus ritmos históricos.

 

A inicios de la década se puede identificar dos grupos de países a base del peso de la fuerza laboral femenina dentro de la PEA. El primero lo constituiría los dos casos que, como veremos inmediata­mente, tienen estructuras de empleo más ruralizadas y donde esa participación femenina es inferior a un quinto del total de la mano de obra[18]. En el resto hay que diferenciar a El Salvador de los otros tres países respecto a lo cuales la hipótesis a formular es el peso del sector público, especialmente en Panamá. En el caso cuscatleco se debería pensar en el impacto de la migración fundamentalmente masculina, aunque esa tendencia se esté relativizando. Pero el caso de mayor feminización del mercado laboral sería el beliceño donde, para 1993, casi un tercio (32.7%) del total de 68.860 trabajadores eran mujeres (CSO, 1994)[19]. También de este cuadro queda claro la continuación de la tendencia de feminización de los mercados laborales ya existente desde la década anterior (Pérez Sáinz, 1996). En todos los casos, la tasa de crecimiento de la PEA femenina es superior a la global y son los dos países de menor nivel los que crecen más. Pero si combina­mos estos dos aspectos (nivel inicial y dinamismo) sería Costa Rica el país donde habría acaecido una feminización laboral más significa­tiva[20].

 

También este cuadro permite abordar la tendencia de la urbanización del empleo. A inicios de los 90 tres países podrian ser considerados, aún desde una perspectiva laboral, como predominantemente rurales, sobresaliendo el caso de Guatemala. La urbanización aparece también como una tendencia de alcance regional y en esta dinámica destaca, sin lugar a dudas, Honduras.

 

Con los cuadros 4a y 4b, el análisis se desplaza hacia el lado de la demanda del mercado laboral, aunque está reducido sólo a tres paí­ses[21]. El primero de ellos se centra sobre el empleo rural y lo que muestra, a inicios de la década, son dos situaciones distintas: por un lado, los casos de Honduras y Panamá donde en el agro y en las zonas rurales, en general, la economía campesina tiene un gran peso; y, por otro lado, Costa Rica donde ese peso se concentra más bien en el sector privado. Observaciones censales, hacia mitad de la década, muestran que tanto el caso guatemalteco como el nicaragüense se asemejan al segundo tipo de situación con el 61.4% (INE, 1996: cuadro VI.4) y el 58.2% (INEC, 1997: cuadro 3) de la fuerza laboral, respectivamente, en el estrato campesino.

 

 

Cuadro 4 a

Istmo Centroamericano: Estructura del empleo rural

(1990-1995) (porcentajes)

 

 

 

¹ Trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados.

Fuente: CEPAL (1999c: cuadro 5).

 

Regresando a los resultados del cuadro, se puede observar que la dinámica para el primer lustro de esta década es la misma en los tres casos: un proceso de descampesinización acompañado con la subsi­guiente salarización. Esta tendencia se contradice en el caso salvado­reño. Si bien hay pérdida absoluta de puestos de trabajo en la rama agrícola, el peso de trabajadores independientes dentro de la misma, ha pasado de 39.3% en 1991-1992 a 47.8% en 1997 (MIPLAN, 1993,1998: cuadro D05). Sin embargo, esta imagen es muy gruesa y en el agro centroamericano hay transformaciones en curso, ya inicia­das en los 80, no reflejadas en estos datos y que son importantes en términos de la dinámica futura del empleo rural.

 

Por un lado, hay que señalar la diversificación de ingresos por parte de campesinos, lo que cuestiona la viabilidad histórica del binomio gran­des fincas de exportación y minifundios de subsistencia, lo que ha constituido la columna vertebral de los mercados laborales rurales en la región durante décadas (Baumeister,1991). Y, por otro lado, también hay que mencionar el desarrollo de las denominadas nuevas agroex­portaciones[22] que, desde mediados de la década ochenta, han tenido una expansión importante. En términos laborales, la evidencia reca­bada en un estudio comparativo entre Costa Rica y Honduras muestra lo siguiente: primero, la generación de puestos de trabajo ha sido muy marginal, representando para 1989 apenas el 5% (Costa Rica) y el 2% (Honduras) del empleo agropecuario. Segundo, en el caso costarri­cense, este tipo de actividades ha servido para paliar las pérdidas del puesto de trabajo en el agro por los efectos del ajuste estructural, mientras que en Honduras el saldo habría sido más positivo. Tercero, hay generación de empleo indirecto que varía de cinco por puesto de trabajo directo, en Costa Rica, a catorce, en Honduras. Cuarto, estos tipos de cultivos han reforzado tendencias hacia la salarización de mano de obra rural con predominio del empleo permanente en el caso costarricense y temporal en el hondureño. Y también se detectan oportunidades de ocupación para las mujeres que están mejor remu­neradas que en otras actividades agrarias (Weller, 1992). Estudios más focalizados han mostrado que esta participación femenina es clave (Dary Fuentes, 1991; Rojas y San Román, 1993).

 

Por su parte, el cuadro 4b, de factura similar al anterior, muestra la estructura del empleo urbano para los mismos tres países. Así, Costa Rica y Panamá se muestran como los casos de mayor modernidad laboral reflejados, sobre todo, en el peso del empleo público, especial­mente en el segundo de estos países. Honduras, por su parte sería representativa del resto de la región, con un mayor peso del segmento autogenerador de empleo, en concreto de su componente del trabajo por cuenta propia[23]. En efecto, en Guatemala y para la observación censal de 1994, se detecta que el trabajo independiente constituiría el 29.4% del total de la fuerza laboral urbana mientras que el peso del empleo público sería de apenas 11.6% (INE, 1996: cuadro VI.4). Para este país es importante rescatar la hipótesis formulada por el INIES (1998: 73) sobre los efectos de la apertura sobre el empleo ya que podría aplicarse a otros casos de la región. Se postularía que la inca­pacidad por parte de segmentos importantes del empresariado indus­trial de encarar las importaciones, los habría llevado a reconvertirse hacia actividades ligadas a la importación y el comercio. El efecto ocupacional habría sido en muchos casos un descenso del empleo industrial de grandes establecimientos. Este peso mayor del trabajo independiente acaece también en Nicaragua, donde su observación censal de 1995 muestra que el 35.6% de la fuerza laboral urbana corresponde a esta categoría (INEC, 1997: cuadro 3).

 

Cuadro 4 b

Istmo Centroamericano: Estructura del empleo no agricola

(1990-1997) (porcentajes)

 

 

 

¹ Incluye trabajadores por cuenta propia (excepto administrativos, profesionales y técnicos) y trabajadores familiares.

² Ocupados en establecimientos con menos de 5 ó10 trabajadores dependiendo de la información disponible.

 

Fuente: OIT ( 1998: cuadro 6-A ).

 

Retornando al cuadro y en términos de evolución, cada país repre­senta una situación particular que, probablemente, se puede explicar por las especificidades de la implementación de estrategias de ajuste estructural, pero se pueden formular tres  conclusiones de alcance regional. Primero, el gran perdedor de la recuperación de los años 90 es el empleo público que ve disminuir su peso relativo en la estructura del empleo urbano en los tres países[24]. Segundo, las grandes empre­sas privadas mantienen capacidad de generación de empleo. Y ter­cero, lo que en el período modernizador previo se denominó sector informal[25], sigue jugando un papel importante en la absorción de mano de obra tanto en términos de trabajo por cuenta propia, pero sobre todo a base de la pequeña empresa

 

Pero, como en el caso del agro, ésta es una visión demasiado global que no permite apreciar transformaciones en curso, especialmente, en lo que se refiere a empresas pequeñas y grandes firmas privadas. De hecho, el problema es más serio ya que tiene que ver con la pérdida de pertinencia analítica de las categorías de segmentación clásicas (el corte formal/informal) que remiten a la estructuración del mercado de trabajo en términos de la dinámica modernizadora previa. Este pro­blema ya lo hemos planteado en otros textos, proponiendo la emer­gencia de nuevos escenarios laborales en la región (Pérez Sáinz y Cordero, 1994a; Pérez Sáinz, 1998b). En concreto se trata de dos nuevas actividades que expresan ejes de acumulación emergentes significativos para la región centroamericana: la industria de maquila y el turismo.

 

En cuanto a la primera de ellas hay que señalar que las estimaciones más recientes, y de naturaleza prudente, señalan la creación de un cuarto de millón de empleos directos en el Istmo donde los casos más relevantes serían los siguientes: Guatemala (61.000), El Salvador (38.000), Honduras (75.000) y Costa Rica (48.000)[26]. Esto supone que el peso de esta nueva industrialización, respecto del total del empleo industrial, varía del 23% en Nicaragua al 38% en Guatemala (OIT, 1997: 10). Por otro lado, diversos estudios sobre la maquila en Cen­troamérica muestran un perfil común de la fuerza laboral empleada (Pérez Sáinz y Castellanos, 1991; Altenburg, 1993; Price Waterhouse, 1993; Pérez Sáinz, 1994b). Se está ante una fuerza laboral femenina, joven y con poco nivel de instrucción[27]. Con menor seguridad se puede afirmar que esta mano de obra no ejerce la jefatura del hogar y que no aporta la mayoría de su ingreso a la unidad familiar[28].

 

Este perfil laboral insinúa que el tipo de industria que se estaría desarrollando en la región sería de ensamblaje con uso intensivo en mano de obra. De hecho, se trata de maquila de confección. Pero, si bien este tipo de actividad es predominante, no es la única y en Costa Rica, el país con mayores costos laborales, se ha dado diversificación con implantación de empresas de alta tecnología, especialmente en el campo de la electrónica, donde se hace un uso de mano de obra más calificada con empleos menos precarios. El caso más notorio es, por supuesto, el de Intel, líder mundial en semiconductores, que con una inversión inicial de 300 millones de dólares había generado 2.300 puestos de trabajo para fines de 1998, que deben ampliarse a 3.000 cuando se complete el desarrollo de la planta con 200 millones de dólares adicionales de inversión. Pero, ya previamente a esta em­presa, existían 40 empresas extranjeras en el sector electrónico, además de 130 empresas, en su gran mayoría costarricenses, que desarrollan “software” (INCAE/HIID, 1999: 44)[29].

 

Pero la industria de maquila permite también una inserción en la globalización a los productores pequeños. Ésta es una inserción mediada y que tiene lugar a través de la subcontratación. Este fenó­meno responde a los imperativos de flexibilización productiva que impone la globalización. El conocimiento sobre la subcontratación por empresas maquiladoras es muy limitado ya que existen muy pocos estudios al respecto[30], pero muestran situaciones muy contrastantes que dan cierta idea del abanico de realidades de subcontratación en la región.

 

El otro eje acumulativo nuevo sería el de la actividad de turismo. Su dinamismo se refleja en el hecho que en 1990 ingresaron en la región 1.531.634 turistas, flujo que se incrementó en casi un millón más (2.435.115) siete años más tarde. Esto ha supuesto que, si para inicios de la década esta actividad había generado 520.1 millones de dólares en divisas, este monto se había elevado a 1.335.1 en 1997. Destacan dos países, Guatemala y Costa Rica. Pero si el primero de ellos, a inicios de la década recibía un poco más de medio millón de visitantes (508.514), superando al segundo (435.037), ya para 1997, Costa Rica había alcanzado los 811.490 turistas, cifra superior a la guatemalteca (576.362) (CANATUR, 1998). En términos de empleo, las estimaciones son muy gruesas y señalan que, en 1995, el número de puestos de trabajo directos e indirectos en Guatemala sería de 60.000. Esta misma cantidad sería la existente en Costa Rica para 1996, pero sólo de empleo directo. Se estima que, de manera indirec­ta, se ha generado igual número de ocupaciones (Leroux, s.f.)[31].

 

En esta dinámica tampoco ha estado ausente la pequeña empresa como en el caso de la industria de maquila. Pero además el turismo, como escenario de globalización, ha permitido que ciertas comunida­des artesanales, ante la demanda de sus productos por turistas, se hayan podido integrar a este proceso. Existen en la región algunos estudios[32] sobre algunas de estas comunidades que muestran como la movilización de capital social juega un papel determinante en este tipo de contexto.

 

Cuadro 5

Istmo Centroamericano: Evolución del desempleo abierto urbano, según sexo y edad durante la decada de los 90 (porcentajes)

 

 

 

a: 1993; b: 1991; c: 1998; d: 1996; e: Los intervalos etáreos son los siguientes: EL Salvador y Panamá (15 a 24 años); Honduras (10 a 24 años); y Costa Rica (12 a 24 años).

 

Fuente: OIT ( 1998: cuadros 3-A y 4-A).

Concluimos este subapartado abordando los fenómenos del desempleo y de la migración internacional de fuerza de trabajo. La evolución del primero se refleja en el cuadro 5.

 

A inicios de la década destacan las situaciones de Nicaragua y Pa­namá. Históricamente tanto el mercado laboral panameño, por su mayor modernidad como el costarricense, ha tendido a ajustarse, en momentos de contracción económica, a través del incremento del desempleo abierto. No obstante, se está ante un nivel de desocupa­ción muy alto. Pero es la situación nicaragüense la que causa más perplejidad ya que el mecanismo de ajuste ha sido, históricamente, el subempleo a través del desarrollo de la informalidad. Ambos casos compartían en ese momento una coyuntura de crisis política profunda. En Panamá se estaba saliendo de las consecuencias de la invasión por parte del ejército estadounidense y en Nicaragua se empezaba la transición postsandinista. En este sentido, se puede pensar que la crisis política exacerbó los mecanismos laborales tradicionales en Panamá y en el caso nicaragüense empezaba a mostrarse que la autogeneración de empleo alcanzaba sus límites estructurales de absorción de excedente laboral, especialmente de aquél proveniente de la reducción drástica del empleo público. En términos de la obser­vación más reciente, se puede visualizar que ha habido una reducción de esos altos niveles de desocupación en ambos países. En Panamá puede especularse que ha sido el sector privado, como se observó en el cuadro precedente, el que ha absorbido gran parte de esa reduc­ción. Por el contrario, en el caso nicaragüense la hipótesis debe apuntar hacia el desarrollo de la migración externa, especialmente hacia Costa Rica.

 

Respecto al resto de la región[33] en Belice se ha registrado un incre­mento de la tasa de desempleo abierto del 9.8% en 1993 al 14.3% en 1998. Pero esta última cifra puede deberse, en parte, a factores coyunturales de orden político. En concreto, sería consecuencia de la incertidumbre generada en los medios empresariales por las promesas electorales del partido de oposición (Sosa, 1999: 3).

 

Este mismo cuadro contiene información sobre los niveles de desem­pleo de los dos grupos socio-demográficos que suelen estar más afectados por este fenómeno. En cuanto a las mujeres, lo mencionado se cumple sólo en los dos casos de mayor modernización laboral (y en El Salvador para la segunda observación) donde destaca el caso panameño respecto al que se insinúa que la absorción de desocupa­dos, durante los 90, benefició menos a las mujeres[34]. Pero son los jóvenes, sin lugar a dudas, los grandes afectados por este problema. Al respecto hay que destacar el caso costarricense donde hay un incremento del nivel de desempleo juvenil, pero que puede tener un carácter cíclico ya que ése ha sido un año de poco crecimiento de la economía de ese país[35].

 

Se concluye con el fenómeno migratorio el cual, además de su impacto fundamental en términos de remesas[36], juega un papel también clave respecto al ajuste del mercado de trabajo. Al respecto es importante referirse a los casos salvadoreño y nicaragüense. Es en el aquel país donde este fenómeno ha tenido mayor incidencia. Se ha estimado que en torno al 15% de la  población de este país ha emigrado en los 80. La fuerza laboral que lo ha hecho se caracteriza por su condición masculina, edad entre los 20 y 29 años y mayor educación. A su vez el envío de remesas ha tenido múltiples impactos en el mercado laboral salvadoreño: ha incidido negativamente en la tasa de participación de los no migrantes; ha afectado los salarios; y ha reducido las presiones en términos de desempleo (Funkhouser, 1992a)[37]. También para el caso nicaragüense se detecta que la población emigrante se encuentra en edad de trabajar, tiene mayor nivel de escolarización y proviene de ocupaciones no manuales. Igualmente las remesas han impactado negativamente sobre la participación laboral, pero han tenido efectos positivos, aunque moderados, en la generación de autoempleo (Funkhouser, 1992b).

 

Por su parte, el caso nicaragüense es de importancia especial ya que el mercado laboral de ese país ha sido el que ha sufrido transforma­ciones mayores con la aplicación de medidas de ajuste estructural. Estas medidas han supuesto, ante todo, el desmantelamiento de la economía mixta desarrollada durante el régimen sandinista. Así, se dio un descenso drástico del empleo público y el sector informal parece haber alcanzado sus límites estructurales de absorción de excedente laboral[38]. El mercado de trabajo se ha ajustado, en primer lugar, con un incremento espectacular del desempleo abierto, como se ha podido apreciar en el cuadro precedente. Y el segundo mecanismo ha sido la migración hacia Costa Rica, que actúa como una verdadera válvula de escape (Funkhouser y Pérez Sáinz, 1998)[39]. Los cambios laborales del país meridional han favorecido la incorporación de los migrantes nicaragüenses, los cuales se han empleado en actividades poco calificadas donde se requiere una fuerza de trabajo joven en condicio­nes de ofrecer un rendimiento laboral intenso. Además de constituir una mano de obra más barata es, en términos de derechos laborales, que parece que se establecen las diferencias más significativas con los trabajadores costarricenses (Morales y Castro, 1999)[40].

 

 

2.3. La evolución de la pobreza y de la distribución del ingreso

 

Como se ha mencionado en la introducción de este apartado, el último aspecto a considerar es el que tiene que ver con las dinámicas de pobreza y de distribución del ingreso. Las primeras pueden ser obser­vadas en el cuadro 6[41].

 

Cuadro 6

Istmo Centroamericano: Evolución de la pobreza

durante la decada de los 90