TENDENCIAS RECIENTES Y POLÍTICAS HACIA LAS MIGRACIONES CENTROAMERICANAS: UNA MIRADA DESDE EL NORTE.·

 

 

Manuel Ángel Castillo··

 

Advertencia

 

    El presente texto constituye un ejercicio de síntesis del comportamiento de la emigración internacional en Centroamérica en la época contemporánea, así como un breve examen de las políticas adoptadas por los países de la región para enfrentarlas. Por lo tanto, no se propone abundar en detalles sobre la dinámica migratoria y sus características, ni tampoco en medidas específicas caso por caso. Existen algunos intentos, aunque relativamente escasos, con esa pretensión, pero sus resultados han sido inevitablemente limitados. Un ejemplo de ello es nuestro propio trabajo (Castillo y Palma, 1996; Castillo and Palma, 1999), el cual se elaboró a partir de un modelo que permitiera un cierto grado de comparación con estudios similares en otras latitudes.

    Por la misma intención de presentar en esta oportunidad apenas un trabajo resumen, tampoco me extenderé en detalles particulares sobre los cambios experimentados en las políticas, país por país. Por el contrario, pondré mayor énfasis en aquellos aspectos que considero fundamentales en la evolución de dichas políticas y de sus impactos sobre el mismo fenómeno. En este sentido, las apreciaciones no pueden calificarse como concluyentes por dos razones: a) lo reciente de los principales acontecimientos y de los cambios en las políticas impiden realizar evaluaciones de su efectividad y de sus diversos impactos; y, b) la escasa disponibilidad de trabajos sistemáticos sobre la evaluación de las políticas, legislaciones y regulaciones administrativas de los flujos migratorios en la región.

    También resulta conveniente acotar que esta presentación contiene un sesgo intencional. Dado que el autor realiza la mayor parte de su trabajo de investigación en México, país de tránsito y de destino de las emigraciones que se originan en los países vecinos de Centroamérica, no puede eludirse que el mismo se realiza con una cierta óptica “desde el norte”. La observación es importante, puesto que seguramente su contenido pueda complementarse –más que contrastarse— con los aportes de aquellos colegas que lo hagan desde otras perspectivas y otras latitudes.

 

La dinámica migratoria de los países centroamericanos

 

    Puede afirmarse --sin temor a equivocarse-- que los movimientos de población en la región centroamericana, fueron –por lo menos durante la primera mitad del presente siglo— básicamente internos. Es decir, que la movilidad de grupos de población ocurrió principalmente en el interior de los países y,  a lo sumo, en algunas regiones fronterizas, mayoritariamente con carácter temporal. De ahí que la demografía de las naciones centroamericanas requiriera muy poca atención sobre los desplazamientos allende sus fronteras (CSUCA, 1978a y 1978b).

    Esta situación cambió radicalmente a partir de la segunda mitad del decenio de los setenta. Aunque los países de la región habían experimentado desde tiempo atrás una acentuación de las crisis socioeconómicas debidas a factores de orden estructural, no se detectó un efecto significativo de cambio sobre el patrón de movilidad internacional de sus poblaciones. La modificación sensible ocurrió cuando los países comenzaron a escenificar procesos de confrontación política y enfrentamientos armados en sus territorios. Muchos de los desplazamientos estuvieron directamente relacionados con los escenarios de combate y de prácticas represivas, pero también se observaron movimientos asociados de manera indirecta con el enfrentamiento y más vinculados con un contexto de crisis generalizada.[1]

    Como ya se adelantó, el tema de la migración internacional en Centroamérica parecía residir básicamente en los movimientos temporales transfronterizos, que sirvieron de base para la formación y sostenimiento de mercados laborales regionales, sobre todo agrícolas, con escasa o nula regulación por parte de los gobiernos. A ello contribuyeron las medidas gubernamentales acordadas por los países de la región para facilitar el tránsito de nacionales de sus países.

    Los casos que –en cierta forma— rompían con la regla eran los que se referían a la movilidad a través de las fronteras México-Guatemala y Costa Rica-Panamá, como también en algún sentido lo era el caso del límite entre Guatemala y Belice[2], puesto que en todas ellas significaba rebasar los límites políticos de la región. No obstante, en dichas fronteras, la permisividad para el paso era bastante laxa y, por lo tanto, el mismo era más bien regulado por la necesidad laboral (tanto por la oferta como por la demanda), más que por el control migratorio.

 

Los puntos de inflexión de las migraciones centroamericanas

 

    La emergencia y extensión del conflicto armado en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, a partir de la segunda mitad de los setenta, fue la expresión más aguda de la crisis social y política que experimentaron aquellos países y que tuvieron efectos sobre el conjunto de la región e incluso en naciones fuera de ella. Líneas arriba se anticipó que uno de los efectos de esta situación fue el efecto sobre la movilidad de la población, tanto en el interior como hacia el exterior de sus territorios.

    Los movimientos de población que impactaron los mapas geográficos, políticos, sociales y económicos, tuvieron diversos destinos, dependiendo de las condiciones en que se produjo el éxodo. En algunos casos contribuyeron al acelerado proceso de urbanización concentrada en pocos o a lo sumo un núcleo urbano, que ya venía registrando la mayoría de países. Dicha concentración de la población estuvo alentada sobre todo por la dinámica del Mercado Común Centroamericano durante su época de auge en los sesenta, pero luego estancado y francamente fracturado hacia principios de los setenta. En otros casos, hubo desplazamientos entre ámbitos rurales, probablemente favorecidos por experiencias previas de migraciones laborales temporales, ahora estimuladas también por el cambio en los patrones de ocupación adoptados por las empresas agrícolas, principales empleadoras de aquellas poblaciones.

    De ahí que el periodo 1978-1983 constituya el lapso en que ocurrió el quiebre de las tendencias prevalecientes en materia de movilidad de la población en Centroamérica. Nicaragüenses, salvadoreños y guatemaltecos, en ese orden cronológico, pero rápidamente también en forma simultánea, se dirigieron en primer lugar hacia territorios vecinos dentro de la misma región, pero luego hacia países más lejanos. Entre estos últimos, México y Estados Unidos fueron destinos privilegiados por razones tanto geográficas como políticas y económicas. No se conoce un análisis sistemático y exhaustivo sobre los determinantes que operaron para incidir en la selección de dichos destinos, más allá de la obviedad de la cercanía física, aunque en el caso de Estados Unidos también existe una distancia sociocultural nada despreciable. Sobre el particular se pueden aventurar algunas hipótesis complementarias:

 

a)      la política favorable del gobierno norteamericano para acoger a los nicaragüenses que abandonaban su país como una forma de desprestigiar al régimen sandinista e incluso de fortalecer la posición de “la contra” que operaba en su territorio con su apoyo político y material;

b)      la política relativamente favorable –o al menos tolerante-- del gobierno mexicano hacia los perseguidos centroamericanos, aunque con un relativo mayor énfasis en el caso de salvadoreños y guatemaltecos, dado el papel que desempeñaba la política exterior de México en el proceso de pacificación en la región, a partir del reconocimiento político y/o diplomático, explícito o implícito, de las fuerzas beligerantes;

c)      las ventajas comparativas que ofrecían –en aquella época— las economías y los mercados laborales de Estados Unidos y México, los cuales generaban expectativas de empleo, salarios e incluso oportunidades de desarrollo en diversos aspectos como educación, salud y, en general, de condiciones de vida;

d)      la existencia de algunos vínculos con familiares y otros compatriotas que habían emigrado en épocas anteriores, en pequeña escala, pero que constituían un punto de apoyo para lo que posteriormente fue la base de importantes redes sociales para la migración.

e)      la posibilidad de superar algunos obstáculos en el trayecto –en primer término-- hacia México por las afinidades culturales e históricas, pero también hacia Estados Unidos aprovechando las redes tejidas por la migración histórica de otros latinoamericanos, principalmente los de origen mexicano, quienes por su volumen e inserción relativamente estable ofrecían condiciones ventajosas para ese apoyo.

    En ese contexto, la emigración provocada directamente por el conflicto alcanzó su mayor intensidad probablemente durante la primera mitad de los años ochenta. No se dispone de información que permita precisar esa diferenciación, por cuanto hubo flujos de diferente naturaleza más o menos vinculados con las situaciones de enfrentamiento armado o de relación directa con la crisis política. En Estados Unidos se respondió en muchos casos a las demandas de los migrantes en forma directa mediante el otorgamiento del asilo/refugio.

    Mientras tanto en México, la figura del asilo político fue escasamente utilizada y reservada para algunos pocos casos que, bajo algunos criterios políticos, así lo ameritaban.[3] Sin embargo, la figura jurídica de refugiado no existía en su ordenamiento; de ahí que aceptó la permanencia de hecho de la población guatemalteca --que se internó en su territorio entre 1981 y 1983 en busca de protección--, bajo modalidades ad hoc, aunque en términos coloquiales siempre se les reconoció y se refirió a ellos como refugiados.[4]

    No obstante, esta población coexistió –por decirlo de alguna manera— con otros flujos migratorios. Así, por ejemplo, persistió y prevalece hasta la fecha la presencia temporal de campesinos guatemaltecos que año con año ingresan al territorio chiapaneco del Soconusco para laborar en las plantaciones de café, caña de azúcar y plátano (banano), principalmente. Además, se informó de la presencia de grupos importantes de personas que también se internaron en aquella época en busca de protección, pero que por diversas razones no se ubicaron en los campamentos atendidos por las autoridades mexicanas (a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados – COMAR), ni por la comunidad internacional (encabezada por el Alto Comisionado de Naciones Unidos para Refugiados – ACNUR); a este contigente se le identificó como la población de refugiados no reconocidos (Salvadó, 1988).

    Pero esa época fue también escenario de otro punto de inflexión en la dinámica migratoria. Hasta el decenio de los setenta, las autoridades migratorias mexicanas informaban de un escaso número de detenciones y deportaciones de extranjeros no autorizados detectados en su territorio. Las estadísticas oficiales marcan un cambio significativo a partir de 1980; en ese año, por primera vez, se rebasó la decena de miles (13,184) de eventos de expulsión de extranjeros encontrados en situación irregular. Pero también desde ese año, la tendencia ha sido prácticamente sostenida en materia de aumento de ese tipo de acciones y en 1990 se superó ---también por primera vez-- la centena de miles (126,440) de expulsiones. En el transcurso del presente decenio, las cifras anuales se ha mantenido por encima de ese límite simbólico, con lo que se evidencia el elevado nivel del movimiento migratorio irregular.

    La prevalencia de la intensidad de este flujo migratorio a lo largo del presente decenio, una vez que se suscribieron todos los acuerdos de paz en la región y se dio paso a la vigencia de nuevos regímenes políticos, sugiere la operación de otros factores determinantes de la migración. La relación directa con el conflicto político y especialmente con la confrontación armada ya no tienen razón de ser en este nuevo panorama de la emigración. Además, sorprende la emergencia acelerada de nacionales de Honduras dentro del flujo migratorio indocumentado a lo largo de los noventa, en cuyo territorio no hubo una situación de conflicto equivalente a la de sus vecinos. Por el contrario, Honduras fue sitio de operaciones de las fuerzas que atacaron al régimen sandinista en su vecina Nicaragua y, mientras aquello ocurrió, no hubo desplazamientos significativos fuera de sus límites.[5]

 

Algunas interrogantes abiertas sobre las características de los flujos

 

    Los estudios sobre la migración de mexicanos hacia Estados Unidos han experimentado un desarrollo significativo durante los últimos veinticinco años. Ese impulso ha arrojado resultados positivos en diversos aspectos relacionados con el fenómeno migratorio. Así, se ha tratado de responder las principales interrogantes acerca de dicho proceso, sobre todo alentado por la necesidad de sustentar criterios de política apropiada, por parte tanto del país de origen como por el de destino. Las investigaciones realizadas han contribuido con aportes tanto en aspectos teóricos como metodológicos, pero sobre todo en la caracterización de las distintas facetas de la migración.

    Así, se ha avanzado principalmente en: a) la distinción de los diversos flujos, desde su caracterización más general entre temporales, permanentes y de retorno, así como en condiciones intermedias; b) la determinación de los volúmenes, durante mucho tiempo un tema sensible por sus implicaciones sobre el diálogo binacional y las políticas respectivas; c) las características o perfiles de los migrantes; d) la condición migratoria (documentados, indocumentados, admitidos, regularizados, en proceso de regularización, etc.); e) la condición de ocupación y la inserción sectorial de los migrantes; f) las causas y los determinantes de la migración; g) los efectos –demográficos, económicos, políticos, sociales, culturales-- de la migración en ambos países; h) las violaciones a los derechos humanos de los migrantes; i) las respuestas ante la migración (Estudio Binacional, 1997).

    Por contraste, la emigración internacional de centroamericanos –mayoritariamente hacia Estados Unidos— es un fenómeno poco conocido en todos esos aspectos, principalmente por lo reciente y lo acelerado de su dinámica. Sabemos muy poco de sus características, a no ser por algunos rasgos muy generales, lo cual ha permitido la proliferación de mitos y creencias, la mayoría de ellos sin ningún sustento empírico. Lo más grave de esta situación es que la divulgación amplia de dichas afirmaciones, especialmente a través de los medios de comunicación, han penetrado diversos sectores sociales. Incluso, las mismas no sólo han servido de base para la adopción de actitudes y posiciones frente al fenómeno, sino que aún más, han sido el caldo de cultivo para la formulación de políticas, muchas veces francamente represivas y atentatorias de derechos fundamentales y transgresoras de principios constitucionales o reconocidos en convenciones internacionales.

    Poco sabemos del perfil de los emigrantes centroamericanos, principalmente porque no se dispone de fuentes confiables y comprensivas de esa población, debido a su mayoritaria naturaleza indocumentada. Desconocemos sus principales características sociodemográficas, las cuales –por lo dinámico del proceso— seguramente experimentan cambios frecuentes en el tiempo. Por esa razón, existen diversas referencias a los rasgos de los migrantes, pero la mayoría están construidas con base en observaciones parciales, en cortes temporales y territorialmente localizados del flujo.[6] De ahí que no pueda atribuirse a esas fuentes ningún carácter de representatividad (estadística) del universo de migrantes.[7]

 

Las políticas migratorias de los países de origen, destino y tránsito

 

    Un rasgo común a la mayoría de los países emisores de flujos migratorios indocumentados es su escaso interés y acción sobre las causas del desplazamiento de sus poblaciones. Por el contrario, ya se ha mencionado muchas veces que la migración funciona como un mecanismo de “válvula de escape” ante la incapacidad de generar mecanismos de arraigo, como la generación de empleo suficiente, satisfactores sociales (salud y educación, principalmente) y, en general, respuestas ante todo tipo de demandas de los diversos estratos. De esa manera, el alejamiento de sus poblaciones contribuye a disminuir las presiones sociales en un primer momento y más adelante incluso a inyectar recursos a través de los flujos de remesas.

    Este último elemento ha pasado a estimular alguna posición más explícita respecto del fenómeno migratorio, sobre todo ante la amenaza del retorno forzado de sus emigrantes. Los avisos sobre la inminente suspensión de los permisos temporales otorgados para algunos inmigrantes en Estados Unidos y las cada vez más vigorosas políticas de detención y deportación de nacionales centroamericanos han propiciado reacciones por parte de los gobiernos de los países de origen, quienes temen: a) perder los recursos provenientes de los ahorros y excedentes de los emigrantes; y, b) enfrentar una demanda súbita de empleo y satisfactores que se suma a las incapacidades estructurales no resueltas.

    La otra vertiente crecientemente adoptada por los países de origen, alimentada sobre todo por diversos sectores de la sociedad civil, es la necesaria defensa de los derechos humanos de los migrantes. Los abusos y atropellos a que se ven expuestos por parte de funcionarios y delincuentes comunes, desde el mismo inicio del trayecto hasta el lugar de destino, considerando también y por supuesto los sitios de tránsito, son cada vez más frecuentes y más condenables por su gravedad. La condición de vulnerabilidad los hace presa fácil de un espectro muy amplio de agentes que se aprovechan de su situación, de sus necesidades y de su desconocimiento de los ámbitos por los que transitan y se insertan (ver, entre otros, CNDH, 1995; Pastoral de Movilidad Humana/Misioneros de San Carlos, s/f).

    Por su parte, los gobiernos de los países de destino y de tránsito han endurecido sus políticas de admisión y regulación de los flujos migratorios. El proceso se inicia desde el mismo intento de obtención de una visa, cuyo incremento progresivo de los requisitos para ser considerado ha devenido en una búsqueda de mecanismos alternativos para superar los obstáculos así interpuestos. Una consecuencia inmediata de ello ha sido el encarecimiento de los costos de la migración, puesto que ha propiciado el surgimiento de una serie de servicios irregulares para lograr el propósito: falsificación de documentos, transportación clandestina, apoyos para la evasión de retenes, colusión con y extorsión por parte de agentes de autoridad, entre otros.

    La otra vertiente de política no explícita que permea y sustenta los fundamentos de regulación y control de la inmigración es la tendencia a la criminalización del proceso. De manera creciente, se ha asociado a la población migrante con actores y prácticas irregulares, no sólo desde el punto de vista criminal, sino también moral. Esta situación ha permeado diversos sectores y expresiones de la sociedad, apoyada en el manejo tendencioso del tema por parte de diversos medios de comunicación masiva. Ello se ha hecho evidente incluso en el lenguaje y terminología empleados para referirse a los migrantes, como parte de un complejo que incluye el narcotráfico, la prostitución, el contrabando de mercancías y de armas, entre otros procesos moral y penalmente sancionados.

    Todo ello ha permitido sustentar la puesta en práctica de operativos y la adopción de medidas regulatorias cada vez más restrictivas del libre tránsito, pero a la vez han alimentado posturas xenófobas, discriminatorias y racistas dentro de las respectivas sociedades. En un caso más reciente, también se ha cuestionado la pertinencia de modificar acuerdos internacionales de cumplimiento recíproco, como fue el caso de las restricciones adoptadas a fines del año 1998 por el gobierno guatemalteco ante los términos establecidos del llamado CA-4 para elingreso y tránsito de nacionales centroamericanos en su territorio.[8] La progresiva “coincidencia” de las políticas de los países de tránsito con las demandas de los países de destino probable constituye una tendencia preocupante, pues pone en cuestión la coherencia entre las políticas hacia la inmigración frente a las orientadas hacia la situación de sus emigrantes.

 

Perspectivas de los movimientos migratorios y de su análisis

 

    Los movimientos migratorios –especialmente los de carácter indocumentado que se dirigen hacia el norte-- originarios de los países centroamericanos muestran una tendencia persistente, cuya intensidad mayor parece haberse alcanzado a lo largo del presente decenio. Dado que a inicios de este periodo se dio paso a los procesos de pacificación y estabilización de los regímenes políticos, es posible pensar que las principales causas y determinantes de dichos desplazamientos residen en un complejo de factores más vinculados a situaciones sociales de orden estructural.

    El reciente incremento observado –difícil de cuantificar— en los flujos migratorios, sobre todo como consecuencia de los llamados “desastres naturales”, evidencian la sensibilidad del flujo migratorio para actuar como un recurso de sobrevivencia para los sectores afectados. La existencia de redes sociales conformadas, sobre todo a lo largo del proceso de emigración creciente ocurrido durante los dos decenios más recientes, constituye un factor positivo para alentar la migración y las posibilidades de éxito de los aspirantes a llegar a algún destino en el norte.

    Las políticas adoptadas por los países de origen constituyen más bien respuestas reactivas al fenómeno y, en muchos casos, limitadas y vulnerables ante la fuerza de las posiciones de los países de destino y de tránsito. La inconsistencia de principios entre las políticas hacia la emigración y la inmigración puede ser un tema de conflicto, sobre todo en los países de tránsito, en los cuales las sociedades civiles han comenzado a mostrar su preocupación e insatisfacción ante la adopción de dobles estándares. Tampoco hay políticas vigorosas y congruentes para canalizar y fomentar el uso productivo de los recursos provenientes de la emigración (remesas en dinero, principalmente) para formar parte de una política sólida  en materia de migración y desarrollo (Cf. Lungo, 1997).

    Las políticas de contención y represión adoptadas por los países de destino han mostrado su insuficiencia ante la fuerza de las causas que originan la emigración. En todo caso, muchas de esas medidas han tenido como resultado una complejización y encarecimiento del costo de la migración, lo cual tiene –entre otros resultados— un efecto de selectividad sobre los potenciales emigrantes. Por otra parte, también ha incidido en un aumento y acentuación de los riesgos que corren los migrantes, incrementando la indefensión y vulnerabilidad de sus personas, así como de los escasos bienes en los que se apoyan para realizar los trayectos.

    Esta somera revisión de tendencias y políticas sugiere que el desafío para la investigación del fenómeno de las migraciones internacionales centroamericanas es sumamente amplio. El reto se inicia desde la misma necesidad de generar fuentes de información confiable, así como el desarrollo de metodologías imaginativas que ayuden a superar –en algún grado— las dificultades que impone la naturaleza predominante de los movimientos indocumentados, por lo tanto ausentes en los registros oficiales. Estas primeras prioridades apenas ayudarían a sentar las bases para el análisis de situaciones que afligen  y afectan de manera creciente a los migrantes. Además, permitirían alimentar la adopción de políticas basadas en principios humanitarios y congruentes con criterios de otras políticas que le impriman un carácter integral.

           

BIBLIOGRAFÍA

 

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_________________________________________________ HACIA UN REGISTRO DE LA POBLACIÓN INDOCUMENTADA CENTROAMERICANA EN LA FRONTERA MÉXICO-GUATEMALA: LA CASA DEL MIGRANTE, TECÚN UMÁN, SAN MARCOS, GUATEMALA, Informe de investigación, México, noviembre de 1998, mimeo.

 

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